"Escuchando al juez Garzón" - toma 2, Minnesota

Hace unas semanas vi la mitad de Escuchando al juez Garzón, el filme documental recién estrenado de Isabel Coixet. Vino con el nuevo libro de Garzón, La fuerza de la razón (Debate). El documental es realmente una conversación -- algunos dirían que un monólogo -- entre Baltasar Garzón y su entrevistador, el escritor y periodista Manuel Rivas. Lo dejé porque es, en mi opinión, una película difícil de ver de una sentada. A nadie le gusta ver una película -- aunque sea documental -- que es un discurso. Es muy diferente que escuchar en persona una conferencia. Aunque no creo que la película de Coixet sea o vaya a ser un éxito cinematográfico, es la idea de escuchar que encuentro interesante, punto sobre el que intentaré elaborar un poco más después.

Ante todo quisiera agradecer a K.L. por haberme avisado de la conferencia del juez Garzón en Minnesota. El año pasado, cuando ella seguía allí de estudiante, la facultad de lenguas y literaturas romances organizó un congreso sobre el tema de las exhumaciones titulado "Exhuming Bodies, Producing Knowledge" (Exhumando Cuerpos, Produciendo Conocimiento); por casualidad coincidía con la retirada del juez de su puesto y las manifestaciones a su favor a nivel doméstico e internacional. Había pensado en asistir a este congreso, pero al último momento decidí quedarme en Iowa. Por eso, cuando supe de la visita del juez a Minnesota, sabía que esta vez sí tenía que asistir a la charla. En Iowa tengo pocas oportunidades de escuchar conferencias de tal prestigio, y esta era una oportunidad extraordinaria que no podía perder. Otro motivo por asistir a la conferencia es que recién propuse un panel sobre la figura del juez para un congreso en St. Louis, Missouri en noviembre de 2011. Para más información sobre ese panel, favor de pinchar aquí (ver "Special Sessions" y "Baltasar Garzón: International Justice on Trial;" las propuestas para ponencias son para el 3 de junio de 2011).

foto sacada el 25.4.11 a la entrada del salón

La conferencia, "Verdad, Justicia y Reparación," empezó a las 14 h en el Law Center de la Universidad de Minnesota. Llegué a eso de las 13,30 y me quedé sorprendida al ver que iba a hablar el juez en un salón de tal tamaño (relativamente pequeño). Me senté en la cuarta fila a la izquierda, pero habría sido fácil estar en la primera, justo enfrente del hablante. Poco a poco iba llegando gente -- jóvenes con pinta de ser estudiantes, mayores con pancartas a favor del juez, profesores de diferentes disciplinas y técnicos de video. Unas tres mujeres con pancartas hechas a mano las levantaban al empezar y terminar la conferencia, recordándome al abril de 2010 cuando también fui inspirada a crear una y postear la foto en este blog.

Lugar donde tuvo lugar la conferencia

Público en apoyo a Garzón (estoy sentada justo detrás de esta señora, con la mano en la cara (foto de aquí)

El juez Garzón con la profesora Hilbink y la profesora Ferrán

La conferencia empezó con una introducción de las profesoras Ofelia Ferrán (profesora de español y autora de Working Through Memory) y Lisa Hilbink (profesora de ciencias políticas y autora de Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile), quienes describieron la conferencia del juez como una continuación del congreso de hace un año.

Notaron que en aquel momento, tenían lugar las manifestaciones a favor del juez. El público de la conferencia pareció ser mayormente a favor del juez, y respondió con un fuerte aplauso. En el video de abajo (sacado en mi cámara, por eso la calidad es baja) vemos a la profesora Hilbink durante la presentación del juez:

Antes de describir la conferencia del juez, tengo que decir que me alegra poderla haber escuchado en español. La "traducción simultánea" que habían prometido era, en realidad, una pantalla de ordenador proyectada detrás del juez. Por lo que parece, era un estudiante graduado de traducción que tuvo la tarea dificilísima de ir traduciendo todo lo que decía el juez, para que los no hispanohablantes lo pudiesen entender. No he estudiado mucho la traducción, pero algo sé, y es que tanto la interpretación como la traducción son trabajos agotadores, y se tiende a limitar el tiempo en que uno trabaja para asegurar la calidad de la traducción. El juez Garzón habló unas 2 horas sin parar, y aunque yo no seguía muy a menudo la traducción al inglés, pensé que seguramente se perdían ciertas ideas, porque sencillamente no es posible que una persona traduja y escriba al ordenador en tiempo real, especialmente cuando el hablante apenas tomaba una pausa. No sé por qué razón decidió la Universidad ofrecer una traducción así, pero probablemente habría sido mejor que hubiesen contratado a un traductor profesional o por lo menos, que hubiesen tenido presentes a varios traductores para aligerar el trabajo del primero. Si yo no hubiese entendido español, tengo la sensación de que no habría podido captar las ideas más importantes del juez. De ninguna manera es una crítica al juez, pero haber anticipado la extensión posible de su conferencia habría resultado en un mejor producto para los oyentes no hispanohablantes.

El juez empezó explicando que no hablaba bien el inglés y que por eso iba a hablar en español. Esta primera oración la pronunció en inglés y provocó una risa del público que había venido a oírlo. La conferencia que dio tuvo muy poco que ver con España, y mucho más con el tema de los derechos humanos en varios contextos históricos y culturales. Saqué unas 7 páginas de apuntes, pero intentaré condensar las ideas principales aquí.

En cierto sentido la conferencia del juez casi se podía considerar como un texto elemental sobre la historia de los derechos humanos, del siglo XX hasta la actualidad. El juez empezó subrayando el concepto del derecho a la verdad y el derecho a la justicia y en realidad, fueron estos conceptos que informaron la primera mitad de la conferencia. Hablando primero del caso de España, Chile y Argentina, el juez enfatizó que "no es una facultad de los jueces, es una obligación" investigar los crímenes contra la humanidad, y siempre buscar la verdad sobre cualquier impulso de negacionismo. En España, dijo, la defensa de la Transición -- el "esto no pasó aquí" -- es una de las razones principales que "no ha habido ninguna investigación, no ha habido ninguna respuesta" a las demandas de verdad y justicia para las víctimas del franquismo. Según el juez, sigue existiendo una "fase de negacionismo" que "no se ha superado" todavía por completo.

Trazando una historia larga de atrocidades del siglo XX, desde el genocidio armenio a las dictaduras militares del Cono Sur, el juez luego empezó a elaborar el estatus de los derechos humanos. A pesar de ser el siglo con múltipes traumas históricos, dijo, el siglo XX también es el siglo en que más se ha hecho a favor de los derechos humanos. Aquí destacó el año de 1998 y habló del Estatuto de Roma y la detención de Augusto Pinochet en Londres. Hablando de su propia participación en esta detención, dijo, "Sólo hice una cosa, que fue pedirla." Comentó después lo que llamó "la beligerancia contra la justicia universal" en España durante aquel tiempo, explicando que cuando pidió la detención del dictador chileno, hubo más de 100 demandas presentadas en su contra en España.

Uno de los puntos fundamentales de esta conferencia fue la idea de que cuando la justicia se ocupa de crímenes del Estado, ha hecho posible ocuparse también de otros crímenes. Puso como ejemplo la manera en que la Argentina ha empezado a examinar más profundamente el problema de la violencia de género. Pero también apuntó la manera en que las acciones de un país pueden tener repercusiones positivas en otros. En este caso habló de Uruguay, que recientemente ratificó políticas dictatoriales, la más importante siendo la Ley de Amnistía de este país, que garantizaba amnistía para crímenes contra la humanidad ocurridas durante la dictadura militar (1973-85). Mencionó también el caso de Brasil, que intentaba, según el juez, decir que "la Ley de Amnistía no se toca" y explicó que la Corte Internacional no lo aceptó. Resumiendo diferentes casos latinoamericanos resultó ser una manera de aludir al caso de España y su propia Ley de Amnistía sin tener que hablar directamente de ella. Asimismo era una manera de llegar al tema de la justicia universal.

Según el juez, se ha estancado la justicia universal por motivos diplomáticos, políticos y económicos. En España, comentó la reforma de 2009 de la Ley de Jurisdicción Universal y también el sentido de que España no siempre se ha tendido a percibir como el país responsable de o mejor preparado para empezar investigaciones de tamaño internacional. En cambio, muchas veces ha dominado la idea de que "si investigan Uds., entonces no lo tenemos que hacer nosotros." Me gustaría haber podido encontrar la cita exacta, pero el juez citó el ejemplo de José María Aznar, que en algún momento explicó que España sirve como "un buzón" para tramitar las pedidas de otros países, no para procesarlas sí misma. Desde la perspectiva del juez, hubo tres casos principales que empezaron la polémica de la jurisdicción universal -- el de China, el de Israel y Gaza y el de Guantánamo. Citó también la presidencia de George W. Bush y la guerra de Irak como factores que condujeron a la oposición de la jurisdicción universal. Este no fue el único momento en que mencionó el papel de EE.UU. Cuando hablaba de las dictaduras de Latinoamérica, le recordó al público que estas se habían apoyado en su gran mayoría por los vecinos de América del Norte.

Tal vez, como era de esperar, el juez terminó la conferencia enfocándose en el caso de España. Explicó que, a pesar de lo que parece, España comparte mucho con otras sociedades posdictatoriales. Volvió a citar la Ley de Amnistía, diciendo que "no hubo transición -- fue una transición formal." La derogación de otras leyes de amnistía no parece haber tenido el más mínimo impacto en España. El deseo de integrarse en el resto de Europa es otra razón que España no quiso o no pudo tratar el tema de la dictadura durante la década de los 70 e incluso los 80. Sin embargo, como afirmó, "los olvidos impuestos oficialmente. . . no coinciden con la voluntad de los seres humanos." Añadió luego que el análisis del pasado traumático nunca es voluntario, siempre es algo que se impone desde fuera.

Quizá, con el paso de una semana desde que oí la conferencia, estoy imaginando esto, pero parece que en este momento de la conferencia, el juez habló de forma más enfática. Pareció emocionado cuando habló de una anciana de 100 años, que en 2009, había pedido una prueba del ADN para tratar de emparejarla con un niño robado. Nunca ocurrió la prueba, porque la mujer murió antes, y nadie nunca le respondió. En este momento, el juez preguntó, "¿Por qué no dijo nada España al respecto?" y se contestó en parte, "Es muy jodido para mí." Enfatizó que "lo importante es la investigación," no lo que termina pasándole a él.

El fin de la conferencia se caracterizó por la conciencia del hablante de que se había extendido un poco pasado el tiempo esperado. Por eso, no me pareció que habló tanto del tema de la reparación como de la verdad y la justicia. Sí le dio tiempo para explicar que la "reconciliación es leer conjuntamente la historia" y que "la justicia se exige, no se pide." Y también comentó que a estas alturas, no hay planes bien establecidos para enseñar el pasado reciente de España. Dijo que mucho depende de los políticos, porque tendrán que decidir si esta historia conjunta puede existir en algún momento en los libros de texto.

No creo que nadie esperase que el juez fuese a hablar durante 2 horas. El cartel para la conferencia había sugerido una conferencia de una hora, con una recepción después, para empezar a las 16 h. Al final del discurso, era obvio que algunos del público se habían cansado un poco, o tuvieron que salir por otros motivos, porque noté varias veces que pequeños grupos salían de puntillas del salón mientras seguía hablando el juez. Yo también tenía que irme, pensando en el viaje en coche que me esperaba, pero no quería porque la conferencia realmente me había captado la atención y apenas noté pasar el tiempo.

Al final de la conferencia, por motivos de tiempo, se permitieron unas 3 or 4 preguntas. En este momento, terminó el traductor su trabajo y la profesora Ferrán empezó de servir de intérprete al juez, o al resto del público. La mayoría de las preguntas no eran nada especiales, pero me impresionó que el juez contestase seriamente cada una, como si todas mereciesen la pena de una respuesta.

El momento más curioso de esta fase de preguntas era cuando una mujer le criticó a Obama al hacerle una pregunta al juez. Al principio, aunque hablaba en inglés, no entendí qué preguntaba y me dio vergüenza ajena. Vez tras vez, la mujer citaba lo que llamaba "the village idiot" (lit. el tonto del pueblo). "The village idiot tells me" (me dice el tonto del pueblo), decía, y terminó su propio discurso diciendo, "Will you defend the village idiot when he goes to Guantánamo?" (¿defenderá Ud. al tonto del pueblo cuando vaya a Guantánamo?). En un momento dado, creí entender que, desde su punto de vista, el presidente Obama merecía ser preso en Guantánamo. Pensé que debía ser de algún grupo marginal como del Tea Party, pero luego se me ocurrió que pudo haber sido alguien de la izquierda radical. El juez le ofreció una respuesta muy mesurada y tranquila. Ante todo, le dijo, "¿Y me toma por el tonto del pueblo,?" elicitando una risa un poco nerviosa del público. Pero luego, le respondió que mienten todos los políticos (una de las críticas de la mujer había sido que Obama mintiera durante su campaña electoral) y citó su participación breve en la política, en que le preguntó a un político si no le preocupaba no cumplir con las promesas de su campaña. El político contestó que "para eso existen las campañas electorales." Después, el juez le explicó a esta mujer que tenemos que actuar si no estamos satisfechos con la forma en que se hacen las cosas en la política. Dijo que hay demasiada gente que se contenta con leer un artículo o ver un programa de la tele para informarse. Hay que ir más allá de los medios y ser ciudadanos pro-activos.

Otra pregunta tuvo que ver con la reparación. Aunque el video de mi cámara no sea de la mejor calidad, por lo menos se puede escuchar bien. Como el archivo era demasiado grande para subir, lo voy a enlazar aquí.
La misma persona que preguntó sobre la reparación quería saber cómo el juez manejaba el tema del miedo. Pensé que su respuesta era aplicable a muchos contextos. Otra vez, he enlazado aquí el video breve de la respuesta del juez.

Al terminar las preguntas, mucha gente subió al salón donde iba a tener lugar una recepción. No necesariamente pensé que tendría la oportunidad de hablar con el juez, pero me fui acercando hasta donde estaba hablando con un pequeño grupo de personas. He asistido a muchas conferencias con diversos teóricos y estudiosos, y nunca me ha gustado este tipo de pos-encuentro con el hablante, porque típicamente tiende a rodearse por la gente más conocida e importante, y huye de hablar con la gente corriente. Sin embargo, en este caso, me pareció que al juez le interesaba más hablar con exactamente estas últimas personas. Las coordinadoras de la conferencia seguían intentando hacer que subiese a la recepción ofrecida en su honor, pero pareció no enterarse. Había personas que le querían hablar de sus familiares, una pareja mayor que quería sacarse una foto con él y gente como yo, que simplemente cumplía la ilusión de conocer en persona a esta figura representativa de la justicia universal. Justo cuando pareció que no iba a haber manera de hablar con él, se acercó al podio para recoger algo, y en ese momento aproveché la oportunidad para presentarme. Como también había traído conmigo el nuevo libro, se ofreció a firmármelo y no solo lo firmó, me escribió una dedicación personal.

Durante mucho tiempo he leído del egocentrismo del juez, de sus apodos de "juez estrella" y "super juez," y he leído también las críticas que dicen que la figura de Baltasar Garzón y su juicio están quitando la luz del caso más importante y pendiente, que era y es el de las víctimas del franquismo. En un post reciente en su blog, María José Barreiro ha tachado el fenómeno del "progarzonismo que nos invade." Por supuesto, es imposible que un encuentro de 5 minutos con el juez pueda revelarnos mucho de su persona, pero a mí me impresionó que llevase tanto tiempo con cada persona que le quería hablar, especialmente cuando ya había hablado durante 2 horas. Es muy posible que -- de no ser estadounidense -- viera de una manera distinta al juez. Pero no vi durante su discurso un enfoque en el caso contra él (apenas se refirió a él -- habría que saber de él de antemano para leer entre líneas) o un interés en defenderse contra estas críticas de los últimos años. La conferencia demostró su capacidad intelectual, su conocimiento amplio del derecho, la historia y la política y su interés en defender a quienes no pueden o a quienes no se sienten capaces de defenderse. Sin duda, la conferencia iba dirigida principalmente a una audiencia progresista, pero tampoco la encontré especialmente crítica de partidos conservadores o derechistas.

Al volver a casa, pensaba en el título de la película de Coixet, Escuchando al juez Garzón. Durante un par de horas, escuchamos al juez Garzón en Minnesota. Sin duda, habrá los que creen que el título de la película refleja en sí el problema del juez que quiere dirigirse la atención mediática. Pero en realidad, ¿cuándo hemos escuchado al juez? Después de su destitución vergonzosa de abril de 2010, todos han hablado por y para él. Aunque entienda por qué hay gente que critica la atención que ha recibido, en cierto sentido creo que ha sido la causa contra él que más luz ha arrojado sobre el auto de 2008, porque la indignación internacional surgida en torno al caso contra Garzón en la mayoría de los casos no tiene que ver con él y quién es, sino por lo increíble que parece llevarle al tribunal un juez que ha intentado investigar los crímenes franquistas. Sí, por supuesto que hubo familiares y gente comprometida con las víctimas mucho antes del juez, que exigían verdad, justicia y reparación y nunca recibían la ayuda de nadie. Pero ¿por qué criticar el enfoque en el juez si hablar de él casi siempre termina conduciendo al tema de los derechos humanos en España y más allá de sus fronteras?

Como expliqué aquí hace un año, apoyo al juez Garzón no por él, sino por lo que representa. De vez en cuando aparecen aquí comentaristas anónimos que me quieren explicar todo lo que no entiendo de derecho español. Es verdad que no soy experta en este tema, ni mucho menos. Pero me he informado durante mucho tiempo sobre el caso contra Garzón, y me sigue pareciendo todo lo que ha sucedido una táctica cuidadosamente planeada y construida para asegurar que la historia la puedan seguir escribiendo unos, y no otros. Como se ha explicado en otros blogs, la demora en llevarle al juicio al juez parece ser diseñada para desconectarlo de la investigación que inició la primera demanda. Hay muchas irregularidades que rodean el caso contra Garzón. Pero estas no solo tienen que ver con él, sino con asegurar la calidad del proceso democrático para cada ciudadano.

La conferencia del juez Garzón en la Universidad de Minnesota no era sobre él y su caso particular. Tampoco era sobre España. Era, en parte, sobre la historia de la impunidad y los intentos de reparar los traumas del pasado. También, sobre el poder de la memoria y el rechazo al olvido oficial. Escuchando al juez Garzón me confirmó lo que ya creía y creo. Me da la sensación de que se escucha de una manera distinta fuera de España que en su propio país.

Nota: todos los videos y las fotos son míos, excepto la de la señora de la pancarta. Para ver más fotos, pinchar aquí. Por desgracia, existió por un día en internet el video íntegro de la conferencia, pero ya no funciona el enlace.

De dictadores: Julián Casanova sobre el caso de Chile y el de España

TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
El ansiado olvido

JULIÁN CASANOVA 06/02/2011

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvación nacional" frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Argentina quiere la lista de ministros de Franco

De: Público.es

Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo
Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos

DIEGO BARCALA MADRID 30/09/2010 08:20

Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.

La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Respuesta de Caamaño
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. "Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada", explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.

Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. "Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones", explica el abogado.

Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que "en este momento" se está impidiendo a las víctimas de un "genocidio", denunciar los delitos que han sufrido.

El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. "En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo", explica Slepoy.

La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado "a través de Internet" que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. "Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad", ejemplifica el letrado.

Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a "los funcionarios públicos" de posibles delitos cometidos "en el ejercicio de sus cargos". "Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad", concluye Slepoy.

Policías, jueces y dirigentes de Falange

Sumario de Garzón
Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de "investigación interrumpida" abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.

Ministros vivos o muertos
Reclaman a los organismos competentes "información sobre los nombres y último domicilio conocido" de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Funcionarios públicos
Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos "en el ejercicio de su cargo" es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.

Número de víctimas

Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.

Editorial sobre el juez Garzón y la Ley de Amnistía

De: El Plural.com

TRIBUNA LIBRE

El Crisol


Uno de abril de 1939

Del uno de abril de 1939 fecha en que acabó nuestra Guerra Civil, han transcurrido más de 71 años. Pues bien, la derecha fascista ha reverdecido sus laureles manchados de sangre y se ha anotado una victoria más, en esta ocasión no por las armas sino como consecuencia de, y es mi opinión, los bandazos que viene dando nuestro sistema judicial que anda bastante desnortado víctima de su propia subjetividad y se podría pensar que víctima también de su politización.

Aquella Ley de Amnistía de 1977 aprobada por las acojonadas Cortes democráticas del comienzo de la transición ha propiciado el que el juez Garzón se tenga que sentar en el banquillo para ser juzgado por prevaricación al intentar investigar los crímenes del franquismo. Cada vez está más claro que esa Ley de Amnistía solo favorecía a los que después de acabada la guerra fueron autores del asesinato de centenares de miles de españoles republicanos que fueron juzgados por tribunales ilegales al servicio del dictador. Esa Ley de Amnistía solo sirvió para favorecer al bando franquista ya que a los del bando republicano ya se encargó Franco de juzgarlos, condenarlos y asesinarlos.

Creo que el actual sistema judicial ha perdido una ocasión única para enmendar lo que aquellos tribunales dictaminaron, tribunales que llegaron a resolver el que menores de edad fueran fusilados. La decisión del juez Garzón le puso en bandeja a la Justicia la oportunidad de lavar aquella horrible imagen y peor recuerdo que dejaron aquellos tribunales formados por ¿jueces? civiles y militares que actuaron de forma despiadada y sin un mínimo de sentimientos humanos y una total carencia de escrúpulos.

Creo que la decisión de los jueces del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo a Garzón, es un error que todos lamentaremos en el futuro ya que esta decisión solo va servir para enardecer, animar y dar fuerzas a la extrema derecha que en este país es bastante numerosa. Con esta decisión la extrema derecha ha conseguido su segunda victoria venciendo a la democracia. Y en lo que respecta a la Justicia su decisión no va a mejorar, en absoluto, su deteriorada imagen ante los ciudadanos. En mi opinión se ha hecho el “hara kiri”. No sé porqué pero tengo la sensación de que hoy no es 7 de septiembre sino más bien 1 de abril de 1939.

Juan Guzmán, un juez chileno: "El pecado de Garzón es querer llegar a la verdad"

De: Público.es

"El pecado de Garzón es querer llegar a la verdad"
Juan Guzmán. Juez chileno. El magistrado que procesó a Pinochet analiza el proceso del Tribunal Supremo contra Garzón

ALBERT MARTÍN VIDAL BARCELONA 11/06/2010 08:00 Actualizado: 11/06/2010 08:03

El juez Guzmán, alto y de porte británico, se lamenta de que en Chile "los jóvenes ya no saben qué pasó". Invitado por el Departament de Interior de Catalunya a un coloquio sobre la revisión jurídica de las dictaduras, asegura que "siempre hay algo en común en los acontecimientos horribles" y expresa su esperanza en que "en el siglo XXI seamos menos bárbaros que en el XX". Pero su optimismo no es grande: "A veces, sólo a veces, se consigue justicia".

Usted denuncia que sufrió "persecución" por parte de la Justicia durante el proceso a Pinochet. ¿Cómo valora el proceso que está viviendo Garzón?

Es como en la Inquisición: quien difiere del grupo dominante conservador debe morir. Varela no debió iniciar este proceso por prevaricación, todos sabemos que ese no es el caso. Garzón no está aplicando la Ley de Amnistía de 1977, sino la ley penal internacional que establece que las amnistías no proceden con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Ya investigó violaciones de derechos humanos en Chile o Argentina, y una de las mayores funciones del procedimiento penal es la investigación acerca del paradero de las víctimas de desapariciones forzadas. Es una labor humanitaria, no sólo jurisdiccional. El pecado de Garzón es querer romper la impunidad y llegar a la verdad, que es lo que debe hacer un juez.

¿Le recuerda a lo que usted vivió?

A mí me iban a echar aplicando el estatuto administrativo. Me aplicaron dos sanciones, una verbal y una por escrito, las dos por hechos falsos. A la siguiente, salía de la judicatura. Fueron más sutiles que aquí pero el resultado era el mismo: sacarme del camino. Lo dejé antes de que continuaran acosándome los miembros de la Corte Suprema.


En España el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial abre la vía a la justicia universal pero no se está aplicando.

Es absurdo y prueba que los jueces que pretenden hacer justicia de situaciones como una guerra civil o una dictadura están expuesto a presiones muy grandes. Es increíble que en una sociedad moderna como la española, que llegó tan arriba en esta cuestión, no se aplique la justicia universal. Y que se alteren tanto los hechos como para decir que hay una prevaricación es triste. Dos agrupaciones fascistoides llevaron esto a la justicia y un juez que posiblemente envidia la trayectoria de Garzón mordió el anzuelo. Varela ha sido utilizado y le va a costar mucho salir de esto.


Usted es conocido por el proceso a Pinochet, a quien no llegó a juzgar. ¿Hasta qué punto siente que ganó esa batalla?

Hice lo que pude. Fue una batalla que di durante ocho años. Consistió en lograr el desafuero de Pinochet y procesarle en tres ocasiones, en tomarle declaración y significó exponer al mundo los crímenes cometidos bajo su dictadura. Más no pude porque eran tribunales superiores los que dejaban sin efecto mis resoluciones. La opinión pública nacional e internacional sabe muy bien que no me equivoqué.

¿Qué recuerda de sus horas de conversación con él?

Tenía la conciencia muy tranquila, se declaraba un ángel y decía que gracias a él se erradicó el comunismo de Chile. Hubo un cambio radical entre la primera y la segunda vez que le interrogué. En el año 2000, Pinochet estaba convencido de que no le iba a procesar. Me trató atentamente, me invitó a café. En 2004, ya procesado, se enojó porque la computadora tardaba en imprimir la declaración y antes de firmarla la leyó entera porque, según dijo al funcionario en referencia a mí, "este gallo [tipo] me cambia las cosas".

Aplicó el concepto de secuestro permanente. ¿Se podría aplicar en España?

El secuestro se comete desde que se priva de la libertad a alguien hasta que se le devuelve la libertad o aparecen sus restos. Los secuestros permanentes eluden la aministía porque el delito se sigue perpetrando hacia el futuro después de la fecha de la amnistía. Ese fue mi planteamiento y perfectamente lo podría haber aplicado Garzón.

¿Qué respondía a quienes le acusaban de no dejar cicatrizar el pasado?

Nada, porque las cosas no se dicen en la cara, se dicen por detrás. ¿Qué pienso yo? Para que cicatricen las heridas primero tienen que sanar. ¿Y cómo se va a sanar la herida de una desaparición forzada de una persona? Encontrándola, o entregando a los familiares sus restos para que les den santa sepultura y terminara su agonía. El ser humano necesita que haya justicia en el sentido más amplio y esta se obtiene precisamente utilizando medios legales.

¿Es eso imprescindible para culminar una transición política?

Sí, cuando es tan cercana a los hechos como en Chile o España, hay que cerrar las heridas a través de la justicia.

¿Por qué defiende usted la creatividad del jurista?

Si se mira su sentido estricto, la ley cae en el pasado. Hay que aplicar la ley en forma progresiva, no quedarse en la ley de 1890, sino hacerla aplicable al siglo XX y al XXI, eso es la interpretación progresiva, que no progresista. Además, el juez debe utilizar los elementos de interpretación que le da la ley. Los jueces que quieren estar con la época y el momento histórico deben pasar por ahí. En eso Garzón ha sido un maestro.


¿Es inevitable la politización de la justicia?

Las instituciones son cada vez más justas, pero lamentablemente el hombre sigue siendo un animal político y hace que muchas veces prevalezca la política a la justicia. Es por eso que ocurre lo del juez Garzón y por lo que muchos jueces en el mundo se ven inhibidos de llevar hacia adelante la acción legal.

Amnistía Internacional opina sobre el caso Garzón

De: Público.es

Amnistía Internacional reitera su respaldo a Garzón: "Es un escándalo"

"Los cargos contra Garzón son escandalosos", dice la ONG

EFE Londres 27/05/2010 04:49 Actualizado: 27/05/2010 06:05

La figura del Baltasar Garzón, uno de los principales promotores de la aplicación de la justicia universal y del principio de jurisdicción universal, estuvo presente en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI), que consideró "un escándalo" el procesamiento del juez español.

AI no suele tomar partido sobre los cargos que se presentan contra determinadas personas en el marco de un proceso judicial, pero la querella por prevaricación contra Garzón por querer investigar los crímenes cometidos durante el franquismo ha supuesto una excepción en la política de la organización.

"Los cargos contra Garzón son escandalosos", dijo Claudio Cordone, secretario general interino de AI, que aseguró que uno de los nombres que tenía en la mente ante la presentación del informe anual era el del suspendido juez de la Audiencia Nacional española.

Cordone destacó que la iniciativa de Garzón con respecto a la ley española de Amnistía de 1977 "aplica básicamente la ley internacional y el principio internacional que dice que las personas sospechosas de crímenes internacionales como las desapariciones deben ser llevadas ante la justicia donde sean encontradas".

Crímenes que no prescriben

"Las desapariciones son crímenes que no prescriben hasta que se encuentra el cuerpo o hasta que aparece la persona desaparecida. Es un crimen al que ni siquiera puede aplicarse una amnistía. (Garzón) ha estado aplicado correctamente los principios internacionales y está siendo castigado por ello", manifestó Cordone.

"Es un episodio muy triste y esperamos que se corrija pronto, porque ha estado haciendo lo correcto", afirmó.

Susan Lee, directora del Programa para las Américas de AI, destacó que Garzón es "una figura muy respetada y apreciada en América Latina" y añadió que "hay mucha inquietud por su situación y mucho apoyo para su persona".

"Sin duda, el papel que ha desempeñado el magistrado Garzón en América Latina y en otras regiones del mundo ha sido fundamental en cuanto a establecer el principio de la justicia internacional que supuso el inicio de la ruptura del muro de impunidad total que había en la región con respecto a los abusos cometidos", indicó.

"Irónico"

En opinión de Lee, "es lamentable e insólito que esté en una situación de suspensión a raíz precisamente de abrir una investigación sobre los desaparecidos en España después de haber hecho investigaciones de esta naturaleza en otros países"

"Es irónico -continuó- que después de haber jugado un papel tan importante para lograr que se acepte la necesidad de que haya justicia, reparación y verdad afronte esta situación en España".

AI ya subrayó en marzo que la cuestión de si la investigación de Baltasar Garzón violó o no la ley española era "irrelevante" porque la ley de Amnistía "vulnera el derecho internacional".
Respaldo al juez

Amnistía respaldó la iniciativa de Garzón de considerar que la ley de Amnistía de 1977 no incluye los crímenes contra la Humanidad y recordó que los comités de Derechos Humanos y contra la Tortura de la ONU pidieron recientemente a España revocar esa ley.

Lo que deberían hacer las autoridades españolas, sugirió AI, es concentrarse en que se haga Justicia para las familias de las 114.266 personas que se considera que desaparecieron a manos del régimen de Francisco Franco entre 1936 y 1951, y que esas familias reciban las compensaciones y reparaciones correspondientes.

"España debería, al margen de la fecha de la comisión de los delitos, llevar a los ejecutores ante la Justicia. (Las autoridades) deberían tomar todas las medidas para revelar la verdad sobre los miles de desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas cometidas durante la era de Franco", indicó AI.

La ONU sobre el caso Garzón

De: Público.es

La ONU expresa su "preocupación" por la suspensión a Garzón

El Grupo sobre Desapariciones Forzadas pide a los Estados que se inhiban de aplicar leyes de amnistía que eviten procesar a los responsables de las desapariciones

AGENCIAS 26/05/2010 08:22 Actualizado: 26/05/2010 08:37

El Grupo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha mostrado su "preocupación" por la suspensión en sus funciones del juez Baltasar Garzón, tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, de abrir juicio oral contra él por un supuesto delito de prevaricación al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

"El Grupo ha dejado claro que una desaparición forzada es una ofensa continua y una violación de derechos humanos mientras no se conozca el paradero de la víctima. El Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con la persona desaparecida", según un comunicado emitido hoy.

El Grupo recuerda que las desapariciones forzadas son un delito "continuo" que comienza en el momento de la desaparición y "se mantiene mientras el crimen no sea dilucidado, esto quiere decir hasta que el Estado reconoce la detención o da información sobre el paradero del individuo".

El comunicado del Grupo también hace referencia a la Ley de Amnistía declarada en España en 1977, en base a la cual el Supremo decidió suspender a Garzón. Dice esta institución que "una ley de amnistía actúa contra la Declaración [sobre la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas] cuando un Estado acaba con su obligación de investigar, perseguir y castigar a los responsables de las desapariciones, incluso en los casos que hayan sido apoyadas en referéndum o en una consulta similar".

Por esta razón, el Grupo insiste en que esta Declaración solicita a los Estado que se inhiban de legislar y aplicar leyes de amnistía "que evitan que los ejecutores de las desapariciones forzadas puedan ser procesados y sancionados". En el mismo sentido, el Grupo subraya el derecho de los familiares de los desaparecidos españoles a conocer la verdad. "La reconciliación entre el Estado y las víctimas de las desapaiciones forzadas no puede darse sin la clarificación de cada caso individual", concluye.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue establecido en 1980 para ayudar a las familias a conocer el paradero de sus familiares. Está compuesto por Jeremy Sarkin (presidente y relator del organismo), Santiago Corcuera, Jasminka Dzumhur, Olivier de Frouville y Osman El-Hajjé.

Carta y respuesta: Vicenç Navarro a Santos Juliá

Editorial del historiador Santos Juliá, aparecido en El País (25.4.10), y a la que responde Navarro:

Mirando hacia atrás

SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010

A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.

A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.

Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.

El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.

Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.

Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.

Del blog del Dr. Navarro:

La carta que El País no publicó: Necesitamos mirar al pasado
Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada

Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” (25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, que les debilita.

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Artículo de Vicenç Navarro sobre las críticas de las movilizaciones

Otra editorial brillante del Dr. Vicenç Navarro.

Visto en: el blog del profesor (PDF disponible aquí)

La resistencia a conocer el pasado
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010

Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.

La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.

Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.

Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).

Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.

Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.

El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.

Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.

Artículo de Scott Boehm: "The Trial of Baltasar Garzón"

Este blog tiene una cita de Martin Luther King, Jr., de su ensayo "Letter from a Birmingham Jail," un discurso que es, para mí, mucho más importante e impactante que la cita referenciada en exceso de "I have a dream." En el siguiente artículo, de la revista progresista Counterpunch, Scott Boehm, investigador y estudiante doctorando en la Universidad de California, San Diego, cita este ensayo de King, Jr. en un análisis sumamente detallado del caso contra Garzón. Las conexiones entre las manifestaciones a favor de derechos civiles de los años 60 y lo que está pasando actualmente en España pueden parecerles a algunos un poco lejanas, pero la verdad es que los dos momentos sí representan, como dice Boehm, una "prueba" de la fuerza de la democracia. En mi próximo post, yo haré, desde Iowa, mi propia manifestación a favor del juez Garzón.

Amid the Minefields of Spain's Bloody Past
The Trial of Baltasar Garzón

By SCOTT BOEHM

On April 16, 1963, Martin Luther King penned his “Letter from a Birmingham Jail” in response to criticism about the tactics of the civil rights movement. King had been arrested for non-violently protesting segregationist laws through a series of boycotts, sit-ins and demonstrations.

Forty-seven years later, his letter speaks to the current situation in Spain, where defenders of unjust laws are criticizing public meetings and non-violent protests of the Supreme Court case opened against Judge Baltasar Garzón for his investigation of crimes against humanity committed in Spain during the Spanish Civil War (1936-1939) and the dictatorship of General Francisco Franco (1936-1975).

Calling such actions “anti-democratic,” such indignation is reminiscent of segregationists defending the system of legalized racial segregation that King challenged in the 1950s. History has proved that segregationists were on the wrong side of justice, something the Supreme Court should take to heart when deciding this case, which is a litmus test of the health of Spanish democracy.

Garzón’s investigation came under public scrutiny as soon as it was announced in the fall of 2008. It focused on the coup that launched the Spanish Civil War, as well as the hundreds of thousands of disappeared. The remains of the majority of those, like the celebrated poet Federico García Lorca, still lie in mass graves across the country. Under extreme pressure, Garzón was forced to close his case less than two months after opening it. Shortly thereafter, the Falange, Spain’s fascist party, and Manos Limpios, a far-right organization, filed lawsuits against Garzón charging him with “prevaricación,” or abuse of power for conducting his investigation of the dictatorship. Their central argument, that Garzón knew he didn’t have jurisdiction to investigate the dictatorship because of Spain’s 1977 Amnesty Law, convinced the Supreme Court, which admitted the suits last year. On Friday, Garzón will stand trial.

If found guilty, Garzón’s illustrious, if controversial, judicial career will come to a sudden end and the world will lose one of its champions of international criminal law and universal jurisdiction. This is the same judge who had Chilean dictator Augusto Pinochet arrested and tried for crimes against humanity, who was behind the conviction of an Argentine naval officer for his role in the involuntary disappearance of thousands during the “dirty war” of the late 1970s and early 80s, and who opened an investigation into torture at the U.S. military base in Guantánamo.

In Spain, public opinion is divided almost equally on the issue of Garzón’s fate. A small minority, composed mainly of victims of the dictatorship and several civic organizations that form the historical memory movement, are using his trial as a means to draw attention to the unjust nature of the situation that victims and the family members of the disappeared face, which Garzón sought to amend by ordering the opening of mass graves. At the same time, they are defending Garzón from what appears to be the threat of a fascist victory well into in the twenty-first century, and calling attention to what his conviction would mean for democracy in Spain.

The tactics of this movement, which are rather timid when compared to the direct action strategy of the civil rights movement and the approach of similar movements in Chile and Argentina, have provoked outrage among the Partido Popular (PP), Spain’s conservative opposition party—which has resisted nearly every attempt by the state to address the crimes of the Francoist dictatorship—as well as a significant number of the media which view holding public meetings and demonstrations as “attacks on democracy.”

These were the very words used by María Dolores Cospedal, the PP’s secretary general, to describe an act organized by the rector of a Madrid university last week. Other critics of the public support for Garzón have claimed that putting pressure on the Supreme Court is inconsistent with democratic behavior and have called for a return to law and order.

These critics sound very similar to those who stood behind the legality of a deeply unjust situation for blacks in the U.S. under legalized segregation. hey would almost certainly disagree with the comparison, but to the ears of an American familiar with the history of the civil rights movement, the similarities are undeniable. From behind bars, Martin Luther King responded to such critics by saying that “law and order exist for the purpose of establishing justice” and that “when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress.” But the wisdom of King’s words is lacking not only in the comprehension of these critics, even Garzón’s defense lawyer has criticized the outpouring of public support for his client. Strategic or not, his comments are lamentable in a case of this magnitude, in which not only the integrity of Spanish law is at stake, but also the very concept of justice in Spain.

If Martin Luther King were alive today, he would undoubtedly support Garzón and those brave enough to publicly challenge the state of impunity that is the glaring stain on the sunny, smiley surface that characterizes Spanish democracy. From prison, King made a clear distinction between law and justice. Drawing on religious thinkers, he quoted St. Augustine who believed that “an unjust law is no law at all” and St. Thomas Aquinas who thought that “any law that uplifts human personality is just. Any law that degrades human personality is unjust.” Following their logic, King wrote that “all segregation statues are unjust because segregation distorts the soul and damages the personality. It gives the segregator a false sense of superiority and the segregated a false sense of inferiority.”

As someone who has spent the better part of the past four years researching the genocide carried out in Spain, as well as my experience interviewing more than fifty victims of Francoist repression for the Spanish Civil War Memory Project—an audiovisual archive housed at the University of California, San Diego—and as a volunteer in mass grave exhumations with the Association for the Recovery of Historical Memory, I believe that the state of impunity in Spain has distorted and damaged a great many of its citizens. Aside from letting torturers and mass murderers live and die without ever having to face any consequences for their crimes, it has also caused a majority to believe that the wounds from the war and the dictatorship shouldn’t be examined now that democracy has provided Spain with decades of peace it has never before enjoyed. At the same time, a largely forgotten minority is forced to bear the on-going effects of trauma because their wounds haven’t been addressed in any significant way by the Spanish state.

The 1977 Amnesty Law that has foiled Garzón’s quest to bring the same relief to his fellow Spaniards that he has to victims of state violence in Latin America, released political prisoners from the notorious prisons of the dictatorship, such as Burgos and Carabanchel. At the time, the law was a victory for those who had fought against the dictatorship and who had paid the price of torture and imprisonment. But more than thirty years later, the law is being used as an excuse not to rectify the situation of the families of the disappeared. Amnesty law or not, they have what Martin Luther King, or Antigone, would call the moral right to locate and properly bury their dead, a right consistent with international law. Spain is not only a signatory to the conventions that establishing this right, it has also been a world leader in applying those conventions to investigate crimes against humanity in other countries.

Something is rotten in the state of Spain

While the widely celebrated transition to democracy that followed Franco’s death in 1975—referred to in Spain simply as “la Transición”—was successful in many regards, in recent years it has been exposed as a moral failure by the inability of many of Spain’s citizens to hear the cries of those traumatized by the dictatorship. Regrettably, these people—particularly the family members of the disappeared—have been re-traumatized by the Supreme Court decision to grant fascism political legitimacy by admitting the Falange’s lawsuit against Garzón. If this sounds like an exaggeration, keep in mind that the Falange—working in conjunction with Franco and the other generals behind the coup, as well as with Italian fascists and the Nazis—was responsible for the majority of the disappearances that Garzón was investigating before he was forced to withdraw his case.

Long after Franco’s death, Spain is segregated along unspoken lines of privilege that are the direct inheritance of lived experience under the dictatorship. As a general rule, those individuals and families privileged by the dictatorship continue to be privileged under democracy. An egregious example of this is the fact that a handful of Spanish judges who took their oaths under the dictatorship and who formed part of the Tribunal of Public Order—a key instrument of legalized state repression—are still practicing law in Spain’s high courts today. Many of those victimized by the dictatorship continue to face comparative economic hardship, alienation from mainstream society and the frustration that accompanies a lifetime of unsuccessfully searching for a loved one who was taken from them one night at gunpoint and never heard from—and barely spoken about—again.

In his letter, Martin Luther King discussed the negative psychological effects that segregation had on blacks, such as being “humiliated day in and day out by nagging signs reading ‘white’ and ‘colored,’ being plagued with “inner fears and outer resentments,” and the emotional cost of “forever fighting a degenerating sense of ‘nobodiness.’” I have witnessed these very same effects in many of the people I have been fortunate enough to interview and to meet on the edge of mass graves. For them, the “nagging signs” are the surprisingly large number of fascist symbols still hanging in public spaces throughout most of Spain, as well as the many street names honoring Franco and his willing executioners. Imagine swastikas on the sides of apartment blocks and streets named Der Führer, Joseph Goebbels or Josef Mengele in Germany today. Now try to imagine being a Jew living in Germany under such conditions more than a half a century after the end of WWII.

This is what the victims of Francoist repression and the survivors of genocide in Spain face everyday. For this reason, la Transición is an empty signifier, if not a cruel joke for many of Franco’s enemies and their descendants. King used the word “transition” when discussing the necessity of a “transition from an obnoxious negative peace, in which the Negro passively accepted his unjust plight, to a substantive and positive peace, in which all men [sic] will respect the dignity and worth of human personality.” This is precisely the sort of transition that Spain needs now, thirty years after the la Transición failed on moral grounds. Removing Garzón from his post would be a step in the wrong direction. Allowing him to re-open his investigation would be a small step in the right one. So would making the Falange illegal, as most fascist parties in Europe have been.

Obviously, the majority of Spaniards are not fascists. On the contrary, they are firm believers in the political institutions formed during the Transition. If asked, most of them would probably describe themselves as “democrats” and “moderates.” Many Spaniards, particularly those born after Franco’s death, are proudly apolitical, particularly when it comes to issues related to genocide and the Spanish Civil War. This is largely due to the internalization of myths about the Spanish Civil War promulgated by the dictatorship from 1964 onwards, in which the events between 1936 and 1939 were described as the expression of collective madness and the inevitable confrontation between “two Spains” polarized by radical politics.

This way of narrating events, which remains dominant even after a decade of mass grave exhumations that began in October 2000 when Emilio Silva exhumed the remains of his grandfather and founded the Association for the Recovery of Historical Memory, keeps Spaniards mystified about the war and the nature of the dictatorship and ignorant about the genocide carried out by Franco and the Falange. It also contributes to a generation— largely distracted by mass diversion and wild consumption—that prefers politics in variations of “moderation,” if at all. Anything perceived as lying outside the realm of “center” politics is negatively labeled radical. In the case of the Falange and proud Franco supporters, “nostalgic” is the adjective of choice, which reveals more about the speaker than their object of analysis.

The historical memory movement has not been immune to attacks from the majority who advocate a “moderate” politics rooted in the spirit of the Transition, even though the most organizations that constitute this heterogeneous movement have consistently framed their mission in the language of human rights, conscientiously avoiding any hint of the politics of revenge. Yet some Spaniards consider digging up mass graves a radical political act worthy of insult. Considering the political framework in Spain, they might be right about the former, but they couldn’t be more wrong about the latter. Sadly, most Spaniards just don’t care and wouldn’t lift a finger to help the family members of the disappeared.

This sort of apathy, rather than outright hostility, is what has characterized the state’s attitude towards victims of the dictatorship under democracy. Such neglect has been sanctioned by the widely held belief that moderate politics is a means to prevent the return of civil war, something that is simply inconceivable in modern Spain, whose government currently holds the presidency of the European Union. But such a myth is extremely effective in maintaining the political status quo, in which progressive politics are easily labeled “radical” or “extremist” or “anti-democratic.”

During his struggles with white racists, King grew increasingly tired of moderates. What he has to say on this topic is revealing when considered in the Spanish context: “I must confess that over the past few years I have been gravely disappointed with the white moderate. I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro’s great stumbling block in his stride toward freedom is not the White Citizen’s Counciler or the Ku Klux Klanner, but the white moderate, who is more devoted to ‘order’ than to justice; who prefers a negative peace which is the absence of tension to a positive peace which is the presence of justice.”

Those defending Garzón and the ethical claims of the victims that his investigation sought to assist have been audacious enough to call for the presence of justice in the face of a state of impunity. Like King’s supporters, they understand that when order is exposed as immoral and peace is unmasked as another form of repression for those repressed under the dictatorship, it is impossible to remain silent. Protesting the effects of decades of political “moderation” is the only alternative to complete resignation.

When King wrote his letter from an Alabama jail, he described the events taking place in Birmingham as a “time when the cup of endurance runs over, and men [sic] are no longer willing to be plunged into the abyss of despair.” In Spain, that time is finally arriving, long overdue. It looks like a battered train slowly plowing through a sinister fog.

Scott Boehm is a researcher for the Spanish Civil War Memory Project, an audiovisual archive of the University of California, San Diego where he is a Ph.D. Candidate in the Literature Department. His is also a former fellow of the Human Rights Center at Berkeley, and a volunteer with the Association for the Recovery of Historical Memory in Spain. He can be reached at sboehm@ucsd.edu.

Editorial sobre la Ley de Amnistía

Parece que cada vez hay más artículos saliendo sobre la ley de Amnistía, tema tratado en esta editorial aparecida hoy en el diario El País:

La Ley de Amnistía no ampara al franquismo

JAIME SARTORIUS
EL PAÍS - Opinión - 15-03-2010

Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

También pueden ser de interés:

• "Razones para la anulación de la Ley de Amnistía de 1977"

• "¿Hay que derogar la Ley de Amnistía?"

Suena como broma, pero no lo es: "Garzón podría ir a juicio por investigar crímenes franquistas"

De: La Voz de Asturias

Garzón podría ir a juicio por investigar crímenes franquistas

El instructor del Supremo afirma que incumplió la ley de memoria histórica.

05/02/2010 MARGARITA BATALLA

El magistrado Baltasar Garzón se halla a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes de la dictadura franquista. El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela afirmó ayer que su colega prevaricó cuando decidió abrir un proceso penal para que la exhumación de las fosas de los desaparecidos durante ese periodo corriera a cargo del Estado y no de los familiares, como estableció la ley de memoria histórica, aprobada en el 2007. También le acusa de incumplir la ley de amnistía de 1977, pues sostiene que dichos crímenes han prescritos y están amnistiados.

No obstante, en el auto Varela lanza la piedra y esconde la mano, ya que pasa la pelota a sus colegas de la sala penal al posponer su decisión de abrir juicio contra Garzón hasta que los magistrados que admitieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional ratifiquen su decisión de negarse a archivar la causa que fomentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias y a la que se sumó la Falange.

Garzón conservará su plaza en la Audiencia hasta que la decisión sea firme. Llegado ese momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría acordar su suspensión de la carrera judicial hasta que el TS dictara sentencia. El magistrado se enfrentaría entonces a una pena de inhabilitación que puede alcanzar los 20 años de duración.

Varela aprovecha su resolución para saldar cuentas con Garzón por haber atendido las peticiones de los familiares de las víctimas del franquismo que le solicitaron que localizara a sus allegados desaparecidos y que esta labor fuera costeada además por el Estado y no por ellos, como establece la ley de memoria histórica.

VOLUNTAD DE LA SOCIEDAD El TS sostiene que Garzón comenzó a instruir este proceso para "controlar las exhumaciones", incumpliendo la ley de amnistía de 1977, que "fue aprobada por las mismas Cortes que elaboraron la Constitución democrática". Por esta razón, Varela acusa a su colega de "hacer inefectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado" habían expresado en la norma.

Varela afirma que la competencia para resarcir a las víctimas "viene atribuida a las administraciones públicas", aunque admite que los familiares de los desaparecidos han intentado "buscar atajos en el uso indebido del cauce penal" para que el Estado costee los gastos de la exhumación. Finalmente, señala que los delitos perpetrados durante la dictadura franquista están "prescritos y amnistiados".

En el auto de 51 folios, Varela dicta más una sentencia condenatoria que una resolución de trámite. Además, convierte un debate jurídico y político sobre la dictadura en una actuación delictiva de Garzón.

Sobre Garzón y la investigación de las desapariciones del franquismo

De: La Vanguardia

El Supremo acusa a Garzón de ignorar conscientemente la ley al investigar el franquismo

Así lo asegura el juez Varela, instructor de las querellas por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS

4/02/2010 | Actualizada a las 15:56h | Política

Madrid. (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela asegura que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo asegura Varela, instructor de las querellas por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS interpusieron contra Garzón, en un auto en el que rechaza la petición de sobreseimiento de la causa formulada por el abogado del magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Aunque Varela no ha acordado todavía la apertura de juicio oral a Garzón -ya que la resolución que ha notificado hoy puede ser recurrida ante la sala de lo penal del Supremo y, por tanto, no es firme-, sí dice que hay motivos para juzgarle, lo que decidirá una vez que este auto sea firme.

Según explica, el querellado era consciente de que carecía de competencia para instruir una causa sobre dichas desapariciones y de que "no existían hechos con relevancia penal subsistente que justificaran la incoación de un procedimiento penal".

Para Varela las actuaciones de Garzón revelan, "como hecho probable", que éste "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España".

El instructor concluye que Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la voluntad de las Cortes, que promulgaron en 1977 la Ley de Amnistía, y añade que "tal hecho puede constituir el delito de prevaricación" por el que fueron admitidas las querellas.

"Desde luego, los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido", señala.

El auto, de 55 folios, analiza las resoluciones dictadas por Garzón hasta que se inhibió a favor de los juzgados territoriales en noviembre de 2008 y concluye que éstas son objetivamente contrarias a Derecho.

"La consideración del contexto como delito de lesa humanidad no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía", concluye Varela, para quien no es conforme con el ordenamiento jurídico que Garzón "acceda a una manipulación del procedimiento penal como la que aparece reflejada en sus diversas resoluciones".

A su juicio, "la investigación efectivamente realizada tuvo como único objetivo real controlar la realización de exhumaciones" y para facilitarlo el juez de la Audiencia manifestó reiteradamente su voluntad de hacer inefectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado habían expresado en la Ley de Amnistía.

Varela cita jurisprudencia sobre el delito de prevaricación y en este apartado señala que "la conciencia del juez no puede erigirse en tribunal de la conciencia de la ley". También explica que no puede atender a la petición de archivo de la causa porque la investigación no ha reportado ninguna información que suponga cambio en los datos valorados por la sala de lo penal para admitir a trámite las querellas.

Fuentes cercanas al magistrado han señalado que éste ha conocido esta mañana la resolución, que está tranquilo y que estudia con su abogado el recurso que interpondrá. Según fuentes del Alto Tribunal, Garzón tiene tres días para presentar un recurso de reforma ante el instructor y subsidiariamente cinco días para interponer un recurso de apelación ante la sala de lo penal del Supremo.

España y la justicia en otros países

Con motivo del primer aniversario de este blog hace unas semanas, dije que empezaría a "colgar" posts bilingües de vez en cuando, con el fin de ayudar a difundir mejor en este lado del charco las noticias que salen en España con respecto al tema de la recuperación de la memoria histórica. En los últimos días el profesor, investigador y bloguero Miguel Angel Rodríguez Arias ha trabajado sin parar, publicando artículos poderosos e insertando vídeos relevantes en su blog "El país de los niños perdidos" en que reclama la situación de los desaparecidos. Muchas veces Rodríguez Arias -- y no ha sido el único para hacer estas comparaciones -- cita el caso de desaparecidos en otros países, como la Argentina, y contempla cómo otras posdictaduras han intentado reparar sus pasados traumáticos históricos. Como comenta el artículo de abajo, España es "la única que deja impunes los crímenes de una dictadura."

In honor of the first anniversary of this blog a few weeks ago, I said I would begin to make bilingual posts from time to time, in order to help better spread, from this side of the pond, the news coming out in Spain with regard to the "recovery of historical memory." In recent days, the professor, researcher and blogger Miguel Angel Rodríguez Arias has worked nonstop on his blog "The Country of Lost Children," where he has published powerful articles and embedded relevant videos protesting against the situation of the "disappeared." Often Rodríguez Arias -- and he has not been the only one to draw such comparisons -- cites the case of the "disappeared" in other countries, such as Argentina, and considers how such post-dictatorships have tried to heal their traumatic historic pasts. As the article below states, Spain is "the only country in which the crimes of a dictatorship have gone unpunished."


De: Público.es

La justicia internacional saca los colores a España

La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas

DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00

El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".

"Inhumano y cruel"

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.

Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.

En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".

No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.