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sábado, 23 de julio de 2011
"El cliché de dos abuelos que caminan tomados del brazo"
Hoy hay una carta al Editor de El País que critica la foto que publicó el diario con motivo del 18 de julio de 1936, en su suplemento Domingo. La foto retrataba abrazándose a dos hombres mayores que habían luchado en "bandos contrarios." El lector, un profesor en la Universidad de Pau, cuestiona la función de la foto, llamándola "peligrosa en un momento donde la derecha trata de reescribir la historia y queda inacabada la 'desfranquización'." Pinchar aquí para ver el artículo original con las fotos.
martes, 20 de julio de 2010
La cansada teoría de "dos fantatismos" que se chocaron
No había visto el artículo "La tercera España, 74 años después" del pasado 18 de julio pero hoy, después de leer una carta escrita en respuesta a él, he buscado el original. Copio y pego los dos abajo, y de paso, agrego unos comentarios al respecto.
De vez en cuando, en este blog hemos hablado de la teoría de "los dos diablos," teoría conocida para hablar de la dictadura argentina, que, en palabras de Susana Kaiser en su libro Postmemories of Terror va así: "There is the 'Two Devils Theory,' whereby the 'bad guys' are basically the military personnel or the guerilla forces, and which assumes that all the victims of the repression were armed combatants involved in violent acts" [Hay la teoría de "los dos diablos," en que los "malos" consisten en los militares o las fuerzas de la guerrilla, y la que asume que todas las víctimas de la represión eran luchadores armados involucrados en actos violentos, traducción mía] (143).La teoría de los "dos diablos" dice que TODOS cometieron atrocidades, TODOS tienen la culpa, TODOS eran violentos, así limitando hasta donde pueden llegar las discusiones y sirviendo para exculpar a los involucrados sin investigar o responsabilizar a nadie.
Existe un ejemplo perfecto de la denominada teoría de hace sólo unos días. El ex dictador argentino Jorge Videla, de unos 80 años, sigue teniendo el morro de excusarse, ante un tribunal, con estas palabras: "Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades en todo lo actuado por el Ejército en la guerra en contra de los subversivos." Estas palabras vacías indican una cosa -- que Videla sigue validando la tortura, las desapariciones, las detenciones, los fusilamientos, y todo lo que representaba SU dictadura con palabras que sugieren la idea de que si los "subversivos" no hubieran sido armados, no habría sido necesario hacer lo que hizo durante su mando.
De una forma parecida, se puede hablar de la lectura de la guerra civil como tal, apoyándose en esta idea en el artículo de Toharia, que es la que me llamó la atención en la carta de respuesta: "parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de 'buenos y malos' sino un choque entre dos fanatismos extremos."
Si a estas alturas está claro que no se puede describir nada en términos de buenos y malos, y mucho menos en una guerra, utilizar la frase "dos fanatismos" no hace más que perpetuar la idea que todos comparten la culpabilidad por lo ocurrido y que todo es "igual." Es una actitud no apolítica, sino antipolítica, y es peligrosa.
Me gustaría apuntar algo más sobre el artículo de Toharia cuando habla del concepto de una "tercera España." Toharia parece asumir que todos que viven en España son "españoles españoles," o sea, gente que nació en el país y que tiene antepasados españoles. ¿Qué hace el sr. Toharia con los inmigrantes que no tienen ninguna conexión personal con la guerra civil o la dictadura, ni siquiera como memoria colectiva? La memoria de la guerra se tiene que considerar en un contexto más amplio que el que propone el autor.
De vez en cuando, en este blog hemos hablado de la teoría de "los dos diablos," teoría conocida para hablar de la dictadura argentina, que, en palabras de Susana Kaiser en su libro Postmemories of Terror va así: "There is the 'Two Devils Theory,' whereby the 'bad guys' are basically the military personnel or the guerilla forces, and which assumes that all the victims of the repression were armed combatants involved in violent acts" [Hay la teoría de "los dos diablos," en que los "malos" consisten en los militares o las fuerzas de la guerrilla, y la que asume que todas las víctimas de la represión eran luchadores armados involucrados en actos violentos, traducción mía] (143).La teoría de los "dos diablos" dice que TODOS cometieron atrocidades, TODOS tienen la culpa, TODOS eran violentos, así limitando hasta donde pueden llegar las discusiones y sirviendo para exculpar a los involucrados sin investigar o responsabilizar a nadie.
Existe un ejemplo perfecto de la denominada teoría de hace sólo unos días. El ex dictador argentino Jorge Videla, de unos 80 años, sigue teniendo el morro de excusarse, ante un tribunal, con estas palabras: "Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades en todo lo actuado por el Ejército en la guerra en contra de los subversivos." Estas palabras vacías indican una cosa -- que Videla sigue validando la tortura, las desapariciones, las detenciones, los fusilamientos, y todo lo que representaba SU dictadura con palabras que sugieren la idea de que si los "subversivos" no hubieran sido armados, no habría sido necesario hacer lo que hizo durante su mando.
De una forma parecida, se puede hablar de la lectura de la guerra civil como tal, apoyándose en esta idea en el artículo de Toharia, que es la que me llamó la atención en la carta de respuesta: "parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de 'buenos y malos' sino un choque entre dos fanatismos extremos."
Si a estas alturas está claro que no se puede describir nada en términos de buenos y malos, y mucho menos en una guerra, utilizar la frase "dos fanatismos" no hace más que perpetuar la idea que todos comparten la culpabilidad por lo ocurrido y que todo es "igual." Es una actitud no apolítica, sino antipolítica, y es peligrosa.
Me gustaría apuntar algo más sobre el artículo de Toharia cuando habla del concepto de una "tercera España." Toharia parece asumir que todos que viven en España son "españoles españoles," o sea, gente que nació en el país y que tiene antepasados españoles. ¿Qué hace el sr. Toharia con los inmigrantes que no tienen ninguna conexión personal con la guerra civil o la dictadura, ni siquiera como memoria colectiva? La memoria de la guerra se tiene que considerar en un contexto más amplio que el que propone el autor.
La tercera España, 74 años después
JOSÉ JUAN TOHARIACarta al editor en respuesta a la de arriba:
EL PAÍS - España - 18-07-2010
Hoy, 18 de julio, se cumplen 74 años del levantamiento militar que oficializó la irreconciliable fractura entre las dos Españas dispuestas a extirparse mutua e inmisericordemente de la convivencia nacional y que dio origen a nuestra última Guerra Civil. A estas alturas, -superados los oropeles propagandísticos y las mitificaciones simplistas- parece ya claro que aquél no fue un enfrentamiento con una inequívoca línea separadora de "buenos y malos" sino un choque entre dos fanatismos extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes. Y sin embargo, lo cierto es que por sí solas esas dos Españas cainitas no agotaban ni mucho menos lo que en aquella fecha era, en realidad, este país: junto a ellas, -o mejor dicho, entre ellas- existía una mayoritaria tercera España que braceó, sin éxito, por evitar el desgarro. No lo logró y quedó finalmente laminada. Entre otros, Andrés Trapiello se ha venido meritoriamente esforzando por rescatar del olvido a esta mayoritaria fracción de nuestra sociedad, especialmente ignorada pues ni a quienes finalmente resultaron vencedores o vencidos pareció nunca convenir el debido reconocimiento de su existencia.
Ahora, tres cuartos de siglo después, un sencillo dato de una encuesta reciente permite detectar la huella clara de esa tercera España. Entre quienes ahora conforman este país, menos de la mitad dice que, al estallar la guerra, su familia se posicionó con uno de los dos bandos contendientes (el 43% exactamente: 26% con el bando republicano, 17% con el bando franquista o nacional). La mayoría absoluta (57%) procede en cambio de familias que bien pueden ser caracterizadas, en bloque, como integrantes de la Tercera España. Por un lado, aquellos cuyas familias se vieron ideológicamente desgarradas por el conflicto, sin alinearse por tanto claramente con ninguno de los dos extremos enfrentados; por otro lado, el 21% que de forma explícita dice que su familia no se identificó con ninguno de los dos bandos (por más que quepa suponer que inicialmente sintieran alguna mayor lealtad hacia la legalidad vigente, pronto violentada por quienes decían defenderla); finalmente, un 19% ignora si hace siete decenios y medio su familia se inclinaba por algún bando y, de ser así, por cuál. Este tercer grupo entronca, sencillamente, con entornos familiares que verosímilmente optaron por un black out total sobre el tema, lo que parece revelar una voluntad de no implicación y de olvido, para ellos y, en lo posible, para sus descendientes. Un análisis algo más detallado de estos mismos datos de encuesta permite además comprobar lo forzada que resulta la tan frecuente -y alegremente- dada por supuesta línea de continuidad ideológica entre votantes socialistas y bando republicano, por un lado, y entre votantes populares y bando nacional, por otra. Ciertamente, entre los actuales votantes del PSOE abundan más que entre los votantes populares quienes dicen pertenecer a familias que en la Guerra Civil simpatizaban con el bando republicano: 35% frente a 7%. Inversamente, entre los votantes populares abundan más que entre los socialistas quienes proceden de entornos familiares identificados con el bando nacional: 28% frente a 12%. Pero de estas cifras no es lícito concluir que los votantes actuales de cada uno de los dos principales partidos de ámbito estatal sean herederos -exclusiva e inequívocamente directos- de uno u otro bando. En realidad en ambos grupos de votantes son mayoría quienes proceden de familias integradas en la tercera España: esto es, de familias ideológicamente divididas, o que no se identificaban con ningún bando, o que optaron por hurtar toda noticia sobre el tema a sus descendientes. Pero hay más: lo mismo cabe decir de quienes ahora se definen como católicos practicantes y como no creyentes -es decir, entre quienes se sitúan en los que cabe considerar como los dos polos opuestos de nuestro actual espectro religioso-. Ni los católicos practicantes actuales entroncan, directa y masivamente, con familias identificadas con el bando nacional ni entre los no creyentes constituyen mayoría absoluta quienes pertenecen a familias que simpatizaron con el bando republicano. En ambos grupos, por el contrario, se da la misma compleja y variada multiplicidad de líneas de afinidad e identidad ideológica que entre los votantes populares y socialistas: sus raíces básicas son comunes y se hallan en la tercera España.
La tercera España
CARLOS CARNERO - Ex eurodiputado
EL PAÍS - Opinión - 21-07-2010
Leo el artículo de Toharia La tercera España, 74 años después y mi primera reacción es dejarlo correr. Pero a medio camino hacia la piscina doy media vuelta y escribo esta carta para mantener la conciencia tranquila, porque pienso que el 18 de julio de 1936 muchas mujeres y hombres tenían en este país la misma intención de disfrutar del día y se encontraron con un golpe de Estado contra la República que iba a truncar su vida para siempre. Gentes que nunca había empuñado un fusil tuvieron que hacerlo para defender la felicidad que se habían dado. No eran ni unos extremistas ni unos fanáticos: eran ciudadanos. Pero Toharia considera que aquello fue "un choque entre dos fanatismos extremos que utilizaron el régimen republicano, legal y legítimamente existente, bien como pretexto en un caso, bien como coartada en otro, para intentar imponer sus respectivos radicalismos excluyentes".
Para él, había una tercera España mayoritaria que no quería saber de unos o de otros. Creo que quienes de mi familia -trabajadores de toda clase, como decía la Constitución republicana- lucharon en Madrid, Teruel, Guadalajara o el Ebro, y fueron fusilados, encarcelados o exiliados, se merecen también el "bracearon sin éxito para evitar el desgarro" que adjudica Toharia a su tercera España. Formaban parte de la nación que luchó por su futuro, aunque no tuvieran nombres insignes ni medios para exiliarse voluntariamente.
Seguramente, tampoco lo habrían hecho. Su sitio estaba en su patria, que era la de todos: ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, en la que aquel sábado de 1936 solo aspiraban a ser felices.
domingo, 18 de julio de 2010
18 de julio
Del libro Políticas de la memoria y memoria de la política, de Paloma Aguilar Fernández:
Conmemoraciones de la Guerra Civil
El 18 de julio y el 1 de abril
La celebración del 18 de julio y del 1 de abril constituyen exhibiciones evidentes de los signos externos de la Victoria. Se convierten, sobre todo la segunda fecha, en complejos rituales que, año tras año, son repetidas con gran ostentación y publicidad.
[. . .]
El régimen seguía necesitando de la legitimidad de origen, de la victoria, para justificar su poder. La paz, ciertamente, se conmemora, pero para Franco nunca dejó de ser una paz 'armada' y 'vigilante', como repiten los documentos oficiales. [. . .] Se celebra la paz, sí, pero es una paz al acecho, que no olvida que tiene al enemigo en casa; es una paz que advierte de la capacidad defensiva y ofensiva del régimen. Es una paz casi agresiva, incapaz tanto de producir integración como de crear una identidad colectiva aceptable por todos.
La fecha del 18 de julio tuvo a lo largo del franquismo una gran entidad simbólica. Muchas de las más importantes inauguraciones del régimen se llevan a cabo en este día. En los años cuarenta y cincuenta se pretende con ello evocar la legitimidad de origen. Sin embargo, con el desarrollo económico de los años sesenta y setenta, muchas inauguraciones tendrán un carácter más económico y social, con lo que sobre el 18 de julio acaba también recayendo parcialmente la legitimidad de ejercicio. (142-44)De Antonio Muñoz Molina, en "La cara que veía en todas partes:"
El 18 de julio era un día estupendo porque había fiesta y porque la gente recibía una paga extraordinaria. Una vez hubo desfiles de soldados con botas y correajes relucientes y bandas de música, y se inauguró un parque, y la ciudad se llenó de carteles con una foto de Franco sonriente, sentado en un sillón rojo y dorado como un trono. En los carteles, en las banderolas, en las pancartas que colgaban de las calles, se repetía el mismo letrero: 25 años de paz.
sábado, 17 de julio de 2010
"Noche de las velas" Marchena, 2010
Del blog de DIME:
NOCHE DE LAS VELAS. MARCHENA 2010
El domingo 18 de julio se cumplen 74 años desde aquel nefasto día en que cambiaron de golpe y para siempre las vidas de miles de familias. Más de 113.000 secuestrados, detenidos y asesinados continúan sin recibir por parte de las instituciones el derecho a la verdad y a la justicia. Miles de ellos continúan siendo buscados por sus familias en fosas comunes y cunetas sin que nuestras autoridades tomen la iniciativa que les corresponde. Tenemos derecho a saber, tenemos derecho a recordar, tenemos derecho a la justicia y derecho a la reparación.
El 18 de julio , como parte de las acciones que la Asociación Dignidad y Memoria viene desarrollando desde que fue constituida, nos reuniremos en la Puerta de La Memoria y encenderemos una vela por cada marchenero asesinado por los represores franquistas.
NOCHE DE LAS VELAS EN
LA PUERTA DE LA MEMORIA
18 DE JULIO A LAS 22 HORAS
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Si vas a la playa, para esta hora seguro que estás disponible, es importante que estemos muchos, son muchas velas que colocar. Luego dará tiempo para que cada uno continúe con su actividad en el fresquito de la noche. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ACUDE!!!!!!!!!!!!!!! Y LLÉVATE MECHERO O CERILLAS.GRACIAS
NOCHE DE LAS VELAS. MARCHENA 2010
El domingo 18 de julio se cumplen 74 años desde aquel nefasto día en que cambiaron de golpe y para siempre las vidas de miles de familias. Más de 113.000 secuestrados, detenidos y asesinados continúan sin recibir por parte de las instituciones el derecho a la verdad y a la justicia. Miles de ellos continúan siendo buscados por sus familias en fosas comunes y cunetas sin que nuestras autoridades tomen la iniciativa que les corresponde. Tenemos derecho a saber, tenemos derecho a recordar, tenemos derecho a la justicia y derecho a la reparación.
El 18 de julio , como parte de las acciones que la Asociación Dignidad y Memoria viene desarrollando desde que fue constituida, nos reuniremos en la Puerta de La Memoria y encenderemos una vela por cada marchenero asesinado por los represores franquistas.
NOCHE DE LAS VELAS EN
LA PUERTA DE LA MEMORIA
18 DE JULIO A LAS 22 HORAS
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Si vas a la playa, para esta hora seguro que estás disponible, es importante que estemos muchos, son muchas velas que colocar. Luego dará tiempo para que cada uno continúe con su actividad en el fresquito de la noche. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ACUDE!!!!!!!!!!!!!!! Y LLÉVATE MECHERO O CERILLAS.GRACIAS
martes, 22 de junio de 2010
Artículo de José Antonio Martín Pallín
De:El País.com
TRIBUNA: JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
'Robó en una iglesia para vestir a un hijo'
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN 23/06/2010
Los militares sublevados que desataron nuestra Guerra Civil comenzaron a construir su entramado "jurídico" a golpe de bandos de guerra. En el de 24 de julio de 1936, dictado por el general Queipo de Llano, se ordena pasar por las armas, sin juicio previo, a todos los dirigentes y simpatizantes del Gobierno de la República. El de 28 de julio de 1936 suaviza la brutalidad de su predecesor y, junto con otras disposiciones posteriores, abre paso a juicios sumarísimos sin garantías, que terminan, en la mayoría de los casos, con penas de muerte.
Algunos fragmentos de la "jurisprudencia" emanada de estos consejos de guerra puede ilustrar sobre las consecuencias, demoledoras e insoportables para el mundo del derecho, de la política represiva y exterminadora que se aplicó durante la Guerra Civil y la posguerra. Bastan unos pocos casos para ilustrar sobre las dimensiones de las aberraciones jurídicas cometidas.
Uno: "Se trata de una mujer de mala conducta, de ideas comunistas que se incautó víveres y ropas de una iglesia para confeccionar ropas a un hijo suyo" (sentencia del 11 de marzo de 1941).
Otro en León, el 5 de noviembre de 1936, contra el gobernador civil y otras personas relacionadas con el Gobierno de la República. Al catedrático de instituto Manuel Santamaría Andrés se le imputa "haber sido presidente del Partido de Izquierda Republicana, destacado elemento del mismo, frecuentando el Gobierno Civil en el que estuvo hasta momentos antes de ser atacado por la fuerza el día 20 de julio, constando en su descargo que por discrepancias con la orientación del Frente Popular, al surgir el movimiento salvador, estaba separado del cargo que desempeñaba en el partido de Izquierda Republicana". Con estas acusaciones, muchos de ustedes habrán pensado que fue suspendido de empleo y sueldo y apartado de la cátedra. Están equivocados, fue condenado por traición a la patria y pasado por las armas a las 48 horas.
Nos enfrentamos a una cuestión que no es exclusivamente jurídica, sino de dignidad democrática. Un sistema democrático que se inspira en los valores superiores de la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, no puede digerir sin traumas y complicaciones colaterales toda la brutalidad que se puso en marcha el 18 de julio de 1936 con el único objetivo de aniquilar a la mayoría de la población española que trataba de impulsar los valores impecablemente democráticos y republicanos que proclamaba la Constitución de 1931.
Si, como dicen algunos, el problema de España en la segunda mitad del 1936 era el orden público, es un hecho cierto que el presidente de las Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio, propuso al general Mola, el mismo día 18 de julio, el Ministerio de Gobernación para que restaurase la normalidad alterada por la sublevación de los militares en África del Norte y en alguna parte de la Península. Su respuesta negativa evidenció el propósito de los rebeldes. Se trataba de instaurar un régimen totalitario inspirado en la Alemania nazi y la Italia fascista que dejase sin efecto las libertades y derechos ciudadanos, sustituyéndolos por la voluntad incuestionable de un Jefe, llámese Fürher, Duce o Caudillo, aun a costa de eliminar física y moralmente a más de la mitad de los españoles.
Para conseguir estos obsesivos y crueles objetivos no dudaron en diseñar políticas que, como confesó el general Franco a un periodista inglés, pudiesen llevar al exterminio de todos los que profesasen ideas democráticas o permaneciesen fieles a la legalidad republicana, hoy día prolongada por la Constitución de 1978. No hace falta un profundo conocimiento de las normas jurídicas para concluir, con arreglo a la legalidad entonces vigente, que los militares alzados contra el Gobierno salido de las urnas cometieron un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar.
Pero lo más asombroso para cualquier jurista nace de la subversión de la lógica y racionalidad del Derecho al considerar a los que permanecen fieles al Gobierno legítimo de la República como reos de rebelión militar, si pertenecían al Ejército y como auxiliadores de la rebelión si eran civiles.
Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes de traición a la patria. Las cifras de ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos no podrán ser borradas de la historia porque dejaron rastros y documentos elocuentes, como los que hemos citado antes.
La dignidad democrática exige que los mecanismos legales y judiciales dejen claro que la actitud de una parte importante del Ejército en el mes de julio de 1936 constituyó un delito de rebelión militar. Lo que hizo el juez Garzón, con su decisión de 16 de octubre de 2008, trataba de restaurar la pura racionalidad de la ley al considerar al general Franco y a sus más directos colaboradores como culpables de un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar. Todos sabemos que estaban en su mayoría muertos, pero no existe ningún obstáculo legal para romper la subversión insoportable de la racionalidad jurídica y colocar a cada uno en su sitio. A los rebeldes como tales y las víctimas como leales ciudadanos que permanecieron fieles a los valores democráticos que encarnaba la legalidad republicana y que pagaron con su vida, con sus bienes y con un cruel destino su defensa de las libertades que ahora todos disfrutamos.
La resolución judicial del Juez de Instrucción Central número 5 responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada y un Estado de derecho. El poder judicial no puede ignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España e integrados en la Constitución de 1978.
La esponja del olvido no puede borrar la esencia de la democracia. Cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece de sustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados.
Lo hizo Alemania en 1998 y en 2002, es decir, 47 años después de la derrota del régimen nazi, y lo ha vuelto a hacer en 2009. La ley alemana no puede ser más sencilla y coherente. Se dispone la nulidad ipso iure de todas las sentencias y condenas dictadas por la Administración de la justicia penal a partir del 30 de enero de 1933, en contra de los más elementales principios de justicia y que tenían por objeto la consolidación del régimen nacional socialista, al tiempo que estaban basadas en discriminación por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos.
¿Puede España permanecer ajena a estas exigencias?
TRIBUNA: JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
'Robó en una iglesia para vestir a un hijo'
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN 23/06/2010
Los militares sublevados que desataron nuestra Guerra Civil comenzaron a construir su entramado "jurídico" a golpe de bandos de guerra. En el de 24 de julio de 1936, dictado por el general Queipo de Llano, se ordena pasar por las armas, sin juicio previo, a todos los dirigentes y simpatizantes del Gobierno de la República. El de 28 de julio de 1936 suaviza la brutalidad de su predecesor y, junto con otras disposiciones posteriores, abre paso a juicios sumarísimos sin garantías, que terminan, en la mayoría de los casos, con penas de muerte.
Algunos fragmentos de la "jurisprudencia" emanada de estos consejos de guerra puede ilustrar sobre las consecuencias, demoledoras e insoportables para el mundo del derecho, de la política represiva y exterminadora que se aplicó durante la Guerra Civil y la posguerra. Bastan unos pocos casos para ilustrar sobre las dimensiones de las aberraciones jurídicas cometidas.
Uno: "Se trata de una mujer de mala conducta, de ideas comunistas que se incautó víveres y ropas de una iglesia para confeccionar ropas a un hijo suyo" (sentencia del 11 de marzo de 1941).
Otro en León, el 5 de noviembre de 1936, contra el gobernador civil y otras personas relacionadas con el Gobierno de la República. Al catedrático de instituto Manuel Santamaría Andrés se le imputa "haber sido presidente del Partido de Izquierda Republicana, destacado elemento del mismo, frecuentando el Gobierno Civil en el que estuvo hasta momentos antes de ser atacado por la fuerza el día 20 de julio, constando en su descargo que por discrepancias con la orientación del Frente Popular, al surgir el movimiento salvador, estaba separado del cargo que desempeñaba en el partido de Izquierda Republicana". Con estas acusaciones, muchos de ustedes habrán pensado que fue suspendido de empleo y sueldo y apartado de la cátedra. Están equivocados, fue condenado por traición a la patria y pasado por las armas a las 48 horas.
Nos enfrentamos a una cuestión que no es exclusivamente jurídica, sino de dignidad democrática. Un sistema democrático que se inspira en los valores superiores de la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, no puede digerir sin traumas y complicaciones colaterales toda la brutalidad que se puso en marcha el 18 de julio de 1936 con el único objetivo de aniquilar a la mayoría de la población española que trataba de impulsar los valores impecablemente democráticos y republicanos que proclamaba la Constitución de 1931.
Si, como dicen algunos, el problema de España en la segunda mitad del 1936 era el orden público, es un hecho cierto que el presidente de las Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio, propuso al general Mola, el mismo día 18 de julio, el Ministerio de Gobernación para que restaurase la normalidad alterada por la sublevación de los militares en África del Norte y en alguna parte de la Península. Su respuesta negativa evidenció el propósito de los rebeldes. Se trataba de instaurar un régimen totalitario inspirado en la Alemania nazi y la Italia fascista que dejase sin efecto las libertades y derechos ciudadanos, sustituyéndolos por la voluntad incuestionable de un Jefe, llámese Fürher, Duce o Caudillo, aun a costa de eliminar física y moralmente a más de la mitad de los españoles.
Para conseguir estos obsesivos y crueles objetivos no dudaron en diseñar políticas que, como confesó el general Franco a un periodista inglés, pudiesen llevar al exterminio de todos los que profesasen ideas democráticas o permaneciesen fieles a la legalidad republicana, hoy día prolongada por la Constitución de 1978. No hace falta un profundo conocimiento de las normas jurídicas para concluir, con arreglo a la legalidad entonces vigente, que los militares alzados contra el Gobierno salido de las urnas cometieron un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar.
Pero lo más asombroso para cualquier jurista nace de la subversión de la lógica y racionalidad del Derecho al considerar a los que permanecen fieles al Gobierno legítimo de la República como reos de rebelión militar, si pertenecían al Ejército y como auxiliadores de la rebelión si eran civiles.
Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes de traición a la patria. Las cifras de ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos no podrán ser borradas de la historia porque dejaron rastros y documentos elocuentes, como los que hemos citado antes.
La dignidad democrática exige que los mecanismos legales y judiciales dejen claro que la actitud de una parte importante del Ejército en el mes de julio de 1936 constituyó un delito de rebelión militar. Lo que hizo el juez Garzón, con su decisión de 16 de octubre de 2008, trataba de restaurar la pura racionalidad de la ley al considerar al general Franco y a sus más directos colaboradores como culpables de un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar. Todos sabemos que estaban en su mayoría muertos, pero no existe ningún obstáculo legal para romper la subversión insoportable de la racionalidad jurídica y colocar a cada uno en su sitio. A los rebeldes como tales y las víctimas como leales ciudadanos que permanecieron fieles a los valores democráticos que encarnaba la legalidad republicana y que pagaron con su vida, con sus bienes y con un cruel destino su defensa de las libertades que ahora todos disfrutamos.
La resolución judicial del Juez de Instrucción Central número 5 responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada y un Estado de derecho. El poder judicial no puede ignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España e integrados en la Constitución de 1978.
La esponja del olvido no puede borrar la esencia de la democracia. Cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece de sustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados.
Lo hizo Alemania en 1998 y en 2002, es decir, 47 años después de la derrota del régimen nazi, y lo ha vuelto a hacer en 2009. La ley alemana no puede ser más sencilla y coherente. Se dispone la nulidad ipso iure de todas las sentencias y condenas dictadas por la Administración de la justicia penal a partir del 30 de enero de 1933, en contra de los más elementales principios de justicia y que tenían por objeto la consolidación del régimen nacional socialista, al tiempo que estaban basadas en discriminación por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos.
¿Puede España permanecer ajena a estas exigencias?
sábado, 18 de julio de 2009
"¿Qué pasó el 18 de julio?," artículo de Emma Riverola; algunas reflexiones sobre la enseñanza de la historia
Me acuerdo de la primera vez que entendí que mi país era capaz de darme vergüenza -- o por lo menos, que no tenía que estar de acuerdo con todas las decisiones políticas de mi gobierno. Era adolescente, y me escribía con un amigo de correspondencia, Miguel, en Panamá. El año era 1989, y por medio de una revista llamada Tú, destinada para jóvenes principalmente latinoamericanos, tuve la oportunidad de escribir a más de 10 personas en Colombia, Panamá, México, Brasil, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, España y lo que era en aquel entonces Checoslovaquia. Conocí a dos de aquellos amigos, uno que vino a Estados Unidos desde Costa Rica, y otra cuando yo fui a Sevilla durante un viaje a España en 1998.
ex-dictador panameño, Manuel Noriega
Miguel y yo llevábamos unos meses escribiéndonos cuando Estados Unidos invadió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Hasta aquel momento, nos contábamos lo normal para dos adolescentes - generalmente, se trataba de qué música escuchábamos, adonde salíamos y con quien, y cómo eran las clases. Pero cuando pasó "aquello," cuando los tanques pasaban por las calles de la ciudad de Panamá y los militares subían a todo volumen una música horrible para hacer que Manuel Noriega saliera de su casa para que lo pudieran detener, cambió la amistad que Miguel y yo habíamos forjado por carta. Me contó su tristeza de lo que sucedía en su país. Aunque nunca me lo dijera explícitamente, sabía que yo pertenecía ahora al país invasor, y él, al invadido. Dejamos de escribirnos poco después.
Por lo menos en aquel entonces, se presentaba esta invasión como lo mejor que pudo suceder para Panamá. Similar al caso de Irak, uno de los motivos, ante todo, fue destronar a un dictador, supuestamente para el bien de los ciudadanos. Me metí en Wikipedia a ver qué decían sobre la invasión de Panamá. Entre las razones que citan son: defender a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban allí; defender los derechos humanos; y parar el narcotráfico. ¿Defender los derechos humanos? ¿O era más bien defender los intereses de Estados Unidos en la región? ¿Será esta la historia que cuentan los libros de historia en este país sobre la guerra de Irak? ¿O hablarán también de las violaciones graves en contra de los derechos humanos que se produjeron en Irak y Guantánamo?
Para mí, Panamá representó la primera vez que sentí un conflicto interno sobre mi estatus como ciudadana estadounidense. Yo era "gringa." "Yanqui." Volví a experimentar una emoción parecida cuando entré en la universidad. No sabía mucho de la historia brutal de la esclavitud en este país, o de la larga y continua trayectoria del movimiento para derechos civiles, hasta tomar un curso titulado "Black Experience" (la experiencia negra), que presentaba la historia estadounidense desde la perspectiva afro-americana. Tampoco sabía del papel de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur. Y la primera guerra en Irak era, para mí, unas luces nocturnas medio verdes con explosiones intermitentes. Cuando me fui enterando de todo lo que nunca había aprendido, recuerdo haberme sentido engañada, avergonzada, y enfadada. Pero tuve la suerte de tener a profesores que me ayudaban a abrir la mente a otras historias, a otras Historias.
No siempre me consideraba una persona políticamente responsable; ahora que lo pienso, era una veinteañera relativamente apática. Las clases que tomé no me cambiaron radicalmente la actitud hacia la política o me hicieron participar activamente en campañas o manifestaciones o escribirle cartas de protesta o petición a mi congresista local. La verdad es que tuvieron que pasar varios años -- la presidencia de Clinton - antes que realmente consideré seriamente mi relación con la política, y mi relación conmigo misma como ciudadana estadounidense. Las elecciones de 2000, en que Al Gore "perdió" para cederle la presidencia al hijo Bush, me provocaron una frustración enorme y un sentido de injusticia, y los Estados Unidos después del 11-S marcaron una nueva etapa en la evolución de mi relación con la política y los políticos.
La anécdota sobre mi amigo panameño y mis reflexiones después tienen poco que ver con el tema de este blog, pero surgen aquí gracias a un artículo de opinión que he leído esta mañana,"¿Qué pasó el 18 de julio?," de Emma Riverola, una novelista de la que he escrito aquí en otras ocasiones (ver posts sobre Cartas desde la ausencia y nuestra entrevista). Riverola utiliza una fecha, el 18 de julio, para hablar del papel del sistema educativo en España, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de la historia reciente. Este es un tema que he comentado aquí antes, y uno que me interesa mucho. Si los libros de texto no enseñan lo que pasó en la historia de un país, si hay información que queda al margen -- por cuestiones de tiempo, espacio, rechazo o pura ignorancia -- los jóvenes se crían en una burbuja que los protege del mundo exterior: como dice Riverola, viven "inmersos en la apatía de la complacencia." Son más fácilmente manipulados por los políticos, y sirven como títeres para los intereses de ellos. Creen ciegamente en lo que leen y lo que ven, y no siempre por culpa suya. La apatía impide la resistencia y el cambio político.
No sé cómo los libros de texto españoles de hoy presentan el 18 de julio. Pero las múltiples interpretaciones de aquella fecha en internet -- que si se denomina golpe de Estado, Alzamiento Nacional o, como señala Riverola, apuntando una web pro-franquista, Día de Liberación - apuntan las dificultades afrontadas por los docentes al enseñar la historia. ¿Puede haber -- ¿debe haber? - un consenso general en los libros sobre la relevancia del 18 de julio para España? Tal vez la pregunta no es esa, sino, cómo bien lo dice Riverola, cómo "devolver a los jóvenes la voluntad de hacer historia"," cómo estimular en ellos el deseo de saber, y ofrecerles las herramientas necesarias para explorar y evaluar distintas versiones del pasado antes de tomar una decisión sobre cómo se debe "leer" ese pasado.
Riverola menciona el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra consciencia del pasado: "Las nuevas tecnologías nos han impuesto la inmediatez. El ocio, el conocimiento y el consumo en un clic. Todo es rápido, todo es fácil y rabiosamente innovador. [...] Allí, entre las máquinas de escribir y los papeles que huelen a polvo, duerme nuestro pasado." Especialmente a causa de la velocidad con que el internet publica y borra las noticias, transformando la historia literalmente minuto por minuto, parte del rescate del pasado depende de nuestra habilidad de leer críticamente las historias que recibimos, de apuntar y cuestionar lagunas, blanqueos, mentiras y revisiones que son más bien falsificaciones de documentos, de nombres y de fechas. Pero la otra parte depende de nuestra responsabilidad -- como ciudadanos de cualquier país del mundo -- de, en palabras de Riverola, "transmitir el legado de la historia para que los errores del pasado no se conviertan en la herencia de las futuras generaciones."
Si somos docentes, "transmitir el legado de la historia" es nuestra labor más importante, y no sólo en las clases de historia. Como profesora de literatura, tengo el deber de ayudar a que mis estudiantes conozcan el contexto histórico en que fue escrita una novela. Pero lo que es tal vez más importante, tengo la obligación de motivarlos a explorar más allá de las fronteras del aula y empezar sus propias investigaciones.
Yo nunca he enseñado el 18 de julio como el "Alzamiento Nacional." Ni siquiera utilizo esa frase, pero cuando aparece, explico su relevancia, sus autores, y sus connotaciones. Luego pasamos a hablar de la frase "golpe de estado." Porque el 18 de julio era un golpe de estado contra un gobierno democrático, legítimamente elegido. De acuerdo con el historiador Julián Casanova, "no hay que darle. . .demasiadas vueltas al asunto: sin esa sublevación, no se hubiera producido una guerra civil. Habrían pasado otras cosas, pero no aquella matanza. La mayoría de los historiadores sabemos hoy que eso fue así, aunque se busquen otras excusas o la derecha políticamente centrada de finales del siglo XX se niegue a condenar en las Cortes a los sublevados de 1936, precisamente a aquellos que los cerraron a cal y canto a los representantes legítimos de los ciudadanos durante más de cuatro décadas" (48-9, en La Iglesia de Franco).
Perspectivas contrastantes del 18 de julio:
ex-dictador panameño, Manuel Noriega
Miguel y yo llevábamos unos meses escribiéndonos cuando Estados Unidos invadió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Hasta aquel momento, nos contábamos lo normal para dos adolescentes - generalmente, se trataba de qué música escuchábamos, adonde salíamos y con quien, y cómo eran las clases. Pero cuando pasó "aquello," cuando los tanques pasaban por las calles de la ciudad de Panamá y los militares subían a todo volumen una música horrible para hacer que Manuel Noriega saliera de su casa para que lo pudieran detener, cambió la amistad que Miguel y yo habíamos forjado por carta. Me contó su tristeza de lo que sucedía en su país. Aunque nunca me lo dijera explícitamente, sabía que yo pertenecía ahora al país invasor, y él, al invadido. Dejamos de escribirnos poco después.
Por lo menos en aquel entonces, se presentaba esta invasión como lo mejor que pudo suceder para Panamá. Similar al caso de Irak, uno de los motivos, ante todo, fue destronar a un dictador, supuestamente para el bien de los ciudadanos. Me metí en Wikipedia a ver qué decían sobre la invasión de Panamá. Entre las razones que citan son: defender a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban allí; defender los derechos humanos; y parar el narcotráfico. ¿Defender los derechos humanos? ¿O era más bien defender los intereses de Estados Unidos en la región? ¿Será esta la historia que cuentan los libros de historia en este país sobre la guerra de Irak? ¿O hablarán también de las violaciones graves en contra de los derechos humanos que se produjeron en Irak y Guantánamo?
Para mí, Panamá representó la primera vez que sentí un conflicto interno sobre mi estatus como ciudadana estadounidense. Yo era "gringa." "Yanqui." Volví a experimentar una emoción parecida cuando entré en la universidad. No sabía mucho de la historia brutal de la esclavitud en este país, o de la larga y continua trayectoria del movimiento para derechos civiles, hasta tomar un curso titulado "Black Experience" (la experiencia negra), que presentaba la historia estadounidense desde la perspectiva afro-americana. Tampoco sabía del papel de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur. Y la primera guerra en Irak era, para mí, unas luces nocturnas medio verdes con explosiones intermitentes. Cuando me fui enterando de todo lo que nunca había aprendido, recuerdo haberme sentido engañada, avergonzada, y enfadada. Pero tuve la suerte de tener a profesores que me ayudaban a abrir la mente a otras historias, a otras Historias.
No siempre me consideraba una persona políticamente responsable; ahora que lo pienso, era una veinteañera relativamente apática. Las clases que tomé no me cambiaron radicalmente la actitud hacia la política o me hicieron participar activamente en campañas o manifestaciones o escribirle cartas de protesta o petición a mi congresista local. La verdad es que tuvieron que pasar varios años -- la presidencia de Clinton - antes que realmente consideré seriamente mi relación con la política, y mi relación conmigo misma como ciudadana estadounidense. Las elecciones de 2000, en que Al Gore "perdió" para cederle la presidencia al hijo Bush, me provocaron una frustración enorme y un sentido de injusticia, y los Estados Unidos después del 11-S marcaron una nueva etapa en la evolución de mi relación con la política y los políticos.
La anécdota sobre mi amigo panameño y mis reflexiones después tienen poco que ver con el tema de este blog, pero surgen aquí gracias a un artículo de opinión que he leído esta mañana,"¿Qué pasó el 18 de julio?," de Emma Riverola, una novelista de la que he escrito aquí en otras ocasiones (ver posts sobre Cartas desde la ausencia y nuestra entrevista). Riverola utiliza una fecha, el 18 de julio, para hablar del papel del sistema educativo en España, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de la historia reciente. Este es un tema que he comentado aquí antes, y uno que me interesa mucho. Si los libros de texto no enseñan lo que pasó en la historia de un país, si hay información que queda al margen -- por cuestiones de tiempo, espacio, rechazo o pura ignorancia -- los jóvenes se crían en una burbuja que los protege del mundo exterior: como dice Riverola, viven "inmersos en la apatía de la complacencia." Son más fácilmente manipulados por los políticos, y sirven como títeres para los intereses de ellos. Creen ciegamente en lo que leen y lo que ven, y no siempre por culpa suya. La apatía impide la resistencia y el cambio político.
No sé cómo los libros de texto españoles de hoy presentan el 18 de julio. Pero las múltiples interpretaciones de aquella fecha en internet -- que si se denomina golpe de Estado, Alzamiento Nacional o, como señala Riverola, apuntando una web pro-franquista, Día de Liberación - apuntan las dificultades afrontadas por los docentes al enseñar la historia. ¿Puede haber -- ¿debe haber? - un consenso general en los libros sobre la relevancia del 18 de julio para España? Tal vez la pregunta no es esa, sino, cómo bien lo dice Riverola, cómo "devolver a los jóvenes la voluntad de hacer historia"," cómo estimular en ellos el deseo de saber, y ofrecerles las herramientas necesarias para explorar y evaluar distintas versiones del pasado antes de tomar una decisión sobre cómo se debe "leer" ese pasado.
Riverola menciona el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra consciencia del pasado: "Las nuevas tecnologías nos han impuesto la inmediatez. El ocio, el conocimiento y el consumo en un clic. Todo es rápido, todo es fácil y rabiosamente innovador. [...] Allí, entre las máquinas de escribir y los papeles que huelen a polvo, duerme nuestro pasado." Especialmente a causa de la velocidad con que el internet publica y borra las noticias, transformando la historia literalmente minuto por minuto, parte del rescate del pasado depende de nuestra habilidad de leer críticamente las historias que recibimos, de apuntar y cuestionar lagunas, blanqueos, mentiras y revisiones que son más bien falsificaciones de documentos, de nombres y de fechas. Pero la otra parte depende de nuestra responsabilidad -- como ciudadanos de cualquier país del mundo -- de, en palabras de Riverola, "transmitir el legado de la historia para que los errores del pasado no se conviertan en la herencia de las futuras generaciones."
Si somos docentes, "transmitir el legado de la historia" es nuestra labor más importante, y no sólo en las clases de historia. Como profesora de literatura, tengo el deber de ayudar a que mis estudiantes conozcan el contexto histórico en que fue escrita una novela. Pero lo que es tal vez más importante, tengo la obligación de motivarlos a explorar más allá de las fronteras del aula y empezar sus propias investigaciones.
Yo nunca he enseñado el 18 de julio como el "Alzamiento Nacional." Ni siquiera utilizo esa frase, pero cuando aparece, explico su relevancia, sus autores, y sus connotaciones. Luego pasamos a hablar de la frase "golpe de estado." Porque el 18 de julio era un golpe de estado contra un gobierno democrático, legítimamente elegido. De acuerdo con el historiador Julián Casanova, "no hay que darle. . .demasiadas vueltas al asunto: sin esa sublevación, no se hubiera producido una guerra civil. Habrían pasado otras cosas, pero no aquella matanza. La mayoría de los historiadores sabemos hoy que eso fue así, aunque se busquen otras excusas o la derecha políticamente centrada de finales del siglo XX se niegue a condenar en las Cortes a los sublevados de 1936, precisamente a aquellos que los cerraron a cal y canto a los representantes legítimos de los ciudadanos durante más de cuatro décadas" (48-9, en La Iglesia de Franco).
Perspectivas contrastantes del 18 de julio:
martes, 16 de junio de 2009
El 18 de julio
"Perpetuating the trajectory of a memory can be enhanced by creative use of anniversaries." [Se puede acrementar la trayectoria de una memoria por el uso creativo de aniversarios]Hemos visto como el movimiento para las memorias históricas en España a menudo intenta re-conectar una fecha de hoy con una del pasado -- algunos ejemplos serían las conmemoraciones del exilio de 39, del final de la guerra, o de la muerte de Franco, etc. Puede ser una manera de hacer vivir el pasado en el presente, para bien o para mal. En el artículo de abajo, lo interesante es el vínculo que parece querer establecer el PP con el 18 de julio, una fecha que para algunos sigue siendo el "Alzamiento" y para otros, el "golpe de estado."- Roxana Waterson, en "Trajectories of Memory: Documentary Film and the Transmission of Testimony," History and Anthropology 18.1 (2007): 51-73.
16/06/2009 EL PLURAL.COM
Joaquín Garrido Mena
Elecciones en Torrevieja, el dieciocho de julio
Esta ha sido una de las últimas decisiones del alcalde de Torrevieja: ha decidido por unanimidad convocar las elecciones locales del PP de Torrevieja, para cambiar la ejecutiva del mismo, el mismísimo “dieciocho de Julio” ( aniversario del Alzamiento Nacional).
Lo curioso de esta situación,es que este alcalde ha sido durante 22 años un mandatario absolutista dentro de su partido y no ha tenido nunca oposición interna, ha sido dueño y señor de su partido.
Actualmente le han salido dos opositores dentro de su partido, cosa insólita en los anales del PP.
La fecha del dieciocho de Julio, le debe sugerir supuestamente, el aplastamiento “ de todo aquello que suene a subversivo”, por tanto advierte a sus rivales que la fecha es la que es, y que supuestamente no va a permitir, “ el levantamiento del orden Constitucional que él tiene establecido en su partido y en esta ciudad”.
Recordemos que esta ciudad es uno de los grandes bastiones del PP a nivel nacional , por encima de la media en la Comunidad Valenciana; en las últimas elecciones europeas, han sacado una ventaja a la segunda fuerza política del 17%.
Este señor también es uno de los que reciben grandes apoyos por parte del señor Camps, imputado por el caso Gürtell y que es en esta ciudad donde se le hacen grandes recibimientos y festejos.
Parece que la gente no sabe o se olvida que este señor también está imputado, por la Fiscalía Anticorrupción, y que su causa se ha retrasado más de lo normal, porque ha pasado a la situación de aforado, por ser Diputado de las Cortes Valencianas y han tenido que cambiarse los tribunales normales por el Tribunal Superior de Justicia, además su causa está en proceso de “instrucción”.
Esperemos que la justicia haga su trabajo, y al final se juzguen dichas causas.
En las elecciones locales de Torrevieja, que gane el buen sentido común, porque él, supuestamente ,ha decido perpetuarse como presidente del PP y de rebote seguir de alcalde.
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