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jueves, 18 de octubre de 2018
Franco on Trial - nuevo documental
sábado, 5 de julio de 2014
Artículos sobre la apropriación de menores en el franquismo y en Argentina
La revista electrónica Kamchatka, de la Universidad de Valencia, ha publicado un volumen especial sobre la apropiación de menores en el franquismo y en Argentina. Este apartado de la revista está dirigido por Luz Celestina Souto, que aporta un estudio valioso sobre el tratamiento contemporáneo del tema en la narrativa española e incluye una entrevsita con Benjamín Prado, cuya novela, Mala gente que camina (2006) fue la primera para salir en España sobre el tema de los niños robados. Me agrada especialmente ver que uno de nuestros seguidores y viejos colaboradores del blog, cuyo nombre no menciono aquí, tiene un artículo en la revista. Es bueno ver que este tema es uno que se intenta abordar de manera transatlántica, puesto que hay muchos puntos de contacto entre el caso español y argentino. Se puede acceder aquí la revista y descargar los artículos en PDF.
jueves, 23 de enero de 2014
miércoles, 2 de octubre de 2013
Artículo del NYT sobre la jueza argentina
Argentine Judge Seeks to Put Franco Officials on Trial
By RAPHAEL MINDER Published: September 30, 2013
MADRID — Spain, whose judges have aggressively pursued human rights abuse cases far beyond its borders, finds itself on the receiving end of such an inquest, as an Argentine judge seeks to extradite and try Spanish police officials accused of torturing opponents of the regime under Francisco Franco, the dictator who died in 1975.
Más aquí
By RAPHAEL MINDER Published: September 30, 2013
MADRID — Spain, whose judges have aggressively pursued human rights abuse cases far beyond its borders, finds itself on the receiving end of such an inquest, as an Argentine judge seeks to extradite and try Spanish police officials accused of torturing opponents of the regime under Francisco Franco, the dictator who died in 1975.
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viernes, 21 de septiembre de 2012
sábado, 19 de marzo de 2011
viernes, 11 de marzo de 2011
El robo de identidad, especialmente el de niños, el enfoque de una muestra de cortos
He recibido esta noticia gracias a un comentario dejado en el blog el 9 de marzo. ¡Gracias, Gabriel!
Muestra de Cortometrajes por la Identidad-Catalunya
Barcelona, 30/XI, 1-2/XII 2011
La Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) organiza la I Muestra de Cortometrajes por la Identidad-Catalunya y convoca a los autores a enviar sus obras. La Muestra tendrá lugar en Barcelona el 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 2011, en la sede de Casa Amèrica Catalunya, y reunirá cortometrajes que aborden el tema de la identidad: su reconocimiento, cómo puede resultar secuestrada, su recuperación, y las consecuencias personales y sociales.
La Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) promueve actividades de denuncia del robo de identidad, especialmente la de niños. Está en estrecho contacto con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y sus integrantes fueron los responsables de la organización de los tres ciclos de Teatro por la Identidad-Catalunya.
El secuestro de niños y cambio de identidad fue una práctica sistemática durante la última dictadura militar argentina así como durante la dictadura franquista.
ACIM considera fundamental luchar por la restitución de la identidad, que es un derecho inalienable.
La Muestra tiene el objetivo de promover a través del cine un espacio que analice y debata el tema del robo de la identidad en todas sus dimensiones culturales, psicológicas, sociales y biológicas.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Editorial del abogado Carlos Slepoy
Visto en: La Voz de Asturias
La Impunidad consentida
Opinión: Carlos Slepoy*
16/11/2010 19:59
Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera, se estableciera un tribunal para juzgarlos.
,
El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.
A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.
A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente
Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.
No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo, la impunidad sigue esencialmente vigente.
Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.
Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:
En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.
Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.
Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores
Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.
En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.
Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.
Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen
Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.
A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.
Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.
En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.
*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
La Impunidad consentida
Opinión: Carlos Slepoy*
16/11/2010 19:59
Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera, se estableciera un tribunal para juzgarlos.
,
El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.
A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.
A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente
Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.
No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo, la impunidad sigue esencialmente vigente.
Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.
Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:
En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.
Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.
Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores
Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.
En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.
Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.
Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen
Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.
A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.
Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.
En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.
*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
miércoles, 27 de octubre de 2010
"¿Sí, dígame?" "Llama Argentina. España, ¿cuándo vas a hacer algo?"
De: ElPlural.com
Una jueza envía al Gobierno una lista con denuncias de crímenes de la dictadura
Argentina pregunta formalmente a España si está investigando los crímenes franquistas
ELPLURAL.COM
Una juez argentina ha enviado al Gobierno de España una copia certificada de las denuncias presentadas en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos. La magistrada ha adjuntado un exhorto en el que pregunta si se están investigando esos crímenes, ocurridos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
La juez María Servini de Cubria pregunta en su exhorto "si se está investigando en ese país la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y (...) la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
"Decenas de miles de asesinados"
Todos los casos, escribe la juez argentina, son "extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".
Algunas de las víctimas
En nueve páginas, a las que ha tenido acceso del diario El País, la juez narra los casos de algunas de las víctimas del franquismo, cuyos familiares residen actualmente en Argenina. Entre ellos, el de Severino Rivas Barja, " asesinado por falangistas en Portomarín el 29 de octubre de 1936" ; el de Elías García Holgado, " fusilado en Salamanca el 5 de julio de 1937 luego de un proceso sumarísimo en el que fue condenado por adhesión a la rebelión" ; el de Luis García Holgado, " fusilado en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936" ; el de Vicente García Holgado, " desaparecido" o el de Silvia Carretero, torturada, y su marido, José Luis Sánchez Bravo, fusilado.
"El estado procesal actual de las investigaciones"
La juez argentina reclama al Gobierno que le aclare si en España se están investigando estas atrocidades, y en caso afirmativo, que le ponga al corriente " de la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones".
Garzón
La magistrada argentina ha dejado en evidencia a España en el asunto y reclama una respuesta que el Gobierno no está en condiciones de dar. El juez que estaba investigando los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, se encuentra en estos momentos procesado judicialmente por este motivo.
Una jueza envía al Gobierno una lista con denuncias de crímenes de la dictadura
Argentina pregunta formalmente a España si está investigando los crímenes franquistas
ELPLURAL.COM
Una juez argentina ha enviado al Gobierno de España una copia certificada de las denuncias presentadas en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos. La magistrada ha adjuntado un exhorto en el que pregunta si se están investigando esos crímenes, ocurridos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
La juez María Servini de Cubria pregunta en su exhorto "si se está investigando en ese país la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y (...) la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
"Decenas de miles de asesinados"
Todos los casos, escribe la juez argentina, son "extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".
Algunas de las víctimas
En nueve páginas, a las que ha tenido acceso del diario El País, la juez narra los casos de algunas de las víctimas del franquismo, cuyos familiares residen actualmente en Argenina. Entre ellos, el de Severino Rivas Barja, " asesinado por falangistas en Portomarín el 29 de octubre de 1936" ; el de Elías García Holgado, " fusilado en Salamanca el 5 de julio de 1937 luego de un proceso sumarísimo en el que fue condenado por adhesión a la rebelión" ; el de Luis García Holgado, " fusilado en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936" ; el de Vicente García Holgado, " desaparecido" o el de Silvia Carretero, torturada, y su marido, José Luis Sánchez Bravo, fusilado.
"El estado procesal actual de las investigaciones"
La juez argentina reclama al Gobierno que le aclare si en España se están investigando estas atrocidades, y en caso afirmativo, que le ponga al corriente " de la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones".
Garzón
La magistrada argentina ha dejado en evidencia a España en el asunto y reclama una respuesta que el Gobierno no está en condiciones de dar. El juez que estaba investigando los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, se encuentra en estos momentos procesado judicialmente por este motivo.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Argentina quiere la lista de ministros de Franco
De: Público.es
Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo
Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos
DIEGO BARCALA MADRID 30/09/2010 08:20
Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.
La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
Respuesta de Caamaño
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. "Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada", explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.
Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. "Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones", explica el abogado.
Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que "en este momento" se está impidiendo a las víctimas de un "genocidio", denunciar los delitos que han sufrido.
El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. "En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo", explica Slepoy.
La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado "a través de Internet" que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. "Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad", ejemplifica el letrado.
Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a "los funcionarios públicos" de posibles delitos cometidos "en el ejercicio de sus cargos". "Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad", concluye Slepoy.
Policías, jueces y dirigentes de Falange
Sumario de Garzón
Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de "investigación interrumpida" abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.
Ministros vivos o muertos
Reclaman a los organismos competentes "información sobre los nombres y último domicilio conocido" de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Funcionarios públicos
Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos "en el ejercicio de su cargo" es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.
Número de víctimas
Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.
Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo
Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos
DIEGO BARCALA MADRID 30/09/2010 08:20
Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.
La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
Respuesta de Caamaño
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. "Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada", explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.
Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. "Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones", explica el abogado.
Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que "en este momento" se está impidiendo a las víctimas de un "genocidio", denunciar los delitos que han sufrido.
El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. "En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo", explica Slepoy.
La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado "a través de Internet" que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. "Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad", ejemplifica el letrado.
Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a "los funcionarios públicos" de posibles delitos cometidos "en el ejercicio de sus cargos". "Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad", concluye Slepoy.
Policías, jueces y dirigentes de Falange
Sumario de Garzón
Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de "investigación interrumpida" abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.
Ministros vivos o muertos
Reclaman a los organismos competentes "información sobre los nombres y último domicilio conocido" de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Funcionarios públicos
Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos "en el ejercicio de su cargo" es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.
Número de víctimas
Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.
martes, 28 de septiembre de 2010
Siguen buscando justicia. 1975: los últimos fusilamientos del franquismo
De: Público.es
Víctimas de la pantomima judicial de Franco y olvidados por la democracia
Ayer se cumplieron 35 años de los últimos fusilamientos de los consejos de guerra fascistas en 1975
DIEGO BARCALA Madrid 28/09/2010 08:00 Actualizado: 28/09/2010 09:00
Flor Baena tiene hoy 57 años. La última vez que vio a su hermano, el militante del Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP) Xosé Humberto Baena, ella tenía 22. Dos menos que él. Acompañó a su padre a la cárcel de Carabanchel, donde estaba detenido acusado del asesinato de un policía. "Le vimos entre rejas, a través de un cristal. Se le veían perfectamente las heridas. Estaba muy golpeado, con las uñas arrancadas. Le habían metido palillos en los dedos hasta que confesara. Nos reconoció que no sabía lo que había firmado y que era inocente", recuerda.
Lo que Xosé Humberto firmó casi inconsciente y torturado fue su culpabilidad. Con esa farsa de declaración le sobró al tribunal militar franquista para condenarlo a muerte junto con otros diez militantes de ETA y del FRAP. En la madrugada del sábado 28 de septiembre de hace 35 años murieron fusilados cinco de ellos (dos de ETA y tres del FRAP) que no consiguieron el indulto. Los consejos de guerra fueron una pantomima. No permitieron que los acusados presentaran testigos ni pruebas en su defensa.
"Una mujer nos envió una carta contando que antes de que lo fusilaran fue a una comisaría para decir que ella había visto a los asesinos del policía Lucio Rodríguez y que mi hermano, que había salido en la tele, no estaba allí. Decía que un jefe de la comisaría, jugando con su pistola, le dijo: Olvídese de ese tema, están todos en el mismo saco'", explica Flor indignada. Esa misiva desapareció quemada en un misterioso incendio que se produjo en 1977 en la casa familiar de los Baena. "Por supuesto, nadie investigó el incendio que se produjo poco después de que mi padre fuera a Madrid a reclamar su inocencia", añade Flor.
El testimonio de aquella testigo no sirvió como prueba en un juicio que no tuvo pruebas de balística, ni arma del crimen, ni pruebas materiales. El padre de Baena luchó hasta su muerte en 1982 por la inocencia de su hijo. Su pelea la heredó Flor, que ha recurrido sin éxito al Tribunal Supremo, al Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y a todas las instancias del Gobierno. "Sólo quiero limpiar el nombre de mi hermano. No pido indemnizaciones ni dinero. Sólo que anulen esa sentencia injusta y al menos, que se sepa lo que ocurrió", clama Flor.
El portazo del Constitucional se basó en que la sentencia es previa a la aprobación de la Carta Magna y el TEDH denegó su petición porque en 1975 España no había firmado todavía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno se escuda en la Ley de Memoria que abre la puerta a los recursos judiciales que luego los tribunales se empeñan en cerrar.
Justicia universal
El último intento por limpiar los nombres de Baena y sus compañeros pasa por la aplicación de la justicia universal en Argentina. Allí ha acudido Silvia Carretero, viuda del militante del FRAP, José Luis Sánchez-Bravo. Carretero estaba embarazada cuando los tres militantes murieron en una tapia de El Goloso. Su dolor es tan intenso que declina dar entrevistas.
"El dolor de estas personas es enorme y sólo piden que se cierre la herida que todavía llevan dentro. Sin revanchas", analiza el director del documental Septiembre del 75, Adolfo Dufour. Esta película recorre los sucesos de aquellos tenebrosos días de 1975. "La mirada de Flor me convenció para hacer el documental. Lleva el dolor en el rostro. La película habla de su lucha durante 35 años pero sobre todo denuncia la violencia que sólo deja ausencia y dolor", cuenta el realizador.
La película explica también la contestación de los militantes del FRAP en el exilio ante la lucha armada. "Matar es matar. Es acabar con la vida igualmente, tal y como lo dice Amnistía Internacional. Queremos hacer una reflexión sobre la pena de muerte en general", Añade Dufour. Septiembre del 75 cuenta con valiosos testimonios de los testigos de aquel consejo de guerra que conmovió al mundo entero ante la irreflexión de un régimen que empezó y acabó con la muerte fascista como método de supervivencia. "El jiji jaja, corríamos delante de los grises, que dicen algunos ahora. Nada de eso. Los grises mataban. La Guardia Civil mataba. La Brigada Político Social mataba. En estas condiciones fuimos condenados a muerte y en esas condiciones fue asesinado Humberto Baena", recuerda en la cinta Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP cuya pena de muerte fue conmutada.
El asesinato de Baena y los otros condenados en 1975 fue fríamente descrito en la prensa de la época con titulares como el de ABC: "Sentencias de muerte cumplidas". Fueron detenidos, apenas 24 horas después de los atentados y la prensa anunció la detención de los asesinos del policía". 35 años después, la justicia sigue culpándoles.
Víctimas de la pantomima judicial de Franco y olvidados por la democracia
Ayer se cumplieron 35 años de los últimos fusilamientos de los consejos de guerra fascistas en 1975
DIEGO BARCALA Madrid 28/09/2010 08:00 Actualizado: 28/09/2010 09:00
Flor Baena tiene hoy 57 años. La última vez que vio a su hermano, el militante del Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP) Xosé Humberto Baena, ella tenía 22. Dos menos que él. Acompañó a su padre a la cárcel de Carabanchel, donde estaba detenido acusado del asesinato de un policía. "Le vimos entre rejas, a través de un cristal. Se le veían perfectamente las heridas. Estaba muy golpeado, con las uñas arrancadas. Le habían metido palillos en los dedos hasta que confesara. Nos reconoció que no sabía lo que había firmado y que era inocente", recuerda.
Lo que Xosé Humberto firmó casi inconsciente y torturado fue su culpabilidad. Con esa farsa de declaración le sobró al tribunal militar franquista para condenarlo a muerte junto con otros diez militantes de ETA y del FRAP. En la madrugada del sábado 28 de septiembre de hace 35 años murieron fusilados cinco de ellos (dos de ETA y tres del FRAP) que no consiguieron el indulto. Los consejos de guerra fueron una pantomima. No permitieron que los acusados presentaran testigos ni pruebas en su defensa.
"Una mujer nos envió una carta contando que antes de que lo fusilaran fue a una comisaría para decir que ella había visto a los asesinos del policía Lucio Rodríguez y que mi hermano, que había salido en la tele, no estaba allí. Decía que un jefe de la comisaría, jugando con su pistola, le dijo: Olvídese de ese tema, están todos en el mismo saco'", explica Flor indignada. Esa misiva desapareció quemada en un misterioso incendio que se produjo en 1977 en la casa familiar de los Baena. "Por supuesto, nadie investigó el incendio que se produjo poco después de que mi padre fuera a Madrid a reclamar su inocencia", añade Flor.
El testimonio de aquella testigo no sirvió como prueba en un juicio que no tuvo pruebas de balística, ni arma del crimen, ni pruebas materiales. El padre de Baena luchó hasta su muerte en 1982 por la inocencia de su hijo. Su pelea la heredó Flor, que ha recurrido sin éxito al Tribunal Supremo, al Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y a todas las instancias del Gobierno. "Sólo quiero limpiar el nombre de mi hermano. No pido indemnizaciones ni dinero. Sólo que anulen esa sentencia injusta y al menos, que se sepa lo que ocurrió", clama Flor.
El portazo del Constitucional se basó en que la sentencia es previa a la aprobación de la Carta Magna y el TEDH denegó su petición porque en 1975 España no había firmado todavía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno se escuda en la Ley de Memoria que abre la puerta a los recursos judiciales que luego los tribunales se empeñan en cerrar.
Justicia universal
El último intento por limpiar los nombres de Baena y sus compañeros pasa por la aplicación de la justicia universal en Argentina. Allí ha acudido Silvia Carretero, viuda del militante del FRAP, José Luis Sánchez-Bravo. Carretero estaba embarazada cuando los tres militantes murieron en una tapia de El Goloso. Su dolor es tan intenso que declina dar entrevistas.
"El dolor de estas personas es enorme y sólo piden que se cierre la herida que todavía llevan dentro. Sin revanchas", analiza el director del documental Septiembre del 75, Adolfo Dufour. Esta película recorre los sucesos de aquellos tenebrosos días de 1975. "La mirada de Flor me convenció para hacer el documental. Lleva el dolor en el rostro. La película habla de su lucha durante 35 años pero sobre todo denuncia la violencia que sólo deja ausencia y dolor", cuenta el realizador.
La película explica también la contestación de los militantes del FRAP en el exilio ante la lucha armada. "Matar es matar. Es acabar con la vida igualmente, tal y como lo dice Amnistía Internacional. Queremos hacer una reflexión sobre la pena de muerte en general", Añade Dufour. Septiembre del 75 cuenta con valiosos testimonios de los testigos de aquel consejo de guerra que conmovió al mundo entero ante la irreflexión de un régimen que empezó y acabó con la muerte fascista como método de supervivencia. "El jiji jaja, corríamos delante de los grises, que dicen algunos ahora. Nada de eso. Los grises mataban. La Guardia Civil mataba. La Brigada Político Social mataba. En estas condiciones fuimos condenados a muerte y en esas condiciones fue asesinado Humberto Baena", recuerda en la cinta Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP cuya pena de muerte fue conmutada.
El asesinato de Baena y los otros condenados en 1975 fue fríamente descrito en la prensa de la época con titulares como el de ABC: "Sentencias de muerte cumplidas". Fueron detenidos, apenas 24 horas después de los atentados y la prensa anunció la detención de los asesinos del policía". 35 años después, la justicia sigue culpándoles.
sábado, 11 de septiembre de 2010
Manuel Rivas: "Gracias, Argentina"
Justicia
MANUEL RIVAS
EL PAÍS - Última - 11-09-2010
Hace muy poco, en el 2001, Argentina era un país desahuciado. Si en Europa hoy hablamos de crisis, lo que vivió ese país fue una joda total. Millones de familias perdieron los ahorros. Los viejos que entregaron sus pensiones a fondos privados, animados por los loros del neoliberalismo mágico, se encontraron de repente en la indigencia. La pasta de los más ricos, avisados, emigró como las golondrinas. Los barrios del Gran Buenos Aires se autoorganizaron para dar de comer en ollas populares. Hoy Argentina levanta algo más que la cabeza, pese al mangoneo de una oligarquía prepotente, bendecida por una curia pendiente de exorcismo. Trazos cavernícolas que se prestan, sí, a un paralelismo con la España del Último Día. Sería recomendable que unos y otros viesen Tatuaje, donde se lleva a la escena la vida de Miguel de Molina, el cantor torturado por esbirros de Franco y que encontró refugio en América, con la ayuda de Evita. Por cierto, pocos países en el mundo tienen el pulso cultural que hoy tiene Argentina, donde también se está escribiendo el mejor periodismo literario. Agarren, si pueden, Frutos extraños, de Leila Guerriero, y Si me querés, quereme transa, el último de Cristian Alarcón. En el renacer después de la ruina, algo habrá tenido que ver la presidenta Cristina Fernández, denostada por la derecha como una bruja. Pocos países en el mundo de hoy han avanzado tanto en el campo de los derechos humanos. No he llegado a esta conclusión por birlibirloque. Lo pienso al salir de un juzgado en Comodoro Py, donde he podido asistir, como un ciudadano cualquiera, al juicio a la plana mayor de la ESMA, el centro de la Armada que la dictadura convirtió en un matadero. Y me ratifico al leer la resolución de la Cámara Federal, que se dispone a investigar el genocidio franquista si no lo hace la Justicia española. Gracias, Argentina.
MANUEL RIVAS
EL PAÍS - Última - 11-09-2010
Hace muy poco, en el 2001, Argentina era un país desahuciado. Si en Europa hoy hablamos de crisis, lo que vivió ese país fue una joda total. Millones de familias perdieron los ahorros. Los viejos que entregaron sus pensiones a fondos privados, animados por los loros del neoliberalismo mágico, se encontraron de repente en la indigencia. La pasta de los más ricos, avisados, emigró como las golondrinas. Los barrios del Gran Buenos Aires se autoorganizaron para dar de comer en ollas populares. Hoy Argentina levanta algo más que la cabeza, pese al mangoneo de una oligarquía prepotente, bendecida por una curia pendiente de exorcismo. Trazos cavernícolas que se prestan, sí, a un paralelismo con la España del Último Día. Sería recomendable que unos y otros viesen Tatuaje, donde se lleva a la escena la vida de Miguel de Molina, el cantor torturado por esbirros de Franco y que encontró refugio en América, con la ayuda de Evita. Por cierto, pocos países en el mundo tienen el pulso cultural que hoy tiene Argentina, donde también se está escribiendo el mejor periodismo literario. Agarren, si pueden, Frutos extraños, de Leila Guerriero, y Si me querés, quereme transa, el último de Cristian Alarcón. En el renacer después de la ruina, algo habrá tenido que ver la presidenta Cristina Fernández, denostada por la derecha como una bruja. Pocos países en el mundo de hoy han avanzado tanto en el campo de los derechos humanos. No he llegado a esta conclusión por birlibirloque. Lo pienso al salir de un juzgado en Comodoro Py, donde he podido asistir, como un ciudadano cualquiera, al juicio a la plana mayor de la ESMA, el centro de la Armada que la dictadura convirtió en un matadero. Y me ratifico al leer la resolución de la Cámara Federal, que se dispone a investigar el genocidio franquista si no lo hace la Justicia española. Gracias, Argentina.
martes, 20 de julio de 2010
La cansada teoría de "dos fantatismos" que se chocaron
No había visto el artículo "La tercera España, 74 años después" del pasado 18 de julio pero hoy, después de leer una carta escrita en respuesta a él, he buscado el original. Copio y pego los dos abajo, y de paso, agrego unos comentarios al respecto.
De vez en cuando, en este blog hemos hablado de la teoría de "los dos diablos," teoría conocida para hablar de la dictadura argentina, que, en palabras de Susana Kaiser en su libro Postmemories of Terror va así: "There is the 'Two Devils Theory,' whereby the 'bad guys' are basically the military personnel or the guerilla forces, and which assumes that all the victims of the repression were armed combatants involved in violent acts" [Hay la teoría de "los dos diablos," en que los "malos" consisten en los militares o las fuerzas de la guerrilla, y la que asume que todas las víctimas de la represión eran luchadores armados involucrados en actos violentos, traducción mía] (143).La teoría de los "dos diablos" dice que TODOS cometieron atrocidades, TODOS tienen la culpa, TODOS eran violentos, así limitando hasta donde pueden llegar las discusiones y sirviendo para exculpar a los involucrados sin investigar o responsabilizar a nadie.
Existe un ejemplo perfecto de la denominada teoría de hace sólo unos días. El ex dictador argentino Jorge Videla, de unos 80 años, sigue teniendo el morro de excusarse, ante un tribunal, con estas palabras: "Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades en todo lo actuado por el Ejército en la guerra en contra de los subversivos." Estas palabras vacías indican una cosa -- que Videla sigue validando la tortura, las desapariciones, las detenciones, los fusilamientos, y todo lo que representaba SU dictadura con palabras que sugieren la idea de que si los "subversivos" no hubieran sido armados, no habría sido necesario hacer lo que hizo durante su mando.
De una forma parecida, se puede hablar de la lectura de la guerra civil como tal, apoyándose en esta idea en el artículo de Toharia, que es la que me llamó la atención en la carta de respuesta: "parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de 'buenos y malos' sino un choque entre dos fanatismos extremos."
Si a estas alturas está claro que no se puede describir nada en términos de buenos y malos, y mucho menos en una guerra, utilizar la frase "dos fanatismos" no hace más que perpetuar la idea que todos comparten la culpabilidad por lo ocurrido y que todo es "igual." Es una actitud no apolítica, sino antipolítica, y es peligrosa.
Me gustaría apuntar algo más sobre el artículo de Toharia cuando habla del concepto de una "tercera España." Toharia parece asumir que todos que viven en España son "españoles españoles," o sea, gente que nació en el país y que tiene antepasados españoles. ¿Qué hace el sr. Toharia con los inmigrantes que no tienen ninguna conexión personal con la guerra civil o la dictadura, ni siquiera como memoria colectiva? La memoria de la guerra se tiene que considerar en un contexto más amplio que el que propone el autor.
De vez en cuando, en este blog hemos hablado de la teoría de "los dos diablos," teoría conocida para hablar de la dictadura argentina, que, en palabras de Susana Kaiser en su libro Postmemories of Terror va así: "There is the 'Two Devils Theory,' whereby the 'bad guys' are basically the military personnel or the guerilla forces, and which assumes that all the victims of the repression were armed combatants involved in violent acts" [Hay la teoría de "los dos diablos," en que los "malos" consisten en los militares o las fuerzas de la guerrilla, y la que asume que todas las víctimas de la represión eran luchadores armados involucrados en actos violentos, traducción mía] (143).La teoría de los "dos diablos" dice que TODOS cometieron atrocidades, TODOS tienen la culpa, TODOS eran violentos, así limitando hasta donde pueden llegar las discusiones y sirviendo para exculpar a los involucrados sin investigar o responsabilizar a nadie.
Existe un ejemplo perfecto de la denominada teoría de hace sólo unos días. El ex dictador argentino Jorge Videla, de unos 80 años, sigue teniendo el morro de excusarse, ante un tribunal, con estas palabras: "Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades en todo lo actuado por el Ejército en la guerra en contra de los subversivos." Estas palabras vacías indican una cosa -- que Videla sigue validando la tortura, las desapariciones, las detenciones, los fusilamientos, y todo lo que representaba SU dictadura con palabras que sugieren la idea de que si los "subversivos" no hubieran sido armados, no habría sido necesario hacer lo que hizo durante su mando.
De una forma parecida, se puede hablar de la lectura de la guerra civil como tal, apoyándose en esta idea en el artículo de Toharia, que es la que me llamó la atención en la carta de respuesta: "parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de 'buenos y malos' sino un choque entre dos fanatismos extremos."
Si a estas alturas está claro que no se puede describir nada en términos de buenos y malos, y mucho menos en una guerra, utilizar la frase "dos fanatismos" no hace más que perpetuar la idea que todos comparten la culpabilidad por lo ocurrido y que todo es "igual." Es una actitud no apolítica, sino antipolítica, y es peligrosa.
Me gustaría apuntar algo más sobre el artículo de Toharia cuando habla del concepto de una "tercera España." Toharia parece asumir que todos que viven en España son "españoles españoles," o sea, gente que nació en el país y que tiene antepasados españoles. ¿Qué hace el sr. Toharia con los inmigrantes que no tienen ninguna conexión personal con la guerra civil o la dictadura, ni siquiera como memoria colectiva? La memoria de la guerra se tiene que considerar en un contexto más amplio que el que propone el autor.
La tercera España, 74 años después
JOSÉ JUAN TOHARIACarta al editor en respuesta a la de arriba:
EL PAÍS - España - 18-07-2010
Hoy, 18 de julio, se cumplen 74 años del levantamiento militar que oficializó la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional y que dio origen a nuestra última Guerra Civil. A estas alturas, -superados los oropeles propagandísticos y las mitificaciones simplistas- parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de "buenos y malos" sino un choque entre dos fanatismos extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes. Y sin embargo, lo cierto es que por sí solas esas dos Españas cainitas no agotaban ni mucho menos lo que en aquella fecha era, en realidad, este país: junto a ellas, -o mejor dicho, entre ellas- existía una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, por evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada. Entre otros, Andrés Trapiello se ha venido meritoriamente esforzando por rescatar del olvido a esta mayoritaria fracción de nuestra sociedad, especialmente ignorada pues ni a quienes finalmente resultaron vencedores o vencidos pareció nunca convenir el debido reconocimiento de su existencia.
Ahora, tres cuartos de siglo después, un sencillo dato de una encuesta reciente permite detectar la huella clara de esa tercera España. Entre quienes ahora conforman este país, menos de la mitad dice que, al estallar la guerra, su familia se posicionó con uno de los dos bandos contendientes (el 43% exactamente: 26% con el bando republicano, 17% con el bando franquista o nacional). La mayoría absoluta (57%) procede en cambio de familias que bien pueden ser caracterizadas, en bloque, como integrantes de la Tercera España. Por un lado, aquellos cuyas familias se vieron ideológicamente desgarradas por el conflicto, sin alinearse por tanto claramente con ninguno de los dos extremos enfrentados; por otro lado, el 21% que de forma explícita dice que su familia no se identificó con ninguno de los dos bandos (por más que quepa suponer que inicialmente sintieran alguna mayor lealtad hacia la legalidad vigente, pronto violentada por quienes decían defenderla); finalmente, un 19% ignora si hace siete decenios y medio su familia se inclinaba por algún bando y, de ser así, por cuál. Este tercer grupo entronca, sencillamente, con entornos familiares que verosímilmente optaron por un black out total sobre el tema, lo que parece revelar una voluntad de no implicación y de olvido, para ellos y, en lo posible, para sus descendientes. Un análisis algo más detallado de estos mismos datos de encuesta permite además comprobar lo forzada que resulta la tan frecuente -y alegremente- dada por supuesta línea de continuidad ideológica entre votantes socialistas y bando republicano, por un lado, y entre votantes populares y bando nacional, por otra. Ciertamente, entre los actuales votantes del PSOE abundan más que entre los votantes populares quienes dicen pertenecer a familias que en la Guerra Civil simpatizaban con el bando republicano: 35% frente a 7%. Inversamente, entre los votantes populares abundan más que entre los socialistas quienes proceden de entornos familiares identificados con el bando nacional: 28% frente a 12%. Pero de estas cifras no es lícito concluir que los votantes actuales de cada uno de los dos principales partidos de ámbito estatal sean herederos -exclusiva e inequívocamente directos- de uno u otro bando. En realidad en ambos grupos de votantes son mayoría quienes proceden de familias integradas en la tercera España: esto es, de familias ideológicamente divididas, o que no se identificaban con ningún bando, o que optaron por hurtar toda noticia sobre el tema a sus descendientes. Pero hay más: lo mismo cabe decir de quienes ahora se definen como católicos practicantes y como no creyentes -es decir, entre quienes se sitúan en los que cabe considerar como los dos polos opuestos de nuestro actual espectro religioso-. Ni los católicos practicantes actuales entroncan, directa y masivamente, con familias identificadas con el bando nacional ni entre los no creyentes constituyen mayoría absoluta quienes pertenecen a familias que simpatizaron con el bando republicano. En ambos grupos, por el contrario, se da la misma compleja y variada multiplicidad de líneas de afinidad e identidad ideológica que entre los votantes populares y socialistas: sus raíces básicas son comunes y se hallan en la tercera España.
La tercera España
CARLOS CARNERO - Ex eurodiputado
EL PAÍS - Opinión - 21-07-2010
Leo el artículo de Toharia La tercera España, 74 años después y mi primera reacción es dejarlo correr. Pero a medio camino hacia la piscina doy media vuelta y escribo esta carta para mantener la conciencia tranquila, porque pienso que el 18 de julio de 1936 muchas mujeres y hombres tenían en este país la misma intención de disfrutar del día y se encontraron con un golpe de Estado contra la República que iba a truncar su vida para siempre. Gentes que nunca había empuñado un fusil tuvieron que hacerlo para defender la felicidad que se habían dado. No eran ni unos extremistas ni unos fanáticos: eran ciudadanos. Pero Toharia considera que aquello fue "un choque entre dos fanatismos extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes".
Para él, había una tercera España mayoritaria que no quería saber de unos o de otros. Creo que quienes de mi familia -trabajadores de toda clase, como decía la Constitución republicana- lucharon en Madrid, Teruel, Guadalajara o el Ebro, y fueron fusilados, encarcelados o exiliados, se merecen también el "bracearon sin éxito para evitar el desgarro" que adjudica Toharia a su tercera España. Formaban parte de la nación que luchó por su futuro, aunque no tuvieran nombres insignes ni medios para exiliarse voluntariamente.
Seguramente, tampoco lo habrían hecho. Su sitio estaba en su patria, que era la de todos: ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, en la que aquel sábado de 1936 solo aspiraban a ser felices.
lunes, 12 de julio de 2010
Cuestionar la Transición
De: El País.com
Casi cuarenta años
Reflexionar críticamente sobre la Transición no supone deslegitimarla ni rechazar su evidente eficacia. Sin embargo, algunos se toman a la tremenda cualquier análisis sobre ese periodo que no sea hagiográfico
JORDI GRACIA
EL PAÍS - Opinión - 12-07-2010
A base de repetirlo una y otra vez, al final se convertirá en verdad aceptable y volveremos a enredarnos. Pero no hay caso: reflexionar críticamente sobre la Transición no equivale a deslegitimarla ni a rechazar su evidente eficacia histórica. Pero tampoco hay caso en lo que hace a la ruptura del orden democrático que impuso la conspiración golpista en julio de 1936 para corregir por las armas la victoria en las urnas del Frente Popular. Pese a que insistan Intereconomía y sus socios -fieles discípulos de la explicación franquista de la guerra como salvapatrias redentora del diablo comunista- la República seguirá siendo el precedente inmediato de nuestro sistema democrático, sin duda con políticos en activo peligrosos, pero fundamentalmente reventado por la alianza entre espadones militares y algunos políticos que se deslegitimaron como tales al animar a las armas: convirtieron el controlado desorden de 1935 y 1936 en desorden de sangre ingobernable e irreversible.
Pero quizá importa más otra cosa menos obvia. Hasta hace cuatro días no hubo apenas discusión relevante sobre las condiciones limitadas, pactistas y razonables sobre las que se fue fraguando la Transición. De ese proceso salió, con recelosa desgana de los herederos del franquismo y con resignación inteligente de la oposición, un sistema de poder inequívocamente democrático que encontró su sanción simbólica en la mayoría absoluta socialista de octubre de 1982: los reales y legendarios 10 millones de votos que obtuvo Felipe González. En los últimos tiempos parece tambalearse esa certidumbre: interrogar esa etapa de otro modo, o añadir alguna pregunta esquinada, o reconsiderar alguno de los criterios y las renuncias asumidas entonces parece agredir o violentar la biografía política de quienes anduvieron implicados en mayor o menor grado en la Transición. Da la impresión de que regresar a esa etapa, como observador o analista, abre la espita de la suspicacia o incluso reabre alguna forma de conflicto generacional.
Pero quizá se confunden dos cosas, o una deriva de la otra. Cuando Santos Juliá identificó hace unos días la argentinización de nuestra Transición lo hizo para oponerse a ella, y creo que con toda la razón. Según él, el sentido de la conciliación como eje clave de la Transición "está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco". Sospecha una contaminación de modelos explicativos (y de reivindicaciones judiciales) entre lo que fue la Transición española y lo que fue la salida democrática de un régimen menos cruento, más corto, mucho más reciente y sin totalitarismos ni guerras mundiales en el horizonte (Argentina). Ese espíritu de la Transición hoy es menos unitario y algunos intelectuales o activistas políticos de verbo encendido parecen propiciar una reapertura del caso (el caso es la Transición) con tufo revanchista demasiadas veces y resonancias muy explícitas de venganza. Es un enfoque desequilibrante además de injusto porque ya solo puede imputar a cadáveres, pero además parece encontrar en esa ira vengadora contra el pasado reciente y remoto el combustible ideológico que no obtiene por otras vías.
Pero el asunto clave vuelve a estar en otro ángulo del problema. Lo que no puede derivarse de esa amenaza de argentinización es un cierre de filas o un repliegue hacia la versión establecida de la Transición sino todo lo contrario: alimentar la libertad de decir con franqueza y transparencia lo que durante la primera Transición hubo que decir con cuidado y cautela. No cabe regateo alguno ahora ni caben aquellas aconsejables cautelas. La verdad se puede decir entera, para que quienes lean una y otra vez que el origen de todos los males está en la Segunda República -como algunos repiten por tierra, mar y aire- sepan que eso es mentira y que el origen del mal está en el golpe de Estado ilegítimo y condenable sin reservas que urdió una coalición de fuerzas de derechas, fascistas y católicas. Y el franquismo fue durante casi 40 años su crudelísima y nefasta consecuencia (sin paliativos).
Pero hay otra secuela indeseable. Y es que, igual que aquel pasado hay que contarlo sin disfraces por pura pedagogía cívica, hay que empezar a hacer lo mismo con la Transición, y no cabe regateo alguno de legitimidad ante los análisis críticos sobre ella en aras del blindaje indefinido de sus acuerdos o en aras de la protección actual de la paz civil. Los historiadores seguimos obligados a repensarla, y de nuevo sin la menor reserva en las preguntas ni en las respuestas, tanto si dañan la imagen de las cesiones que se hicieron como si dañan nuestro amor propio colectivo por saber que algunas decisiones de entonces pueden ser revisadas hoy, o pueden ser contadas con la misma crudeza que nadie duda en emplear cuando habla de la guerra o el franquismo.
La resistencia a revisarla carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde: estabilidad burguesa, protección jurídica, búsqueda de la paz social, deslegitimación de la violencia, respeto político a los nacionalismos y, en fin, la noción conciliadora y no revanchista como bajo continuo que la democracia aplicó con respecto a los franquistas adaptados o no adaptados. Que entonces la izquierda lo hiciese por la fuerza de las cosas y por tacticismo más que por convicción y fraternidad no le quita mérito sino todo lo contrario: significa precisamente que lo hizo bien porque puso por delante el bien común y político antes que la razón ideológica de parte (de parte derrotada). Cada nuevo asedio a la complejidad de la Transición no puede estar atenazado por si rompe o no con el relato actual ni desde luego debe entenderse como una forma de deslegitimación solapada. Volver a preguntar y releer un pasado fundamentalmente bien hecho es la misma operación que entre todos hemos hecho con el pasado fundamentalmente mal hecho que fue el franquismo.
Pero hoy podemos hacer además el análisis de las consecuencias políticas de aquella inteligente estrategia. Quienes no nos sentimos hipotecados por la Transición, sino beneficiarios objetivos de ella -tan nietos de la guerra como hijos de la Transición: titulé un libro mío sobre las letras de la democracia precisamente Hijos de la razón- nos permitimos contar hoy la guerra y el franquismo como fue, por supuesto, pero también debemos preguntar por la Transición sin que en la pregunta vaya la tentación de deslegitimar el proceso. Pero sí considerar algunos de sus efectos en el presente: por ejemplo, la densísima dificultad de la derecha actual para condenar aquel golpe y el franquismo mismo, o la excesiva timidez con la que una parte de la derecha española se ha hecho cargo de su pasado familiar, social y político vinculado al franquismo (y de ahí las salidas de pata de banco de varios de sus dirigentes actuales, terriblemente destructivas de la fiabilidad de su condena de la dictadura). O por ejemplo, la tardía restitución del derecho de las víctimas todavía no identificadas para quien desee hacerlo, o, por ejemplo, la hipoteca católica que pesa sobre un Estado teóricamente laico. O la conjetura sobre si convendría revisar algunos artículos de la Constitución de 1978 tantos años después, o la ley de partidos y su financiación, o si haberse quedado al borde de una estructura federal con el Estado de las autonomías sigue siendo la mejor de las opciones (que entonces sí fue).
Una democracia de casi 40 años está entrenada para contar su pasado con la crudeza necesaria y fundamentalmente lenitiva, y está entrenada también para que no la pongan en jaque estas o aquellas radicalidades, y lo está también para no temer que cada mácula posible en la construcción de su origen la debilite o la desbarate: las tres cosas la robustecen.
Casi cuarenta años
Reflexionar críticamente sobre la Transición no supone deslegitimarla ni rechazar su evidente eficacia. Sin embargo, algunos se toman a la tremenda cualquier análisis sobre ese periodo que no sea hagiográfico
JORDI GRACIA
EL PAÍS - Opinión - 12-07-2010
A base de repetirlo una y otra vez, al final se convertirá en verdad aceptable y volveremos a enredarnos. Pero no hay caso: reflexionar críticamente sobre la Transición no equivale a deslegitimarla ni a rechazar su evidente eficacia histórica. Pero tampoco hay caso en lo que hace a la ruptura del orden democrático que impuso la conspiración golpista en julio de 1936 para corregir por las armas la victoria en las urnas del Frente Popular. Pese a que insistan Intereconomía y sus socios -fieles discípulos de la explicación franquista de la guerra como salvapatrias redentora del diablo comunista- la República seguirá siendo el precedente inmediato de nuestro sistema democrático, sin duda con políticos en activo peligrosos, pero fundamentalmente reventado por la alianza entre espadones militares y algunos políticos que se deslegitimaron como tales al animar a las armas: convirtieron el controlado desorden de 1935 y 1936 en desorden de sangre ingobernable e irreversible.
Pero quizá importa más otra cosa menos obvia. Hasta hace cuatro días no hubo apenas discusión relevante sobre las condiciones limitadas, pactistas y razonables sobre las que se fue fraguando la Transición. De ese proceso salió, con recelosa desgana de los herederos del franquismo y con resignación inteligente de la oposición, un sistema de poder inequívocamente democrático que encontró su sanción simbólica en la mayoría absoluta socialista de octubre de 1982: los reales y legendarios 10 millones de votos que obtuvo Felipe González. En los últimos tiempos parece tambalearse esa certidumbre: interrogar esa etapa de otro modo, o añadir alguna pregunta esquinada, o reconsiderar alguno de los criterios y las renuncias asumidas entonces parece agredir o violentar la biografía política de quienes anduvieron implicados en mayor o menor grado en la Transición. Da la impresión de que regresar a esa etapa, como observador o analista, abre la espita de la suspicacia o incluso reabre alguna forma de conflicto generacional.
Pero quizá se confunden dos cosas, o una deriva de la otra. Cuando Santos Juliá identificó hace unos días la argentinización de nuestra Transición lo hizo para oponerse a ella, y creo que con toda la razón. Según él, el sentido de la conciliación como eje clave de la Transición "está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco". Sospecha una contaminación de modelos explicativos (y de reivindicaciones judiciales) entre lo que fue la Transición española y lo que fue la salida democrática de un régimen menos cruento, más corto, mucho más reciente y sin totalitarismos ni guerras mundiales en el horizonte (Argentina). Ese espíritu de la Transición hoy es menos unitario y algunos intelectuales o activistas políticos de verbo encendido parecen propiciar una reapertura del caso (el caso es la Transición) con tufo revanchista demasiadas veces y resonancias muy explícitas de venganza. Es un enfoque desequilibrante además de injusto porque ya solo puede imputar a cadáveres, pero además parece encontrar en esa ira vengadora contra el pasado reciente y remoto el combustible ideológico que no obtiene por otras vías.
Pero el asunto clave vuelve a estar en otro ángulo del problema. Lo que no puede derivarse de esa amenaza de argentinización es un cierre de filas o un repliegue hacia la versión establecida de la Transición sino todo lo contrario: alimentar la libertad de decir con franqueza y transparencia lo que durante la primera Transición hubo que decir con cuidado y cautela. No cabe regateo alguno ahora ni caben aquellas aconsejables cautelas. La verdad se puede decir entera, para que quienes lean una y otra vez que el origen de todos los males está en la Segunda República -como algunos repiten por tierra, mar y aire- sepan que eso es mentira y que el origen del mal está en el golpe de Estado ilegítimo y condenable sin reservas que urdió una coalición de fuerzas de derechas, fascistas y católicas. Y el franquismo fue durante casi 40 años su crudelísima y nefasta consecuencia (sin paliativos).
Pero hay otra secuela indeseable. Y es que, igual que aquel pasado hay que contarlo sin disfraces por pura pedagogía cívica, hay que empezar a hacer lo mismo con la Transición, y no cabe regateo alguno de legitimidad ante los análisis críticos sobre ella en aras del blindaje indefinido de sus acuerdos o en aras de la protección actual de la paz civil. Los historiadores seguimos obligados a repensarla, y de nuevo sin la menor reserva en las preguntas ni en las respuestas, tanto si dañan la imagen de las cesiones que se hicieron como si dañan nuestro amor propio colectivo por saber que algunas decisiones de entonces pueden ser revisadas hoy, o pueden ser contadas con la misma crudeza que nadie duda en emplear cuando habla de la guerra o el franquismo.
La resistencia a revisarla carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde: estabilidad burguesa, protección jurídica, búsqueda de la paz social, deslegitimación de la violencia, respeto político a los nacionalismos y, en fin, la noción conciliadora y no revanchista como bajo continuo que la democracia aplicó con respecto a los franquistas adaptados o no adaptados. Que entonces la izquierda lo hiciese por la fuerza de las cosas y por tacticismo más que por convicción y fraternidad no le quita mérito sino todo lo contrario: significa precisamente que lo hizo bien porque puso por delante el bien común y político antes que la razón ideológica de parte (de parte derrotada). Cada nuevo asedio a la complejidad de la Transición no puede estar atenazado por si rompe o no con el relato actual ni desde luego debe entenderse como una forma de deslegitimación solapada. Volver a preguntar y releer un pasado fundamentalmente bien hecho es la misma operación que entre todos hemos hecho con el pasado fundamentalmente mal hecho que fue el franquismo.
Pero hoy podemos hacer además el análisis de las consecuencias políticas de aquella inteligente estrategia. Quienes no nos sentimos hipotecados por la Transición, sino beneficiarios objetivos de ella -tan nietos de la guerra como hijos de la Transición: titulé un libro mío sobre las letras de la democracia precisamente Hijos de la razón- nos permitimos contar hoy la guerra y el franquismo como fue, por supuesto, pero también debemos preguntar por la Transición sin que en la pregunta vaya la tentación de deslegitimar el proceso. Pero sí considerar algunos de sus efectos en el presente: por ejemplo, la densísima dificultad de la derecha actual para condenar aquel golpe y el franquismo mismo, o la excesiva timidez con la que una parte de la derecha española se ha hecho cargo de su pasado familiar, social y político vinculado al franquismo (y de ahí las salidas de pata de banco de varios de sus dirigentes actuales, terriblemente destructivas de la fiabilidad de su condena de la dictadura). O por ejemplo, la tardía restitución del derecho de las víctimas todavía no identificadas para quien desee hacerlo, o, por ejemplo, la hipoteca católica que pesa sobre un Estado teóricamente laico. O la conjetura sobre si convendría revisar algunos artículos de la Constitución de 1978 tantos años después, o la ley de partidos y su financiación, o si haberse quedado al borde de una estructura federal con el Estado de las autonomías sigue siendo la mejor de las opciones (que entonces sí fue).
Una democracia de casi 40 años está entrenada para contar su pasado con la crudeza necesaria y fundamentalmente lenitiva, y está entrenada también para que no la pongan en jaque estas o aquellas radicalidades, y lo está también para no temer que cada mácula posible en la construcción de su origen la debilite o la desbarate: las tres cosas la robustecen.
domingo, 2 de mayo de 2010
Silvia Carretero, viuda del último fusilado del franquismo
De: El País.com
La viuda del último fusilado por Franco presenta una demanda
Pide responsabilidades en Argentina por el asesinato
EFE - Buenos Aires - 03/05/2010
Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades. Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último consejo de guerra de la dictadura franquista. Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.
Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional. Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.
La mujer ha decidido denunciar ahora el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido. Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos. "Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión", afirma la mujer, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.
Su demanda incluye a los responsables de sus propias torturas, de las que todavía tiene marcas en las manos y las muñecas.
Ver reportaje más detallado en la prensa argentina
La viuda del último fusilado por Franco presenta una demanda
Pide responsabilidades en Argentina por el asesinato
EFE - Buenos Aires - 03/05/2010
Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades. Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último consejo de guerra de la dictadura franquista. Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.
Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional. Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.
La mujer ha decidido denunciar ahora el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido. Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos. "Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión", afirma la mujer, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.
Su demanda incluye a los responsables de sus propias torturas, de las que todavía tiene marcas en las manos y las muñecas.
Ver reportaje más detallado en la prensa argentina
viernes, 26 de marzo de 2010
Post en un blog argentino sobre el juez Garzón
El blog Che Genetic, de la Argentina, ha publicado un buen post resumiendo el caso de Garzón, aquí. El post se titula,"Disparen a Garzón: el poder judicial español a la par del nuestro" y publica fotos y descripciones de los "amigos del Alzhéimer, los enemigos del juez Garzón." El post organiza a los personajes principales de este drama, no olvidando las fotos para ficha policial de Correa.
martes, 27 de octubre de 2009
Nota de prensa de Contamíname - "Memorias en Transición"
Una idea maravillosa, la de poder ver en vivo lo siguiente (a ver si más congresos, encuentros, jornadas, etc. hacen algo así)
El encuentro memorias en transición puede seguirse en vivo a través de internet
El encuentro iberoamericano sobre derechos humanos y ciudadanía Memorias en transición puede seguirse en vivo a través de internet en la web
http://www.livestream.com/memoriasentransicion
La dirección permite acceder a las sesiones en vivo, al mismo tiempo en que se están desarrollando, y continuar visionándolas hasta que comience sesión siguiente, que será cada día a las cinco de la tarde.
El programa continúa de la siguiente manera:
Horarios: De 17.00-19.00, la conferencia; de 19.30 a 21.30 horas, la mesa redonda.
Martes 27/10/09
Conferencia: Memoria, verdad y justicia. La experiencia argentina.
Eduardo Duhalde (Argentina).
Mesa redonda: Justicia y Derechos Humanos en transición.
Francisco Soberón (Perú).
José Antonio Martín Pallín (España).
Juan del Granado (Bolivia).
Moderador: Emilio Silva (España).
Miércoles 28/10/09
Conferencia: Movimientos y gobiernos en el nuevo ciclo político en América Latina.
Emir Sader (Brasil-CLACSO.)
Mesa redonda: Sociedad civil, movimientos sociales y ciudadanía.
Pablo Sánchez León (España).
Jesús “Chucho” García (Venezuela).
Moderador: Ariel Jerez (España-Argentina).
Jueves 29/10/09
Conferencia: Ver y pensar el mestizaje y el conflicto desde la cultura mediática.
Rossana Reguillo (México).
Mesa redonda: Cultura, medios y políticas de memoria.
Felipe Pigna (Argentina).
Francisco Ferrándiz (España).
Guadalupe Cajías (Bolivia).
Moderador: Alfons Martinell (España).
Los documentos que ahora están disponibles en la dirección de internet son:
Lunes 26/10/09
Conferencia: Justicia transicional y desarrollo.
Pablo de Greiff (Colombia-Estados Unidos).
Mesa redonda: Transiciones democráticas y cambio histórico.
Luis Tapia (Bolivia).
Alberto Acosta (Ecuador).
Manuel Antonio Garretón (Chile).
Moderador: Juan Carlos Monedero (España
El encuentro memorias en transición puede seguirse en vivo a través de internet
El encuentro iberoamericano sobre derechos humanos y ciudadanía Memorias en transición puede seguirse en vivo a través de internet en la web
http://www.livestream.com/memoriasentransicion
La dirección permite acceder a las sesiones en vivo, al mismo tiempo en que se están desarrollando, y continuar visionándolas hasta que comience sesión siguiente, que será cada día a las cinco de la tarde.
El programa continúa de la siguiente manera:
Horarios: De 17.00-19.00, la conferencia; de 19.30 a 21.30 horas, la mesa redonda.
Martes 27/10/09
Conferencia: Memoria, verdad y justicia. La experiencia argentina.
Eduardo Duhalde (Argentina).
Mesa redonda: Justicia y Derechos Humanos en transición.
Francisco Soberón (Perú).
José Antonio Martín Pallín (España).
Juan del Granado (Bolivia).
Moderador: Emilio Silva (España).
Miércoles 28/10/09
Conferencia: Movimientos y gobiernos en el nuevo ciclo político en América Latina.
Emir Sader (Brasil-CLACSO.)
Mesa redonda: Sociedad civil, movimientos sociales y ciudadanía.
Pablo Sánchez León (España).
Jesús “Chucho” García (Venezuela).
Moderador: Ariel Jerez (España-Argentina).
Jueves 29/10/09
Conferencia: Ver y pensar el mestizaje y el conflicto desde la cultura mediática.
Rossana Reguillo (México).
Mesa redonda: Cultura, medios y políticas de memoria.
Felipe Pigna (Argentina).
Francisco Ferrándiz (España).
Guadalupe Cajías (Bolivia).
Moderador: Alfons Martinell (España).
Los documentos que ahora están disponibles en la dirección de internet son:
Lunes 26/10/09
Conferencia: Justicia transicional y desarrollo.
Pablo de Greiff (Colombia-Estados Unidos).
Mesa redonda: Transiciones democráticas y cambio histórico.
Luis Tapia (Bolivia).
Alberto Acosta (Ecuador).
Manuel Antonio Garretón (Chile).
Moderador: Juan Carlos Monedero (España
martes, 1 de septiembre de 2009
España y la justicia en otros países
Con motivo del primer aniversario de este blog hace unas semanas, dije que empezaría a "colgar" posts bilingües de vez en cuando, con el fin de ayudar a difundir mejor en este lado del charco las noticias que salen en España con respecto al tema de la recuperación de la memoria histórica. En los últimos días el profesor, investigador y bloguero Miguel Angel Rodríguez Arias ha trabajado sin parar, publicando artículos poderosos e insertando vídeos relevantes en su blog "El país de los niños perdidos" en que reclama la situación de los desaparecidos. Muchas veces Rodríguez Arias -- y no ha sido el único para hacer estas comparaciones -- cita el caso de desaparecidos en otros países, como la Argentina, y contempla cómo otras posdictaduras han intentado reparar sus pasados traumáticos históricos. Como comenta el artículo de abajo, España es "la única que deja impunes los crímenes de una dictadura."
In honor of the first anniversary of this blog a few weeks ago, I said I would begin to make bilingual posts from time to time, in order to help better spread, from this side of the pond, the news coming out in Spain with regard to the "recovery of historical memory." In recent days, the professor, researcher and blogger Miguel Angel Rodríguez Arias has worked nonstop on his blog "The Country of Lost Children," where he has published powerful articles and embedded relevant videos protesting against the situation of the "disappeared." Often Rodríguez Arias -- and he has not been the only one to draw such comparisons -- cites the case of the "disappeared" in other countries, such as Argentina, and considers how such post-dictatorships have tried to heal their traumatic historic pasts. As the article below states, Spain is "the only country in which the crimes of a dictatorship have gone unpunished."
De: Público.es
La justicia internacional saca los colores a España
La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas
DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00
In honor of the first anniversary of this blog a few weeks ago, I said I would begin to make bilingual posts from time to time, in order to help better spread, from this side of the pond, the news coming out in Spain with regard to the "recovery of historical memory." In recent days, the professor, researcher and blogger Miguel Angel Rodríguez Arias has worked nonstop on his blog "The Country of Lost Children," where he has published powerful articles and embedded relevant videos protesting against the situation of the "disappeared." Often Rodríguez Arias -- and he has not been the only one to draw such comparisons -- cites the case of the "disappeared" in other countries, such as Argentina, and considers how such post-dictatorships have tried to heal their traumatic historic pasts. As the article below states, Spain is "the only country in which the crimes of a dictatorship have gone unpunished."
De: Público.es
La justicia internacional saca los colores a España
La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas
DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00
El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.
Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".
"Inhumano y cruel"
El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.
La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.
En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.
La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.
Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".
No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.
jueves, 23 de julio de 2009
García Lorca en Buenos Aires
Del blog Literaturas NoticiasEl otro amor de Federico
Lorca en Buenos Aires
Novela, Editorial Plaza & Janés
Buenos Aires, 2009
Autora: Reina Roffé
Fecha de publicación: julio - 2009
Federico García Lorca visitó la Argentina y permaneció en Buenos Aires durante casi seis meses, entre octubre de 1933 y marzo de 1934. Allí experimentó uno de los mejores momentos profesionales y afectivos de su vida. Durante ese tiempo, frecuentó teatros, salones literarios y todos los rincones de la ciudad que pudo transitar de la mano de otros grandes escritores que también recalaron en el Río de la Plata, como Pablo Neruda y Salvador Novo. Se hizo amigo de Oliverio Girondo y Norah Lange, de Ricardo Molinari y Alfonsina Storni, de Enrique Santos Discépolo y Raúl González Tuñón. Compartió mesa con Carlos Gardel y una todavía adolescente Eva Perón. El mundo artístico y literario, casi sin excepción, mantuvo un vínculo con el poeta español, incluso Borges, que catalogó a Lorca de “andaluz profesional”.
En esta novela, historia, biografías, testimonios, cartas (que no serán escritas, sino pensadas), crónicas, fragmentos de la realidad y de los sueños componen una trama monumental en la que comulgan verdad y ficción, vida y literatura, introduciendo al lector en el relato de un amor necesario y desesperado. Un amor que Lorca vivió sinceramente, en paralelo a sus deseos más profundos.
Varias son las voces que recorren este libro, todas fascinantes en sus diferentes modulaciones y una que destaca por su extraordinario gracejo, la de un Lorca inconfundible. Reina Roffé logra el prodigio de crearle una voz al poeta, de retratar un lenguaje particular para contar las vicisitudes de un muchacho (tenía 35 años cuando visitó la Argentina) ungido por la alegría y un gran encanto seductor que, no obstante, necesitó creer mucho en sí mismo para llegar a ser lo que fue y sobrellevar el índice acusador sobre su homosexualidad.
El otro amor de Federico es una novela entrañable, que descubre una etapa poco conocida del poeta y es, a la vez, un homenaje a la gran ciudad porteña y a un momento cultural único e irrepetible de la historia argentina.
Random House Mondadori
Humberto Iº 555
C1103ACK Buenos Aires
Argentina
Entrevista con la autora
jueves, 16 de julio de 2009
Argentinos y la "Ley de Nietos"
Ser español no seduce en Argentina
De: Soledad Gallego-Díaz
En: El País
Fecha: 16.7.09
Primero se dijo que serían entre 400.000 y 600.000 argentinos los que tendrían derecho a solicitar la nacionalidad española, gracias a la disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica, que permite que los nietos de españoles opten también al pasaporte de sus abuelos. Luego se leyó mejor el texto legal y se calculó que las peticiones rondarían realmente las 100.000. Han pasado seis meses desde la entrada en vigor de la ley, en diciembre de 2008, y la realidad es que el consulado español en Buenos Aires no ha recibido ni tan siquiera 10.000 solicitudes. "Ha sido una auténtica sorpresa", reconoce José Antonio Nespral, presidente del Centro Asturiano en la capital argentina.
Todo el dispositivo montado por el servicio consular, con citas previas vía Internet para evitar aglomeraciones y supuestas avalanchas de argentinos ansiosos de lograr un pasaporte español, se ha demostrado superfluo. Las colas de los primeros días han ido desapareciendo y las expectativas, reduciéndose.
¿Qué ha sucedido para que menos de 10.000 de los centenares de miles de nietos de españoles que viven en Argentina hayan iniciado realmente los trámites de solicitud?
Se trata, probablemente, de un conjunto de circunstancias: las restricciones objetivas que impone la ley, las dificultades para conseguir la documentación necesaria, y también que España, sumida en una fuerte crisis económica, ha dejado de ser un destino deseado. "Hay dificultades técnicas considerables", asegura José Antonio Nespral. "Primero, porque no es fácil conseguir las partidas de nacimiento de los abuelos, en España, documentos a veces casi ilegibles".
Por otro lado, la Ley de Memoria Histórica esta pensada para los descendientes de quienes emigraron entre 1936 y 1955, el exilio provocado por la Guerra Civil. Muchas de esas personas no inscribieron a sus hijos en el registro español (se sentían ajenos a cualquier cosa que representara al franquismo), sobre todo los que no se quedaron en las grandes ciudades sino que emigraron hacia el interior del país y, muy especialmente, al mundo rural.
En teoría, los nietos de esos españoles, llegados en ese periodo, podrían acogerse a la nueva ley (con un espacio de vigencia de dos años) y solicitar el pasaporte de sus abuelos. Pero una vez más surgen los problemas burocráticos: según el Código Civil, no se puede producir un salto generacional, ni la ruptura de la cadena, lo que quiere decir que, antes de inscribir a los nietos como españoles, habría que inscribir a sus padres. Y en algunos casos, los padres están muertos.
¿Pueden los nietos inscribir a sus padres ya fallecidos? No parece que los consulados se encuentren cómodos con esa posibilidad, comenta el director del Centro Galicia, José María Vila Alen. Y si están vivos y pueden inscribirse, la ley dice que sólo transmiten el derecho a la nacionalidad a sus hijos menores de edad.
Ni "abriendo la mano"
"No existe un censo real que permita saber cuántos argentinos tienen un abuelo o abuela nacido en España, pero indudablemente se cuentan en centenares de miles, si se tienen en consideración las diferentes oleadas de emigración española a Argentina", explica el director del Centro Galicia, José María Vila Alen. En el consulado que atiende el Gran Buenos Aires están legalmente inscritos 240.000 españoles, lo que suponen casi el 80% de la población española en Argentina en la actualidad.
El consulado afirma que no está autorizado a facilitar el número exacto de expedientes que se están tramitando como consecuencia de la Ley de Memoria, pero admite que, al menos en Argentina, son "muchísimos menos de los esperados". Y eso aunque aseguran que están aceptando cierto margen, "abriendo la mano", a la hora de interpretar las restricciones legislativas.
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