Diálogos intergeneracionales sobre la guerra civil española y el franquismo en la España actual Intergenerational Dialogues on the Spanish Civil War and Francoism in Contemporary Spain
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lunes, 23 de julio de 2012
"La memoria como práctica" ("Dealing with the Legacy of Political Violence"). Conferencia de Jo Labanyi en la Universidad de Michigan
Como pasa tantas veces, buscando otra cosa en internet, terminé encontrando esta conferencia de Jo Labanyi, hispanista inglesa a quien he citado múltiples veces aquí. Labanyi es una estudiosa y profesora en la New York University y ha escrito mucho sobre la memoria y el olvido en el contexto español. Quizá su estudio más conocido es el en que habla del concepto del espectro, tomando como punto de partida la obra de Derrida ("History and Hauntology...").
La conferencia de abajo la da en inglés en la Universidad de Michigan en el año 2010 (creo que luego formará parte del libro Unearthing Franco's Legacy). Enfocándose en España, argumenta en contra de la idea de que "la memoria siempre es buena y el olvido, siempre malo" y problematiza la idea de una sola "memoria histórica."
Os invito a escuchar la conferencia y dejar comentarios en esta entrada, si os interesa. Como avisa Labanyi misma al empezar su charla, es muy crítica con ciertas prácticas de la memoria, tanto las de la izquierda como de la derecha. Una conferencia que asegurará una reacción fuerte.
sábado, 23 de julio de 2011
Sección especial en Babelia sobre el 75º aniversario del comienzo de la guerra civil
Hoy me ha llamado la atención el título de un artículo de Santos Juliá en Babelia, "La disección interminable de la Guerra Civil." En este reportaje que sirve de reseña breve de varios libros recién salidos sobre la guerra, Juliá traza la larga trayectoria del interés académico en este tema, concluyendo que "volverá a ser de aquí a que pasen otros 25 años y las salas de conferencias se llenen a tope y la Guerra Civil motive grandes ventas de libros, igual que ocurrió hace ahora 25 y 30 y 35 años." Por desgracia, dado el espacio limitado, Juliá no especula aquí de los motivos por los que la guerra sigue siendo un tema tan poderoso, tanto en el campo de la historia como en otras disciplinas. Y, a pesar de que su título indique cierto cansancio con el tema, Juliá parece más que dispuesto a continuar analizando el torrente de publicaciones sobre la guerra y, por supuesto, contribuyendo a ellas.
El aspecto de lo "interminable" en lo que se refiere al tema de la GCE y la represión ha sido una queja frecuente o, digamos, interminable también en la prensa española. Vemos la frustración con el tema cada vez que sale, según los críticos, "otra película ambientada en la guerra civil" o, en palabras del novelista Isaac Rosa, Otra maldita novela sobre la guerra civil. Para los hispanistas que estudian la literatura y el cine contemporáneos españoles, hace mucho tiempo que se declaró oficialmente "muerto" el tema de la memoria histórica. Cuando estudiosos prestigiosos declaran públicamente que un tema ya se ha agotado, está agotado; en contraste con hace 10 años, hoy es más y más difícil publicar en EE.UU. artículos o libros sobre la guerra -- o incluso la memoria en sí -- a menos que se haya elegido un tema realmente innovador, algo que ofrezca un ángulo especialmente único sobre una vieja historia. Los mismos críticos que proclaman muerto el tema de la guerra en el ámbito académico también han identificado (y parece que felizmente) el fin del auge de la novela de la guerra. Me gustaría responder a estas aseveraciones.
Por un lado opino que la producción "interminable" de textos sobre la guerra civil es un tema en sí que no se ha estudiado lo suficiente. Sí, hasta para mí, cuando se ve "objetivamente" el tema, es fatigante. Es imposible seguir la cantidad de publicaciones que salen sobre la contienda y lo que pasó después (aunque algunas siempre se destacan más, por supuesto). Si se ha hablado de tener acceso a demasiada información en la era digital, entonces pasa lo mismo cuando viene a investigar la guerra civil buscando en una librería o biblioteca. Sin embargo, lo que está claro es que aun hay la necesidad de escribir sobre la guerra y hay todavía la necesidad de leer sobre la guerra y verla representada en el cine. La guerra civil vende porque interesa. Pero ¿por qué sigue interesando? Porque hay un sinfin de asuntos pendientes que nada tienen que ver con la guerra misma, sino con todo lo que pasó después, y no se han resuelto todavía, incluso después de más de 30 años de democracia. Además, hoy día los investigadores tienen más acceso a los archivos y revelan cosas cada vez más horrorosas sobre la guerra y la represión franquista. Aun no he visto el nuevo libro de Paul Preston, pero no es un historiador que repite lo que ha dicho antes -- vuelve a los archivos y lleva años investigando para sacar a la luz nueva información que cambia lo que pensamos antes. Y ese es otro punto que no menciona Juliá cuando dice que la guerra civil es un tema que, desde los años 80, realmente no ha desaparecido nunca.
La historia de la guerra civil que se cuenta hoy no es la misma historia que se contaba en los 80, ni en los 90. Con cada década que pasa, cambia el discurso y se llega a un paso más a entender un pasado común. Pero aun no ha llegado el momento en que se puede haber de la "reconciliación" o el "consenso" sobre el pasado, y por eso se siguen comprando libros sobre la guerra, y las pelis siguen ganando Goyas, y los historiadores, escritores y cineastas encuentran cada vez más perspectivas desde las que analizar la contienda. Por bien o mal, se lee el pasado desde el presente. Todo lo que se escribe hoy sobre la guerra, se escribe en un contexto histórico particular que termina alternando la narrativa de la guerra que existía antes. Además, hoy hay el factor de narrar desde el punto de vista de la tercera generación.
Para terminar, me gustaría agregar que es importante destacar que el tema de la guerra es interminable porque el Estado español no ha hecho lo suficiente para obtener justicia -- por simbólica que sea -- para las víctimas del franquismo y sus familias. En cambio, de forma indirecta intentó "declarar muerto" el tema con la aprobación de la Ley de Memoria, la causa contra el juez Garzón y muchos otros actos significativos tan solo de nombre.
Uno se tiene que preguntar por qué casi todo lo que se escribe o se dice en la tele sobre la guerra se tiene que preceder - casi como un aviso o una disculpa -- por comentarios sobre la larga duración del tema. Es casi como si con estos comentarios se pidiera permiso por poder hablar de la guerra y no ofenderle a nadie. Ha llegado a ser como su propio tropo, lo de declarar la saturación de textos sobre la guerra civil. Pero ¿no será, para mucha gente, ya otra excusa para no tratar el tema? Por un lado, la producción y la venta constantes de libros sobre la guerra civil. Por otro lado, el deseo de hacerlos desaparecer de una vez. Entre los dos lados, ¿cómo se negocia el pasado?
Para mucha gente, hubo otra guerra después de la que terminó oficialmente en 1939. Y esa guerra también le parece interminable.
El aspecto de lo "interminable" en lo que se refiere al tema de la GCE y la represión ha sido una queja frecuente o, digamos, interminable también en la prensa española. Vemos la frustración con el tema cada vez que sale, según los críticos, "otra película ambientada en la guerra civil" o, en palabras del novelista Isaac Rosa, Otra maldita novela sobre la guerra civil. Para los hispanistas que estudian la literatura y el cine contemporáneos españoles, hace mucho tiempo que se declaró oficialmente "muerto" el tema de la memoria histórica. Cuando estudiosos prestigiosos declaran públicamente que un tema ya se ha agotado, está agotado; en contraste con hace 10 años, hoy es más y más difícil publicar en EE.UU. artículos o libros sobre la guerra -- o incluso la memoria en sí -- a menos que se haya elegido un tema realmente innovador, algo que ofrezca un ángulo especialmente único sobre una vieja historia. Los mismos críticos que proclaman muerto el tema de la guerra en el ámbito académico también han identificado (y parece que felizmente) el fin del auge de la novela de la guerra. Me gustaría responder a estas aseveraciones.
Por un lado opino que la producción "interminable" de textos sobre la guerra civil es un tema en sí que no se ha estudiado lo suficiente. Sí, hasta para mí, cuando se ve "objetivamente" el tema, es fatigante. Es imposible seguir la cantidad de publicaciones que salen sobre la contienda y lo que pasó después (aunque algunas siempre se destacan más, por supuesto). Si se ha hablado de tener acceso a demasiada información en la era digital, entonces pasa lo mismo cuando viene a investigar la guerra civil buscando en una librería o biblioteca. Sin embargo, lo que está claro es que aun hay la necesidad de escribir sobre la guerra y hay todavía la necesidad de leer sobre la guerra y verla representada en el cine. La guerra civil vende porque interesa. Pero ¿por qué sigue interesando? Porque hay un sinfin de asuntos pendientes que nada tienen que ver con la guerra misma, sino con todo lo que pasó después, y no se han resuelto todavía, incluso después de más de 30 años de democracia. Además, hoy día los investigadores tienen más acceso a los archivos y revelan cosas cada vez más horrorosas sobre la guerra y la represión franquista. Aun no he visto el nuevo libro de Paul Preston, pero no es un historiador que repite lo que ha dicho antes -- vuelve a los archivos y lleva años investigando para sacar a la luz nueva información que cambia lo que pensamos antes. Y ese es otro punto que no menciona Juliá cuando dice que la guerra civil es un tema que, desde los años 80, realmente no ha desaparecido nunca.
La historia de la guerra civil que se cuenta hoy no es la misma historia que se contaba en los 80, ni en los 90. Con cada década que pasa, cambia el discurso y se llega a un paso más a entender un pasado común. Pero aun no ha llegado el momento en que se puede haber de la "reconciliación" o el "consenso" sobre el pasado, y por eso se siguen comprando libros sobre la guerra, y las pelis siguen ganando Goyas, y los historiadores, escritores y cineastas encuentran cada vez más perspectivas desde las que analizar la contienda. Por bien o mal, se lee el pasado desde el presente. Todo lo que se escribe hoy sobre la guerra, se escribe en un contexto histórico particular que termina alternando la narrativa de la guerra que existía antes. Además, hoy hay el factor de narrar desde el punto de vista de la tercera generación.
Para terminar, me gustaría agregar que es importante destacar que el tema de la guerra es interminable porque el Estado español no ha hecho lo suficiente para obtener justicia -- por simbólica que sea -- para las víctimas del franquismo y sus familias. En cambio, de forma indirecta intentó "declarar muerto" el tema con la aprobación de la Ley de Memoria, la causa contra el juez Garzón y muchos otros actos significativos tan solo de nombre.
Uno se tiene que preguntar por qué casi todo lo que se escribe o se dice en la tele sobre la guerra se tiene que preceder - casi como un aviso o una disculpa -- por comentarios sobre la larga duración del tema. Es casi como si con estos comentarios se pidiera permiso por poder hablar de la guerra y no ofenderle a nadie. Ha llegado a ser como su propio tropo, lo de declarar la saturación de textos sobre la guerra civil. Pero ¿no será, para mucha gente, ya otra excusa para no tratar el tema? Por un lado, la producción y la venta constantes de libros sobre la guerra civil. Por otro lado, el deseo de hacerlos desaparecer de una vez. Entre los dos lados, ¿cómo se negocia el pasado?
Para mucha gente, hubo otra guerra después de la que terminó oficialmente en 1939. Y esa guerra también le parece interminable.
sábado, 23 de octubre de 2010
Vicenç Navarro critica un programa de TVE sobre la memoria histórica
Nota: se puede ver el vídeo al que se refiere el prof. Navarro, al final de su artículo
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
Leer y descargar artículo en PDF
Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
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Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
lunes, 12 de julio de 2010
Cuestionar la Transición
De: El País.com
Casi cuarenta años
Reflexionar críticamente sobre la Transición no supone deslegitimarla ni rechazar su evidente eficacia. Sin embargo, algunos se toman a la tremenda cualquier análisis sobre ese periodo que no sea hagiográfico
JORDI GRACIA
EL PAÍS - Opinión - 12-07-2010
A base de repetirlo una y otra vez, al final se convertirá en verdad aceptable y volveremos a enredarnos. Pero no hay caso: reflexionar críticamente sobre la Transición no equivale a deslegitimarla ni a rechazar su evidente eficacia histórica. Pero tampoco hay caso en lo que hace a la ruptura del orden democrático que impuso la conspiración golpista en julio de 1936 para corregir por las armas la victoria en las urnas del Frente Popular. Pese a que insistan Intereconomía y sus socios -fieles discípulos de la explicación franquista de la guerra como salvapatrias redentora del diablo comunista- la República seguirá siendo el precedente inmediato de nuestro sistema democrático, sin duda con políticos en activo peligrosos, pero fundamentalmente reventado por la alianza entre espadones militares y algunos políticos que se deslegitimaron como tales al animar a las armas: convirtieron el controlado desorden de 1935 y 1936 en desorden de sangre ingobernable e irreversible.
Pero quizá importa más otra cosa menos obvia. Hasta hace cuatro días no hubo apenas discusión relevante sobre las condiciones limitadas, pactistas y razonables sobre las que se fue fraguando la Transición. De ese proceso salió, con recelosa desgana de los herederos del franquismo y con resignación inteligente de la oposición, un sistema de poder inequívocamente democrático que encontró su sanción simbólica en la mayoría absoluta socialista de octubre de 1982: los reales y legendarios 10 millones de votos que obtuvo Felipe González. En los últimos tiempos parece tambalearse esa certidumbre: interrogar esa etapa de otro modo, o añadir alguna pregunta esquinada, o reconsiderar alguno de los criterios y las renuncias asumidas entonces parece agredir o violentar la biografía política de quienes anduvieron implicados en mayor o menor grado en la Transición. Da la impresión de que regresar a esa etapa, como observador o analista, abre la espita de la suspicacia o incluso reabre alguna forma de conflicto generacional.
Pero quizá se confunden dos cosas, o una deriva de la otra. Cuando Santos Juliá identificó hace unos días la argentinización de nuestra Transición lo hizo para oponerse a ella, y creo que con toda la razón. Según él, el sentido de la conciliación como eje clave de la Transición "está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco". Sospecha una contaminación de modelos explicativos (y de reivindicaciones judiciales) entre lo que fue la Transición española y lo que fue la salida democrática de un régimen menos cruento, más corto, mucho más reciente y sin totalitarismos ni guerras mundiales en el horizonte (Argentina). Ese espíritu de la Transición hoy es menos unitario y algunos intelectuales o activistas políticos de verbo encendido parecen propiciar una reapertura del caso (el caso es la Transición) con tufo revanchista demasiadas veces y resonancias muy explícitas de venganza. Es un enfoque desequilibrante además de injusto porque ya solo puede imputar a cadáveres, pero además parece encontrar en esa ira vengadora contra el pasado reciente y remoto el combustible ideológico que no obtiene por otras vías.
Pero el asunto clave vuelve a estar en otro ángulo del problema. Lo que no puede derivarse de esa amenaza de argentinización es un cierre de filas o un repliegue hacia la versión establecida de la Transición sino todo lo contrario: alimentar la libertad de decir con franqueza y transparencia lo que durante la primera Transición hubo que decir con cuidado y cautela. No cabe regateo alguno ahora ni caben aquellas aconsejables cautelas. La verdad se puede decir entera, para que quienes lean una y otra vez que el origen de todos los males está en la Segunda República -como algunos repiten por tierra, mar y aire- sepan que eso es mentira y que el origen del mal está en el golpe de Estado ilegítimo y condenable sin reservas que urdió una coalición de fuerzas de derechas, fascistas y católicas. Y el franquismo fue durante casi 40 años su crudelísima y nefasta consecuencia (sin paliativos).
Pero hay otra secuela indeseable. Y es que, igual que aquel pasado hay que contarlo sin disfraces por pura pedagogía cívica, hay que empezar a hacer lo mismo con la Transición, y no cabe regateo alguno de legitimidad ante los análisis críticos sobre ella en aras del blindaje indefinido de sus acuerdos o en aras de la protección actual de la paz civil. Los historiadores seguimos obligados a repensarla, y de nuevo sin la menor reserva en las preguntas ni en las respuestas, tanto si dañan la imagen de las cesiones que se hicieron como si dañan nuestro amor propio colectivo por saber que algunas decisiones de entonces pueden ser revisadas hoy, o pueden ser contadas con la misma crudeza que nadie duda en emplear cuando habla de la guerra o el franquismo.
La resistencia a revisarla carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde: estabilidad burguesa, protección jurídica, búsqueda de la paz social, deslegitimación de la violencia, respeto político a los nacionalismos y, en fin, la noción conciliadora y no revanchista como bajo continuo que la democracia aplicó con respecto a los franquistas adaptados o no adaptados. Que entonces la izquierda lo hiciese por la fuerza de las cosas y por tacticismo más que por convicción y fraternidad no le quita mérito sino todo lo contrario: significa precisamente que lo hizo bien porque puso por delante el bien común y político antes que la razón ideológica de parte (de parte derrotada). Cada nuevo asedio a la complejidad de la Transición no puede estar atenazado por si rompe o no con el relato actual ni desde luego debe entenderse como una forma de deslegitimación solapada. Volver a preguntar y releer un pasado fundamentalmente bien hecho es la misma operación que entre todos hemos hecho con el pasado fundamentalmente mal hecho que fue el franquismo.
Pero hoy podemos hacer además el análisis de las consecuencias políticas de aquella inteligente estrategia. Quienes no nos sentimos hipotecados por la Transición, sino beneficiarios objetivos de ella -tan nietos de la guerra como hijos de la Transición: titulé un libro mío sobre las letras de la democracia precisamente Hijos de la razón- nos permitimos contar hoy la guerra y el franquismo como fue, por supuesto, pero también debemos preguntar por la Transición sin que en la pregunta vaya la tentación de deslegitimar el proceso. Pero sí considerar algunos de sus efectos en el presente: por ejemplo, la densísima dificultad de la derecha actual para condenar aquel golpe y el franquismo mismo, o la excesiva timidez con la que una parte de la derecha española se ha hecho cargo de su pasado familiar, social y político vinculado al franquismo (y de ahí las salidas de pata de banco de varios de sus dirigentes actuales, terriblemente destructivas de la fiabilidad de su condena de la dictadura). O por ejemplo, la tardía restitución del derecho de las víctimas todavía no identificadas para quien desee hacerlo, o, por ejemplo, la hipoteca católica que pesa sobre un Estado teóricamente laico. O la conjetura sobre si convendría revisar algunos artículos de la Constitución de 1978 tantos años después, o la ley de partidos y su financiación, o si haberse quedado al borde de una estructura federal con el Estado de las autonomías sigue siendo la mejor de las opciones (que entonces sí fue).
Una democracia de casi 40 años está entrenada para contar su pasado con la crudeza necesaria y fundamentalmente lenitiva, y está entrenada también para que no la pongan en jaque estas o aquellas radicalidades, y lo está también para no temer que cada mácula posible en la construcción de su origen la debilite o la desbarate: las tres cosas la robustecen.
Casi cuarenta años
Reflexionar críticamente sobre la Transición no supone deslegitimarla ni rechazar su evidente eficacia. Sin embargo, algunos se toman a la tremenda cualquier análisis sobre ese periodo que no sea hagiográfico
JORDI GRACIA
EL PAÍS - Opinión - 12-07-2010
A base de repetirlo una y otra vez, al final se convertirá en verdad aceptable y volveremos a enredarnos. Pero no hay caso: reflexionar críticamente sobre la Transición no equivale a deslegitimarla ni a rechazar su evidente eficacia histórica. Pero tampoco hay caso en lo que hace a la ruptura del orden democrático que impuso la conspiración golpista en julio de 1936 para corregir por las armas la victoria en las urnas del Frente Popular. Pese a que insistan Intereconomía y sus socios -fieles discípulos de la explicación franquista de la guerra como salvapatrias redentora del diablo comunista- la República seguirá siendo el precedente inmediato de nuestro sistema democrático, sin duda con políticos en activo peligrosos, pero fundamentalmente reventado por la alianza entre espadones militares y algunos políticos que se deslegitimaron como tales al animar a las armas: convirtieron el controlado desorden de 1935 y 1936 en desorden de sangre ingobernable e irreversible.
Pero quizá importa más otra cosa menos obvia. Hasta hace cuatro días no hubo apenas discusión relevante sobre las condiciones limitadas, pactistas y razonables sobre las que se fue fraguando la Transición. De ese proceso salió, con recelosa desgana de los herederos del franquismo y con resignación inteligente de la oposición, un sistema de poder inequívocamente democrático que encontró su sanción simbólica en la mayoría absoluta socialista de octubre de 1982: los reales y legendarios 10 millones de votos que obtuvo Felipe González. En los últimos tiempos parece tambalearse esa certidumbre: interrogar esa etapa de otro modo, o añadir alguna pregunta esquinada, o reconsiderar alguno de los criterios y las renuncias asumidas entonces parece agredir o violentar la biografía política de quienes anduvieron implicados en mayor o menor grado en la Transición. Da la impresión de que regresar a esa etapa, como observador o analista, abre la espita de la suspicacia o incluso reabre alguna forma de conflicto generacional.
Pero quizá se confunden dos cosas, o una deriva de la otra. Cuando Santos Juliá identificó hace unos días la argentinización de nuestra Transición lo hizo para oponerse a ella, y creo que con toda la razón. Según él, el sentido de la conciliación como eje clave de la Transición "está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco". Sospecha una contaminación de modelos explicativos (y de reivindicaciones judiciales) entre lo que fue la Transición española y lo que fue la salida democrática de un régimen menos cruento, más corto, mucho más reciente y sin totalitarismos ni guerras mundiales en el horizonte (Argentina). Ese espíritu de la Transición hoy es menos unitario y algunos intelectuales o activistas políticos de verbo encendido parecen propiciar una reapertura del caso (el caso es la Transición) con tufo revanchista demasiadas veces y resonancias muy explícitas de venganza. Es un enfoque desequilibrante además de injusto porque ya solo puede imputar a cadáveres, pero además parece encontrar en esa ira vengadora contra el pasado reciente y remoto el combustible ideológico que no obtiene por otras vías.
Pero el asunto clave vuelve a estar en otro ángulo del problema. Lo que no puede derivarse de esa amenaza de argentinización es un cierre de filas o un repliegue hacia la versión establecida de la Transición sino todo lo contrario: alimentar la libertad de decir con franqueza y transparencia lo que durante la primera Transición hubo que decir con cuidado y cautela. No cabe regateo alguno ahora ni caben aquellas aconsejables cautelas. La verdad se puede decir entera, para que quienes lean una y otra vez que el origen de todos los males está en la Segunda República -como algunos repiten por tierra, mar y aire- sepan que eso es mentira y que el origen del mal está en el golpe de Estado ilegítimo y condenable sin reservas que urdió una coalición de fuerzas de derechas, fascistas y católicas. Y el franquismo fue durante casi 40 años su crudelísima y nefasta consecuencia (sin paliativos).
Pero hay otra secuela indeseable. Y es que, igual que aquel pasado hay que contarlo sin disfraces por pura pedagogía cívica, hay que empezar a hacer lo mismo con la Transición, y no cabe regateo alguno de legitimidad ante los análisis críticos sobre ella en aras del blindaje indefinido de sus acuerdos o en aras de la protección actual de la paz civil. Los historiadores seguimos obligados a repensarla, y de nuevo sin la menor reserva en las preguntas ni en las respuestas, tanto si dañan la imagen de las cesiones que se hicieron como si dañan nuestro amor propio colectivo por saber que algunas decisiones de entonces pueden ser revisadas hoy, o pueden ser contadas con la misma crudeza que nadie duda en emplear cuando habla de la guerra o el franquismo.
La resistencia a revisarla carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde: estabilidad burguesa, protección jurídica, búsqueda de la paz social, deslegitimación de la violencia, respeto político a los nacionalismos y, en fin, la noción conciliadora y no revanchista como bajo continuo que la democracia aplicó con respecto a los franquistas adaptados o no adaptados. Que entonces la izquierda lo hiciese por la fuerza de las cosas y por tacticismo más que por convicción y fraternidad no le quita mérito sino todo lo contrario: significa precisamente que lo hizo bien porque puso por delante el bien común y político antes que la razón ideológica de parte (de parte derrotada). Cada nuevo asedio a la complejidad de la Transición no puede estar atenazado por si rompe o no con el relato actual ni desde luego debe entenderse como una forma de deslegitimación solapada. Volver a preguntar y releer un pasado fundamentalmente bien hecho es la misma operación que entre todos hemos hecho con el pasado fundamentalmente mal hecho que fue el franquismo.
Pero hoy podemos hacer además el análisis de las consecuencias políticas de aquella inteligente estrategia. Quienes no nos sentimos hipotecados por la Transición, sino beneficiarios objetivos de ella -tan nietos de la guerra como hijos de la Transición: titulé un libro mío sobre las letras de la democracia precisamente Hijos de la razón- nos permitimos contar hoy la guerra y el franquismo como fue, por supuesto, pero también debemos preguntar por la Transición sin que en la pregunta vaya la tentación de deslegitimar el proceso. Pero sí considerar algunos de sus efectos en el presente: por ejemplo, la densísima dificultad de la derecha actual para condenar aquel golpe y el franquismo mismo, o la excesiva timidez con la que una parte de la derecha española se ha hecho cargo de su pasado familiar, social y político vinculado al franquismo (y de ahí las salidas de pata de banco de varios de sus dirigentes actuales, terriblemente destructivas de la fiabilidad de su condena de la dictadura). O por ejemplo, la tardía restitución del derecho de las víctimas todavía no identificadas para quien desee hacerlo, o, por ejemplo, la hipoteca católica que pesa sobre un Estado teóricamente laico. O la conjetura sobre si convendría revisar algunos artículos de la Constitución de 1978 tantos años después, o la ley de partidos y su financiación, o si haberse quedado al borde de una estructura federal con el Estado de las autonomías sigue siendo la mejor de las opciones (que entonces sí fue).
Una democracia de casi 40 años está entrenada para contar su pasado con la crudeza necesaria y fundamentalmente lenitiva, y está entrenada también para que no la pongan en jaque estas o aquellas radicalidades, y lo está también para no temer que cada mácula posible en la construcción de su origen la debilite o la desbarate: las tres cosas la robustecen.
lunes, 5 de julio de 2010
Por qué la memoria histórica se debe llamar "las" memorias históricas
Visto en: el blog del autor
Ver artículo en PDF
Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 5 de julio de 2010
Este artículo cuestiona varios de los supuestos que sostienen la imagen de la Transición como modélica. Señala que la oposición a recuperar la memoria histórica se debe al enorme dominio que los vencedores del conflicto civil (1936-1939) y sus descendientes (independientemente del color político en que se encuentren) sobre los aparatos del estado, que promueven la percepción de equidistancia en el desarrollo de atrocidades supuestamente realizadas por ambos bandos. Han sido los vencedores y sus descendientes que han querido promover la imagen de que la Transición fue modélica, basada –según ellos- en la reconciliación. El artículo concluye que millones de vencidos y sus descendientes no se han reconciliado con los vencedores y sus descendientes, la mayoría de los cuales han admitido la responsabilidad de sus antecesores en los horrores de aquel régimen fascista.
No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.
Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.
En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.
Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.
Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.
No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.
La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?
El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.
En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.
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Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 5 de julio de 2010
Este artículo cuestiona varios de los supuestos que sostienen la imagen de la Transición como modélica. Señala que la oposición a recuperar la memoria histórica se debe al enorme dominio que los vencedores del conflicto civil (1936-1939) y sus descendientes (independientemente del color político en que se encuentren) sobre los aparatos del estado, que promueven la percepción de equidistancia en el desarrollo de atrocidades supuestamente realizadas por ambos bandos. Han sido los vencedores y sus descendientes que han querido promover la imagen de que la Transición fue modélica, basada –según ellos- en la reconciliación. El artículo concluye que millones de vencidos y sus descendientes no se han reconciliado con los vencedores y sus descendientes, la mayoría de los cuales han admitido la responsabilidad de sus antecesores en los horrores de aquel régimen fascista.
No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.
Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.
En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.
Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.
Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.
No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.
La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?
El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.
En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.
domingo, 27 de junio de 2010
La "inestimable Transición"
Esta carta, publicada por El País a raíz de una editorial de Santos Juliá, "Duelo por la República Española," aplaude a los que defienden "nuestra inestimable Transición." ¿Era inestimable para todos?
Reivindicación de la Transición
JOSÉ MANUEL ROMERO - Nancy, Francia - 27/06/2010
Quiero expresar mi agradecimiento a Santos Juliá por su magnífico artículo titulado Duelo por la República Española. El historiador no solo demuestra su solvencia intelectual, de sobra conocida, sino también -lo que es al menos igual de importante- su gran sensatez cívica, su sentido de la responsabilidad. En medio de tantos autoproclamados republicanos de pura fachada, su reivindicación profundamente republicana de la Transición es una de las pocas intervenciones saludables de estos últimos tiempos.
Y al propio diario EL PAÍS, que desde hace algunos años ha tomado claro partido por quienes, so pretexto de ese dudosísimo invento de la "memoria histórica", están intentado "denostar como mito y mentira" nuestra inestimable Transición, también quiero agradecerle el que, aunque sea como excepción, haya tenido a bien publicar un artículo como el de Juliá.
viernes, 25 de junio de 2010
Nueva sección del blog: revistas electrónicas
Los lectores de este blog podrán encontrar a la derecha una nueva lista de revistas electrónicas, cuyo enfoque principal es la literatura y el cine. Algunas también abordan temas históricos. Estas revistas están totalmente disponibles en un formato electrónico, facilitando así la lectura y la descarga de artículos y la posibilidad de enviar artículos y reseñas directamente por email. Es así como he sabido del debate entre el hispanista Sebastiaan Faber y el historiador Santos Juliá en el Colorado Review of Hispanic Studies. El debate empieza con una carta de Juliá en torno a un artículo de Faber, publicado en la revista en el año 2007. Faber le responde, y Juliá envía otra respuesta. Si alguien sabe de otra revista electrónica relevante, por favor, envíame el título, dejando un comentario en este post. Gracias.
miércoles, 5 de mayo de 2010
Carta y respuesta: Vicenç Navarro a Santos Juliá
Editorial del historiador Santos Juliá, aparecido en El País (25.4.10), y a la que responde Navarro:
Mirando hacia atrás
SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010
A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.
A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.
Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.
El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.
Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.
Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.
Del blog del Dr. Navarro:
La carta que El País no publicó: Necesitamos mirar al pasado
Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada
Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” (25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, que les debilita.
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Mirando hacia atrás
SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010
A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.
A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.
Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.
El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.
Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.
Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.
Del blog del Dr. Navarro:
La carta que El País no publicó: Necesitamos mirar al pasado
Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada
Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” (25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, que les debilita.
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lunes, 1 de marzo de 2010
Editorial del historiador Santos Juliá sobre el juez Garzón
De: El País.com
Pedestal para el juez
SANTOS JULIÁ 28/02/2010
Como no teníamos bastante con la crisis económica y la desorientación política que afligen desde su comienzo a esta legislatura, las altas instancias judiciales han decidido entrar también en escena. En el centro de la nueva gresca, viejos conocidos: la magistrada Robles, el magistrado Garzón, los sindicatos vergonzantes de la carrera judicial, el Consejo, el Supremo, la Audiencia Nacional, y menos mal que por ahora la sangre no llega al río del Constitucional.
Todo comenzó con la trama narrativa urdida por Garzón para sentar en el banquillo a los culpables de un delito de insurrección militar contra los Altos Organismos de la Nación y todo debió haber concluido con el recurso de interpelación presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional. No era posible procesar a los sublevados porque, como reconocía el auto de Garzón, todos y cada uno de los 35 mencionados en su lista estaban notoriamente muertos [ah, si hubieran estado vivos: ningún juez, ningún fiscal ha manifestado la necesidad de procesar a los culpables de la rebelión militar de 1936 hasta bien pasados 30 años de sus muertes]; ni cabía identificar a personas asesinadas hace seis décadas con el tipo penal de "detención ilegal sin dar paradero de la víctima". Así lo entendió el mismo juez instructor sin más demora que la necesaria para ordenar determinadas diligencias a su mayor gloria y declararse no competente.
De manera que sólo metafóricamente puede decirse que Garzón es el primer juez que se ha atrevido en España a perseguir judicialmente los crímenes del franquismo. De lo que se trataba era de abrir un sumario contra los jerarcas del régimen que habían sido titulares de los ministerios militares, de Gobernación y de Justicia, o responsables de la estructura paramilitar de Falange. Para iniciar un procedimiento contra ese grupo, Garzón se basaba en las investigaciones sobre los crímenes del franquismo -realizadas, éstas sí, por decenas de historiadores que desde los años 80 vienen publicando listas de miles de asesinados- aunque sabía perfectamente que nunca entraría en la investigación de los crímenes vinculados a la sublevación militar por la sencilla razón de que el sumario habría de paralizarse en el mismo momento en que recibiera los certificados de defunción de los 35 muertos notorios.
El sumario se paralizó, pues, no porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esté formada por un hatajo de jueces herederos del franquismo o enfermos de amnesia, esa pócima letal que nos hartamos de beber desde 1976 hasta el día de hoy; o porque nadie en la carrera judicial, excepto Garzón, se atreve a procesar a los culpables de aquellos delitos. El sumario se paralizó porque era imposible mantenerlo abierto sobre el artificio de que los asesinatos fueron desapariciones forzadas con detención ilegal permanente en una acción coordinada y dirigida por las Juntas Militares y los gobiernos desde 1936 a 1951. Que todo esto era un dislate procesal quedó claro en el recurso del fiscal Zaragoza y en la cuestión de incompetencia resuelta por la Sala de lo Penal.
¿Por qué entonces esta especie de saña vengadora que se ha acumulado sobre la cabeza de Garzón? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da curso a unas querellas que debió haber desestimado de un simple manotazo; el instructor del Supremo, Luciano Varela, no satisfecho con rebatir el relato de Garzón, lo acusa de prevaricación sin ninguna evidencia de que haya cometido injusticia alguna durante el tiempo en que el sumario permaneció abierto. Y para colmo, y mostrando una vez más sus proverbiales dotes para la política, Margarita Robles, miembro de la comisión permanente del CGPJ, mueve hilos e influencias para conseguir que el Consejo suspenda al magistrado-juez antes de que sea efectivamente procesado por el Supremo.
Se diría que entre todos se han propuesto erigir un pedestal al juez perseguido por la santa inquisición. Y esto -por decirlo a la manera cínica- es peor que un crimen, es un error de alcance universal. Nada de qué sorprenderse, porque Robles es experta en la materia desde los tiempos en que, al alimón con el ministro Belloch, mostró a Garzón la puerta de salida de su frustrada aventura política. El problema es que los errores de jueces fracasados en política, y regresados a la judicatura como quien sube y baja del tranvía, los pagamos todos. Y todos vamos a pagar este nuevo rifirrafe entre jueces políticos que con sus enconos y querellas por el poder han logrado convertir aquellos polvos de 1994 en este lodazal de 2010.
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