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domingo, 30 de junio de 2013
La filmoteca española en You Tube: colección guerra civil
La Filmoteca española lo ha hecho fácil para ver 64 peliculas de la guerra civil. Se puede consultar la página aquí, en su página en YouTube. Con introducciones del historiador Julián Casanova.
sábado, 12 de febrero de 2011
Charla de Julián Casanova en la UCLM
Visto en: 20 Minutos.es
El ciclo 'Universidad Abierta' de la UCLM contará con la presencia del historiador Julián Casanova
El escritor e historiador español, Julián Casanova, va a participar en el ciclo "Universidad Abierta" con una conferencia titulada 'Las raíces religiosas del conflicto: España 1931-1953'. La charla va a tener lugar el miércoles 16 de febrero a partir de las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento de Albacete.
* EUROPA PRESS. 12.02.2011
El escritor e historiador español, Julián Casanova, va a participar en el ciclo "Universidad Abierta" con una conferencia titulada 'Las raíces religiosas del conflicto: España 1931-1953'. La charla va atener lugar el miércoles 16 de febrero a partir de las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento de Albacete.
Según ha informado la Universidad de Castilla-La Mancha en nota de prensa, con esta conferenciase va a iniciar el ciclo titulado 'De la cruzada al desenganche: La Iglesia española entre el franquismo y la transición', organizado por la Facultad de Humanidades de Albacete a través del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. Un ciclo que se va a extender hasta el 29 de marzo y que reunirá a otros nueve conferenciantes expertos en la materia.
Según la UCLM, con esta iniciativa la Universidad regional pretende difundir entre la comunidad universitaria los frutos más actuales del debate científico, cultural y artístico.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, es conocido por haber publicado numerosos libros sobre la Historia Española desde la II República a la actualidad.
También destaca por sus colaboraciones en diferentes medios de comunicación y por ser miembro del grupo de expertos encargados de la búsqueda de fosas comunes y la identificación de las víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo promovido por el juez Baltasar Garzón.
Entre otros trabajos y publicaciones en revistas, ha colaborado como asesor histórico y presentador de 'La guerra filmada', serie de ocho horas de programas documentales sobre la guerra civil española que Televisión Española produjo en el año 2006.
Fruto de sus trabajos de investigación, ha sido invitado por numerosas universidades europeas y americanas para impartir conferencias centradas en la guerra civil española, la república, el franquismo, la iglesia y el anarcosindicalismo.
El ciclo 'Universidad Abierta' de la UCLM contará con la presencia del historiador Julián Casanova
El escritor e historiador español, Julián Casanova, va a participar en el ciclo "Universidad Abierta" con una conferencia titulada 'Las raíces religiosas del conflicto: España 1931-1953'. La charla va a tener lugar el miércoles 16 de febrero a partir de las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento de Albacete.
* EUROPA PRESS. 12.02.2011
El escritor e historiador español, Julián Casanova, va a participar en el ciclo "Universidad Abierta" con una conferencia titulada 'Las raíces religiosas del conflicto: España 1931-1953'. La charla va atener lugar el miércoles 16 de febrero a partir de las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento de Albacete.
Según ha informado la Universidad de Castilla-La Mancha en nota de prensa, con esta conferenciase va a iniciar el ciclo titulado 'De la cruzada al desenganche: La Iglesia española entre el franquismo y la transición', organizado por la Facultad de Humanidades de Albacete a través del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. Un ciclo que se va a extender hasta el 29 de marzo y que reunirá a otros nueve conferenciantes expertos en la materia.
Según la UCLM, con esta iniciativa la Universidad regional pretende difundir entre la comunidad universitaria los frutos más actuales del debate científico, cultural y artístico.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, es conocido por haber publicado numerosos libros sobre la Historia Española desde la II República a la actualidad.
También destaca por sus colaboraciones en diferentes medios de comunicación y por ser miembro del grupo de expertos encargados de la búsqueda de fosas comunes y la identificación de las víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo promovido por el juez Baltasar Garzón.
Entre otros trabajos y publicaciones en revistas, ha colaborado como asesor histórico y presentador de 'La guerra filmada', serie de ocho horas de programas documentales sobre la guerra civil española que Televisión Española produjo en el año 2006.
Fruto de sus trabajos de investigación, ha sido invitado por numerosas universidades europeas y americanas para impartir conferencias centradas en la guerra civil española, la república, el franquismo, la iglesia y el anarcosindicalismo.
domingo, 6 de febrero de 2011
De dictadores: Julián Casanova sobre el caso de Chile y el de España
TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
El ansiado olvido
JULIÁN CASANOVA 06/02/2011
Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.
Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvación nacional" frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.
El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.
El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.
En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.
El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.
Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.
Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
El ansiado olvido
JULIÁN CASANOVA 06/02/2011
Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.
Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvación nacional" frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.
El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.
El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.
En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.
El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.
Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.
Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Editorial de Julián Casanova: "Treinta y cinco años sin Franco"
Comentaré este artículo durante el fin de semana; pensando en la polémica sobre el Valle de los Caídos y la recomendación de su "voladura," encuentro especialmente interesante lo que dice su autor sobre los lugares de memoria franquistas.
Treinta y cinco años sin Franco
JULIÁN CASANOVA
EL PAÍS - Opinión - 19-11-2010
A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un "hijo fiel de la Iglesia" que solo había tenido por enemigos a "aquellos que lo fueron de España".
El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar "la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera". Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.
Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.
Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.
Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o "aperturistas" en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.
La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.
Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.
El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.
Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.
El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.
Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.
Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.
Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.
No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.
Treinta y cinco años sin Franco
JULIÁN CASANOVA
EL PAÍS - Opinión - 19-11-2010
A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un "hijo fiel de la Iglesia" que solo había tenido por enemigos a "aquellos que lo fueron de España".
El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar "la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera". Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.
Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.
Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.
Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o "aperturistas" en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.
La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.
Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.
El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.
Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.
El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.
Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.
Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.
Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.
No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.
domingo, 14 de noviembre de 2010
"Los nombres de la memoria," un informe en RTVE
Para ver este informe de 15 minutos, hacer clic aquí.
Sinopsis de RTVE:
Sinopsis de RTVE:
Los familiares de las victimas del franquismo siempre dijeron que en nuestro país había " una España enterrada en la cuneta". Pero hace ya una década que se comenzó a recuperar su memoria histórica. La primera excavación fue en Priaranza del Bierzo, en Ponferrada, donde yacían los restos de Emilio Silva, fusilado por falangistas en 1936. Ahora, tras diez años de exhumaciones, el Ministerio de Justicia está ultimando el mapa de fosas, en la que se dibujan las 2 mil encontradas hasta ahora. Una reparación histórica, que por el paso del tiempo se realiza con cuentagotas pero que ha permitido recuperar los restos de más de 5 mil personas.
sábado, 23 de octubre de 2010
Vicenç Navarro critica un programa de TVE sobre la memoria histórica
Nota: se puede ver el vídeo al que se refiere el prof. Navarro, al final de su artículo
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
Leer y descargar artículo en PDF
Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
Leer y descargar artículo en PDF
Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
jueves, 7 de octubre de 2010
Julián Casanova en El País: "La semilla anarquista"
De: ElPaís.com
La semilla anarquista
La CNT agrupó tras su bandera rojinegra a cientos de miles de españoles. Tanto por su eficacia como sindicato que mejoraba la vida de los trabajadores como por su sueño de un mundo sin dioses ni amos
JULIÁN CASANOVA 06/10/2010
Se cumplen ahora 100 años de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Cuatro décadas antes, en noviembre de 1868, el italiano Giuseppe Fanelli, enviado por Mijaíl Bakunin, había llegado a España para organizar los primeros núcleos de la Asociación Internacional de Trabajadores. Comenzó así una historia de frenética actividad propagandística, cultural y educativa; de terrorismo y de violencia; de huelgas e insurrecciones; de revoluciones abortadas y sueños igualitarios.
Desde Fanelli hasta el exilio de miles de militantes en los primeros meses de 1939, el anarquismo arrastró tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Sin ellos, nunca hubiera llegado a ser un movimiento de masas, se hubiera quedado en una ideología útil para individualidades rebeldes, muy revolucionaria pero frágil, arrinconada por el crecimiento socialista y relegada a la violencia verbal.
No ha pasado inadvertida esa presencia anarquista. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas. Imágenes que anticiparon Juan Díaz del Moral o Gerald Brenan y que se han hecho también con un importante hueco en la literatura, con La bodega, de Vicente Blasco Ibáñez; Aurora Roja, de Pío Baroja; La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza o, más reciente, La hija del caníbal, de Rosa Montero. Una veta, en fin, explotada por el cine, por Ken Loach y su Tierra y Libertad o Vicente Aranda en Libertarias.
Hace ya tiempo que José Álvarez Junco identificó las dos corrientes doctrinales de las que bebía el movimiento anarquista: el individualismo liberal y el comunitarismo socialista, una dualidad muy difícil de equilibrar en la práctica pese a todas sus llamadas a la armonía natural. El anarquismo parecía de entrada una utopía derivada de la filosofía optimista de la Ilustración, que mantuvo, como hijo del mismo tiempo que era, estrechas conexiones con las conspiraciones y sociedades secretas de tipo democrático radical, con el federalismo y con la fraseología romántico-populista. Pero, al mismo tiempo, iba mucho más lejos de lo proyectado por el racionalismo liberal y el republicanismo, con su pretensión de abolir el Estado, colectivizar los medios de producción y, sobre todo, con su antipoliticismo, la verdadera seña de identidad del movimiento, el rasgo que marcó la ruptura con sus sucesivos compañeros de viaje, desde los federales a los socialistas, pasando por los republicanos.
El anarquismo que triunfó en España en las primeras décadas del siglo XX, justo cuando desaparecía del resto del mundo, fue el "comunitario", el "solidario", estrechamente unido al sindicalismo revolucionario, que confiaba en las masas populares para llevar a buen puerto la revolución. Al servicio de esa causa se fundaron círculos y tertulias, ateneos obreros, escuelas laicas y racionalistas. Desde el primer momento, le acompañaron en su desarrollo numerosas publicaciones que, en su labor ideológico-cultural, criticaron al capitalismo y a las clases dominantes, incitaron a la lucha social y contribuyeron a gestar una red cultural alternativa, proletaria, "de base colectiva".
"Creo que nos hacen falta dos organizaciones, una abierta, amplia, funcionando a la luz del día; la otra secreta, de acción", había escrito Piotr Kropotkin, uno de los padres del anarquismo, en 1881. La propuesta, que reflejaba el acoso al que la policía y las fuerzas del orden sometían a los anarquistas en los diferentes países, resultó profética porque por esos dos caminos tácticos transitó el movimiento durante toda su historia, envuelto siempre en una doble organización: una de tipo asociativo, sindical, que federaría a las sociedades obreras alrededor de objetivos reivindicativos; y otra de tipo ideológico, que agruparía a los más "conscientes", centrada en la propaganda doctrinal y cuidando siempre de las desviaciones reformistas en el movimiento sindical. La Federación Anarquista Ibérica, creada en 1927, y su relación con el sindicalismo de la CNT en los años de la Segunda República constituye el mejor ejemplo de esa dualidad.
Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía 20 años de historia. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni lo más sorprendente de su corta historia. El mito y realidad de la CNT, el único sindicalismo revolucionario y anarquista que quedaba ya en Europa, se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores. La CNT desarrolló sus lenguajes de clases y sueños revolucionarios en la prensa, en los talleres y fábricas, en las calles. Así, a través del adoctrinamiento y de las reivindicaciones laborales, quedó sellada su definición ideológica, su impronta antipolítica y antiestatal, su sindicalismo de acción directa, independiente de los partidos políticos, llamado a transformar la sociedad con la revolución.
El golpe de Estado de julio de 1936 cambió bruscamente ese rumbo. La guerra civil que siguió a esa sublevación impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron inservibles. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. Muchos anarquistas vieron entonces sus sueños cumplidos. Duró poco, pero esos meses del verano y otoño de 1936 fueron lo más parecido a lo que ellos creían que era la revolución y la economía colectivizada. Poco importaba que la revolución se llevara por medio a miles de personas, "excesos inevitables", "explosión de las iras concentradas y de la ruptura de cadenas", en palabras de Diego Abad de Santillán. La necesaria destrucción de ese orden caduco era para ellos algo insignificante, comparada con la "reconstrucción económica y social" que se emprendió en julio de 1936, sin precedentes en la historia mundial. Esa es la imagen feliz del paraíso terrenal que transmitió la literatura anarquista, las declaraciones de Buenaventura Durruti a los corresponsales extranjeros, o la prensa que podían leer los obreros de Barcelona y los milicianos en el frente de Aragón.
Metidos en la revolución, en la guerra y en la persecución del contrario, los anarquistas vivieron su edad de oro, corta edad de oro. Extendieron una compleja red de comités revolucionarios por todo el territorio republicano. Colectivizaron tierras y fábricas. Crearon milicias. Participaron en el gobierno de la Generalitat y en el de la República. Y hasta que la revolución se congeló, soñaron despiertos con un mundo sin clases, sin partidos, sin Estado. Los que sobrevivieron la dura represión franquista tras la derrota se fueron a la tumba recordando aquella revolución popular, sin amos ni autoridad.
Las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarquismo en un túnel del que ya no volvería a salir. Sus militantes resistieron en la clandestinidad, protagonizaron diversas escaramuzas en la guerrilla y asomaron sus cabezas en algunos conflictos. Muchos de ellos se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo, pensando que aquella era todavía su guerra, la que acabaría con todos los tiranos. Pero murieron Hitler y Mussolini, las potencias del Eje fueron derrotadas y Franco siguió. El anarquismo no pudo ya respirar. La guerra y la dictadura lo destruyeron. Los cambios que se produjeron desde los años sesenta, con la modernización y el desarrollo, le impidieron echar de nuevo raíces.
No fue solo un fenómeno español, pero el anarquismo acabó identificado con la historia de España de la primera mitad del siglo XX, como se han encargado de recordar decenas de testimonios, documentales, libros, novelas y películas que han mantenido la llama encendida frente a todos sus detractores. Así de solemne, compleja y contradictoria resulta su historia.
Julián Casanova es coordinador de Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España (Editorial Crítica).
La semilla anarquista
La CNT agrupó tras su bandera rojinegra a cientos de miles de españoles. Tanto por su eficacia como sindicato que mejoraba la vida de los trabajadores como por su sueño de un mundo sin dioses ni amos
JULIÁN CASANOVA 06/10/2010
Se cumplen ahora 100 años de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Cuatro décadas antes, en noviembre de 1868, el italiano Giuseppe Fanelli, enviado por Mijaíl Bakunin, había llegado a España para organizar los primeros núcleos de la Asociación Internacional de Trabajadores. Comenzó así una historia de frenética actividad propagandística, cultural y educativa; de terrorismo y de violencia; de huelgas e insurrecciones; de revoluciones abortadas y sueños igualitarios.
Desde Fanelli hasta el exilio de miles de militantes en los primeros meses de 1939, el anarquismo arrastró tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Sin ellos, nunca hubiera llegado a ser un movimiento de masas, se hubiera quedado en una ideología útil para individualidades rebeldes, muy revolucionaria pero frágil, arrinconada por el crecimiento socialista y relegada a la violencia verbal.
No ha pasado inadvertida esa presencia anarquista. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas. Imágenes que anticiparon Juan Díaz del Moral o Gerald Brenan y que se han hecho también con un importante hueco en la literatura, con La bodega, de Vicente Blasco Ibáñez; Aurora Roja, de Pío Baroja; La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza o, más reciente, La hija del caníbal, de Rosa Montero. Una veta, en fin, explotada por el cine, por Ken Loach y su Tierra y Libertad o Vicente Aranda en Libertarias.
Hace ya tiempo que José Álvarez Junco identificó las dos corrientes doctrinales de las que bebía el movimiento anarquista: el individualismo liberal y el comunitarismo socialista, una dualidad muy difícil de equilibrar en la práctica pese a todas sus llamadas a la armonía natural. El anarquismo parecía de entrada una utopía derivada de la filosofía optimista de la Ilustración, que mantuvo, como hijo del mismo tiempo que era, estrechas conexiones con las conspiraciones y sociedades secretas de tipo democrático radical, con el federalismo y con la fraseología romántico-populista. Pero, al mismo tiempo, iba mucho más lejos de lo proyectado por el racionalismo liberal y el republicanismo, con su pretensión de abolir el Estado, colectivizar los medios de producción y, sobre todo, con su antipoliticismo, la verdadera seña de identidad del movimiento, el rasgo que marcó la ruptura con sus sucesivos compañeros de viaje, desde los federales a los socialistas, pasando por los republicanos.
El anarquismo que triunfó en España en las primeras décadas del siglo XX, justo cuando desaparecía del resto del mundo, fue el "comunitario", el "solidario", estrechamente unido al sindicalismo revolucionario, que confiaba en las masas populares para llevar a buen puerto la revolución. Al servicio de esa causa se fundaron círculos y tertulias, ateneos obreros, escuelas laicas y racionalistas. Desde el primer momento, le acompañaron en su desarrollo numerosas publicaciones que, en su labor ideológico-cultural, criticaron al capitalismo y a las clases dominantes, incitaron a la lucha social y contribuyeron a gestar una red cultural alternativa, proletaria, "de base colectiva".
"Creo que nos hacen falta dos organizaciones, una abierta, amplia, funcionando a la luz del día; la otra secreta, de acción", había escrito Piotr Kropotkin, uno de los padres del anarquismo, en 1881. La propuesta, que reflejaba el acoso al que la policía y las fuerzas del orden sometían a los anarquistas en los diferentes países, resultó profética porque por esos dos caminos tácticos transitó el movimiento durante toda su historia, envuelto siempre en una doble organización: una de tipo asociativo, sindical, que federaría a las sociedades obreras alrededor de objetivos reivindicativos; y otra de tipo ideológico, que agruparía a los más "conscientes", centrada en la propaganda doctrinal y cuidando siempre de las desviaciones reformistas en el movimiento sindical. La Federación Anarquista Ibérica, creada en 1927, y su relación con el sindicalismo de la CNT en los años de la Segunda República constituye el mejor ejemplo de esa dualidad.
Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía 20 años de historia. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni lo más sorprendente de su corta historia. El mito y realidad de la CNT, el único sindicalismo revolucionario y anarquista que quedaba ya en Europa, se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores. La CNT desarrolló sus lenguajes de clases y sueños revolucionarios en la prensa, en los talleres y fábricas, en las calles. Así, a través del adoctrinamiento y de las reivindicaciones laborales, quedó sellada su definición ideológica, su impronta antipolítica y antiestatal, su sindicalismo de acción directa, independiente de los partidos políticos, llamado a transformar la sociedad con la revolución.
El golpe de Estado de julio de 1936 cambió bruscamente ese rumbo. La guerra civil que siguió a esa sublevación impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron inservibles. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. Muchos anarquistas vieron entonces sus sueños cumplidos. Duró poco, pero esos meses del verano y otoño de 1936 fueron lo más parecido a lo que ellos creían que era la revolución y la economía colectivizada. Poco importaba que la revolución se llevara por medio a miles de personas, "excesos inevitables", "explosión de las iras concentradas y de la ruptura de cadenas", en palabras de Diego Abad de Santillán. La necesaria destrucción de ese orden caduco era para ellos algo insignificante, comparada con la "reconstrucción económica y social" que se emprendió en julio de 1936, sin precedentes en la historia mundial. Esa es la imagen feliz del paraíso terrenal que transmitió la literatura anarquista, las declaraciones de Buenaventura Durruti a los corresponsales extranjeros, o la prensa que podían leer los obreros de Barcelona y los milicianos en el frente de Aragón.
Metidos en la revolución, en la guerra y en la persecución del contrario, los anarquistas vivieron su edad de oro, corta edad de oro. Extendieron una compleja red de comités revolucionarios por todo el territorio republicano. Colectivizaron tierras y fábricas. Crearon milicias. Participaron en el gobierno de la Generalitat y en el de la República. Y hasta que la revolución se congeló, soñaron despiertos con un mundo sin clases, sin partidos, sin Estado. Los que sobrevivieron la dura represión franquista tras la derrota se fueron a la tumba recordando aquella revolución popular, sin amos ni autoridad.
Las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarquismo en un túnel del que ya no volvería a salir. Sus militantes resistieron en la clandestinidad, protagonizaron diversas escaramuzas en la guerrilla y asomaron sus cabezas en algunos conflictos. Muchos de ellos se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo, pensando que aquella era todavía su guerra, la que acabaría con todos los tiranos. Pero murieron Hitler y Mussolini, las potencias del Eje fueron derrotadas y Franco siguió. El anarquismo no pudo ya respirar. La guerra y la dictadura lo destruyeron. Los cambios que se produjeron desde los años sesenta, con la modernización y el desarrollo, le impidieron echar de nuevo raíces.
No fue solo un fenómeno español, pero el anarquismo acabó identificado con la historia de España de la primera mitad del siglo XX, como se han encargado de recordar decenas de testimonios, documentales, libros, novelas y películas que han mantenido la llama encendida frente a todos sus detractores. Así de solemne, compleja y contradictoria resulta su historia.
Julián Casanova es coordinador de Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España (Editorial Crítica).
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Cien años de anarquismo en España
Visto en: Alasbarricadas.org (foro anarquista) y en el blog de Antón Castro
Sinopsis
El centenario de la fundación de la CNT es un momento adecuado para hacer un balance histórico de la compleja trayectoria del anarquismo español: de sus diversas manifestaciones, sus formas de organización, sus luchas y sus ideas. Tal es el propósito de este volumen, coordinado por Julián Casanova y realizado por una serie de prestigiosos especialistas, en que José Álvarez Junco estudia la filosofía política del anarquismo español; Clara E. Lida, la historia de la Primera Internacional en España; Rafael Núñez Florencio, los años del terrorismo; Carlos Gil Andrés, los orígenes y consolidación de la CNT; Julián Casanova, el anarquismo durante la Segunda república y la guerra civil; Mary Nash nos habla de las libertarias y el anarcofeminismo; Alicia Alted Vigil, del exilio de los anarquistas; Javier Navarro Navarro, de la cultura anarquista en España y José Luis Ledesma, finalmente, nos ofrece los perfiles biográficos de veinte de los representantes más destacados del movimiento libertario.
Escuchar entrevista con el historiador Julián Casanova en RTVE
martes, 8 de junio de 2010
Conferencia del historiador Julián Casanova, mañana en Zaragoza
Del blog de Antón Castro:
Tenemos mucho interés en difundir entre el público interesado por estos temas la conferencia de Julián Casanova sobre ‘La investigación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Aragón’, que tendrá lugar en el patio de este Archivo Histórico Provincial de Zaragoza el próximo miércoles 9 de junio a las 19,30, en el marco de las actividades previstas en el Día Internacional de los Archivos, que este año se celebra en Aragón bajo el lema ‘Archivos e Investigación’.
Como sabrás, se trata de la más amplia y rigurosa aproximación a las múltiples implicaciones de la práctica de la represión en los primeros años del franquismo, que además se ha podido realizar gracias a los fondos documentales en los archivos públicos de Huesca, Teruel y Zaragoza. Para nosotros, ha sido una experiencia enriquecedora, que ilustra a la perfección la función de los archivos en el ejercicio de los derechos de acceso a a información, garantes del ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
domingo, 23 de mayo de 2010
Editorial de Julián Casanova
Visto en: El País.com
TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
Sinfonía de maldad
JULIÁN CASANOVA 23/05/2010
El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia "superar" aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.
Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.
En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.
Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.
La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.
La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.
Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.
TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
Sinfonía de maldad
JULIÁN CASANOVA 23/05/2010
El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia "superar" aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.
Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.
En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.
Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.
La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.
La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.
Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.
domingo, 21 de marzo de 2010
Mis "libros de la semana"
Hace una semana que estoy de vacaciones, pero mañana vuelvo al trabajo, así que voy a aprovechar estas últimas horas para recomendar algunos libros importantes, que, aunque estén en inglés, puedan interesarle a alguno.
1. Cazorla Sánchez, Antonio. Fear and Progress. Ordinary Lives in Franco's Spain, 1939-1975. Wiley-Blackwell, 2010 (ISBN: 978-1-4051-3316-6)
Este libro forma parte de una nueva serie de libros publicados sobre la experiencia de personas cuyas vidas se vieron cambiadas radicalmente por la opresión y conmoción política en la historia moderna. Pronto saldrán dos volúmenes más, uno sobre la Alemania nazi, y la otra sobre la Rusia estalinista. Según la descripción de la editorial:
2. Everly, Kathryn. History, Violence, and the Hyperreal. Representing Culture in the Contemporary Spanish Novel. West Lafayette, IN: Purdue UP, 2010 (ISBN: 978-1-55753-558-0) [no hay una imagen disponible suficientemente grande para subir aquí]
Kathryn Everly es profesora en Syracuse University (New York) y su nombre se vincula con muchos estudios feministas de la literatura española. Su primer libro, Catalan Women Writers and Artists: Feminist Views from a Revisionist Space (2003), es un estudio de escritoras catalanas como Carme Riera, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda. El nuevo proyecto de Everly se enfoca en la conceptualización de la historia en la literatura española reciente.
Este libro se divide en dos secciones principales; en la primera, "History or Creating the Past," la autora vuelve a la obra de Carme Riera, esta vez en un análisis de Dins el darrer bleu (En el último azul) y La meitat de l'ànima (La mitad del alma). También trata las dos últimas novelas de Javier Cercas y La voz dormida, de Dulce Chacón. Me sentí especialmente atraída a esta sección del libro puesto que he leído y estudiado con profundidad todas las obras tratadas, menos Dins el darrer bleu. Aunque Everly esté estudiando aquí la novela histórica, no indaga precisamente en las dimensiones de qué es lo "histórico," sino cómo la novela puede usarse para representar y enseñarnos sobre la historia. Según la autora, las novelas tratadas tienen que ver con una especie de "metahistoria," en que piden que los lectores analicemos la relación del pasado con el presente y lo histórico en relación con lo imaginario (29).
La segunda sección del libro retoma la literatura de la llamada "Generación X," como las novelas Historias del Kronen o De todo lo visible y lo invisible. Hay que decir que no soy gran aficionada de esta "literatura," probablemente porque leer Historia del Kronen me dejó con un mal sabor en la boca por sus descripciones misóginas y homófobas. Como objeto, supongo que se puede leer como un síntoma interesante de un determinado momento de la historia. Como Everly comenta, hasta ahora los estudios de la literatura de "Gen X" han tendido a enfatizar el rechazo a la Historia por parte de sus protagonistas jóvenes. Sin embargo, lo que propone la autora aquí es un análisis de estas obras basado en su aproximación al momento contemporáneo. Es decir, Everly afirma que mientras que estas novelas no desean echar la vista atrás, sí se interesan profundamente por el momento actual, como vemos en las descripciones detalladas de la cultura popular. De esta manera, según la autora, estas obras "reconcilian la novela con la globalización" (111).
3. Jerez-Farrán, Carlos and Samuel Amago, eds. Unearthing Franco's Legacy. Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. (ISBN 13: 978-0-268-03268-5)
De todos los libros citados aquí, este es el que más me interesa. Como indica el título, el libro tiene que ver con las fosas comunes y la recuperación de la memoria histórica en España. El libro surgió de un simposio, "Franco's Mass Graves: An Interdisciplinary International Investigation," organizado por uno de los editores en 2005, en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Los autores de los ensayos representan nombres destacados en el hispanismo (Jo Labanyi, Joan Ramon Resina y Gina Herrmann), al igual que la historia (Paul Preston, Julián Casanova) y la antropología (Francisco Ferrándiz), haciendo que este libro sea realmente interdisciplinario, y que se apele a una variedad de públicos. En otro momento, después de haber leído detenidamente este libro, quizá lo reseñe aquí. Por ahora, decir que sin duda, representa una publicación significativa en torno a la memoria histórica en España. El hecho de que esté en inglés significa que estudiosos no hispanohablantes en este país tienen la oportunidad de conocer mucho más profundamente la historia española reciente. Me interesa especialmente la sección que considera el cine documental y su relación con la exhumación de fosas.
1. Cazorla Sánchez, Antonio. Fear and Progress. Ordinary Lives in Franco's Spain, 1939-1975. Wiley-Blackwell, 2010 (ISBN: 978-1-4051-3316-6)
Este libro forma parte de una nueva serie de libros publicados sobre la experiencia de personas cuyas vidas se vieron cambiadas radicalmente por la opresión y conmoción política en la historia moderna. Pronto saldrán dos volúmenes más, uno sobre la Alemania nazi, y la otra sobre la Rusia estalinista. Según la descripción de la editorial:This series focuses on the experience of ordinary people living through times of radical upheaval and oppression in modern history. Drawing on a variety of source materials, authors explore the social, economic, and cultural interactions between different authoritarian states and their citizens. They also shed light on the importance of factors such as class, gender, age, and ethnicity in history. Above all, the books remind us of the profound, daily struggles people often faced under these regimes, and they attest to the resilience of the human spirit.El libro se divide en cinco capítulos, enfocando al principio en la política del miedo que invadió al pueblo al entrar en poder Franco. Después se tienen en cuenta la pobreza y el hambre, la emigración y el llamado "tardofranquismo." Lo que se destaca en este libro, como indica el título, es la narración de testimonios personales de la vida diaria durante el franquismo. Estas historias, que se cuentan al lado de datos "históricos," subrayan la importancia de entender lo que experimentaba la gente durante el franquismo -- la Historia no es sólo fechas, nombres, batallas, sino que se hace también de la gente "sin nombre" que vivió y sufrió por épocas autoritarias como el franquismo. El libro cuenta con una amplia bibliografía en inglés y español. El autor es profesor de Historia en Trent University.
2. Everly, Kathryn. History, Violence, and the Hyperreal. Representing Culture in the Contemporary Spanish Novel. West Lafayette, IN: Purdue UP, 2010 (ISBN: 978-1-55753-558-0) [no hay una imagen disponible suficientemente grande para subir aquí]
Kathryn Everly es profesora en Syracuse University (New York) y su nombre se vincula con muchos estudios feministas de la literatura española. Su primer libro, Catalan Women Writers and Artists: Feminist Views from a Revisionist Space (2003), es un estudio de escritoras catalanas como Carme Riera, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda. El nuevo proyecto de Everly se enfoca en la conceptualización de la historia en la literatura española reciente.
Este libro se divide en dos secciones principales; en la primera, "History or Creating the Past," la autora vuelve a la obra de Carme Riera, esta vez en un análisis de Dins el darrer bleu (En el último azul) y La meitat de l'ànima (La mitad del alma). También trata las dos últimas novelas de Javier Cercas y La voz dormida, de Dulce Chacón. Me sentí especialmente atraída a esta sección del libro puesto que he leído y estudiado con profundidad todas las obras tratadas, menos Dins el darrer bleu. Aunque Everly esté estudiando aquí la novela histórica, no indaga precisamente en las dimensiones de qué es lo "histórico," sino cómo la novela puede usarse para representar y enseñarnos sobre la historia. Según la autora, las novelas tratadas tienen que ver con una especie de "metahistoria," en que piden que los lectores analicemos la relación del pasado con el presente y lo histórico en relación con lo imaginario (29).
La segunda sección del libro retoma la literatura de la llamada "Generación X," como las novelas Historias del Kronen o De todo lo visible y lo invisible. Hay que decir que no soy gran aficionada de esta "literatura," probablemente porque leer Historia del Kronen me dejó con un mal sabor en la boca por sus descripciones misóginas y homófobas. Como objeto, supongo que se puede leer como un síntoma interesante de un determinado momento de la historia. Como Everly comenta, hasta ahora los estudios de la literatura de "Gen X" han tendido a enfatizar el rechazo a la Historia por parte de sus protagonistas jóvenes. Sin embargo, lo que propone la autora aquí es un análisis de estas obras basado en su aproximación al momento contemporáneo. Es decir, Everly afirma que mientras que estas novelas no desean echar la vista atrás, sí se interesan profundamente por el momento actual, como vemos en las descripciones detalladas de la cultura popular. De esta manera, según la autora, estas obras "reconcilian la novela con la globalización" (111).
3. Jerez-Farrán, Carlos and Samuel Amago, eds. Unearthing Franco's Legacy. Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. (ISBN 13: 978-0-268-03268-5)
De todos los libros citados aquí, este es el que más me interesa. Como indica el título, el libro tiene que ver con las fosas comunes y la recuperación de la memoria histórica en España. El libro surgió de un simposio, "Franco's Mass Graves: An Interdisciplinary International Investigation," organizado por uno de los editores en 2005, en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Los autores de los ensayos representan nombres destacados en el hispanismo (Jo Labanyi, Joan Ramon Resina y Gina Herrmann), al igual que la historia (Paul Preston, Julián Casanova) y la antropología (Francisco Ferrándiz), haciendo que este libro sea realmente interdisciplinario, y que se apele a una variedad de públicos. En otro momento, después de haber leído detenidamente este libro, quizá lo reseñe aquí. Por ahora, decir que sin duda, representa una publicación significativa en torno a la memoria histórica en España. El hecho de que esté en inglés significa que estudiosos no hispanohablantes en este país tienen la oportunidad de conocer mucho más profundamente la historia española reciente. Me interesa especialmente la sección que considera el cine documental y su relación con la exhumación de fosas.
viernes, 26 de febrero de 2010
Editorial de Julián Casanova sobre el caso Garzón
De: Revista digital San Borondón
La sombra de la dictadura de Franco es alargada
viernes, 26 de febrero de 2010
Julián Casanova. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza
No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.
El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.
La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.
Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.
Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.
El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.
En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.
La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.
La sombra de la dictadura de Franco es alargada
viernes, 26 de febrero de 2010
Julián Casanova. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza
No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.
El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.
La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.
Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.
Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.
El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.
En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.
La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.
viernes, 12 de febrero de 2010
Editorial de Julián Casanova sobre el juez Garzón
De: El PaísTRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
Jubilar a Garzón por investigar crímenes
JULIÁN CASANOVA 13/02/2010
La sombra de la dictadura de Franco es alargada. No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.
El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.
La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.
Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.
Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.
El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.
En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.
La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
viernes, 27 de noviembre de 2009
"Revisionismo" = Neofranquismo
Hace unos años pude oír en directo una ponencia de Julián Casanova (por desgracia, en inglés) en un congreso sobre la GCE en Gales. Pero aún antes de esa charla le tenía mucho respeto al historiador por las columnas que había publicado en El País con respecto al papel de la Iglesia durante el franquismo. Actualmente sigo leyendo su libro La Iglesia de Franco, que ha confirmado mucho de lo que ya suponía sobre esta estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Ayer, ha hablado en el Círculo de Bellas Artes sobre el llamado revisionismo, que él tilda más bien como "neofranquismo." Estoy totalmente de acuerdo que el término "revisionismo" no es apropiado para describir lo que hacen estas personas. "Revisar" implica la necesidad de corregir una versión anterior, pero lo que proponen estos señores es mantener viva una versión del pasado franquista promovida por el dictador mismo. Por eso, Casanova dice que estamos hablando de un "neofranquismo."
Fuente: El Plural (27.11.09)
Fuente: El Plural (27.11.09)
El historiador Julián Casanova considera que la Ley de Memoria Histórica era imprescindibleConsultar aquí una charla en Público
“El revisionismo en España es neofranquismo”
LUIS MARCHAL
“Lo que se llama revisionismo en España es neofranquismo”. Esto lo dijo ayer en Madrid el historiador Julián Casanova en la presentación del libro que ha escrito junto a Carlos Gil Andrés, Historia de España en el siglo XX (Ariel). Así de rotundo deslegitimó, sin nombres y apellidos, a autores como Pío Moa que reinventan la historia para afirmar que la Guerra Civil española comenzó en 1934 en vez de en 1936 y que fue provocada por partidos de izquierdas en vez de por un golpe militar.
El revisionismo, en opinión de Casanova, es una “copia” de los argumentos fundamentales del franquismo. Eso sí, actualizados al siglo XXI y dirigidos a un público que se siente muy satisfecho por ellos.
Aval de investigaciones
Casanova no niega que los historiadores sean los primeros que deben hacer revisión, “porque las verdades nunca son absolutas y eternas”. Pero, esta tarea tiene que ser avalada por investigaciones que maticen investigaciones anteriores, que pasen filtros y que no desmonten los hechos por desmontarlos.
Nada la hacía ineludible
En la presentación, el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza expuso que en 1936, antes del golpe de Estado en contra del Gobierno de la II República, “nada hacía necesariamente ineludible una Guerra Civil”. No era necesaria en 1934, año en el que sitúan los revisionistas su inicio.
El golpe la provocó
Las palabras de Casanova continuaron. A su juicio, es “evidente” que en julio de 1936 hubo un golpe de Estado que, al fracasar, provocó la Guerra Civil. Los militares no se echaron atrás en sus pretensiones y la contienda desembocó en la dictadura de Franco.
No fue en 1934
El catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos José Álvarez Junco, que introduzco a los presentes el libro presentado, también se mostró en contra de los denominados revisionistas: “Octubre de 1934 fue un desastre, hubo desprecio hacia las instituciones por los dos lados. Sin embargo, la Guerra Civil no era inevitable aquel año”.
El poder militar, subordinado al civil en 1981
Por otra parte, Casanova aseguró que en su análisis –y en el de Gil Andrés– del siglo XX español, se comprueba que “no está claro que el poder militar quiera subordinarse al poder civil hasta 1981”. Ese año fue la última vez que en nuestro país tuvo lugar un golpe de Estado.
El siglo de los ciudadanos
En Historia de España en el siglo XX no se hacen valoraciones, sino exposiciones. Casanova recordó que el XX “fue el siglo de los ciudadanos”. A pesar de esta característica, éstos “no pudieron votar durante 40 años”. La dictadura franquista realmente fue una “excepcionalidad” trágica.
“Retribución jurídico-política” a las víctimas
Respecto a la Ley de Memoria Histórica, el también autor de La Iglesia de Franco (Editorial Crítica) argumentó que era “imprescindible” aprobarla, aunque ya con la democracia se dejó de describir a un bando como representante de la verdadera España. ¿Descafeinada? Para Casanova, “si la Ley no salía como salió no habría salido”. Él la defendió en el sentido de que hace una “retribución jurídico-política” a unas víctimas a las que no se había hecho ningún reconocimiento durante muchísimo tiempo. Como conclusión, dejó claro que, si ésta se cumple, “es muy útil para avanzar en la gestión de la memoria”.
sábado, 18 de julio de 2009
"¿Qué pasó el 18 de julio?," artículo de Emma Riverola; algunas reflexiones sobre la enseñanza de la historia
Me acuerdo de la primera vez que entendí que mi país era capaz de darme vergüenza -- o por lo menos, que no tenía que estar de acuerdo con todas las decisiones políticas de mi gobierno. Era adolescente, y me escribía con un amigo de correspondencia, Miguel, en Panamá. El año era 1989, y por medio de una revista llamada Tú, destinada para jóvenes principalmente latinoamericanos, tuve la oportunidad de escribir a más de 10 personas en Colombia, Panamá, México, Brasil, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, España y lo que era en aquel entonces Checoslovaquia. Conocí a dos de aquellos amigos, uno que vino a Estados Unidos desde Costa Rica, y otra cuando yo fui a Sevilla durante un viaje a España en 1998.
ex-dictador panameño, Manuel Noriega
Miguel y yo llevábamos unos meses escribiéndonos cuando Estados Unidos invadió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Hasta aquel momento, nos contábamos lo normal para dos adolescentes - generalmente, se trataba de qué música escuchábamos, adonde salíamos y con quien, y cómo eran las clases. Pero cuando pasó "aquello," cuando los tanques pasaban por las calles de la ciudad de Panamá y los militares subían a todo volumen una música horrible para hacer que Manuel Noriega saliera de su casa para que lo pudieran detener, cambió la amistad que Miguel y yo habíamos forjado por carta. Me contó su tristeza de lo que sucedía en su país. Aunque nunca me lo dijera explícitamente, sabía que yo pertenecía ahora al país invasor, y él, al invadido. Dejamos de escribirnos poco después.
Por lo menos en aquel entonces, se presentaba esta invasión como lo mejor que pudo suceder para Panamá. Similar al caso de Irak, uno de los motivos, ante todo, fue destronar a un dictador, supuestamente para el bien de los ciudadanos. Me metí en Wikipedia a ver qué decían sobre la invasión de Panamá. Entre las razones que citan son: defender a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban allí; defender los derechos humanos; y parar el narcotráfico. ¿Defender los derechos humanos? ¿O era más bien defender los intereses de Estados Unidos en la región? ¿Será esta la historia que cuentan los libros de historia en este país sobre la guerra de Irak? ¿O hablarán también de las violaciones graves en contra de los derechos humanos que se produjeron en Irak y Guantánamo?
Para mí, Panamá representó la primera vez que sentí un conflicto interno sobre mi estatus como ciudadana estadounidense. Yo era "gringa." "Yanqui." Volví a experimentar una emoción parecida cuando entré en la universidad. No sabía mucho de la historia brutal de la esclavitud en este país, o de la larga y continua trayectoria del movimiento para derechos civiles, hasta tomar un curso titulado "Black Experience" (la experiencia negra), que presentaba la historia estadounidense desde la perspectiva afro-americana. Tampoco sabía del papel de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur. Y la primera guerra en Irak era, para mí, unas luces nocturnas medio verdes con explosiones intermitentes. Cuando me fui enterando de todo lo que nunca había aprendido, recuerdo haberme sentido engañada, avergonzada, y enfadada. Pero tuve la suerte de tener a profesores que me ayudaban a abrir la mente a otras historias, a otras Historias.
No siempre me consideraba una persona políticamente responsable; ahora que lo pienso, era una veinteañera relativamente apática. Las clases que tomé no me cambiaron radicalmente la actitud hacia la política o me hicieron participar activamente en campañas o manifestaciones o escribirle cartas de protesta o petición a mi congresista local. La verdad es que tuvieron que pasar varios años -- la presidencia de Clinton - antes que realmente consideré seriamente mi relación con la política, y mi relación conmigo misma como ciudadana estadounidense. Las elecciones de 2000, en que Al Gore "perdió" para cederle la presidencia al hijo Bush, me provocaron una frustración enorme y un sentido de injusticia, y los Estados Unidos después del 11-S marcaron una nueva etapa en la evolución de mi relación con la política y los políticos.
La anécdota sobre mi amigo panameño y mis reflexiones después tienen poco que ver con el tema de este blog, pero surgen aquí gracias a un artículo de opinión que he leído esta mañana,"¿Qué pasó el 18 de julio?," de Emma Riverola, una novelista de la que he escrito aquí en otras ocasiones (ver posts sobre Cartas desde la ausencia y nuestra entrevista). Riverola utiliza una fecha, el 18 de julio, para hablar del papel del sistema educativo en España, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de la historia reciente. Este es un tema que he comentado aquí antes, y uno que me interesa mucho. Si los libros de texto no enseñan lo que pasó en la historia de un país, si hay información que queda al margen -- por cuestiones de tiempo, espacio, rechazo o pura ignorancia -- los jóvenes se crían en una burbuja que los protege del mundo exterior: como dice Riverola, viven "inmersos en la apatía de la complacencia." Son más fácilmente manipulados por los políticos, y sirven como títeres para los intereses de ellos. Creen ciegamente en lo que leen y lo que ven, y no siempre por culpa suya. La apatía impide la resistencia y el cambio político.
No sé cómo los libros de texto españoles de hoy presentan el 18 de julio. Pero las múltiples interpretaciones de aquella fecha en internet -- que si se denomina golpe de Estado, Alzamiento Nacional o, como señala Riverola, apuntando una web pro-franquista, Día de Liberación - apuntan las dificultades afrontadas por los docentes al enseñar la historia. ¿Puede haber -- ¿debe haber? - un consenso general en los libros sobre la relevancia del 18 de julio para España? Tal vez la pregunta no es esa, sino, cómo bien lo dice Riverola, cómo "devolver a los jóvenes la voluntad de hacer historia"," cómo estimular en ellos el deseo de saber, y ofrecerles las herramientas necesarias para explorar y evaluar distintas versiones del pasado antes de tomar una decisión sobre cómo se debe "leer" ese pasado.
Riverola menciona el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra consciencia del pasado: "Las nuevas tecnologías nos han impuesto la inmediatez. El ocio, el conocimiento y el consumo en un clic. Todo es rápido, todo es fácil y rabiosamente innovador. [...] Allí, entre las máquinas de escribir y los papeles que huelen a polvo, duerme nuestro pasado." Especialmente a causa de la velocidad con que el internet publica y borra las noticias, transformando la historia literalmente minuto por minuto, parte del rescate del pasado depende de nuestra habilidad de leer críticamente las historias que recibimos, de apuntar y cuestionar lagunas, blanqueos, mentiras y revisiones que son más bien falsificaciones de documentos, de nombres y de fechas. Pero la otra parte depende de nuestra responsabilidad -- como ciudadanos de cualquier país del mundo -- de, en palabras de Riverola, "transmitir el legado de la historia para que los errores del pasado no se conviertan en la herencia de las futuras generaciones."
Si somos docentes, "transmitir el legado de la historia" es nuestra labor más importante, y no sólo en las clases de historia. Como profesora de literatura, tengo el deber de ayudar a que mis estudiantes conozcan el contexto histórico en que fue escrita una novela. Pero lo que es tal vez más importante, tengo la obligación de motivarlos a explorar más allá de las fronteras del aula y empezar sus propias investigaciones.
Yo nunca he enseñado el 18 de julio como el "Alzamiento Nacional." Ni siquiera utilizo esa frase, pero cuando aparece, explico su relevancia, sus autores, y sus connotaciones. Luego pasamos a hablar de la frase "golpe de estado." Porque el 18 de julio era un golpe de estado contra un gobierno democrático, legítimamente elegido. De acuerdo con el historiador Julián Casanova, "no hay que darle. . .demasiadas vueltas al asunto: sin esa sublevación, no se hubiera producido una guerra civil. Habrían pasado otras cosas, pero no aquella matanza. La mayoría de los historiadores sabemos hoy que eso fue así, aunque se busquen otras excusas o la derecha políticamente centrada de finales del siglo XX se niegue a condenar en las Cortes a los sublevados de 1936, precisamente a aquellos que los cerraron a cal y canto a los representantes legítimos de los ciudadanos durante más de cuatro décadas" (48-9, en La Iglesia de Franco).
Perspectivas contrastantes del 18 de julio:
ex-dictador panameño, Manuel Noriega
Miguel y yo llevábamos unos meses escribiéndonos cuando Estados Unidos invadió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Hasta aquel momento, nos contábamos lo normal para dos adolescentes - generalmente, se trataba de qué música escuchábamos, adonde salíamos y con quien, y cómo eran las clases. Pero cuando pasó "aquello," cuando los tanques pasaban por las calles de la ciudad de Panamá y los militares subían a todo volumen una música horrible para hacer que Manuel Noriega saliera de su casa para que lo pudieran detener, cambió la amistad que Miguel y yo habíamos forjado por carta. Me contó su tristeza de lo que sucedía en su país. Aunque nunca me lo dijera explícitamente, sabía que yo pertenecía ahora al país invasor, y él, al invadido. Dejamos de escribirnos poco después.
Por lo menos en aquel entonces, se presentaba esta invasión como lo mejor que pudo suceder para Panamá. Similar al caso de Irak, uno de los motivos, ante todo, fue destronar a un dictador, supuestamente para el bien de los ciudadanos. Me metí en Wikipedia a ver qué decían sobre la invasión de Panamá. Entre las razones que citan son: defender a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban allí; defender los derechos humanos; y parar el narcotráfico. ¿Defender los derechos humanos? ¿O era más bien defender los intereses de Estados Unidos en la región? ¿Será esta la historia que cuentan los libros de historia en este país sobre la guerra de Irak? ¿O hablarán también de las violaciones graves en contra de los derechos humanos que se produjeron en Irak y Guantánamo?
Para mí, Panamá representó la primera vez que sentí un conflicto interno sobre mi estatus como ciudadana estadounidense. Yo era "gringa." "Yanqui." Volví a experimentar una emoción parecida cuando entré en la universidad. No sabía mucho de la historia brutal de la esclavitud en este país, o de la larga y continua trayectoria del movimiento para derechos civiles, hasta tomar un curso titulado "Black Experience" (la experiencia negra), que presentaba la historia estadounidense desde la perspectiva afro-americana. Tampoco sabía del papel de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur. Y la primera guerra en Irak era, para mí, unas luces nocturnas medio verdes con explosiones intermitentes. Cuando me fui enterando de todo lo que nunca había aprendido, recuerdo haberme sentido engañada, avergonzada, y enfadada. Pero tuve la suerte de tener a profesores que me ayudaban a abrir la mente a otras historias, a otras Historias.
No siempre me consideraba una persona políticamente responsable; ahora que lo pienso, era una veinteañera relativamente apática. Las clases que tomé no me cambiaron radicalmente la actitud hacia la política o me hicieron participar activamente en campañas o manifestaciones o escribirle cartas de protesta o petición a mi congresista local. La verdad es que tuvieron que pasar varios años -- la presidencia de Clinton - antes que realmente consideré seriamente mi relación con la política, y mi relación conmigo misma como ciudadana estadounidense. Las elecciones de 2000, en que Al Gore "perdió" para cederle la presidencia al hijo Bush, me provocaron una frustración enorme y un sentido de injusticia, y los Estados Unidos después del 11-S marcaron una nueva etapa en la evolución de mi relación con la política y los políticos.
La anécdota sobre mi amigo panameño y mis reflexiones después tienen poco que ver con el tema de este blog, pero surgen aquí gracias a un artículo de opinión que he leído esta mañana,"¿Qué pasó el 18 de julio?," de Emma Riverola, una novelista de la que he escrito aquí en otras ocasiones (ver posts sobre Cartas desde la ausencia y nuestra entrevista). Riverola utiliza una fecha, el 18 de julio, para hablar del papel del sistema educativo en España, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de la historia reciente. Este es un tema que he comentado aquí antes, y uno que me interesa mucho. Si los libros de texto no enseñan lo que pasó en la historia de un país, si hay información que queda al margen -- por cuestiones de tiempo, espacio, rechazo o pura ignorancia -- los jóvenes se crían en una burbuja que los protege del mundo exterior: como dice Riverola, viven "inmersos en la apatía de la complacencia." Son más fácilmente manipulados por los políticos, y sirven como títeres para los intereses de ellos. Creen ciegamente en lo que leen y lo que ven, y no siempre por culpa suya. La apatía impide la resistencia y el cambio político.
No sé cómo los libros de texto españoles de hoy presentan el 18 de julio. Pero las múltiples interpretaciones de aquella fecha en internet -- que si se denomina golpe de Estado, Alzamiento Nacional o, como señala Riverola, apuntando una web pro-franquista, Día de Liberación - apuntan las dificultades afrontadas por los docentes al enseñar la historia. ¿Puede haber -- ¿debe haber? - un consenso general en los libros sobre la relevancia del 18 de julio para España? Tal vez la pregunta no es esa, sino, cómo bien lo dice Riverola, cómo "devolver a los jóvenes la voluntad de hacer historia"," cómo estimular en ellos el deseo de saber, y ofrecerles las herramientas necesarias para explorar y evaluar distintas versiones del pasado antes de tomar una decisión sobre cómo se debe "leer" ese pasado.
Riverola menciona el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra consciencia del pasado: "Las nuevas tecnologías nos han impuesto la inmediatez. El ocio, el conocimiento y el consumo en un clic. Todo es rápido, todo es fácil y rabiosamente innovador. [...] Allí, entre las máquinas de escribir y los papeles que huelen a polvo, duerme nuestro pasado." Especialmente a causa de la velocidad con que el internet publica y borra las noticias, transformando la historia literalmente minuto por minuto, parte del rescate del pasado depende de nuestra habilidad de leer críticamente las historias que recibimos, de apuntar y cuestionar lagunas, blanqueos, mentiras y revisiones que son más bien falsificaciones de documentos, de nombres y de fechas. Pero la otra parte depende de nuestra responsabilidad -- como ciudadanos de cualquier país del mundo -- de, en palabras de Riverola, "transmitir el legado de la historia para que los errores del pasado no se conviertan en la herencia de las futuras generaciones."
Si somos docentes, "transmitir el legado de la historia" es nuestra labor más importante, y no sólo en las clases de historia. Como profesora de literatura, tengo el deber de ayudar a que mis estudiantes conozcan el contexto histórico en que fue escrita una novela. Pero lo que es tal vez más importante, tengo la obligación de motivarlos a explorar más allá de las fronteras del aula y empezar sus propias investigaciones.
Yo nunca he enseñado el 18 de julio como el "Alzamiento Nacional." Ni siquiera utilizo esa frase, pero cuando aparece, explico su relevancia, sus autores, y sus connotaciones. Luego pasamos a hablar de la frase "golpe de estado." Porque el 18 de julio era un golpe de estado contra un gobierno democrático, legítimamente elegido. De acuerdo con el historiador Julián Casanova, "no hay que darle. . .demasiadas vueltas al asunto: sin esa sublevación, no se hubiera producido una guerra civil. Habrían pasado otras cosas, pero no aquella matanza. La mayoría de los historiadores sabemos hoy que eso fue así, aunque se busquen otras excusas o la derecha políticamente centrada de finales del siglo XX se niegue a condenar en las Cortes a los sublevados de 1936, precisamente a aquellos que los cerraron a cal y canto a los representantes legítimos de los ciudadanos durante más de cuatro décadas" (48-9, en La Iglesia de Franco).
Perspectivas contrastantes del 18 de julio:
jueves, 9 de julio de 2009
La Complutense organiza un programa sobre la Ley de Memoria
Un año de vigencia de la ley de memoria histórica: balance y perspectivas de futuro (RI §1036688)
De: http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1036688
09/07/2009
La Universidad Complutense de Madrid organiza, dentro de su programa de Cursos de Verano de El Escorial 2009, el encuentro “Un año de vigencia de la ley de memoria histórica: balance y perspectivas de futuro”. Se celebrará del 13 al 17 de julio.
PROGRAMA
LUNES, 13 DE JULIO
10.30 h. José Antonio Martín Pallín
Inauguración
12.00 h. José Antonio Martín Pallín
Derecho y memoria histórica: dos variables interdependientes
16.30 h. Mesa redonda: ¿Existe un derecho ciudadano a la memoria histórica?
Participan: José Antonio Martín Pallín; Rafael Escudero Alday, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid; Antonio Baylos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Castilla - La Mancha
MARTES, 14 DE JULIO
10.00 h. Rafael Escudero Alday
El desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica
12.00 h. Julián Casanova Ruiz, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Zaragoza
Las políticas de la memoria y memorias de la política
16.30 h. Mesa redonda: Memoria histórica y partidos políticos
Participan: José Antonio Martín Pallín; Daniel Fernández González, Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC y del Comité Federal, PSOE; Ana Pastor Julián, secretaria ejecutiva de la Política Social, PP; Jordi Xuclá i Costa, diputado por Girona del Grupo Parlamentario Catalán (CIU); Joan Tardá y Coma, representante de IU, ICV-ERC; Joan Herrera Torres representante de IU; Aitor Esteban Bravo, diputado del PNV
MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
10.00 h. Amaya Olivas Díaz, jueza de Instrucción de Primera Instancia, Barcelona Las obligaciones del poder judicial: las fosas y los protocolos de exhumación
16.30 h. Mesa redonda: La memoria, el espacio público y la sociedad civil: la labor de las asociaciones
Participan: José Antonio Martín Pallín; Amaya Olivas Díaz; Emilio Silva Barrera, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; José Antonio Moreno Díaz, Asociación Foro por la Memoria
JUEVES, 16 DE JULIO
10.00 h. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz
12.00 h. Alicia Gil y Gil, profesora titular de Derecho Penal, (UNED)
La justicia de transición en España: de la amnistía a la memoria histórica
16.30 h. Mesa redonda: Crímenes de guerra, genocidio y jurisdicción universal: el caso español
Participan: José Antonio Martín Pallín; Francisco Espinosa Maestre; Alicia Gil y Gil; José María Sauca Cano, profesor titular de Filosofía del Derecho UC3M; Fernando Magán Pineño, abogado de los que pusieron la demanda en la Audiencia Nacional
VIERNES, 17 DE JULIO
10.00 h. Francisco Espinosa Maestre, historiador y coordinador del proyecto “Todos los Nombres”
La violencia en la dictadura franquista: represión y plan de exterminio
12.00 h. José Antonio Martín Pallín
Clausura y entrega de diplomas
De: http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1036688
09/07/2009
La Universidad Complutense de Madrid organiza, dentro de su programa de Cursos de Verano de El Escorial 2009, el encuentro “Un año de vigencia de la ley de memoria histórica: balance y perspectivas de futuro”. Se celebrará del 13 al 17 de julio.
PROGRAMA
LUNES, 13 DE JULIO
10.30 h. José Antonio Martín Pallín
Inauguración
12.00 h. José Antonio Martín Pallín
Derecho y memoria histórica: dos variables interdependientes
16.30 h. Mesa redonda: ¿Existe un derecho ciudadano a la memoria histórica?
Participan: José Antonio Martín Pallín; Rafael Escudero Alday, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid; Antonio Baylos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Castilla - La Mancha
MARTES, 14 DE JULIO
10.00 h. Rafael Escudero Alday
El desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica
12.00 h. Julián Casanova Ruiz, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Zaragoza
Las políticas de la memoria y memorias de la política
16.30 h. Mesa redonda: Memoria histórica y partidos políticos
Participan: José Antonio Martín Pallín; Daniel Fernández González, Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC y del Comité Federal, PSOE; Ana Pastor Julián, secretaria ejecutiva de la Política Social, PP; Jordi Xuclá i Costa, diputado por Girona del Grupo Parlamentario Catalán (CIU); Joan Tardá y Coma, representante de IU, ICV-ERC; Joan Herrera Torres representante de IU; Aitor Esteban Bravo, diputado del PNV
MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
10.00 h. Amaya Olivas Díaz, jueza de Instrucción de Primera Instancia, Barcelona Las obligaciones del poder judicial: las fosas y los protocolos de exhumación
16.30 h. Mesa redonda: La memoria, el espacio público y la sociedad civil: la labor de las asociaciones
Participan: José Antonio Martín Pallín; Amaya Olivas Díaz; Emilio Silva Barrera, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; José Antonio Moreno Díaz, Asociación Foro por la Memoria
JUEVES, 16 DE JULIO
10.00 h. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz
12.00 h. Alicia Gil y Gil, profesora titular de Derecho Penal, (UNED)
La justicia de transición en España: de la amnistía a la memoria histórica
16.30 h. Mesa redonda: Crímenes de guerra, genocidio y jurisdicción universal: el caso español
Participan: José Antonio Martín Pallín; Francisco Espinosa Maestre; Alicia Gil y Gil; José María Sauca Cano, profesor titular de Filosofía del Derecho UC3M; Fernando Magán Pineño, abogado de los que pusieron la demanda en la Audiencia Nacional
VIERNES, 17 DE JULIO
10.00 h. Francisco Espinosa Maestre, historiador y coordinador del proyecto “Todos los Nombres”
La violencia en la dictadura franquista: represión y plan de exterminio
12.00 h. José Antonio Martín Pallín
Clausura y entrega de diplomas
sábado, 8 de noviembre de 2008
"Aunque fuese en inglés" - Otra vez, Garzón
Hoy, en una columna titulada "La transición," el escritor y periodista gallego Manuel Rivas ha escrito sobre el auto de Garzón y la manera en que ciertos "padres y guías predilectos de la Santísima Transición. . .ahora amonestan a diario a aquellos que no se atienen al programa." Rivas concluye su breve editorial diciendo que "el auto de Garzón claro que tiene un sentido simbólico, además de su valor jurídico. Salva a la Justicia. Debería acompañar a la Constitución como anexo. Y los profesores de ética, divulgarlo en la escuela. Aunque fuese en inglés." Aunque fuese en inglés. Con esta frase Rivas sugiere que no vaya a ser BG que determine la resolución del auto, sino que puede ser alguien que, como dice el profesor e historiador Julián Casanova, sea "un juez de fuera" (ver "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera").
Confío en la opinión de Casanova (ver foto abajo, de www.publico.es), y es obvio que otros también, porque el profesor ha sido elegido para participar en el comité oficial del juez. Tuve la fortuna de escuchar a Casanova pronunciar un discurso en persona en un congreso al que asistí sobre la GCE, pero antes lo había leído con gran interés, tanto en sus columnas en El País, como en sus libros sobre la contienda. Hoy, Público.es publica una entrevista bastante extensa con él; aquí me gustaría comentar un poco la idea que cita allí - la de que los crímenes franquistas se tendrán que juzgar desde fuera, en vez de desde dentro de España.
Hace poco cité en este blog a Paul Ricoeur (ver post del 1 de noviembre) y su comentario de que hace falta una "tercera persona" para mediar entre la dicotomía víctima-verdugo. Por supuesto Ricoeur no se refiere a España. El auto del juez BG no se piensa para juzgar a criminales franquistas (o sea, castigarlos). No se está hablando de una época de historia reciente: los mencionados en el auto ya fallecieron hace muchos años. Pero puede ser útil la idea de Ricoeur si se consideran 2 puntos: 1) la participación anterior del juez en el caso Pinochet y 2) los intentos repetidos (y según parece, fracasados) de ocuparse del pasado franquista en España por medio de la Ley de Memoria u otros actos simbólicos de reparación.
Tiñe de otro color la situación actual de BG si se recuerda la forma en que mediaba en el caso Pinochet. Por cierto había muchas críticas de Garzón en aquel entonces - se preguntaba que por qué había que tener el pueblo chileno a un juez exterior (y sobre todo, uno de España) metido en un asunto nacional. Pero también había los que aplaudieron la aplicación de la justicia universal, o sea, la noción de que el caso constituía un asunto internacional por haber sido cometidos crímenes contra la Humanidad. Aunque falleció Pinochet antes de que pudiera ser juzgado (como casi todos los ex-dictadores de la historia), su detención en Londres en 1998 marcó, sin duda, un momento decisivo en la trayectoria del caso.
Es curioso pensar que, mientras que antes BG era el "juez de fuera," ahora es posible que necesite el mismo tipo de "intervención." Según Casanova, si no es BG, será otro juez, porque "el proceso ya es imparable." Hay los que ven el auto del juez como síntoma de los fracasos de la Ley de Memoria. Es decir, la justicia ha tenido que actuar donde la política no ha podido o querido. Como comenta Emilio Silva, "la ley de la Memoria del Gobierno no se ha responsabilizado de las exhumaciones y las familias han tenido que buscar otra vía para que el Estado se responsabilice" (de "La ARMH recurrirá el acuerdo...," de Europa Press, citado en www.memoriahistorica.org). Pero tal vez tampoco sea una cuestión del Estado español. Tal vez el auto tenga que escribirse desde fuera. Porque de momento parece como si la discusión sobre la competencia del juez se estuviera apoderando de la de las exhumaciones de las fosas comunes, de las víctimas y sus descendientes.
Confío en la opinión de Casanova (ver foto abajo, de www.publico.es), y es obvio que otros también, porque el profesor ha sido elegido para participar en el comité oficial del juez. Tuve la fortuna de escuchar a Casanova pronunciar un discurso en persona en un congreso al que asistí sobre la GCE, pero antes lo había leído con gran interés, tanto en sus columnas en El País, como en sus libros sobre la contienda. Hoy, Público.es publica una entrevista bastante extensa con él; aquí me gustaría comentar un poco la idea que cita allí - la de que los crímenes franquistas se tendrán que juzgar desde fuera, en vez de desde dentro de España.
Hace poco cité en este blog a Paul Ricoeur (ver post del 1 de noviembre) y su comentario de que hace falta una "tercera persona" para mediar entre la dicotomía víctima-verdugo. Por supuesto Ricoeur no se refiere a España. El auto del juez BG no se piensa para juzgar a criminales franquistas (o sea, castigarlos). No se está hablando de una época de historia reciente: los mencionados en el auto ya fallecieron hace muchos años. Pero puede ser útil la idea de Ricoeur si se consideran 2 puntos: 1) la participación anterior del juez en el caso Pinochet y 2) los intentos repetidos (y según parece, fracasados) de ocuparse del pasado franquista en España por medio de la Ley de Memoria u otros actos simbólicos de reparación.Tiñe de otro color la situación actual de BG si se recuerda la forma en que mediaba en el caso Pinochet. Por cierto había muchas críticas de Garzón en aquel entonces - se preguntaba que por qué había que tener el pueblo chileno a un juez exterior (y sobre todo, uno de España) metido en un asunto nacional. Pero también había los que aplaudieron la aplicación de la justicia universal, o sea, la noción de que el caso constituía un asunto internacional por haber sido cometidos crímenes contra la Humanidad. Aunque falleció Pinochet antes de que pudiera ser juzgado (como casi todos los ex-dictadores de la historia), su detención en Londres en 1998 marcó, sin duda, un momento decisivo en la trayectoria del caso.
Es curioso pensar que, mientras que antes BG era el "juez de fuera," ahora es posible que necesite el mismo tipo de "intervención." Según Casanova, si no es BG, será otro juez, porque "el proceso ya es imparable." Hay los que ven el auto del juez como síntoma de los fracasos de la Ley de Memoria. Es decir, la justicia ha tenido que actuar donde la política no ha podido o querido. Como comenta Emilio Silva, "la ley de la Memoria del Gobierno no se ha responsabilizado de las exhumaciones y las familias han tenido que buscar otra vía para que el Estado se responsabilice" (de "La ARMH recurrirá el acuerdo...," de Europa Press, citado en www.memoriahistorica.org). Pero tal vez tampoco sea una cuestión del Estado español. Tal vez el auto tenga que escribirse desde fuera. Porque de momento parece como si la discusión sobre la competencia del juez se estuviera apoderando de la de las exhumaciones de las fosas comunes, de las víctimas y sus descendientes.
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