Visto en: Público.es
117.242 nuevos nacionalizados por la Memoria Histórica
ELENA HERRERA MADRID 07/10/2010 01:00 Actualizado: 07/10/2010 02:19
Más de 225.000 hijos o nietos de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo solicitaron la nacionalidad española entre diciembre de 2008 y mayo de 2009.
Con estos datos, el Gobierno contestó ayer a una pregunta registrada en el Congreso por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en mayo del año pasado.
La Ley de Memoria Histórica, en su disposición adicional séptima, que entró en vigor en diciembre de 2008, establece el derecho a la adquisición de la nacionalidad española a los hijos o nietos de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella "como consecuencia del exilio".
Según informó ayer IU, con base en los datos ofrecidos ayer por el Gobierno, hasta mayo de 2009 se habían aprobado 117.242 de las 225.349 solicitudes presentadas.
Hasta esa fecha, son 112.286 las personas que se habían inscrito como nuevos ciudadanos españoles.
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jueves, 7 de octubre de 2010
sábado, 23 de enero de 2010
La "Ley de Nietos"
Hace tiempo que no se oía nada de la llamada "ley de nietos," probablemente por la crisis y otras razones. Sin embargo, el artículo de abajo afirma que ha habido más de 150,000 solicitudes hasta la fecha, la que se amplía hasta el 27 de diciembre de 2011.
De: ADN.es (via EFE):
Ampliado un año plazo para que hijos de represaliados opten a la nacionalidad
El Consejo de Ministros ha acordado hoy ampliar de dos a tres años el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española, recogido en la Ley de Memoria Histórica, que establece medidas a favor de quienes fueron perseguidos durante la Guerra civil y la dictadura.El derecho a optar a la nacionalidad está reconocido a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
Hasta el momento, las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 161.463 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen durante el primer año de vigencia de la ley.
De éstas, 154.327 solicitudes -el 95,5 por ciento- se han recibido en oficinas del Registro Civil Consular de las Embajadas y Consulados Generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami.
La ampliación del plazo previsto en la ley se produce después de comprobar que el elevado número de solicitudes presentadas en Iberoamérica va a desbordar la capacidad de las oficinas consulares y podría hacer imposible atender todas las que se presenten en los dos años inicialmente previstos para la vigencia de la norma.
El Gobierno considera que la prórroga de un año permitirá atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha.
Con la ampliación del plazo, éste finalizará el 27 de diciembre de 2011.
domingo, 22 de noviembre de 2009
Resumen de la Ley de Memoria en El Periódico
De: El Periódico.com (22.11.09) - se recomienda ver el sitio original del artículo, para ver el archivo en PDF de las estadísticas mencionadas abajo
El Gobierno nacionaliza a 55.000 parientes de exiliados en un año
• La exhumación de fosas, la nulidad de juicios y la retirada de símbolos lastran la ley
ALBERT OLLÉS
MADRID
La ley de la memoria histórica, en vigor desde diciembre del 2007, transita con dificultad entre las dos Españas pero bate récords en el extranjero. En solo un año, el Gobierno ha recibido 117.449 solicitudes de nacionalización de hijos y nietos de exiliados, de los que ha aprobado 54.858. Es el mayor logro de una norma que avanza entre luces y sombras.
LAS INDEMNIZACIONES
Más subsidios, pese a las reglas restrictivas
El Gobierno justifica el éxito de las nacionalizaciones (que incluyen a 15 voluntarios de las brigadas internacionales) en la amplia difusión que se dio a la iniciativa en los países donde residen los beneficiarios. En España, el progresivo conocimiento de la ley ha repercutido también en un incremento de las consultas y las solicitudes de reparación económica y personal. La entrada en funcionamiento el pasado abril de la oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura ha multiplicado las reclamaciones informativas.
Lo mismo ha sucedido con las demandas de pensiones y subsidios de familiares de fallecidos en la guerra civil, y de presos y víctimas de la dictadura entre 1968 y 1977. El Ejecutivo destaca la mejora de las prestaciones de la ley de 1979, pero los demandantes se han encontrado con otro obstáculo, el de un desarrollo reglamentario excesivamente restrictivo. Los dos casos más patentes son la exigencia de la dependencia económica de la víctima en el momento de los hechos para conceder indemnizaciones a los padres, nietos o hermanos; y el que excluye a los miembros de grupos armados.
El primer caso está en vías de solución y el año que viene se eliminará con carácter retroactivo el requisito de la dependencia, abriendo un plazo de un año para presentar solicitudes. El segundo tema está bloqueado, como denunció el pasado jueves el PNV en una moción rechazada por el PSOE y el PP. Familiares de etarras fallecidos en la dictadura y los del anarquista catalán Salvador Puig Antich, siguen esperando.
LA JUSTICIA
ICV y ERC piden una fiscalía especializada
En la parte del vaso medio vacío, la oposición pasiva y activa de los herederos del bando vencedor de la guerra civil está lastrando el desarrollo de tres aspectos conceptuales claves de la ley. Aunque estaba previsto inicialmente, el Gobierno dio marcha atrás en el último momento, presionado por el propio poder judicial, y sacó de la norma la nulidad de los juicios franquistas. El texto final solo tipifica la entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución y violencia durante el conflicto y la posterior dictadura.
Ya se han aprobado 210, entre ellas la que se entregó de forma especialmente simbólica, el pasado octubre en México, a la nieta de Lluís Companys. Este caso, precisamente, ejemplifica la raíz del problema. Tanto la nieta como el Gobierno catalán insisten en reclamar la anulación del juicio que sentenció, por motivaciones políticas y sin garantías procesales, al entonces president de la Generalitat a morir fusilado. El Ejecutivo español respeta y comparte la demanda, pero asegura que ha llegado hasta donde la ley le permitía, y que todo queda ahora en manos ahora de la fiscalía y, en última instancia, del Tribunal Supremo. Es decir, la última palabra sigue, como hace dos años, en el tejado del poder judicial.
Para luchar contra esta situación, ICV ha solicitado en diferentes ocasiones, la última en una moción presentada conjuntamente con ERC e IU en el Congreso, la creación de una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a los damnificados. El diputado ecosocialista Joan Herrera ha solicitado, incluso, el nombramiento de un Alto Comisionado del Gobierno que vele por el cumplimiento de la ley ante los obstáculos que se está encontrando.
LA SIMBOLOGÍA
El «valor artístico» de homenajear a Franco
La retirada de símbolos franquistas sí está incluida en la ley, pero avanza a cuentagotas. El Ejecutivo ha elaborado un catálogo de vestigios localizados en edificios públicos del Estado y ha creado una comisión técnica de expertos encargada de valorar y establecer cada caso, ya que la norma otorga al Ministerio de Cultura la potestad de decidir la retirada o no de los diferentes elementos.
El ministerio analiza más de 400 símbolos, de los que cerca de 300 pertenecen a Defensa. A la espera de conocer la lista de objetos sentenciados, ya ha trascendido que algunos han logrado esquivar la ley en virtud de su «valor artístico», como la gran placa de mármol que corona la fachada de la sede del Ejército del Aire, en Madrid, con una inscripción de inequívoco homenaje al dictador: «Francisco Franco, caudillo de España». Su inclusión en el catálogo artístico municipal la ha salvado de la quema.
En el Alcázar de Toledo se ha buscado una solución intermedia y se reconvertirá en museo del Ejército, restringiendo la visita de las criptas de los militares sepultados a sus familiares, y eliminando la falsa recreación del despacho del general Moscardó. Mucho más complicada está siendo la retirada de símbolos dependientes de instituciones y propietarios privados, por lo que ICV, ERC y el PNV han reclamado, sin éxito, que se les presione retirándoles las subvenciones públicas que reciben. El futuro del Valle de los Caídos sigue sin resolverse y sólo se ha avanzado en el compromiso del Gobierno de elaborar en seis meses un censo de las personas allí enterradas.
LAS EXHUMACIONES
Garzón, Lorca y un mapa sin consenso
El acuerdo sobre el Valle de los Caídos incluye, a propuesta de IU e ICV, que el Ejecutivo facilite recursos para las correspondientes exhumaciones y el traslado de los restos a las localidades de origen de las víctimas. Unas ayudas económicas que la ley no contempla para el resto de fosas diseminadas por el país, a diferencia de la norma aprobada al respecto en Catalunya, y pionera en España. De hecho, este apartado es el menos desarrollado hasta ahora de la ley y ni siquiera se ha conseguido elaborar el preceptivo mapa de fosas estatal, primer paso para establecer un protocolo uniforme de exhumaciones. También resta pendiente la creación de un censo que recuerde las obras realizadas por los batallones de prisioneros de guerra.
El Gobierno asegura haber intensificado los contactos con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsables también de la elaboración del mapa. Pero conseguir una solución de consenso en un tema aún tan sensible es casi imposible, tal y como evidenció la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de liderar una causa general contra el franquismo que incluía la orden de abrir las fosas de la guerra civil. Una iniciativa que resultó más mediática que efectiva y acabó con el propio juez ante los tribunales. La simbólica apertura de la fosa donde se cree que está enterrado Federico García Lorca, se ha convertido también en un drama, ante las trabas de la Audiencia Nacional y de la propia familia del poeta.
Por ello, los grupos políticos que reclaman al Ejecutivo un nuevo impulso a la ley, le instan a que lidere la creación del mapa, además de aumentar las ayudas para exhumaciones a las numerosas asociaciones de la memoria histórica.
El Gobierno nacionaliza a 55.000 parientes de exiliados en un año
• La exhumación de fosas, la nulidad de juicios y la retirada de símbolos lastran la ley
ALBERT OLLÉS
MADRID
La ley de la memoria histórica, en vigor desde diciembre del 2007, transita con dificultad entre las dos Españas pero bate récords en el extranjero. En solo un año, el Gobierno ha recibido 117.449 solicitudes de nacionalización de hijos y nietos de exiliados, de los que ha aprobado 54.858. Es el mayor logro de una norma que avanza entre luces y sombras.
LAS INDEMNIZACIONES
Más subsidios, pese a las reglas restrictivas
El Gobierno justifica el éxito de las nacionalizaciones (que incluyen a 15 voluntarios de las brigadas internacionales) en la amplia difusión que se dio a la iniciativa en los países donde residen los beneficiarios. En España, el progresivo conocimiento de la ley ha repercutido también en un incremento de las consultas y las solicitudes de reparación económica y personal. La entrada en funcionamiento el pasado abril de la oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura ha multiplicado las reclamaciones informativas.
Lo mismo ha sucedido con las demandas de pensiones y subsidios de familiares de fallecidos en la guerra civil, y de presos y víctimas de la dictadura entre 1968 y 1977. El Ejecutivo destaca la mejora de las prestaciones de la ley de 1979, pero los demandantes se han encontrado con otro obstáculo, el de un desarrollo reglamentario excesivamente restrictivo. Los dos casos más patentes son la exigencia de la dependencia económica de la víctima en el momento de los hechos para conceder indemnizaciones a los padres, nietos o hermanos; y el que excluye a los miembros de grupos armados.
El primer caso está en vías de solución y el año que viene se eliminará con carácter retroactivo el requisito de la dependencia, abriendo un plazo de un año para presentar solicitudes. El segundo tema está bloqueado, como denunció el pasado jueves el PNV en una moción rechazada por el PSOE y el PP. Familiares de etarras fallecidos en la dictadura y los del anarquista catalán Salvador Puig Antich, siguen esperando.
LA JUSTICIA
ICV y ERC piden una fiscalía especializada
En la parte del vaso medio vacío, la oposición pasiva y activa de los herederos del bando vencedor de la guerra civil está lastrando el desarrollo de tres aspectos conceptuales claves de la ley. Aunque estaba previsto inicialmente, el Gobierno dio marcha atrás en el último momento, presionado por el propio poder judicial, y sacó de la norma la nulidad de los juicios franquistas. El texto final solo tipifica la entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución y violencia durante el conflicto y la posterior dictadura.
Ya se han aprobado 210, entre ellas la que se entregó de forma especialmente simbólica, el pasado octubre en México, a la nieta de Lluís Companys. Este caso, precisamente, ejemplifica la raíz del problema. Tanto la nieta como el Gobierno catalán insisten en reclamar la anulación del juicio que sentenció, por motivaciones políticas y sin garantías procesales, al entonces president de la Generalitat a morir fusilado. El Ejecutivo español respeta y comparte la demanda, pero asegura que ha llegado hasta donde la ley le permitía, y que todo queda ahora en manos ahora de la fiscalía y, en última instancia, del Tribunal Supremo. Es decir, la última palabra sigue, como hace dos años, en el tejado del poder judicial.
Para luchar contra esta situación, ICV ha solicitado en diferentes ocasiones, la última en una moción presentada conjuntamente con ERC e IU en el Congreso, la creación de una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a los damnificados. El diputado ecosocialista Joan Herrera ha solicitado, incluso, el nombramiento de un Alto Comisionado del Gobierno que vele por el cumplimiento de la ley ante los obstáculos que se está encontrando.
LA SIMBOLOGÍA
El «valor artístico» de homenajear a Franco
La retirada de símbolos franquistas sí está incluida en la ley, pero avanza a cuentagotas. El Ejecutivo ha elaborado un catálogo de vestigios localizados en edificios públicos del Estado y ha creado una comisión técnica de expertos encargada de valorar y establecer cada caso, ya que la norma otorga al Ministerio de Cultura la potestad de decidir la retirada o no de los diferentes elementos.
El ministerio analiza más de 400 símbolos, de los que cerca de 300 pertenecen a Defensa. A la espera de conocer la lista de objetos sentenciados, ya ha trascendido que algunos han logrado esquivar la ley en virtud de su «valor artístico», como la gran placa de mármol que corona la fachada de la sede del Ejército del Aire, en Madrid, con una inscripción de inequívoco homenaje al dictador: «Francisco Franco, caudillo de España». Su inclusión en el catálogo artístico municipal la ha salvado de la quema.
En el Alcázar de Toledo se ha buscado una solución intermedia y se reconvertirá en museo del Ejército, restringiendo la visita de las criptas de los militares sepultados a sus familiares, y eliminando la falsa recreación del despacho del general Moscardó. Mucho más complicada está siendo la retirada de símbolos dependientes de instituciones y propietarios privados, por lo que ICV, ERC y el PNV han reclamado, sin éxito, que se les presione retirándoles las subvenciones públicas que reciben. El futuro del Valle de los Caídos sigue sin resolverse y sólo se ha avanzado en el compromiso del Gobierno de elaborar en seis meses un censo de las personas allí enterradas.
LAS EXHUMACIONES
Garzón, Lorca y un mapa sin consenso
El acuerdo sobre el Valle de los Caídos incluye, a propuesta de IU e ICV, que el Ejecutivo facilite recursos para las correspondientes exhumaciones y el traslado de los restos a las localidades de origen de las víctimas. Unas ayudas económicas que la ley no contempla para el resto de fosas diseminadas por el país, a diferencia de la norma aprobada al respecto en Catalunya, y pionera en España. De hecho, este apartado es el menos desarrollado hasta ahora de la ley y ni siquiera se ha conseguido elaborar el preceptivo mapa de fosas estatal, primer paso para establecer un protocolo uniforme de exhumaciones. También resta pendiente la creación de un censo que recuerde las obras realizadas por los batallones de prisioneros de guerra.
El Gobierno asegura haber intensificado los contactos con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsables también de la elaboración del mapa. Pero conseguir una solución de consenso en un tema aún tan sensible es casi imposible, tal y como evidenció la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de liderar una causa general contra el franquismo que incluía la orden de abrir las fosas de la guerra civil. Una iniciativa que resultó más mediática que efectiva y acabó con el propio juez ante los tribunales. La simbólica apertura de la fosa donde se cree que está enterrado Federico García Lorca, se ha convertido también en un drama, ante las trabas de la Audiencia Nacional y de la propia familia del poeta.
Por ello, los grupos políticos que reclaman al Ejecutivo un nuevo impulso a la ley, le instan a que lidere la creación del mapa, además de aumentar las ayudas para exhumaciones a las numerosas asociaciones de la memoria histórica.
lunes, 16 de noviembre de 2009
La lentitud para abrir las fosas
De: Público
Las fosas se abren con cuentagotas
Un año después de que el juez Baltasar Garzón remitiera a los juzgados territoriales la investigación sobre los crímenes del franquismo
SONIA LÓPEZ (EFE) - Madrid - 15/11/2009 19:32
Un año después de que el juez Baltasar Garzón remitiera a los juzgados territoriales la investigación sobre los crímenes del franquismo, los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura se debaten entre la decepción y el escepticismo ante la falta de respuesta de los tribunales.
El 18 de noviembre de 2008 el magistrado se inhibió y trasladó las denuncias de los familiares de las víctimas a Juzgados de Instrucción de toda España, que por lo general han archivado o ignorado el asunto.
Pasado un año, es Garzón quien está siendo investigado en el Tribunal Supremo por posible prevaricación por declararse competente para esta causa, mientras que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en los que se han abierto fosas por orden judicial.
Pese a ello, los familiares de las víctimas no desisten y las asociaciones de memoria histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios.
Ya no es la batalla de los hijos. Ahora son los "nietos del franquismo", que no vivieron la guerra y apenas tienen recuerdos de la Transición, quienes ven cómo la Justicia les da la espalda.
"Nosotros hemos nacido de espaldas", dice el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, que añade que "ni la Política ni la Justicia han asumido su responsabilidad en este tema".
Vía administrativa
El "desamparo" judicial ha provocado que las familias de las víctimas hayan recurrido a la vía administrativa, que ha sido -por ejemplo- la que ha dado el visto bueno al inicio de las excavaiones en las fosas de Alfacar en Granada donde podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca.
Incluso en este caso el proceso judicial está paralizado, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la competencia es de un Juzgado granadino o de Garzón, y ha sido la Consejería andaluza de Justicia la que ha autorizado la excavación.
La recuperación de sus restos no servirá para aliviar la angustia de los familiares de otros muchos desaparecidos -143.353, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquimo-, que no cuentan con apoyo suficiente para poder enterrar dignamente a sus muertos.
"Duele la cantidad de medios que se están poniendo en la fosa de Lorca, cuando a sólo unos pasos hay otra fosa en la que no se hace nada", dice Silva.
Justicia ciega
Al igual que en Granada, en Málaga la vía administrativa ha permitido la exhumación de los restos de 2.840 personas con autorizción del Ayuntamiento y sin intervención judicial.
Pero de los más de 60 Juzgados en cuyas manos depositó Garzón la investigación, la mayoría no han respondido todavía y si lo han hecho ha sido para dar "carpetazo" y archivar la causa.
En Galicia, desde 2003, se han abierto 11 fosas, ninguna con intervención judicial; en Asturias, la Fiscalía ha pedido a un juez de Laviana el archivo de la denuncia de la asociación "Todos los hombres de Asturias" pidiendo otras exhumaciones.
En Castilla y León se calcula que se han excavado 18 fosas, de las que sólo dos han contado con la autorización judicial.
A Emilio Silva sólo le consta un caso en el que las exhumaciones se hayan llevado a cabo por iniciativa judicial y es el de las dos fosas comunes de Santa María de Tera en Zamora.
La juez de Benavente Tania María Chico fue la primera en atender el requerimiento de Garzón y autorizar la apertura de las fosas, en las que se descubrieron los restos de siete personas.
"Las contestaciones de los Juzgados son de lo más variopintas", explica a Efe el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, que dice que los jueces "se inhiben, archivan, lo declaran prescrito; nos están dando la espalda y no quieren saber nada del tema", asegura.
Reparación política
El Gobierno defiende los avances que ha supuesto la Ley de Memoria Histórica desde su aprobación el 10 de diciembre de 2007.
Gracias a ella se ha puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido 9.290 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009, según los datos facilitados a Efe por el Ministerio de Justicia.
El Ejecutivo ha recibido también 831 solicitudes de declaración de reparación y reconocimiento personal.
De las que se han resuelto, sólo han sido rechazadas 17, mientras que se han concedido 237, entre ellas la del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, fusilado en 1940 por el régimen franquista.
Además, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y la semana pasada se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.
Prevaricación de las víctimas
De la intervención judicial "precaria y prácticamente nula" también se queja Emilio Silva: "Casi nadie se ha puesto a trabajar, la apertura de la causa contra Garzón en el Supremo ha asustado a más de un juez".
Ese ha sido el "efecto perverso, buscado o no", al que Silva contrapone la imagen de "esa gente de ochenta y pico años, su angustia porque se les va la vida y no han podido enterrar a su padre y su madre".
Su propio abuelo fue asesinado por las tropas falangistas la madrugada del 16 de octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, y fue también la primera víctima desaparecida en la Guerra Civil identificada mediante el análisis del ADN.
Ahora él, como otros muchos familiares, ha visto como "el único juez que ha hecho algo colectivo por las víctimas" ha sido encausado por ello.
"Se está tratando a las víctimas como culpables. Es lo mismo que decir que los familiares de los desaparecidos estamos prevaricado", afirma.
Pedreño, por su parte, no deja de sorprenderse de que la Justicia española archive las denuncias sobre los crímenes franquistas mientras admite a trámite otras como la de los monjes budistas contra el Gobierno chino por crímenes de lesa humanidad en la década de los 50.
Frente a las voces de las víctimas, que hoy se tienen que "autoconstruir su reparación", otros piden pasar página.
La respuesta la dio Amnistía Internacional en el manifiesto, suscrito por medio centenar de juristas, que remitió al Gobierno tras la inhibición de Garzón: "para pasar página, primero hay que leerla".
Las fosas se abren con cuentagotas
Un año después de que el juez Baltasar Garzón remitiera a los juzgados territoriales la investigación sobre los crímenes del franquismo
SONIA LÓPEZ (EFE) - Madrid - 15/11/2009 19:32
Un año después de que el juez Baltasar Garzón remitiera a los juzgados territoriales la investigación sobre los crímenes del franquismo, los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura se debaten entre la decepción y el escepticismo ante la falta de respuesta de los tribunales.
El 18 de noviembre de 2008 el magistrado se inhibió y trasladó las denuncias de los familiares de las víctimas a Juzgados de Instrucción de toda España, que por lo general han archivado o ignorado el asunto.
Pasado un año, es Garzón quien está siendo investigado en el Tribunal Supremo por posible prevaricación por declararse competente para esta causa, mientras que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en los que se han abierto fosas por orden judicial.
Pese a ello, los familiares de las víctimas no desisten y las asociaciones de memoria histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios.
Ya no es la batalla de los hijos. Ahora son los "nietos del franquismo", que no vivieron la guerra y apenas tienen recuerdos de la Transición, quienes ven cómo la Justicia les da la espalda.
"Nosotros hemos nacido de espaldas", dice el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, que añade que "ni la Política ni la Justicia han asumido su responsabilidad en este tema".
Vía administrativa
El "desamparo" judicial ha provocado que las familias de las víctimas hayan recurrido a la vía administrativa, que ha sido -por ejemplo- la que ha dado el visto bueno al inicio de las excavaiones en las fosas de Alfacar en Granada donde podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca.
Incluso en este caso el proceso judicial está paralizado, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la competencia es de un Juzgado granadino o de Garzón, y ha sido la Consejería andaluza de Justicia la que ha autorizado la excavación.
La recuperación de sus restos no servirá para aliviar la angustia de los familiares de otros muchos desaparecidos -143.353, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquimo-, que no cuentan con apoyo suficiente para poder enterrar dignamente a sus muertos.
"Duele la cantidad de medios que se están poniendo en la fosa de Lorca, cuando a sólo unos pasos hay otra fosa en la que no se hace nada", dice Silva.
Justicia ciega
Al igual que en Granada, en Málaga la vía administrativa ha permitido la exhumación de los restos de 2.840 personas con autorizción del Ayuntamiento y sin intervención judicial.
Pero de los más de 60 Juzgados en cuyas manos depositó Garzón la investigación, la mayoría no han respondido todavía y si lo han hecho ha sido para dar "carpetazo" y archivar la causa.
En Galicia, desde 2003, se han abierto 11 fosas, ninguna con intervención judicial; en Asturias, la Fiscalía ha pedido a un juez de Laviana el archivo de la denuncia de la asociación "Todos los hombres de Asturias" pidiendo otras exhumaciones.
En Castilla y León se calcula que se han excavado 18 fosas, de las que sólo dos han contado con la autorización judicial.
A Emilio Silva sólo le consta un caso en el que las exhumaciones se hayan llevado a cabo por iniciativa judicial y es el de las dos fosas comunes de Santa María de Tera en Zamora.
La juez de Benavente Tania María Chico fue la primera en atender el requerimiento de Garzón y autorizar la apertura de las fosas, en las que se descubrieron los restos de siete personas.
"Las contestaciones de los Juzgados son de lo más variopintas", explica a Efe el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, que dice que los jueces "se inhiben, archivan, lo declaran prescrito; nos están dando la espalda y no quieren saber nada del tema", asegura.
Reparación política
El Gobierno defiende los avances que ha supuesto la Ley de Memoria Histórica desde su aprobación el 10 de diciembre de 2007.
Gracias a ella se ha puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido 9.290 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009, según los datos facilitados a Efe por el Ministerio de Justicia.
El Ejecutivo ha recibido también 831 solicitudes de declaración de reparación y reconocimiento personal.
De las que se han resuelto, sólo han sido rechazadas 17, mientras que se han concedido 237, entre ellas la del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, fusilado en 1940 por el régimen franquista.
Además, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y la semana pasada se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.
Prevaricación de las víctimas
De la intervención judicial "precaria y prácticamente nula" también se queja Emilio Silva: "Casi nadie se ha puesto a trabajar, la apertura de la causa contra Garzón en el Supremo ha asustado a más de un juez".
Ese ha sido el "efecto perverso, buscado o no", al que Silva contrapone la imagen de "esa gente de ochenta y pico años, su angustia porque se les va la vida y no han podido enterrar a su padre y su madre".
Su propio abuelo fue asesinado por las tropas falangistas la madrugada del 16 de octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, y fue también la primera víctima desaparecida en la Guerra Civil identificada mediante el análisis del ADN.
Ahora él, como otros muchos familiares, ha visto como "el único juez que ha hecho algo colectivo por las víctimas" ha sido encausado por ello.
"Se está tratando a las víctimas como culpables. Es lo mismo que decir que los familiares de los desaparecidos estamos prevaricado", afirma.
Pedreño, por su parte, no deja de sorprenderse de que la Justicia española archive las denuncias sobre los crímenes franquistas mientras admite a trámite otras como la de los monjes budistas contra el Gobierno chino por crímenes de lesa humanidad en la década de los 50.
Frente a las voces de las víctimas, que hoy se tienen que "autoconstruir su reparación", otros piden pasar página.
La respuesta la dio Amnistía Internacional en el manifiesto, suscrito por medio centenar de juristas, que remitió al Gobierno tras la inhibición de Garzón: "para pasar página, primero hay que leerla".
domingo, 9 de agosto de 2009
Cuba y la "ley de nietos"
De: El País
La 'ley de nietos' registra ya 24.000 peticiones en Cuba
150.000 cubanos pueden acceder a la nacionalidad española en dos años y a un pasaporte que les permita viajar
MAURICIO VICENT - La Habana - 10/08/2009
A diferencia de países como Argentina, donde al entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica se anunció una avalancha de solicitudes para acceder a la nacionalidad que seis meses después no se ha cumplido, en Cuba la llamada ley de nietos sigue arrasando. Desde el 29 de diciembre hasta el pasado 15 de julio, el Consulado español en La Habana ha recibido 24.435 expedientes de cubanos con un abuelo español y derecho a la ciudadanía. Alrededor de 8.000 casos ya han sido aprobados.
Cuba, con 11 millones de habitantes, bate récords por razones obvias. Disponer de un pasaporte español en la isla representa la posibilidad de viajar, y viajar, la posibilidad de progresar o de empezar una nueva vida. Desde marzo, el consulado tiene previstos 325 turnos diarios para los solicitantes, que se elevarán a 425 a partir de octubre.
Hasta la fecha, las citas concertadas por cubanos para entregar la documentación se elevan a más de 165.000.
En un principio se estimó que con la entrada en vigor la Ley de Memoria Histórica unos 250.000 cubanos podrían optar a la nacionalidad española o recuperarla, contando con la prórroga de un año de la ley.
Los hechos parecen demostrar que esta cifra será inferior, pero muy por encima de la de Argentina. En el país sudamericano, con una población de 40 millones de habitantes, se calculaba que entre 400.000 y 600.000 personas podrían reclamar la nacionalidad. Solamente 10.000 lo han hecho en seis meses y medio.
En La Habana, la tasa de incomparecencias a las citas es del 30 %, a lo que hay que sumar los expedientes aparcados por falta de algún documento sustancial. "En total, esto reduce un 50% el número de expedientes que entran en el sistema diariamente; de seguir así, en los dos años de plazo establecido podrían tramitarse unos 100.000 casos", asegura una fuente consular.
Con la prórroga de un año que contempla la ley podrían tramitarse otros 50.000 expedientes, lo que arrojaría un total de 150.000 nuevos españoles. Todo dependerá de la rapidez con que los registros cubanos entreguen a los solicitantes los documentos requeridos.
El ritmo hasta ahora es muy lento, sobre todo en las oficinas de Inmigración, que han de aportar un documento básico: la certificación que hace constar que la persona siempre estuvo inscrita en los registros como española, o la que demuestra que el abuelo del solicitante nunca se hizo cubano, acompañada de otras pruebas. Dicho documento es imprescindible y el promedio de tiempo para obtenerlo puede superar los cinco meses.
No es un secreto que las autoridades cubanas ven con recelo la llamada ley de nietos. De hecho, no hay militantes comunistas entre los candidatos a adquirir la ciudadanía española. El Gobierno de La Habana, además, hizo saber a España su malestar porque la demanda de documentos ha sobrecargado los registros cubanos.
El problema se agravó en abril, y para solucionarlo ese mes viajó a la isla Javier Elorza, secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios. Finalmente, las autoridades españolas aceptaron ser flexibles con los documentos a exigir -por ejemplo, se acepta el certificado de nacimiento en extracto y sólo se pide el certificado de soltería en casos excepcionales- y condescendientes con los plazos.
Como en otros países latinoamericanos, en Cuba sólo el 2% de los reclamantes son nietos de exiliados políticos. La inmensa mayoría son personas que se benefician de la posibilidad que ofrece la nueva ley a nietos de emigrantes que no perdieron la nacionalidad antes de nacer sus hijos fuera de España.
A diferencia de Argentina, en el caso cubano, dada la situación económica y política y las considerables dificultades que la gente encuentra para viajar, todo parece indicar que la Ley de Memoria Histórica será apurada al máximo.
domingo, 26 de julio de 2009
Cuba y la "Ley de Nietos"
Del blog Cuba Verdad (artículo original publicado en El País Uruguay):Miles aprovechan "ley de nietos" para salir de Cuba
La Habana. El consulado español recibió 24.435 solicitudes
LA HABANA | EL PAÍS DE MADRID
A diferencia de Argentina, adonde al entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica se anunció una avalancha de solicitudes para acceder a la nacionalidad que seis meses después no se cumplió, en Cuba la llamada ley de nietos sigue arrasando.
Desde el 29 de diciembre hasta el pasado 15 de julio, el Consulado español en La Habana recibió 24.435 expedientes de cubanos con un abuelo español y derecho a la ciudadanía. Alrededor de 8.000 casos ya fueron aprobados. Cuba, con 11 millones de habitantes, bate récords por razones obvias. Disponer de un pasaporte español en la isla representa la posibilidad de viajar, y viajar la posibilidad de empezar una nueva vida.
Desde marzo, el consulado tiene previstos 325 turnos diarios para los solicitantes, que se elevarán a 425 a partir de octubre. Hasta la fecha, las citas concertadas por cubanos para entregar la documentación se elevan a más de 165.000. En un principio se estimó que con la entrada en vigor de la ley unos 250.000 cubanos podrían optar a la nacionalidad española o recuperarla, contando con la prórroga de un año de la ley. Los hechos parecen demostrar que esta cifra será inferior, pero muy por encima de la de Argentina. En este país, con una población de 40 millones de habitantes, se calculaba que entre 400.000 y 600.000 personas podrían reclamar la nacionalidad. Sólo 10.000 lo hicieron en seis meses y medio. En La Habana, la tasa de incomparecencias a las citas es del 30%, a lo que hay que sumar los expedientes aparcados por falta de algún documento sustancial. "En total, esto reduce un 50% el número de expedientes que entran en el sistema diariamente; de seguir así, en los dos años de plazo establecido podrían tramitarse unos 100.000 casos", asegura una fuente consular.
Con la prórroga de un año que contempla la ley podrían tramitarse otros 50.000 expedientes, lo que arrojaría un total de 150.000 nuevos españoles. Todo dependerá de la rapidez con que los registros cubanos entreguen a los solicitantes los documentos requeridos. El ritmo hasta ahora es muy lento, sobre todo en las oficinas de Inmigración, que aportan un documento básico: la certificación que hace constar que la persona siempre estuvo inscrita en los registros como española, o la que demuestra que el abuelo del solicitante nunca se hizo cubano, entre otras pruebas.
Dicho documento es imprescindible y el promedio de tiempo para obtenerlo puede superar los cinco meses. No es un secreto que las autoridades cubanas ven con recelo la llamada ley de nietos. De hecho, no hay militantes comunistas entre los candidatos a adquirir la ciudadanía. El gobierno de La Habana además hizo saber a España su malestar porque la demanda de documentos sobrecargó los registros cubanos.
El problema se agravó en abril, y para solucionarlo viajó a la isla Javier Elorza, secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios de España. Finalmente las autoridades aceptaron ser flexibles con los documentos a exigir -por ejemplo, se acepta el certificado de nacimiento en extracto y sólo se pide el certificado de soltería en casos excepcionales- y condescendientes con los plazos.
Como en otros países latinoamericanos, en Cuba sólo el 2% de los reclamantes son nietos de exiliados políticos. La mayoría son personas que se benefician de la posibilidad que ofrece la nueva ley a nietos de emigrantes que no perdieron la nacionalidad antes de nacer sus hijos fuera de España. En Cuba, la situación económica y política y las considerables dificultades que la gente encuentra para viajar, convierten a la ley en una única esperanza.
Datos en Uruguay
Entre 150.000 y 200.000 uruguayos podrán acceder la nacionalidad española gracias a la ley de nietos, según informaron a El País fuentes del Consulado. Sólo la tercera parte son exiliados o descendientes de víctimas de la Guerra Civil o el franquismo. Las fuentes no precisaron cuántas personas ya obtuvieron la nacionalidad.
martes, 21 de julio de 2009
"Paisito": encuentros entre Uruguay y España
El blog de cine español ha informado hoy sobre "Paisito," una película coproducción Uruguay-España-Argentina sobre dos niños -- la una, uruguaya, y el otro, español -- de 12 años que, 20 años más tarde, vuelven a encontrarse en España. Por desgracia, en palabras del autor del blog: "Se estrenará con pocas copias y nula publicidad por lo que todos sabemos que su paso por los cines será meramente un cero a la izquierda. Siento ser tan duro pero es la verdad." Es una lástima ver que la película no parece tener un sitio oficial, sólo en la web de la producción Latido Films. Creo que muchas películas podrían alcanzar un público más amplio si sólo tuvieran una web dinámica, algo que no cuesta demasiado para montar estos días.Por supuesto, aún no he visto la película, pero en contraste con otras estrenadas recientemente en España, esta ya ha salido en Estados Unidos. De hecho, hace pocos meses se estrenó en el 34º festival de cine internacional en Cleveland, Ohio, región de donde soy originaria. No sé qué tal conocido es este festival, pero es interesante que ya haya aparecido por aquí, mientras que en España tenga tan poca esperanza de tener el más mínimo éxito. Según la web de la película, en 2008 ha participado en estos festivales: Málaga - Competición Oficial; Festival de Taormina; Festival de Montreal; AFI Fest; Festival de Biarritz y Festival de Rio de Janeiro.
No sé qué esperar de Paisito, pero cuando leí la sinopsis agregué mentalmente la peli a mi lista de films para ver. Hay que admitir que no soy exactamente esnob de cine, porque si una película tiene un argumento remotamente relacionado con lo que me gusta investigar, me puedo esforzar a sentarme 90 minutos para verlo, aunque sea mala. Pongo como ejemplo "Libertarias," que no me gustó para nada. Pero como se trataba de la GCE, la vi hasta el final, el que encontré demasiado brutal e incluso innecesario para ilustrarnos lo que tuvieron que sufrir las mujeres.
Según la web de Latido Films, la sinopsis de Paisito es la siguiente:
Montevideo, 1973: tener doce años, ser distinto y estar enamorado una semana antes del más sangriento golpe militar del país más pequeño de Suramérica.
Nada más pisar la tierra de sus padres, Xavi, el nuevo fichaje del Osasuna de Pamplona, se da de bruces con el pasado.
A sus treinta y tantos acaba de poner por primera vez los pies fuera del Paisito y se reencuentra con Rosana, que entre el amor y el odio se ha pasado veinte años esperando que Xavi viniera a buscarla y le explicara sus recuerdos de aquel Uruguay de 1973. Aquel Uruguay en el que su famosa democracia y sus millones de cabezas de ganado no podían ocultar el descontento del pueblo, la corrupción endémica de los políticos, los tupamaros, los milicos o el golpe de estado que ya se sabe que van a dar. En medio de todo aquello, el padre de Rosana y el de Xavi no querían otra cosa que proteger a sus hijos y vivir una vida consecuente con sus ideas... y ver fútbol, claro. Porque en el Paisito el fútbol lo es todo, incluso en tiempos de guerra.
Según el blog de cine español, Xavi es "hijo de un zapatero navarro de raíces republicanas emigrado a Uruguay en la segunda posguerra" y Rosana, que se exilia a España, "era hija del Jefe de Policía de Montevideo." Es este cruce de caminos que más me interesa - lo transnacional, lo posdictatorial y lo intergeneracional -- especialmente a vista del papel importante que están jugando actualmente los "hijos y nietos" en la recuperación de las memorias históricas y con el apartado especial a la Ley de Memoria, "la Ley de Nietos." Típicamente, cuando se piensa en hijos de republicanos exiliados, se piensa en la Argentina o Cuba, pero es cierto que también en Uruguay el exilio tuvo su alcance, como señala un reportaje de principios de enero 2009, que calcula que unos 200.000 uruguayos podrían optar para la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos (desde luego, como hemos visto en el post del otro día, la crisis ha tenido un impacto en esta ley, por lo menos en el caso argentino). Y, aunque no se suele citar tan comunmente como la dictadura militar argentina o chilena, la película recuerda que Uruguay también pasó por su propia dictadura, empezando en 1973. Como explica la directora, Ana Díez, "fue igual de cruel que las demás" y Paisito "podría servir como metáfora para los demás" (citada en Público, "'Paisito', un viaje al Uruguay de la dictadura militar, llega a la cartelera"). Díez no menciona la de España, pero para mí está claro que examinar las dictaduras del Cono Sur en una coproducción latinoamericana-española, necesariamente involucra hacer una reflexión sobre la memoria y el olvido en España, sobre todo en los casos donde aparecen personajes que son hijos o nietos de exiliados españoles.
Os dejo con una entrevista de RTVE con la directora y uno de los protagonistas del film, Emilio Gutiérez Caba, y el tráiler de la peli.
Audio de RTVE sobre la película:
Ver artículo en El País
jueves, 16 de julio de 2009
Argentinos y la "Ley de Nietos"
Ser español no seduce en Argentina
De: Soledad Gallego-Díaz
En: El País
Fecha: 16.7.09
Primero se dijo que serían entre 400.000 y 600.000 argentinos los que tendrían derecho a solicitar la nacionalidad española, gracias a la disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica, que permite que los nietos de españoles opten también al pasaporte de sus abuelos. Luego se leyó mejor el texto legal y se calculó que las peticiones rondarían realmente las 100.000. Han pasado seis meses desde la entrada en vigor de la ley, en diciembre de 2008, y la realidad es que el consulado español en Buenos Aires no ha recibido ni tan siquiera 10.000 solicitudes. "Ha sido una auténtica sorpresa", reconoce José Antonio Nespral, presidente del Centro Asturiano en la capital argentina.
Todo el dispositivo montado por el servicio consular, con citas previas vía Internet para evitar aglomeraciones y supuestas avalanchas de argentinos ansiosos de lograr un pasaporte español, se ha demostrado superfluo. Las colas de los primeros días han ido desapareciendo y las expectativas, reduciéndose.
¿Qué ha sucedido para que menos de 10.000 de los centenares de miles de nietos de españoles que viven en Argentina hayan iniciado realmente los trámites de solicitud?
Se trata, probablemente, de un conjunto de circunstancias: las restricciones objetivas que impone la ley, las dificultades para conseguir la documentación necesaria, y también que España, sumida en una fuerte crisis económica, ha dejado de ser un destino deseado. "Hay dificultades técnicas considerables", asegura José Antonio Nespral. "Primero, porque no es fácil conseguir las partidas de nacimiento de los abuelos, en España, documentos a veces casi ilegibles".
Por otro lado, la Ley de Memoria Histórica esta pensada para los descendientes de quienes emigraron entre 1936 y 1955, el exilio provocado por la Guerra Civil. Muchas de esas personas no inscribieron a sus hijos en el registro español (se sentían ajenos a cualquier cosa que representara al franquismo), sobre todo los que no se quedaron en las grandes ciudades sino que emigraron hacia el interior del país y, muy especialmente, al mundo rural.
En teoría, los nietos de esos españoles, llegados en ese periodo, podrían acogerse a la nueva ley (con un espacio de vigencia de dos años) y solicitar el pasaporte de sus abuelos. Pero una vez más surgen los problemas burocráticos: según el Código Civil, no se puede producir un salto generacional, ni la ruptura de la cadena, lo que quiere decir que, antes de inscribir a los nietos como españoles, habría que inscribir a sus padres. Y en algunos casos, los padres están muertos.
¿Pueden los nietos inscribir a sus padres ya fallecidos? No parece que los consulados se encuentren cómodos con esa posibilidad, comenta el director del Centro Galicia, José María Vila Alen. Y si están vivos y pueden inscribirse, la ley dice que sólo transmiten el derecho a la nacionalidad a sus hijos menores de edad.
Ni "abriendo la mano"
"No existe un censo real que permita saber cuántos argentinos tienen un abuelo o abuela nacido en España, pero indudablemente se cuentan en centenares de miles, si se tienen en consideración las diferentes oleadas de emigración española a Argentina", explica el director del Centro Galicia, José María Vila Alen. En el consulado que atiende el Gran Buenos Aires están legalmente inscritos 240.000 españoles, lo que suponen casi el 80% de la población española en Argentina en la actualidad.
El consulado afirma que no está autorizado a facilitar el número exacto de expedientes que se están tramitando como consecuencia de la Ley de Memoria, pero admite que, al menos en Argentina, son "muchísimos menos de los esperados". Y eso aunque aseguran que están aceptando cierto margen, "abriendo la mano", a la hora de interpretar las restricciones legislativas.
domingo, 28 de junio de 2009
Cuba y la Ley de Nietos
Hacía tiempo que no escuchamos noticias sobre la Ley de Nietos, el apartado a la Ley de Memoria que permite que descendientes del exilio español (1939-1956) soliciten la nacionalidad española. Cuba vuelve a ser el enfoque de esta ley, en la siguiente noticia:
Cubanos: en busca del pasaporte español
Los intelectuales y médicos son los que más problemas tienen en conseguir los papeles que les niegan las autoridades cubanas
Desde que el cubano Norberto Díaz, se convirtiera en el primer cubano en conseguir la nacionalidad española, las peticiones para acogerse a la Ley de Memoria Histórica, llamada también Ley de Nietos, que beneficia a descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la represión franquista (1939-1975), se han triplicado desde enero. Pero no todos consiguen materializar sus sueños, muchos se quedan con las manos vacías.
YAQUELINE MALDONADO BARJA / CADENASER.com 26-06-2009
Carlos R, de 37, salió de su país hace cinco años. Un evento deportivo en Brasil le dio una "única" oportunidad para no volver con sus compañeros de equipo a la isla. De Brasil logró salir al año con una carta de invitación hacia España a la que ha convertido "en su nueva patria". Trabaja en las tardes en un restaurante cubano pero en sus ratos libres se ocupa de llamar por teléfono a diferentes parroquias de España para averiguar las partidas de nacimiento de muchos de sus compatriotas desde el otro lado del Atlántico.
"Mi madre le dio el teléfono a un amigo para que yo le ayudara desde aquí a buscar su partida de nacimiento y esa persona le pasó mi número a otro y a otro y de pronto me llamaban muchos paisanos pidiéndome lo mismo", relata Carlos que dice haber localizado al menos 10 partidas de nacimiento desde marzo pero que la mayoría de las veces no logra ubicar los registros. "La pobreza es un motivo, pero más fuerte es la necesidad de libertad", dice con la mirada perdida.
Desde que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre la Ley de Nietos por la que cientos de hijos y nietos de exiliados del franquismo en Latinoamérica pueden reclamar la nacionalidad de sus antepasados, miles de cubanos guardan la esperanza de salir de su país. En sólo tres meses 62.000 personas han reservado su turno por Internet y se estima que al menos 400.000 personas la solicitarán este año.
El cubano Antonio Guédez, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana por la Libertad, enumera las dificultades por las que están pasando muchos de sus compatriotas para conseguir los papeles; documento indispensable en la tramitación. Considera que uno de los problemas fundamentales para los que quieren acogerse a esta ley, es la lejanía por lo que tienen que recurrir a amigos o conocidos en España para que les ayuden a ubicar los registros, pero muchos de estos documentos ya no existen por extravío o porque muchos archivos se quemaron durante la guerra civila.
Guédez es otro de los voluntarios que colabora en España cuando un cubano acude en su ayuda para de ubicar su partida en alguna parroquia del territorio español. "Es como buscar una aguja en un pajar", dice mientras cuenta una de sus tantas historias. Tenía que ubicarle los papeles a un amigo y empezó, sin ninguna referencia, a llamar a diferentes parroquias de Canarias hasta que acertó y ese amigo ya está a punto de recibir su pasaporte.
Los médicos no pueden salir de la isla
Los problemas no sólo los tienen aquí, algunos los tienen antes de iniciar los trámites en Cuba, como es el caso de los médicos, odontólogos, militares y otros profesionales que aunque sean candidatos para acogerse a este Ley no pueden dejar el país.
Guédez señala que las autoridades cubanas les ponen trabas a la hora de viabilizar sus papeles y que por esa razón en vez de acudir a la embajada cubana en España para ubicar los papeles prefieren recurrir a sus amigos y familiares.
Sin embargo, algunas asociaciones de cubanos en España piden que se modifique la Ley de Nietos para que no sea exclusivamente para las víctimas del franquismo sino para todo aquel que tenga ascendencia española en su árbol genealógico.
"Para el señor cura de Islas de Canarias"
Miles de cartas llegan a Canarias desde diciembre procedentes de Cuba. El pedido común es una partida de nacimiento y el destinatario cualquier cura que pueda hacerles el favor de ubicar los documentos. Pero los datos son tan escuetos que poco o nada pueden hacer los párrocos que las reciben y tratan de responder a estos "mensajes de botella".
El párroco José Antonio Rodríguez Roca, secretario general de la Pastoral de la Diócesis de Canarias es uno de los que reciben las cartas y las remite a las iglesias y parroquias que corresponden. "Se necesita la referencia geográfica ya que todas las direcciones no están correctas y la Isla se distribuye en diócesis, parroquias", aclara.
Llegan un promedio de 30 cartas por día sólo a la Diócesis de Canarias. Todas son respondidas aunque a veces retornen vacías y con malas noticias.
Organizados para defender sus derechos
Se estima que sería medio millón de personas, principalmente en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Francia, según la Asociación de Descendientes del Exilio Español, los que se beneficiarán con esta ley.
Asimismo, la Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) ha renovado su sitio web con nuevas funciones al servicio del colectivo y se ha propuesto trabajar sobre las denegaciones. Además desde su portal denuncian las dificultades que tienen a la hora de obtener las partidas de nacimiento por las que reclaman la atención de las autoridades españolas.
Cubanos: en busca del pasaporte español
Los intelectuales y médicos son los que más problemas tienen en conseguir los papeles que les niegan las autoridades cubanas
Desde que el cubano Norberto Díaz, se convirtiera en el primer cubano en conseguir la nacionalidad española, las peticiones para acogerse a la Ley de Memoria Histórica, llamada también Ley de Nietos, que beneficia a descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la represión franquista (1939-1975), se han triplicado desde enero. Pero no todos consiguen materializar sus sueños, muchos se quedan con las manos vacías.
YAQUELINE MALDONADO BARJA / CADENASER.com 26-06-2009
Carlos R, de 37, salió de su país hace cinco años. Un evento deportivo en Brasil le dio una "única" oportunidad para no volver con sus compañeros de equipo a la isla. De Brasil logró salir al año con una carta de invitación hacia España a la que ha convertido "en su nueva patria". Trabaja en las tardes en un restaurante cubano pero en sus ratos libres se ocupa de llamar por teléfono a diferentes parroquias de España para averiguar las partidas de nacimiento de muchos de sus compatriotas desde el otro lado del Atlántico.
"Mi madre le dio el teléfono a un amigo para que yo le ayudara desde aquí a buscar su partida de nacimiento y esa persona le pasó mi número a otro y a otro y de pronto me llamaban muchos paisanos pidiéndome lo mismo", relata Carlos que dice haber localizado al menos 10 partidas de nacimiento desde marzo pero que la mayoría de las veces no logra ubicar los registros. "La pobreza es un motivo, pero más fuerte es la necesidad de libertad", dice con la mirada perdida.
Desde que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre la Ley de Nietos por la que cientos de hijos y nietos de exiliados del franquismo en Latinoamérica pueden reclamar la nacionalidad de sus antepasados, miles de cubanos guardan la esperanza de salir de su país. En sólo tres meses 62.000 personas han reservado su turno por Internet y se estima que al menos 400.000 personas la solicitarán este año.
El cubano Antonio Guédez, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana por la Libertad, enumera las dificultades por las que están pasando muchos de sus compatriotas para conseguir los papeles; documento indispensable en la tramitación. Considera que uno de los problemas fundamentales para los que quieren acogerse a esta ley, es la lejanía por lo que tienen que recurrir a amigos o conocidos en España para que les ayuden a ubicar los registros, pero muchos de estos documentos ya no existen por extravío o porque muchos archivos se quemaron durante la guerra civila.
Guédez es otro de los voluntarios que colabora en España cuando un cubano acude en su ayuda para de ubicar su partida en alguna parroquia del territorio español. "Es como buscar una aguja en un pajar", dice mientras cuenta una de sus tantas historias. Tenía que ubicarle los papeles a un amigo y empezó, sin ninguna referencia, a llamar a diferentes parroquias de Canarias hasta que acertó y ese amigo ya está a punto de recibir su pasaporte.
Los médicos no pueden salir de la isla
Los problemas no sólo los tienen aquí, algunos los tienen antes de iniciar los trámites en Cuba, como es el caso de los médicos, odontólogos, militares y otros profesionales que aunque sean candidatos para acogerse a este Ley no pueden dejar el país.
Guédez señala que las autoridades cubanas les ponen trabas a la hora de viabilizar sus papeles y que por esa razón en vez de acudir a la embajada cubana en España para ubicar los papeles prefieren recurrir a sus amigos y familiares.
Sin embargo, algunas asociaciones de cubanos en España piden que se modifique la Ley de Nietos para que no sea exclusivamente para las víctimas del franquismo sino para todo aquel que tenga ascendencia española en su árbol genealógico.
"Para el señor cura de Islas de Canarias"
Miles de cartas llegan a Canarias desde diciembre procedentes de Cuba. El pedido común es una partida de nacimiento y el destinatario cualquier cura que pueda hacerles el favor de ubicar los documentos. Pero los datos son tan escuetos que poco o nada pueden hacer los párrocos que las reciben y tratan de responder a estos "mensajes de botella".
El párroco José Antonio Rodríguez Roca, secretario general de la Pastoral de la Diócesis de Canarias es uno de los que reciben las cartas y las remite a las iglesias y parroquias que corresponden. "Se necesita la referencia geográfica ya que todas las direcciones no están correctas y la Isla se distribuye en diócesis, parroquias", aclara.
Llegan un promedio de 30 cartas por día sólo a la Diócesis de Canarias. Todas son respondidas aunque a veces retornen vacías y con malas noticias.
Organizados para defender sus derechos
Se estima que sería medio millón de personas, principalmente en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Francia, según la Asociación de Descendientes del Exilio Español, los que se beneficiarán con esta ley.
Asimismo, la Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) ha renovado su sitio web con nuevas funciones al servicio del colectivo y se ha propuesto trabajar sobre las denegaciones. Además desde su portal denuncian las dificultades que tienen a la hora de obtener las partidas de nacimiento por las que reclaman la atención de las autoridades españolas.
lunes, 8 de junio de 2009
Cuba y la Ley de Nietos
No suelo citar el diario ABC, pero hoy ha aparecido una noticia sobre las peticiones de nacionalidad española que se están realizando en Cuba, y pensé que merecía la pena citar el artículo aquí, especialmente porque hace tiempo que no veo mucha mención en la prensa de la denominada "Ley de Nietos:"
Cuba se queja de la gran demanda de cubanos que quieren ser españoles
Al régimen le disgusta la imagen de sus ciudadanos reclamando la nacionalidad
Al régimen de Cuba no les agrada el ambiente que se ha creado en el país, tras la puesta en marcha del proceso que, gracias a la Ley de Memoria Histórica, permite a los nietos de españoles obtener la nacionalidad española. La gran afluencia de demandantes en los consulados provoca malestar en las autoridades castristas, que así se lo han hecho saber al Ejecutivo español, según se informó a ABC en fuentes solventes.
Formalmente, las quejas se refieren al hecho cierto de que la tramitación de tantos expedientes ha aumentado también el volumen de trabajo de los organismos oficiales cubanos, como el Registro o el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que los peticionarios tienen que dirigirse para obtener o legalizar documentos, entre ellos los que acrediten la entrada de sus padres o abuelos en el país.
Uno de los hechos que más enfado provocó en el régimen es la gran atención mediática que tuvo la primera concesión de un pasaporte español a un cubano acogido a la llamada popularmente «ley de nietos», que permite obtener la nacionalidad española a los nietos de emigrantes, aunque sus padres nacieran fuera de España o se hubieran visto obligados a renunciar a su nacionalidad tras exiliarse durante el franquismo.
«¡Viva España!»
Ese primer caso fue el del cardiólogo cubano Norberto Luis Díaz, nieto de un canario y cuyos padres nacieron en Cuba, quien, en cuanto recibió la documentación que le acredita como español, gritó: «¡Viva España!» y dijo que su intención era viajar pronto a nuestro país donde tenía una oferta de trabajo.
Quienes obtengan la nacionalidad española pueden seguir manteniendo la cubana, si lo desean, porque así lo permite la ley en España. Para Cuba, en cualquier caso, esas personas siguen teniendo la nacionalidad cubana, aún cuando el hecho de que dispongan de un pasaporte español, les concede unas posibilidades de movimiento que los cubanos no tienen, entre otras, la facilidad para abandonar la isla en busca de mayor libertad o de un mejor nivel de vida.
Algunas fuentes aseguraron a este periódico que, molestas por lo que está sucediendo, las autoridades cubanas llevan a cabo en ocasiones veladas amenazas de retirada de ayudas o prebendas a quienes optan por conseguir la nacionalidad española, e incluso, que los miembros del Partido Comunista lo tienen expresamente prohibido.
El plazo para presentar solicitudes se abrió el 29 de diciembre pasado y el ritmo de tramitación de expedientes marcha según lo esperado. Tras superar algunas dificultades técnicas en enero y febrero, el Consulado en La Habana, el que más peticiones tramita, atiende a unas 325 personas cada día, y sólo en mayo fueron resueltas positivamente 2.800 demandas.
Se han recibido ya en torno a las 35.000 peticiones y se estima que en los dos años de plazo fijados por la ley, hasta el 27 de diciembre de 2010, el Consulado tramitará más de 150.000 expedientes, una cifra que podría aumentar hasta los 200.000, a lo largo del año de prórroga fijado también en la normativa.
Para atender esta fuerte demanda, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho un gran esfuerzo dotando al Consulado de medios humanos y materiales. Unas 35 personas se dedican casi en exclusiva a tramitar las solicitudes. Al propio tiempo, ante las quejas de Cuba, se ha ofrecido ayuda a sus autoridades para paliar la sobrecarga de trabajo que el proceso puesto en marcha ha acarreado para los funcionarios cubanos.
Cuba es uno de los países donde más peticiones se esperan, ya que desde su independencia en 1898 hasta 1930, se calcula que cerca de un millón de españoles se establecieron en la isla. El número de exiliados tras la Guerra Civil española que eligió Cuba como destino es, por el contrario, muy pequeño, en comparación con otros países, como México o Francia.
La mayoría de las solicitudes se están registrando, además de en Cuba, en Argentina y Uruguay.
Cuba se queja de la gran demanda de cubanos que quieren ser españoles
Al régimen le disgusta la imagen de sus ciudadanos reclamando la nacionalidad
Al régimen de Cuba no les agrada el ambiente que se ha creado en el país, tras la puesta en marcha del proceso que, gracias a la Ley de Memoria Histórica, permite a los nietos de españoles obtener la nacionalidad española. La gran afluencia de demandantes en los consulados provoca malestar en las autoridades castristas, que así se lo han hecho saber al Ejecutivo español, según se informó a ABC en fuentes solventes.
Formalmente, las quejas se refieren al hecho cierto de que la tramitación de tantos expedientes ha aumentado también el volumen de trabajo de los organismos oficiales cubanos, como el Registro o el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que los peticionarios tienen que dirigirse para obtener o legalizar documentos, entre ellos los que acrediten la entrada de sus padres o abuelos en el país.
Mala imagen
Sin embargo, además de por estos motivos burocráticos, las autoridades cubanas se muestran incómodas porque no les favorece nada la imagen de sus conciudadanos en las colas ante los consulados españoles, aspirando a obtener un documento que, en muchos casos, desean para abandonar el país, ante la falta de expectativas políticas y económicas. Los cubanos con posibilidades de lograr el objetivo de ser españoles han puesto en marcha su conocida capacidad para «resolver» y conseguir los documentos que necesitan para ello.Uno de los hechos que más enfado provocó en el régimen es la gran atención mediática que tuvo la primera concesión de un pasaporte español a un cubano acogido a la llamada popularmente «ley de nietos», que permite obtener la nacionalidad española a los nietos de emigrantes, aunque sus padres nacieran fuera de España o se hubieran visto obligados a renunciar a su nacionalidad tras exiliarse durante el franquismo.
«¡Viva España!»
Ese primer caso fue el del cardiólogo cubano Norberto Luis Díaz, nieto de un canario y cuyos padres nacieron en Cuba, quien, en cuanto recibió la documentación que le acredita como español, gritó: «¡Viva España!» y dijo que su intención era viajar pronto a nuestro país donde tenía una oferta de trabajo.
Quienes obtengan la nacionalidad española pueden seguir manteniendo la cubana, si lo desean, porque así lo permite la ley en España. Para Cuba, en cualquier caso, esas personas siguen teniendo la nacionalidad cubana, aún cuando el hecho de que dispongan de un pasaporte español, les concede unas posibilidades de movimiento que los cubanos no tienen, entre otras, la facilidad para abandonar la isla en busca de mayor libertad o de un mejor nivel de vida.
Algunas fuentes aseguraron a este periódico que, molestas por lo que está sucediendo, las autoridades cubanas llevan a cabo en ocasiones veladas amenazas de retirada de ayudas o prebendas a quienes optan por conseguir la nacionalidad española, e incluso, que los miembros del Partido Comunista lo tienen expresamente prohibido.
El plazo para presentar solicitudes se abrió el 29 de diciembre pasado y el ritmo de tramitación de expedientes marcha según lo esperado. Tras superar algunas dificultades técnicas en enero y febrero, el Consulado en La Habana, el que más peticiones tramita, atiende a unas 325 personas cada día, y sólo en mayo fueron resueltas positivamente 2.800 demandas.
Se han recibido ya en torno a las 35.000 peticiones y se estima que en los dos años de plazo fijados por la ley, hasta el 27 de diciembre de 2010, el Consulado tramitará más de 150.000 expedientes, una cifra que podría aumentar hasta los 200.000, a lo largo del año de prórroga fijado también en la normativa.
Para atender esta fuerte demanda, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho un gran esfuerzo dotando al Consulado de medios humanos y materiales. Unas 35 personas se dedican casi en exclusiva a tramitar las solicitudes. Al propio tiempo, ante las quejas de Cuba, se ha ofrecido ayuda a sus autoridades para paliar la sobrecarga de trabajo que el proceso puesto en marcha ha acarreado para los funcionarios cubanos.
Cuba es uno de los países donde más peticiones se esperan, ya que desde su independencia en 1898 hasta 1930, se calcula que cerca de un millón de españoles se establecieron en la isla. El número de exiliados tras la Guerra Civil española que eligió Cuba como destino es, por el contrario, muy pequeño, en comparación con otros países, como México o Francia.
La mayoría de las solicitudes se están registrando, además de en Cuba, en Argentina y Uruguay.
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