Libro: Democracy Without Justice in Spain, de Omar Encarnación (La democracia sin justicia en España)

Resumen (via la editorial):

Spain is a notable exception to the implicit rules of late twentieth-century democratization: after the death of General Francisco Franco in 1975, the recovering nation began to consolidate democracy without enacting any of the mechanisms promoted by the international transitional justice movement. There were no political trials, no truth and reconciliation commissions, no formal attributions of blame, and no apologies. Instead, Spain's national parties negotiated the Pact of Forgetting, an agreement intended to place the bloody Spanish Civil War and the authoritarian excesses of the Franco dictatorship firmly in the past, not to be revisited even in conversation. Formalized by an amnesty law in 1977, this agreement defies the conventional wisdom that considers retribution and reconciliation vital to rebuilding a stable nation. Although not without its dark side, such as the silence imposed upon the victims of the Civil War and the dictatorship, the Pact of Forgetting allowed for the peaceful emergence of a democratic state, one with remarkable political stability and even a reputation as a trailblazer for the national rights and protections of minority groups.

Omar G. Encarnación examines the factors in Spanish political history that made the Pact of Forgetting possible, tracing the challenges and consequences of sustaining the agreement until its dramatic reversal with the 2007 Law of Historical Memory. The combined forces of a collective will to avoid revisiting the traumas of a difficult and painful past and the reliance on the reformed political institutions of the old regime to anchor the democratic transition created a climate conducive to forgetting. At the same time, the political movement to forget encouraged the embrace of a new national identity as a modern and democratic European state. Demonstrating the surprising compatibility of forgetting and democracy, Democratization Without Justice in Spain offers a crucial counterexample to the transitional justice movement. The refusal to confront and redress the past did not inhibit the rise of a successful democracy in Spain; on the contrary, by leaving the past behind, Spain chose not to repeat it.

Reseña del libro (inglés)

La Ley de Memoria

En los últimos días, ha habido varias noticias sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (LMH) y los intentos recientes para arreglar esta situación.

El TSJ tramita una denuncia contra Rita Barberá por los símbolos franquistas (hoy, en El País)

Colau prohíbe la misa en el castillo de Montjuïc por los sublevados de 1936 (16.7.15, en El País)

Después de la retirada de estatuas

Hace unos años, como consecuencia de la Ley de Memoria Histórica, se leía todo el tiempo de la retirada de escudos franquistas, estatuas ecuestres y otros símbolos de la dictadura. Sin embargo, lo que siempre quedaba (y queda) fuera de la ecuación es qué iba a pasar después de la desaparición de estas placas, monumentos e insignia? En otras palabras, ¿adónde van y qué se hace de ellos? ¿Se permite que la genta los vea y estudie, se destruyen o es que quedan bajo cerradura para nunca volver a ver la luz del día? Es más, ¿qué se pone en su lugar? ¿Se deja sin nada, o se reemplaza con algo más - por ejemplo, otra estatua, un árbol o un banco? Si se deja el sitio sin tocar, ¿cuánto tiempo lleva para reintegrarse en el "paisaje," para que la gente ya no piensa en el hecho de que antes había "algo" que "vivía" en ese lugar?

Llevo tiempo contemplando preguntas así, mientras empiezo a poner en marcha los preparativos para una nueva clase sobre memoria y cultura visual. Ahora leo en El País (ver "La plaza de nunca acabar" del 24.5.13) que la plaza de España de Ferrol, que hasta 2002 tenía una estatua ecuestre de Franco, aún no ha hecho nada para poner en su lugar la supuesta "parque verde" que, según el artículo, "se ha tragado 20 millones de euros en una década de obras inacabadas." Ya había sido una decisión controvertida retirar la estatua - que, como en otros lugares, se hizo de noche como para evitar problemas - pero ahora va más allá de cuestiones de memoria histórica. Se ha convertido en una vergüenza para muchos, de todo tipo de ideologías, por la cantidad excesiva de euros gastados y el estado en que ha quedado la plaza. Buscando fotos el viejo Ferrol, encontré varias postales colgadas en un foro (abajo), donde se compara la llamada "Ferrol del Caudillo" con la plaza actual:

Se ha usado la frase "memoria histórica" para hablar casi exclusivamente de la memoria del pasado franquista. En algún lugar recuerdo haber leído que conviene expandir nuestro entendimiento y uso de esta frase, para que ya no se aplique solo al siglo XX (o más específicamente a esta última década del movimiento memorialista), sino también a otros momentos históricos. Si llega el momento de despojar el término de su significado o connotación actual, dudo que sea pronto. No obstante, es interesante que en por lo menos este caso, el deseo (o, para otros, la necesidad legal) de romper con el pasado franquista llevara a otra polémica sobre espacio público y no a resolver la ausencia del monumento anterior.

Documental: "Donantes de memoria" (2006)

Visto en: dondocumentales

Documental "Donantes de Memoria", producido para la cadena CRN Giralda (2006), con motivo de la ley de la Memoria Histórica. Historiadores, cronistas y personajes anónimos que vivieron algunas de las más tristes escenas de la Guerra Civil Española.

El Supremo y el juez Garzón

Visto en: La Voz de Asturias.com


El Supremo maneja los tiempos de Garzón

Tres causas. El alto tribunal se prepara para juzgar este año al magistrado por todos los procesos

09/01/2011 14:58 / ÁNGELES VÁZQUEZ / Madrid

El "feliz año" que acompaña los saludos en esta época tiene esta vez un significado claro para el juez Baltasar Garzón: que el Tribunal Supremo le absuelva en las tres causas por las que será juzgado. Un vía crucis que se concentrará en 2011 y que se iniciará con el procedimiento abierto por haber osado abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Se juega 20 años de inhabilitación. Es la pena que solicita para él el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, que comparte acusación con la asociación, también de corte ultraderechista, Libertad e Identidad.

Fuentes jurídicas sitúan la fecha para celebrar el juicio en torno al 10 de febrero, aunque aún no se ha fijado oficialmente, lo que significa que aún no es definitiva. Y, paradójicamente, podría retrasarla el propio Garzón con la recusación que presentó el pasado 16 de diciembre contra cinco de los siete magistrados que le juzgarán.

El de los crímenes del franquismo será el primer juicio al que se enfrente el juez

Pero el retraso que podría significar la recusación, en el poco improbable caso de que la Sala del 61 del Supremo decida tramitarla, no supondrá que pueda adelantar a esta causa otra de las abiertas, en concreto, las de las escuchas de la Gürtel, cuya instrucción también ya ha concluido el instructor, Alberto Jorge Barreiro.

"Un escándalo". "Algo imposible de justificar". Es la opinión, en el mismo Tribunal Supremo, de algunos a los que se ha preguntado sobre si es posible que los crímenes del franquismo se conviertan en el primer juicio al que se enfrentará Garzón. La causa está pendiente únicamente de señalar el día concreto en el que comenzará la vista oral. El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Supremo dictó el auto que fija las pruebas que se celebrarán en el juicio, y establece la composición del tribunal. También la prueba documental que admite, por lo que el Supremo ya ha debido librar los oficios para solicitarla.

¿Cuál será el primer juicio?

El ponente del fallo será Prego, que culpa a la izquierda de la guerra

Las dudas sobre si el tribunal pretendía que no fuera la causa de los crímenes franquistas la primera en ser juzgada surgió en gran medida del ritmo que el propio Supremo ha dado a la instrucción del procedimiento, trepidante entre febrero y julio, pero sobre todo durante abril y mayo, y sin diligencias desde verano a diciembre.
Los motivos de esa actividad y ese parón son varios y no inusuales en la instrucción de causas, porque cualquier otro procedimiento puede requerir en determinado momento especial atención, al afectar a presos, por ejemplo. Además, en la causa del franquismo, también ha contribuido una delicada operación de espalda del ponente, Adolfo Prego.
No obstante, en este caso, el que el instructor de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, corriera tanto entre abril y mayo, podría deberse a un objetivo claro: lograr cuanto antes la suspensión de Garzón. El auto de apertura de juicio oral se notificó después de que el magistrado de la Audiencia Nacional anunciara su intención de trasladarse a la Corte Penal Internacional.

El tribunal considera la fecha del 10 de febrero para celebrar la vista oral

Es curioso comprobar cómo la instrucción de las otras causas contra Garzón ha llenado después del verano la ausencia de actividad en la de la Memoria Histórica.
El hecho fácil de constatar de que el del franquismo es el procedimiento más difícil de explicar para el público en general, tanto fuera como dentro de España, también fomentó la idea de que no sería el primero en ser juzgado.
Es en el que Garzón cuenta con más apoyos, porque es muy sencillo extraer la conclusión de que el juez se ha convertido en la última víctima del franquismo, al ser el único que será juzgado por querer investigar los crímenes de la dictadura. Así lo entendieron las asociaciones de víctimas del franquismo que habían acudido a la Audiencia Nacional en busca de esa justicia que se les había negado hasta el intento de Garzón, aunque fuera vano. De hecho, intentaron autoinculparse en el propio Supremo, organizaron manifestaciones en las principales ciudades y asistieron a los actos de apoyo.
Algunos de ellos han terminado en otros procedimientos, como el que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, por el que el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo está imputado.
Otra muestra de apoyo que ha terminado en la fiscalía es la moción aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol que, gracias al empeño de Varela al que por error se envió el acuerdo, ha acarreado la imputación del alcalde, el socialista Vicente Irisarri.

Sin volver a la Audiencia

Pero por mucho que el Supremo maneje los tiempos de Garzón, el juez se resiste. Ha dicho que su opción de futuro profesional está tomada, con independencia de lo que diga el Supremo, lo que apunta a que no tiene previsto volver a la Audiencia, porque le estaría vetada en caso de condena.
Mientras tanto, si la recusación que ha presentado retrasa el juicio por los crímenes del franquismo, ninguna otra causa podrá coger la delantera, porque también en ellas habrá recusaciones, si el Supremo sigue el criterio que él mismo estableció y que se publicó en el BOE hace justo un año.
El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo de 3 de noviembre de 2008 establece que la Sala de Admisión formará parte de la Sala juzgadora y, con ese mismo criterio, el magistrado al que se designó ponente de la causa será también el de la sentencia que se dicte al finalizar al proceso, según fuentes jurídicas.
En el caso de los crímenes del franquismo el ponente es Adolfo Prego, un magistrado que no ha tenido reparo en mostrar públicamente su oposición a la Ley de Memoria Histórica al firmar un manifiesto que responsabiliza de la guerra civil a los partidos de izquierda.

Los generales franquistas, "personajes históricos"

Patrono de la fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), hasta ha publicado artículos en la revista Hermandad del Valle de los Caídos. En sus autos, los generales franquistas a los que imputó Garzón son apenas "personajes históricos" y un ensayo sobre el robo de niños que se vivió durante la dictadura y continuó en la Transición no pasa de ser "una obra literaria sobre un suceso histórico concreto".
Pese a que la ideología del juez debe quedar fuera de la sala de vistas, que el ponente sea Prego hace que el panorama que se abre ante Garzón no sea halagüeño, como permitía ya augurar la insistencia con la que el Supremo le ha denegado las principales pruebas que proponía para su defensa en cada una de las causas.

Programa radiofónico en internet sobre la memoria histórica en Canarias

El blog "Taimamos," basado en Canarias, tiene un programa radiofónico disponible para escuchar y descargar en internet "sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de sus consecuencias jurídicas." Escuchad y descargadlo aquí. Es de 55 minutos, pero no todo el programa es sobre el asunto de la memoria histórica.

Participan: Josemi Martín, Agustín Bethencourt, Samuel Pulido, Iván Suomi

Reparación moral para un alcalde socialista fusilado en 1939

De: Charramonover.com
Gobierno restaura la memoria del Alcalde de Petrer fusilado tras la Guerra

El nombre de "Pelele" ya está limpio de manera oficial. El Ministerio de Justicia ha remitido a la familia de Rosendo García, un alcalde socialista de Petrer fusilado tras la Guerra Civil, la restauración moral de su persona al amparo de la Ley de la Memoria Histórica. La comisión en defensa de esta ley, formada por PSOE y EU en la ciudad y que ha guiado a la familia en todo el proceso, ha recibido la noticia con satisfacción, aunque apunta a que «es ahora el Ayuntamiento el que debe honrar a Rosendo».

Rosendo García, alias «Pelele», fue nombrado Alcalde-Presidente del Consejo Municipal en 1937, y desempeñó el cargo durante dos años. García fue detenido tras la guerra en Petrer y llevado al desaparecido cine de verano en el Paseo de la Explanada y posteriormente a la plaza de toros de Monóvar, donde sufrió innumerables vejaciones y torturas en presencia de sus compañeros de prisión. Fue juzgado a los pocos meses de acabar la contienda, condenado a muerte, ejecutado en noviembre de 1939 en la tapia del cementerio y depositado en una fosa común.

En noviembre de 2009 se cumplieron 70 años desde el fusilamiento de Rosendo, y fue entonces cuando la familia solicitó permiso para poder exhumar el cuerpo y darle sepultura junto a su también fallecida esposa. El Ayuntamiento aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos políticos para aprobar esta petición.

El PSOE también celebró por esas fechas un homenaje junto a la familia que contó con la asistencia del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y en el que se volvió a reivindicar la necesidad de que Petrer reconociese la figura del ex alcalde, tras sufrir persecución finalizada la Guerra. La exhumación del cadáver, ya en 2010, se dejó correr al haber expirado el plazo para solicitar ayudas al Gobierno, ya que la operación es enormemente costosa.

Un monolito en el cementerio
Las filtraciones de agua en la fosa común del cementerio viejo de Petrer han dificultado en los últimos meses las labores de localización del cuerpo de Rosendo García. Estas filtraciones habrían producido movimientos de tierra que dejarían el cuerpo en una posición distinta a la que barajaba la Comisión para la Memoria Histórica y complicaría la exhumación propuesta por dicha comisión al Ayuntamiento y aprobada en pleno en noviembre del año pasado.

La familia ha estudiado diferentes alternativas, siendo la colocación de un monolito en el cementerio municipal la más factible. Para ello, la Comisión que forman PSOE Y EU ha solicitado al Ayuntamiento que «facilite y apoye» la decisión de la familia para poder levantar el monumento que recuerde «en el lugar en el que le obligaron a yacer».

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Más sobre el Valle de los Caídos y el PP

De: Público.es

El PP niega la represión en el Valle de los Caídos
El Senado aprueba una moción para que el monumento honre a las víctimas republicanas // El conservador Van-Halen sostiene que los presos "pedían ir a la obra voluntariamente"

JUANMA ROMERO Madrid 23/09/2010 01:00

Una vez más, PP y memoria histórica parecen incompatibles. Los conservadores rechazaron ayer miércoles en el pleno del Senado, entre los sonoros abucheos del resto de grupos, una petición fácil al Gobierno: hacer que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de 2007, adecuándola para que el Valle de los Caídos tenga un “uso democrático”, para que se transforme en un monumento que combine el culto con la honra y rehabilitación de la memoria de “todas las personas fallecidas” durante la Guerra Civil y por la “represión política” y que fomente “las aspiraciones de reconciliación y convivencia” de los españoles.

Ese fue el contenido final de la moción presentada por Joan Josep Nuet –senador de Esquerra Unida i Alternativa (la marca catalana de IU) y miembro del grupo de la Entesa– y enmendada por el PSOE. La iniciativa recibió 131 votos a favor, una única abstención (UPN) y 115 en contra, todos del PP. El conservador Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, alcalde de Pastrana (Guadalajara), apoyó el texto "por error", alegaron fuentes del Grupo Popular.

Nuet y los demás senadores mantuvieron la contención, evitando pinchar al PP, que intervenía en último lugar. “Hay que cortar el cordón umbilical que une el monumento con el franquismo. Es una obligación moral y democrática de nuestro país, y además tenemos que aislar a los extremismos –enunciaba cauto el representante de Entesa–. Las misas que se realizan en la cripta del Valle muchos días al año recuerdan al hermano Francisco y el hermano Francisco no es un benedictino. Es el Generalísimo Franco. Es inconcebible que esto sea sí. ¿Se imaginan ustedes que en la catedral de Colonia se recordase al hermano Adolf [Hitler] en una misa católica? ¿Creen que es posible que en la catedral de Milán se recuerde al hermano Benito [Mussolini] En Italia y en Alemania no es posible, pero en España sí. Pedimos por tanto algo muy sencillo: voluntad política". “Podemos ponernos todos de acuerdo en honrar la memoria de los que allí sufrieron y en que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en el Valle de Cuelgamuros”, agregó Enrique Cascallana, del PSOE.

Gestión de los monjes

El conservador Juan Van-Halen rompió el tono del debate a base de encadenar estrambotes. Primero aludió al decreto ley del 23 de agosto de 1957, el que aún gobierna el Valle y que concede la custodia del mausoleo a los monjes benedictinos, que reciben del Estado 340.000 euros al año, como denunció Público el pasado 12 de septiembre. El texto franquista consigna que el edificio sirve para “perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios”.

Para Van-Halen, el decreto “está lleno de hojarasca rarísima”, comparable a la de los textos del Gobierno legítimo de la Segunda República: “Es como si empezamos a sacar textos de 1934 o 1935, o de 1938 o 1942 de la oposición exiliada. Todos ellos son textos de una hojarasca sentimental que debemos entender”.

Luego, subrayó que lo único que se pretendía era “suprimir una abadía benedictina” –ningún grupo dijo eso–. Si ese no fuera el objetivo, el PP votaría la moción, indicó. También defendió la supuesta grandiosidad del edificio: "Estamos ante una basílica que es la basílica mayor del mundo en cuanto a basílica excavada, la segunda basílica en cuanto a su tamaño, que es uno de los monumentos más visitados del patrimonio monumental español, es basílica pontifica desde el año 1960 por el papa Juan XXIII, y evidentemente tiene unas connotaciones que no se ventilan así como así".

Pero lo que causó verdadero estupor fue la justificación de la construcción del Valle, que “no era el mausoleo del dictador”, puesto que Franco tenía "previsto" ser enterrado en El Pardo. Se escudó en el hispanista Paul Preston: “Para nada hubo 27.000 presos. Hubo 2.500. Sólo hubo 700 cada vez. No hubo nada más que 10 muertos en los 18 años que duraron las obras. Los presos y los trabajadores libres cobraban el mismo sueldo. Los presos pedían voluntariamente ir a la obra porque reducían hasta seis días de condena por día de trabajo”. Las protestas y la sensación de bochorno crecieron. Van-Halen bramó: “Señorías, la historia se la pueden creer o no, pero ¡lean un poquito más! Aquí no se puede venir con el Catón, como el señor Cascallana, hay que haber leído algo”.

¿Y si se vuela el mausoleo?

“Dio vergüenza ajena. Pareciera como si los presos hubieran estado de campamento de verano. Lo grave es que el PP justifique los hechos”, decía después Cascallana. Igual de indignada se sentía Carmela Silva, la portavoz socialista.

Durante el pleno, Nuet definió su moción como un “toque de atención, para que el Gobierno se ponga manos a la obra, regule el recinto y sea el recinto de todos los españoles". Josep Maldonado, de CiU, reclamó que además el Ejecutivo inventaríe y elimine los símbolos franquistas. Iñaki Anasagasti (PNV) recordó la película El puente sobre el río Kwai. Tal vez habría que volar el Valle, sugirió, como se hizo con la Cancillería nazi del Tercer Reich. “Pero igual si se vuela, el hermano Francisco [Franco] se despierta y tampoco conviene”. La Cámara rió. El PP no encajó la broma. "No hace falta demolerlo que fue, sino que se conozca, como en otros países de Europa, lo que significó". Para Van-Halen, sin embargo, Cuelgamuros no es sinónimo de oprobio y de humillación.

Una vez más leemos la frase "todos los partidos, salvo el PP"

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¿Cómo puede ser tan terco un partido político? Vez tras vez es el PP que, enfrentado con la posibilidad de "romper su cordón umbilical con el franquismo" (en palabras de Josep Nuet, y muchos otros), se niega a apoyar iniciativas y mociones, agarrando con todas sus fuerzas las reliquias de la dictadura. Hoy, todos los partidos menos el PP han instado al Gobierno a hacer del Valle de los Caídos un verdadero lugar de memoria, no el lugar de amnesia que ha sido por tantos años. Para leer más, pinchar en uno de los enlaces de abajo:

• "Todos los partidos políticos, salvo el PP, instan al Gobierno a cumplir con la Ley de Memoria en el Valle de los Caídos"
• "El Senado aprueba  dar un uso democrático al Valle de los Caídos"
• "Sólo el PP se opone a dar un 'uso democrático' al Valle de los Caídos"

No hay ninguna razón lógica que el PP no pueda o deba apoyar esta moción; sin embargo, una vez más, como magos, los "populares" han sacado de la nada un motivo de desacuerdo: supuestamente, temen que exista una agenda oculta que busca cerrar la abadía dentro del mausoleo. Otro comentario que han hecho es que el sitio es uno de los más visitados de España. Pero ¿por parte de quién? Creo que hay más turistas que lo visitan que españoles. Y allí entendemos un poco mejor lo que los "peperos" ven como el problema real: si se convierte el Valle de los Caídos en un centro de la memoria, entonces los miles de turistas que visitan el monumento por fin sabrán qué es, de parte de quién se construyó, quién está dignamente enterrado allí (y quienes no). Y el resto de España también.

Está claro que el PP está interesado en proteger el legado ligado al monumento -- si se cambia o se altera la función primaria del lugar, luego también habrá que resolver el problema de qué hacer con las tumbas de Franco y Primo de Rivera. ¿Por qué debe permanecer el Valle de los Caídos "intocable" (como algunos piensan que debe suceder con la Constitución)? Podría ser, con un acuerdo entre todos los partidos principales, un verdadero lugar de la memoria -- un lugar donde aprender de e interpretar el pasado franquista, en vez de un sitio donde esconder y protegerlo.

Nota final en inglés: The PP as holdout is starting to remind me of certain other political parties in the U.S., who, long before a motion is even officially put forth, make a blanket decision not to support it. This is done on purely ideological grounds. There is no interest in dialogue or debate -- if the issue is brought forth by the opposing party, then it's a "no-go." It is so difficult to have anything but a cynical view of politics when this is what politics means. As for the PP....I say I do not understand their logic, or their rationale for rejecting this proposal. But really, I do. It is so apparent that they have decided long ago that anything having to do with historical memory is a negative for their party's future. Instead, they prefer to crow on and on about the "unity" of Spain, while doing their very best to ensure that Spain remains as divided as possible about the civil war and Francoism. 

22 de septiembre: debate del Foro Público en el Ateneo de Madrid

Gracias, Anthony por el enlace.

La memoria contra la impunidad del franquismo
Debate. En plena polémica por el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Foro Público aborda todas las cuestiones relacionadas con la reparación de las víctimas de la represión franquista y la eliminación de los símbolos del dictador.

PÚBLICO MADRID 17/09/2010 08:10 Actualizado: 17/09/2010 17:38

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica (con la persistencia de símbolos franquistas y de edificios erigidos en su día a la mayor gloria del dictador); la polémica sobre si el Estado debe financiar las exhumaciones de víctimas de la represión y las actuaciones contra el juez Baltasar Garzón por sus decisiones en esta materia serán algunas de las cuestiones que centrarán, el próximo miércoles 22 septiembre, la nueva edición del Foro Público.

El debate contará con la presencia de cuatro ponentes de excepción: el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; el historiador Josep Fontana; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva; y el vicepresidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.

Esta tercera edición del Foro, titulado Memoria contra la impunidad, persigue, al igual que las anteriores, que los asistentes puedan participar activamente en el debate una vez que los ponentes hayan realizado una primera intervención.

El Foro Público surgió a iniciativa del sociólogo José Vidal-Beneyto, fallecido en marzo, que fue el moderador del primero de los debates, centrado en la relación entre corrupción y democracia.
Cita en el Ateneo

El Ateneo de Madrid será, de nuevo, el escenario elegido para el debate del Foro Público. Para confirmar la asistencia sólo hay que enviar un mensaje a la dirección foropublico@publico.es con la palabra "asistiré".

Fecha: 22 de septiembre de 2010. Hora: 19:00

95% de los símbolos franquistas sigue presente en Santa Cruz

De: laopinion.es
El Ayuntamiento sólo ha eliminado el 5% de los símbolos franquistas
Alternativa Sí se Puede por Tenerife anuncia que exigirá la ejecución de la sentencia que urge a la corporación local a cumplir la Ley de Memoria Histórica

ELOÍSA REVERÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Ayuntamiento de Santa Cruz sólo ha eliminado el 5% del total de las calles cuyos nombres están relacionados con el régimen franquista ("ocho de unas cien"), lo que "convierte a esta ciudad en un auténtico homenaje público al dictador". Por esta razón, Alternativa Sí se Puede Por Tenerife anunciaba ayer en rueda de prensa que solicitarán la ejecución provisional de la sentencia, con la que el Juzgado de los contencioso Administrativo nº 1 urge a la corporación local a que "elabore el catálogo de calles, plazas y edificios públicos que cuenten con denominación o símbolos franquistas para que sean eliminados de conformidad con la Ley de Memoria Histórica".

El recurso fue presentado por este partido porque el Ayuntamiento nunca respondió a su solicitud para que se redactase dicho catálogo. En concreto, la sentencia reconoce a Alternativa su derecho a que el Consistorio "tramite su petición con la resolución que proceda en virtud de la Ley de Memoria Histórica". El candidato a la Alcaldía de la capital por este partido y abogado redactor de la demanda, Pedro Fernández Arcila, pide que el Consistorio comience a dar ya los pasos necesarios para cumplir con esta normativa, "y por ello, la recurra o no, pediremos su ejecución provisional".

Los servicios jurídicos de la corporación local han indicado que en principio no piensan recurrir la sentencia, aunque "se estudiará en profundidad". El Ayuntamiento recuerda que ya se han cambiado las denominaciones de ocho principales vías de la ciudad y que cumplirá con lo establecido por la Ley de Memoria Histórica.

Alternativa Sí se Puede lamenta "la imagen que esta ciudad ofrece al turista. Un lugar con una docena de monumentos y unas cien calles, según los investigadores y especialistas en este tema, que exaltan la figura del dictador y del régimen franquista".

Por su parte, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, Domingo Gari, asegura que en "Santa Cruz permanecen todavía los símbolos del franquismo porque los dirigentes actuales son herederos biológicos o ideológicos del fascismo".

Sentencias franqusitas

De: Nuevatribuna.es
PSOE y PP rechazan que el Gobierno revise sentencias franquistas
Última actualización 15/09/2010@12:23:02 GMT+1
Socialistas y 'populares' han tumbado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.9.2010

Esas sentencias fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 pero la iniciativa de ERC sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda. El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas. "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.

Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles. Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a las víctimas que así lo solicitan.

¡Que se cumpla la ley! Adiós a los símbolos franquistas de Santa Cruz

De: Público.com
Los símbolos franquistas desaparecerán de Santa Cruz
Así obliga la primera sentencia judicial en España que insta a un ayuntamiento a aplicar la Ley de Memoria Histórica en Tenerife

PATRICIA CAMPELO Madrid 14/09/2010 13:47 Actualizado: 14/09/2010 15:49

Las víctimas del franquismo y los colectivos que trabajan por la reparación de su dignidad han ganado una "batalla histórica" en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo han calificado los impulsores de la demanda que 'Alternativa Sí se puede' presentó contra el ayuntamiento de la ciudad insular por no aplicar la ley 52/2007 de Memoria Histórica en lo referente a la retirada de simbología de exaltación de la dictadura.

El pasado viernes, el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz dictó sentencia contra el gobierno municipal, obligándole a elaborar un listado de símbolos y al retiro de todos ellos.

Así lo han explicado hoy en rueda de prensa el responsable del texto de la demanda, el abogado Pedro Fernández Arcila y el historiador Domingo Garí .

"Es la primera sentencia que se dicta en todo el Estado español que obliga a un ayuntamiento a cumplir con la ley de Memoria Histórica", ha reconocido Fernández Arcila en declaraciones a Público.es, en las que ha recordado la necesidad que tenían en Santa Cruz de avanzar un paso más en el reconocimiento del dolor de las víctimas ya que "en Canarias se tiene muy presente lo sucedido en el pasado puesto que hubo grandes represalias".

La demanda, que ha sido estimada en su totalidad, recoge las peticiones del partido 'Alternativa Sí se puede', en las que solicitaban que cada símbolo, calle, placa, escudo o monumento que haga una exaltación del pasado dictatorial, sea retirado conforme obliga el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica en el que se establece que las administraciones públicas, "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

En esa línea también obliga, en el punto tres del mismo artículo, a elaborar un catálogo de vestigios a retirar.

El ayuntamiento de Santa Cruz eludió estas responsabilidades políticas, lo que provocó que 'Alternativa Sí se puede' interpusiera la demanda en abril de 2008.
Nombres participativos

Dentro del marco de acciones que llevan a cabo los colectivos de víctimas en las islas Canarias, se incluye la petición sobre los símbolos, satisfecha en la sentencia dictada el viernes 11 de septiembre. Aún así, "no es lo único por lo que se trabaja", ha indicado Fernández Arcila, "también reivindicamos la memoria de los artistas e intelectuales republicanos represaliados" y desde esa óptica piden que se les rinda tributo con sus nombres en calles o plazas que aún hoy homenajean a militares franquistas.

Para garantizar un proceso de cambio democrático en la nueva denominación del callejero franquista, asegura Arcila, "es muy importante que los vecinos puedan proponer los nuevos nombres".

En ese sentido iniste en que no sea el alcalde de la ciudad quién tome esas decisiones ya que, según el abogado y candidato de 'Alternativa Sí se puede', el jefe del consistorio, Miguel Zerolo, "ya se encargó de cambiar pocos nombres de calles y las propuestas no fueron las más adecuadas" (en referencia a la antigua calle del General Maroto que ahora es la de la Tolerancia, la del Olvido que es la que antes homenajeaba al General Fanjul o la del Perdón, antigua calle del General Goded).

Aplicación de la sentencia

El escenario que deja la sentencia ofrece la posibilidad a 'Alternativa Sí se puede' de solicitar la ejecución provisional para que en caso de que el ayuntamiento recurra la sentencia, pueda comenzar a aplicarse hasta la resolución de ese posible recurso.

"Al no indicar plazo, se desprende que la aplicación de la sentencia tiene que ser inmediata", ha explicado Arcila, por lo que el gobierno municipal debe comenzar "cuanto antes" a elaborar ese catálogo de vestigios para su posterior retiro.

Por su parte, fuentes consistoriales han indicado que "acatan la sentencia" aunque Arcila asegura que el alcalde mostró ayer sus dudas sobre el contenido del auto del juez, ya que "ha alegado haber cambiado ya algunos nombres de calles".

Con independencia de que la decisión judicial sea recurrida, miembros de colectivos de víctimas del franquismo celebran esta sentencia ejemplar con la que esperan que las administraciones públicas empiecen a asumir las responsabilidades que tienen con los represaliados de la dictadura militar.

Caamaño sobre la anulación de la sentencia de Companys

De: Directe.cat
Caamaño no veu necessari anul·lar el judici de Companys
ERC proposa que la Llei de la memòria històrica declari nul·les les sentències il·legítimes

El ministre espanyol de Justícia, Francisco Caamaño, ha assegurat que la sentència que va condemnar a mort el president de la Generalitat, Lluís Companys, 'està privada de tot efecte jurídic' des de l'entrada en vigor de la Llei de memòria històrica. Segons Caamaño, aquest és l'efecte principal de la llei, perquè 'il·legítim és més que nul'. Des d'ERC reclamaven la nul·litat del judici a Companys i han emplaçat al ministre a incloure que les sentències il·legítimes siguin nul·les de ple dret a l'article 3 de la Llei de memòria històrica. Dimarts vinent el Congrés votarà una moció en aquest sentit, que per ERC serà 'la prova del cotó' sobre la voluntat del Ministeri de reparar la memòria de Companys

Aquest dimecres el diputat d'ERC, Joan Tardà, ha interpel·lat el ministre de Justícia, Francisco Caamaño sobre el reconeixement de la nul·litat de la sentència del Tribunal Militar que va condemnar a mort el president Lluís Companys.

El ministre de Justícia ha assegurat que la Llei de memòria històrica aprovada l'any 2007 inclou 'una clàusula de derogació expressa' de les sentències que va dictar el franquisme. Per això 'la conseqüència jurídica directa porta a que aquells òrgans i tribunals que van dictar sentències i resolucions, no només estiguin privades de tot sentit jurídic, sinó que es considera que van ser dictades il·legítimament'.

En el cas de Lluís Companys, ha explicat Caamaño, 'concorren' tots els suposats que inclou la llei. És a dir, la llei de responsabilitats polítiques de l'any 30 ha estat expressament derogada, el consell de guerra ha estat 'expressament' declarat il·legítim, 'com il·legítimes són les sentències i els resolucions' que van dictar aquells tribunals.

Sobre la discussió que han mantingut el diputat Tardà i el ministre sobre la il·legitimitat o la nul·litat de la sentència de Companys, el ministre ha defensat que 'la il·legitimitat té un plus de sanció davant l'anul·lació, que suposa que és repudiable perquè violenta l'essència de l'estat democràtic'.

ERC vol recollir-ho a Llei

El diputat d'ERC, Joan Tardà, creu que si la situació de reparació de la memòria de Companys és tal com diu el ministre, aquest 'no tindrà cap problema' en acceptar que a l'article tres de la Llei de memòria històrica s'afegeixi que les sentències que són il·legítimes siguin nul·les de ple dret. 'Aquesta és la prova del cotó', segons Tardà, per veure el compromís del govern espanyol. La prova es materialitzarà la setmana vinent durant el ple del Congrés quan es debati la moció conseqüència d'aquesta interpel·lació i el PSOE hagi de votar i pronunciar-e en aquest sentit.

Tardà s'ha preguntat perquè 'alguns sí i d'altres no'. 'Qui va col·laborar amb el franquisme ara és cap d'Estat, ha tingut una altra oportunitat, que ara se li nega a Lluis Companys, l'únic president democràtic afusellat pel franquisme i acusat, encara ara, de rebel·lió'.

'No es donen compte que amb aquestes contradiccions, que ja es coneixen com el model espanyol d'impunitat, estem fent molt mal servei a les generacions presents i futures', s'ha preguntat Tardà lamentant la situació. Tot plegat, pensa Tardà, crea un 'embolic' que no permet reparar la memòria del president màrtir.

Santa Cruz y la Ley de Memoria

Visto en: Eldia.es
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz a dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press

El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento capitalino a dar cumplimiento al contenido de la Ley de Memoria Histórica y proceda al cambio de todas las denominaciones de espacios públicos alusivas al franquismo.

Así lo ha dado a conocer en una nota de prensa Alternativa sí se Puede por Tenerife, quien presentó ante el Juzgado una demanda en la que solicitaba la elaboración de un catálogo de calles, plazas, monumentos y edificios públicos que con denominaciones franquistas y se procediese a su cambio por otras que dieran cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica.

El abogado y redactor de la demanda, Pedro Fernández Arcila, ha señalado que esta sentencia "deja al descubierto" lo que "desde hace tiempo" viene denunciando Sí se Puede en distintos foros: que el Ayuntamiento de Santa Cruz "está maniobrando con argucias administrativas de todo tipo no dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica".

Fernández Arcila ha considerado que el Consistorio capitalino no cumple con la citada Ley, especialmente, en aquellos aspectos que recoge su artículo número 15, que hace referencia a la retirada de los espacios públicos de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

El abogado ha deseado que ante esta sentencia el Ayuntamiento "no eluda más su responsabilidad" y proceda a la elaboración de este catálogo, tal y como le solicitaron en un escrito presentado en el Consistorio el 14 de abril de 2008, en el que se le solicitaba que abriese un proceso de participación ciudadana para sustituir esas denominaciones por otras acordes con la legalidad democrática y que, del mismo modo, proceda a la revocación de títulos honoríficos y nombramientos a destacados dirigentes del franquismo, como el propio título de hijo predilecto de Santa Cruz al general Franco.

En el caso de que el Ayuntamiento de Santa Cruz "siga en sus treces y pretenda eludir el cumplimiento claro de esta Ley y de esta reciente sentencia", desde Sí se Puede han anunciado que seguirán "luchando" para exigir su cumplimiento y para abrir los espacios de debate que "el PP y Coalición Canaria pretenden cerrar en la isla de Tenerife, amparándose en supuestas políticas del olvido que enarbola la derecha española para defender la permanencia de los símbolos franquistas".

Artículo sobre el CSIC y la retirada de símbolos franquistas

En: Tiempo de Historia

Debate
Quitados del frontispicio del CSIC los textos y símbolos de exaltación franquista


Obligando al CSIC a ocultar su vergonzosa historia
Por Cristina Calandre Hoenigsfeld 

El árbol Luliano de la Ciencia, emblema del CSIC, ya está liberado de toda la repugnante exaltación franquista que le ahogaba, desde hace más de 70 años. El periódico ABC se ha erigido en el comunicador oficial de esta importante noticia. Primero el día 17 de agosto el periodista Ignacio M. de Prada escribe un artículo con el título El CSIC ordena borrar de sus fachadas la alusiones a Francoy al día siguiente, el 18 de agosto, el mismo periodista da otra con el título de El typex de la memoria histórica hace furor en el CSIC. Según se deduce de ambos artículos , pareciera que hubiera sido el propio CSIC el que tuviera voluntariamente esta iniciativa, así por ejemplo el periodista señala; "... según se indicó a ABC desde el gabinete de comunicación del presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, Juárez, la leyenda que envolvía al escudo del CSIC quedó completamente liso, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, explicando además que ha sido el propio CSIC el que, en cumplimiento de la citada Ley, tuvo que solicitar la retirada de las alusiones franquistas, pues cuando utilizamos un edificio que pertenece al Patrimonio del Estado, tenemos que hacer un escrito pidiendo el permiso a los Ministerios implicados… y esperar una respuesta afirmativa. En este caso, lanzamos un concurso público y más adelante se ejecutan. Cuando el edificio es del CSIC, ejecutamos directamente. El Gobierno cree que nuestras solicitudes están dentro de la normativa vigente y por eso se están acometiendo las obras". Pero me permito hacer la siguiente aclaración a la noticia del ABC: Hemos sido una plataforma de ciudadanos, muchos pertenecientes a familias institucionistas, los que venimos presionando al CSIC, desde exactamente el 22 de febrero del 2010, para que solicitaran dicha retirada de símbolos franquistas. Les hemos obligado a ocultar su propia memoria repugnante y vergonzosa, siguiendo sus métodos de ocultar lo que no les gusta, como por ejemplo las fosas de los republicanos que fueron asesinados por los franquistas. A nosotros no nos gustan las alabanzas a un asesino como Franco. [Sigue]

Conferencia sobre la Ley de Memoria, el 1 de octubre en Barcelona

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA: LOS DERECHOS DE LOS DESCENDIENTES
La Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) realizará el 1 de octubre de 2010 a las 18,30hs , una conferencia acerca de la Ley de Memoria Histórica a realizarse en la sede de la Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña (FEDELATINA), ubicada en Nou de Sant Francesc 15 Barcelona .

Con la participación de miembros de la Junta Directiva de OIDE, Manuel Terradas, abogado disertará sobre  la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de Pedro Luis –descendiente cubano retornado a la península- se debatirán las virtudes y limitaciones de la normativa, así como las experiencias de los descendientes ,las posibilidades que pueden ser utilizadas para recuperar la nacionalidad y las acciones emprendidas por la Asociación.

La intención de OIDE es que todos los descendientes de españoles se encuentren en condiciones de poder hacer uso de sus derechos y ejercerlos, sin discriminación de nacionalidad o de género.

La entrada es libre y gratuita.

Retirada de placas franquistas en Toledo

De: Europa Press

en el casco histórico
El Ayuntamiento Toledo retira tres placas conmemorativas del franquismo

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha comenzado la retirada de tres placas conmemorativas de la época franquista situadas en tres edificios privados del Casco Histórico en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

A preguntas de los medios, el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, ha explicado que la retirada de estas placas proviene de una resolución aprobada "desde hace ya bastantes meses", después de que se hayan estado realizando trámites de consulta con los vecinos, ya que los edificios son privados y "si hay negativa por parte de los propietarios no se puede hacer".

Igualmente, el alcalde ha señalado que los cambios en las denominaciones de las calles que el Ayuntamiento de Toledo que tienen que ser realizados se irán haciendo conforme al procedimiento, pero "sin prisa, sin crear ningún trauma, sin ningún drama y sobre todo sin complicar la vida a nadie".

En este sentido, ha explicado que cambiar los nombres de las calles es distinto a la retirada de las placas, "que están claramente afectadas por la Ley de Memoria Histórica".

García-Page ha apuntado que "no es lo mismo quitar una placa que cambiar el nombre a una calle porque hay que pensar que nombre le das alternativo y para eso el Ayuntamiento tiene un procedimiento establecido que pasa por varios trámites como la consulta al Consejo Social de la Ciudad".

Además, ha destacado que en Toledo el debate de la memoria histórica "se ha llevado con mucho sentido común, inteligencia y ponderación". En este sentido, ha recordado que desde el inicio de la democracia se han ido haciendo modificaciones por todas las corporaciones y ha resaltado que corporaciones gobernadas por el PP "aprovecharon obras para que desaparecieran placas en la Avenida de la Reconquista o en la Delegación de Hacienda".

En cuanto a las calles Alféreces Provisionales y General Moscardó, que cambiarán sus nombres según se aprobó en Pleno, el alcalde ha señalado que todavía no está previsto el cambio ya que no se han elegido alternativas.

En este sentido, ha indicado que los cambios "hay que hacerlos con la intención de trastornar lo menos posible a los vecinos", ya que "hay mucha gente que lo que más le importa es no tener que cambiar la domiciliación bancaria o todo el correo". Asimismo, ha aclarado que el Consistorio quiere que "haya participación ciudadana para proponer nombres", una experiencia que ya se realizó con el nombre del mirador del Puente de San Martín.

¿Devolver a Franco sus honores?

Alguna gente se dedica a causas justas, y otra, a preocuparse por devolver a un dictador muerto sus medallas mal ganadas. Increíble.


De: El País.com
Nuevo recurso para devolver a Franco sus honores

MARÍA MARTÍN - Madrid - 20/07/2010

"Insistimos en que tenemos razón. Esos honores fueron concedidos en su día dentro del derecho". Este es el argumento que ha llevado a la Fundación Nacional Francisco Franco a acudir a los tribunales por segunda vez para recurrir la decisión, amparada en la Ley de la Memoria Histórica, que tomó el pleno del Ayuntamiento de Madrid el 29 de junio de 2009 y que despojaba al caudillo de su título de alcalde honorífico, hijo adoptivo y de sus medallas de oro y honor.

El pasado 11 de junio una juez del juzgado de lo contencioso-administrativo desestimaba el primer recurso interpuesto por la fundación reafirmándose en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Esta norma, según la juez, obliga a las Administraciones públicas a retirar "no solo los objetos, sino las menciones, conmemoraciones o distinciones que supongan un reconocimiento a la Guerra Civil, a la dictadura, al franquismo y a la figura de Francisco Franco".

La institución dedicada al caudillo, por su parte, ha mantenido que los honores y distinciones concedidos al dictador nada tenían que ver con méritos vinculados a la Guerra Civil "sino que se le otorgaron como reconocimiento a sus desvelos e interés por engrandecer la ciudad".

El nuevo recurso, presentado en el mismo juzgado el pasado 9 de julio, y del que aún no ha tenido constancia el Ayuntamiento, se elevará al Supremo, el próximo encargado de decidir si devuelve a Franco sus honores o respeta la decisión municipal, amparada en la ley.

El Cementerio de Granada

Visto en: La Informacion.com

España
Cultura avala proteger el muro del cementerio y plantea a la Consejería si podría ser lugar de memoria

11:09h | EuropaPress

La Delegación Provincial de Cultura ya ha avalado que el muro del cementerio de San José de Granada, donde fueron fusiladas más de 3.900 personas durante la Guerra Civil, debe ser protegido y ha preguntado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería si podría ser declarado 'lugar de memoria'.

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

La Delegación Provincial de Cultura ya ha avalado que el muro del cementerio de San José de Granada, donde fueron fusiladas más de 3.900 personas durante la Guerra Civil, debe ser protegido y ha preguntado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería si podría ser declarado 'lugar de memoria'.

Esta figura está contemplada en el borrador del decreto de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, por lo que la Delegación ha pedido a la Consejería que le aclare si esa protección entrará próximamente en vigor, ya que entiende que sería la mejor forma de conservación del lugar.

Así lo señaló a Europa Press el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Pedro Benzal, quien explicó que los técnicos ya han redactado un informe recomendando la protección de la tapia, después de que la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) haya documentado que en ella fueron fusiladas 3.970 víctimas.

"Creemos que debería ser declarado lugar de memoria y hemos dado el visto bueno a que el lugar sea protegido, porque vemos positiva la solicitud para hacerlo de la asociación, pero nuestra pregunta a Sevilla va en el sentido de si debemos ahora otorgarle una figura de protección que ya existe o esperarnos a que ésta sea contemplada en la ley", explicó el delegado.

Fue el pasado 26 de mayo cuando la asociación entregó a Cultura un informe detallado sobre las 3.970 víctimas de la Guerra Civil que fueron fusiladas en la tapia. Del total de víctimas documentadas, 594 se enterraron en el camposanto granadino como desconocidas, sin nombre y apellidos, sólo con referencias al sexo y la edad, según los datos recogidos por el historiador y vicepresidente de la asociación, Rafael Gil Bracero, fundamentalmente del Registro Civil de Granada, pero también de los consejos de guerra, diligencias militares y de archivos locales. El 90 por ciento de los fusilados lo fueron en años de guerra, entre 1936 y 1939, si bien se registraron más muertes en la tapia en el año 1956, fecha en la que está documentada la última víctima.

En la entrega del listado, Gil Bracero insistió en que probablemente en el cementerio fueron fusiladas muchas más personas de las que hoy se tiene constancia, puesto que la documentación al respecto, como los libros de enterramiento, ha sido "esquilmada" o "destruida".

La intención de la asociación con la aportación a Cultura del informe histórico entregado, según explicó a los periodistas su presidenta, Maribel Brenes, es que la Junta de Andalucía proteja por un lado el muro del cementerio, donde aún pueden verse los disparos de las armas del pelotón de fusilamiento, y, por otro, se recuerden los nombres de las víctimas, dentro de los propios muros del camposanto, descartándose la exhumación de los casi 4.000 fusilados en el lugar.

Se pretende así que "la sociedad granadina" haga un "esfuerzo" para dignificar el muro y a las personas que en él fueron fusiladas "para que ese luto suspendido pueda tener la paz que se le negó", agregó por su parte Gil Bracero.

Una de estas víctimas fue el concejal socialista Juan Fernández Rosillo, de la corporación municipal del 1936 de la que era alcalde el también fusilado Manuel Fernández-Montesinos. Gabriel Fernández Valladares, su hijo, que ya tiene 80 años, relató el pasado 26 de mayo que su familia lleva muchos años de "silencio" y tuvo que soportar la incautación de sus bienes porque su padre, según recogió el Boletín Oficial de la Provincia, era un "individuo culpable de actividades marxistas o rebeldes".

Gabriel conserva tres piezas dentarias de su padre, que su hermano arrancó de su cadáver cuando fue fusilado en el cementerio. "Un enterrador, al que llamaban el Borracheras, le dijo a mi madre dónde fue enterrado, y otro hombre, del pelotón de fusilamiento, que había sido compañero de mi padre como impresor, también dijo dónde se encontraba", explicó Gabriel, que ha tenido toda su vida la "ilusión" de poder dignificar el nombre de su padre.