Nota: se puede ver el vídeo al que se refiere el prof. Navarro, al final de su artículo
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
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Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
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sábado, 23 de octubre de 2010
martes, 24 de agosto de 2010
¡Gol! Vicenç Navarro sobre el fútbol, los toros y el franquismo
No sigo el fútbol. Soy gran aficionada al béisbol, pero no me interesan tanto otros deportes. Sin embargo, cuando España ganó la Copa Mundial, lo celebré y estaba muy feliz, porque quería que algo bueno pasara en y para el país, después de todo sobre la crisis. Cuando escuché la noticia, estuve en una gasolinera rumbo a Iowa, y recuerdo que dejé salir un grito; al llegar a casa, puse el vídeo del gol en YouTube para oír cómo sonaba.
El profesor Vicenç Navarro, a quien admiro y cuya perspectiva respeto por lo que ha publicado sobre temas relacionados a la memoria histórica, ha escrito un artículo en que reflexiona sobre el fútbol y la prohibición a la corrida de toros en Catalunya. Por varias razones, me alegra que lo haya escrito en inglés. Una, porque como dice el profesor, en ninguno de los diarios de EE.UU. se ha explicado bien la "historia tras la historia" que él intenta iluminar aquí para lectores angloparlantes. Además, creo que la mayoría de la gente en este país no puede imaginar una conexión así entre el deporte y la política. El deporte es un pasatiempo, un lugar donde escaparse de la política. No es el caso en muchos otros países, donde el deporte se ha usado para promover una agenda nacional (o nacionalista). Cuando pienso en el fútbol y la política, siempre me viene a la mente el caso argentino (cómo se manipuló el fútbol y grandes partidos durante la dictadura). Pero el caso que expone el profesor Navarro es distinto. De alguna manera, logra crear vínculos entre el régimen franquista, ganar la Copa Mundial y la recién polémica sobre los toros. Un artículo para gente que tiene poco o ningún conocimiento académico de España y, al mismo tiempo, se encuentra preguntando por la cuestión de los toros o Catalunya. Lo incluyo en este blog por la conexión que el artículo establece con el franquismo y con el PP. Fue publicado en la revista Counterpunch, una revista que por aquí se considera "a la izquierda de la izquierda" (críticas de Clinton, Obama, y -- ¿por qué no? Todo el partido democrático, etc. etc.).
El profesor Vicenç Navarro, a quien admiro y cuya perspectiva respeto por lo que ha publicado sobre temas relacionados a la memoria histórica, ha escrito un artículo en que reflexiona sobre el fútbol y la prohibición a la corrida de toros en Catalunya. Por varias razones, me alegra que lo haya escrito en inglés. Una, porque como dice el profesor, en ninguno de los diarios de EE.UU. se ha explicado bien la "historia tras la historia" que él intenta iluminar aquí para lectores angloparlantes. Además, creo que la mayoría de la gente en este país no puede imaginar una conexión así entre el deporte y la política. El deporte es un pasatiempo, un lugar donde escaparse de la política. No es el caso en muchos otros países, donde el deporte se ha usado para promover una agenda nacional (o nacionalista). Cuando pienso en el fútbol y la política, siempre me viene a la mente el caso argentino (cómo se manipuló el fútbol y grandes partidos durante la dictadura). Pero el caso que expone el profesor Navarro es distinto. De alguna manera, logra crear vínculos entre el régimen franquista, ganar la Copa Mundial y la recién polémica sobre los toros. Un artículo para gente que tiene poco o ningún conocimiento académico de España y, al mismo tiempo, se encuentra preguntando por la cuestión de los toros o Catalunya. Lo incluyo en este blog por la conexión que el artículo establece con el franquismo y con el PP. Fue publicado en la revista Counterpunch, una revista que por aquí se considera "a la izquierda de la izquierda" (críticas de Clinton, Obama, y -- ¿por qué no? Todo el partido democrático, etc. etc.).
Article written by Professor Navarro on Soccer and Bullfighting in Spain(Ver y guardar artículo en PDF)
Published in the U.S. journal, Counterpunch, on August 18, 2010
This article explains the political context in which some major events in Spain, such as the victory of the Spanish soccer team in the World Cup and the cessation of bullfighting in Catalonia, have occurred in Spain.
I enjoy watching soccer. I used to play it in my youth in Spain, as do millions of Spanish youngsters. It is the most popular game in the country, particularly in working-class neighborhoods. But soccer also has a political meaning in Spain that for, the most part, was missed in the international reporting on the World Cup in South Africa.
Under Franco’s dictatorship, one of the cruelest in twentieth-century Europe (for every political assassination in Mussolini’s Italy, there were 10,000 such assassinations in Franco’s Spain), the only place where Spaniards could express their feelings in public was at soccer matches. In Catalonia, a region that was particularly repressed because of its left-wing leanings and its support for the democratically elected Popular Front during the years of the Republic, the most popular soccer club was the Barcelona club – popularly referred to in Catalan (a language forbidden immediately following the fascist coup) as “el Barça.” This was more than a soccer club. It was the rallying point for the democratic forces, not only in Catalonia but in other parts of Spain, in the struggle against fascism. The matches between Barça and the Royal Soccer Club of Madrid (favored by the Franco regime) were electrifying. When Barça won a game, the numbers of police on the streets of Barcelona would be tripled to repress the popular joy.
When democracy was reestablished, the transition took place in conditions very favorable to the conservative, pro-fascist forces. The electoral law was clearly skewed to discriminate against the progressive regions of Spain. For example, in Soria, a very conservative region, only 30,000 votes are needed to elect a member of the Spanish parliament. In Barcelona, 150,000 votes are needed. The state apparatus, led by the king (whom Franco appointed as his successor), remained in fascist hands. But through left-wing pressure and (illegal) workers’ strikes, Catalonia was able to obtain some limited self-government. Then in 2007, a Catalan Constitution giving broad powers to the government of Catalonia was approved by the Catalan and Spanish parliaments, and in a referendum by the Catalan population.
This was unacceptable to the right-wing Partido Popular (PP), successor to the fascist apparatus and presided over by Fraga Iribarne, a former minister in Franco’s government. The PP set out to stop adoption of the Catalan Constitution and took the matter to the nation’s Constitutional Court. This Court is loaded with judges from the Franco years, most of whom had to swear loyalty to the fascist regime. It took the judges four years to decide on the constitutionality of the new Catalan Constitution, and when they did this year, they vetoed many of its important provisions – including the use of Catalan as the preferred language in Catalonia. They justified this on the basis of the “need to keep Spain united,” which is the same slogan used during the 1936 coup that destroyed the Republic and repressed Catalan identity. The Court decision was a clear provocation to the Catalan people. Five days later, one and a half million Catalans took to the streets of Barcelona in protest.
This, then, was the background to the World Cup in South Africa. The Spanish team won, and, understandably, the Spanish people went wild. The PP tried to tout this expression of joy as an indicator of Spanish patriotism, at odds with Catalan calls for autonomy. The problem with this scenario, however, is that five of the players on the Spanish soccer team were from Barça, and all eight goals by the Spanish team during the World Cup series were made by players from the Barcelona club – the symbol of Catalan identity. When the Spanish team celebrated their victory, the players carried not only Spanish flags but Catalan flags. In reality, without the Barça players, Spain would not have won the World Cup.
In Catalonia, as people celebrated the victory, some Spanish flags were waved, but fewer than in the rest of Spain. The Spanish flag is the monarchical flag, and pro-monarchy feeling is not very strong in Catalonia. For many Catalans, as well as many other Spaniards, the true Spanish flag is the red, gold, and violet flag of the Republic, not the red, gold, and red of Spain under the monarchy and under Franco. The Spanish government tried to use the soccer victory as a way of promoting the Spanish flag, which the left has never considered its own.
Where does bullfighting enter into this story? The Catalan revenge for the Constitutional Court’s decision on the new Constitution came when the parliament of Catalonia voted, in late July, to ban bullfighting, which is considered by the Spanish right wing as the “national fiesta” in the rest of Spain and as important to the Spanish national identity. The initiative was led by animal rights groups, but there’s no doubt that the anger of large numbers of Catalans toward the Spanish right-wing and the institutions of the Spanish state, and especially the Constitutional Court, played a major role in the ban on bullfighting in Catalonia. Just weeks before, the press had published photographs of three members of the Court enjoying a bullfight. That did it. Within days, the Catalan parliament’s ban on bullfighting was passed. None of the above was published in the press of the U.S.
lunes, 5 de julio de 2010
Por qué la memoria histórica se debe llamar "las" memorias históricas
Visto en: el blog del autor
Ver artículo en PDF
Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 5 de julio de 2010
Este artículo cuestiona varios de los supuestos que sostienen la imagen de la Transición como modélica. Señala que la oposición a recuperar la memoria histórica se debe al enorme dominio que los vencedores del conflicto civil (1936-1939) y sus descendientes (independientemente del color político en que se encuentren) sobre los aparatos del estado, que promueven la percepción de equidistancia en el desarrollo de atrocidades supuestamente realizadas por ambos bandos. Han sido los vencedores y sus descendientes que han querido promover la imagen de que la Transición fue modélica, basada –según ellos- en la reconciliación. El artículo concluye que millones de vencidos y sus descendientes no se han reconciliado con los vencedores y sus descendientes, la mayoría de los cuales han admitido la responsabilidad de sus antecesores en los horrores de aquel régimen fascista.
No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.
Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.
En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.
Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.
Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.
No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.
La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?
El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.
En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.
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Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 5 de julio de 2010
Este artículo cuestiona varios de los supuestos que sostienen la imagen de la Transición como modélica. Señala que la oposición a recuperar la memoria histórica se debe al enorme dominio que los vencedores del conflicto civil (1936-1939) y sus descendientes (independientemente del color político en que se encuentren) sobre los aparatos del estado, que promueven la percepción de equidistancia en el desarrollo de atrocidades supuestamente realizadas por ambos bandos. Han sido los vencedores y sus descendientes que han querido promover la imagen de que la Transición fue modélica, basada –según ellos- en la reconciliación. El artículo concluye que millones de vencidos y sus descendientes no se han reconciliado con los vencedores y sus descendientes, la mayoría de los cuales han admitido la responsabilidad de sus antecesores en los horrores de aquel régimen fascista.
No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura.
Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores. A esto me referí cuando, en un artículo reciente, critiqué a Javier Pradera, columnista de El Pais, por su animosidad hacia el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar a los tribunales a los asesinos implicados en aquel régimen (animosidad expresada con gran cantidad de insultos hacia los que criticaban tal enjuiciamiento) (ver mi artículo Javier Pradera, la amnistía y la transición, El Plural, 17.05.10). Definí a Javier Pradera como “hijo de vencedores”, lo cual, no significaba (como se malinterpretó en algunas notas que recibí) que cuestionara su compromiso democrático (expresado en su pertenencia durante su juventud a la resistencia hacia la dictadura), sino que señalaba la falta de conocimiento que Pradera tuvo de lo que fue aquella dictadura, experiencia sentida sólo por los vencidos y sus descendientes, entre los cuales Pradera no se encontraba. Los descendientes de los vencidos tenemos un conocimiento y una memoria muy distinta a la de los vencedores. Y queremos que se conozca y que se denuncie lo ocurrido, pues es nuestro deseo que el régimen democrático actual sea continuador y heredero de aquel que España tuvo y por el cual lucharon nuestros padres, ya que estamos orgullosos de lo que nuestros padres hicieron y exigimos al Estado español que lo reconozca y los honre, lo cual no se ha estado haciendo. Es más, creemos que el Estado democrático español no debe considerarse una síntesis de dos sensibilidades, una heredera de la dictadura y la otra mitad heredera de la República. Este sentido de la equidistancia moral y política de lo que erróneamente se llaman los dos bandos (postura promovida por los vencedores y por sus descendientes), no puede ser aceptada en un estado democrático. Éste, para sostener y reproducir una cultura democrática, necesita condenar la dictadura y reconocer el carácter democrático de la República. El franquismo no puede tener ningún reconocimiento en España como propone otro vencedor, Gregorio Marañon, en su artículo en El País “La insobornable verdad” (28.06.10). Sería impensable que en Alemania, que padeció un régimen nazi (semejante al régimen fascista español), un periódico publicara un artículo que defendiera el reconocimiento moral y político de aquellos que impusieron el nazismo.
En realidad, esta resistencia a conocer el pasado, está en parte explicada, no sólo por el enorme dominio que las derechas tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sino también por la resistencia de los hijos de los vencedores a que se conozca lo que hicieron sus antecesores, bien por activa o por pasiva, colaborando con el odiado régimen. El miedo a molestar a los descendientes de los vencedores y la excesiva timidez en recuperar y, con ello, corregir la memoria histórica, es indigno del enorme sacrificio de aquellos que lucharon por la democracia y sufrieron por ello. Es vergonzoso, por ejemplo, que la sede del gobierno socialista español, La Moncloa, defina en su web al dictador Franco sólo como político y militar sin nunca citar su componente golpista y dictatorial.
Las consecuencias de una transición inmodélica
La transición, claramente inmodélica -pues dio lugar a una democracia muy incompleta, con gran dominio de las fuerzas conservadoras en los aparatos del estado- dio pie a un abanico electoral claramente sesgado a la derecha. Los partidos homologables a la derecha española en la Unión Europea, no son los partidos de derecha sino los de ultraderecha. Ejemplos de ello hay muchos. Uno de los más recientes es la respuesta de las derechas al caso del Juez Baltasar Garzón (llevado al Tribunal Supremo por el partido fascista) por su intento de enjuiciamiento al fascismo. El público español debe saber que la gran mayoría de medios informativos de derechas en Europa condenaron aquel enjuiciamiento. No así en España. Tanto las derechas españolas (los dirigentes del PP) como las catalanas, Artur Mas, dirigente de CiU y Juan José López Burniol (autor muy promocionado por la televisión pública catalana, TV3) se opusieron a ello. En realidad este último ha escrito varios artículos en El Periódico y, más recientemente, en La Vanguardia (“Razón moral y razón política”, 19.06.10), en el que sostiene que lo que él denomina ambos bandos tenían igual derecho moral y político, defendiendo así a los golpistas de 1936, con el argumento de que eran buenas personas y creían que luchaban por España. Tal argumento, con su relativismo moral, justifica toda serie de atrocidades pues raramente el que las realiza tiene conciencia que haga algo mal. Incluso Hitler y Franco, dos de los asesinos mayores que ha tenido Europa, creían que salvaban su país. Bajo este criterio, que a una persona se la juzgue viene determinado por sus propias intenciones o valores, independientemente del contexto donde se realizan sus acciones.
Esta equidistancia aparece también en Joaquín Leguina en un artículo en el que, partiendo de que muchos fascistas eran buenas personas y muchos republicanos eran asesinos, concluye que los dos bandos eran responsables o, como dijo Pérez-Reverte, todos “somos hijos de puta”, insulto gratuito a todos los que lucharon por la democracia, justificando tal insulto por la existencia de comportamientos censurables también en el lado republicano, ignorando que, mientras la represión era política de estado en la dictadura, no lo fue en el lado de la República. Según el criterio de equidistancia, sostenido por tales autores (todos ellos descendientes de vencedores) tampoco hubo ni buenos ni malos en la II Guerra Mundial, pues los aliados bombardearon Dresden destruyendo toda una ciudad alemana. Este relativismo lleva a una parálisis moral y política.
No pueden evaluarse las atrocidades, sin embargo, sin ver el contexto en el que ocurren. De ahí que no todos los muertos sean iguales. Los curas y monjas asesinados, por ejemplo, eran parte de una institución beligerante en la Guerra, pues la Iglesia clamaba por un golpe militar antes de que éste tuviese lugar y la población era conocedora de tal provocación. Es comprensible, pues, que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que la Iglesia, en su arrogancia, nunca se ha preguntado el porqué la odiaban). Decir esto no es justificar la expresión de tal odio, sino entenderlo. El hecho de que los curas y las monjas fueran buenas personas (es decir que seguían las pautas del comportamiento convencional) no las convirtió en inocentes. En realidad, en mi juventud conocí a muchos fascistas que eran también muy buenas personas, iban a misa, amaban a sus familias, ayudaban a sus vecinos pero que cuando veían sus intereses en peligro, colaboraban con la policía, que asesinaba, torturaba y exiliaba a aquellos que amenazaban sus intereses, lo cual ocurría con pleno conocimiento y aprobación de los fascistas buenas personas. En realidad, la perfecta novela o película antifascista todavía no se ha hecho. Tal novela tendría que explicar la vida de esta buena gente de la que habla Burniol, que cuando veían sus intereses en peligro apoyaron las crueldades más duras que los seres humanos han visto ocurrir en España.
La mal llamada reconciliación
Una última nota. No es cierto que la transición se basara en una reconciliación. El hecho de que el joven republicano no apretase el gatillo que hubiera matado a Sánchez Mazas, en la novela de Javier Cercas, ha sido interpretado por muchos autores (como Santos Juliá) como el inicio de la reconciliación. No sé cuál es el intento de su autor, Javier Cercas (también hijo de vencedores). Pero me parece absurda tal observación. Aquel joven republicano tendría que haber apretado el gatillo, pues era una guerra contra el fascismo (el cual mató a miles y miles de demócratas) y Sánchez Mazas fue su ideólogo. Millones de hijos de vencidos no se han reconciliado con los vencedores. ¿Cómo puede la hija de un alcalde republicano asesinado por la Falange, cuyo cuerpo está enterrado en un lugar todavía desconocido, reconciliarse con el miembro del Tribunal Supremo que todavía defiende el golpe militar, o con el Sr. Burniol que indica que los golpistas merecen tanto respeto como su padre, el republicano enterrado?
El aceptar que el conflicto civil se lleve a cabo no mediante el conflicto armado, sino a través de unas reglas (sesgadas en el caso español para favorecer a las derechas), como ocurrió en la transición, no quiere decir que hubiera reconciliación, por mucho que líderes de izquierda lo afirmaran durante la transición. Creerse esto es como creerse que la petición de Amnistía por parte de la población movilizada contra la dictadura incluía la petición de perdón a los asesinos, como algunos, incluyendo a Burniol, asumen. Si a una persona le roban su casa sin nunca recuperarla, no se le puede pedir que se reconcilie con el ladrón que continúa viviendo en su propiedad. Esto es lo que ha ocurrido en España. Ponga vencedor en lugar de ladrón y esto es lo que ha estado ocurriendo- los vencedores robaron la memoria histórica, haciendo de la suya, la historia de España. Y ahora se oponen a que se recupere la memoria de los vencidos que fueron los únicos que defendieron la democracia.
En la transición no hubo reconciliación. Hubo un acuerdo de no resolver el conflicto, que continúa existiendo, por vía de las armas. Se decidió hacerlo por reglas que intentaron ser democráticas, en un estado en que las derechas continuaron enraizadas en el aparato del Estado y en el que la competitividad política está sesgada para discriminar a las izquierdas, y ello como consecuencia de la debilidad de las fuerzas democráticas en aquel momento de la Transición. Ni que decir tiene que es más que probable que, considerando la correlación de fuerzas dentro del Estado en aquel periodo 1975-1978, no había otra alternativa. No es pues mi propósito denunciar aquel proceso. Lo que sí creo, sin embargo, es que fue un gran error de las izquierdas definir aquel proceso como modélico, pues el término implica que la democracia que determinó fuera también modélica o que los instrumentos y reglas que la Transición produjo permitan alcanzar tal democracia modélica, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Es comprensible que las derechas lo definan como modélica. Pero las izquierdas no pueden ni deben considerarla como modélica pues ello implicaría renunciar a conseguir la democracia homologable a la existente en la mayoría de la Unión Europea, que el pueblo español se merece, sin frenos y cortapisas. Y ahí soy optimista. En la medida que el tiempo pasa, las nuevas generaciones no aceptarán este desequilibrio existente en el Estado español. Y las derechas son conscientes de ello. De ahí la enorme resistencia de los vencedores a impedir que se conozca la realidad de lo que pasó en España.
jueves, 1 de julio de 2010
Vicenç Navarro: "La transición inmodélica"
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La Transición inmodélica
Visto en el blog del autor
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 1 de julio de 2010
Este artículo muestra lo inmodélica que fue la Transición pues produjo una democracia muy incompleta, como lo demuestra el enorme dominio de las fuerzas y culturas profundamente conservadoras (heredadas del régimen anterior) en los aparatos del Estado español, tales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo “¿Es el PP franquista?” en www.vnavarro.org).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional.
Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
La Transición inmodélica
Visto en el blog del autor
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 1 de julio de 2010
Este artículo muestra lo inmodélica que fue la Transición pues produjo una democracia muy incompleta, como lo demuestra el enorme dominio de las fuerzas y culturas profundamente conservadoras (heredadas del régimen anterior) en los aparatos del Estado español, tales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo “¿Es el PP franquista?” en www.vnavarro.org).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional.
Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
martes, 25 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista? - editorial de Vicenç Navarro
Es la pregunta que muchas personas sugieren desde hace algún tiempo, y la que otros nunca se han atrevido a hacer públicamente. Hoy el Dr. Vicenç Navarro nos plantea una pregunta que parece destinada a generar polémica, como el propio profesor reconoce en la primera oración de su artículo. En este blog hemos hablado en otras ocasiones de la "herencia" franquista del PP, pero que yo sepa, esta es la primera vez que colgamos un post sobre este tema de un investigador tan conocido como el Dr. Navarro. Hay ciertos estudiosos cuya obra siempre leo, y el profesor Navarro es uno de ellos. Debo añadir que aprecio especialmente su perspectiva sobre la política estadounidense.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
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miércoles, 5 de mayo de 2010
Carta y respuesta: Vicenç Navarro a Santos Juliá
Editorial del historiador Santos Juliá, aparecido en El País (25.4.10), y a la que responde Navarro:
Mirando hacia atrás
SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010
A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.
A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.
Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.
El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.
Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.
Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.
Del blog del Dr. Navarro:
La carta que El País no publicó: Necesitamos mirar al pasado
Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada
Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” (25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, que les debilita.
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Mirando hacia atrás
SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010
A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.
A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.
Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.
El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.
Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.
Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.
Del blog del Dr. Navarro:
La carta que El País no publicó: Necesitamos mirar al pasado
Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada
Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” (25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, que les debilita.
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jueves, 29 de abril de 2010
Artículo de Vicenç Navarro sobre las críticas de las movilizaciones
Otra editorial brillante del Dr. Vicenç Navarro.
Visto en: el blog del profesor (PDF disponible aquí)
La resistencia a conocer el pasado
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010
Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
Visto en: el blog del profesor (PDF disponible aquí)
La resistencia a conocer el pasado
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010
Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
martes, 27 de abril de 2010
Vicenç Navarro sobre las derechas y la judiciatura
Del blog del Dr. Navarro:
Las derechas, el fascismo y la judicatura
Publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 26 de abril de 2010
Este artículo señala la falta de cambios en la judicatura española, y muy en especial en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo (así como en el Tribunal Constitucional) resultado del enrome dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia y el gran poder que tales fuerzas continúan teniendo en el aparato del Estado Español.
Uno de los pilares del régimen dictatorial fue la judicatura que aplicaba las leyes de aquel régimen, uno de los sistemas más represores que han existido en la Europa occidental durante el siglo XX. Tal como constaba en el mandato establecido en la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), el cuerpo judicial debía ser “una milicia del Derecho, siempre dispuesta e identificada con las firmes ideas del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo” (citado en el excelente libro El TOP. La represión de la libertad 1963-1977, escrito por Juan José del Águila). Sus prácticas judiciales mostraron su clara militancia durante aquella dictadura.
Los tribunales especiales y consejos de guerra tuvieron especial responsabilidad en la dimensión represora durante la dictadura, así como también los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Masonería y Comunismo, todos ellos muy activos durante el periodo 1936-1963, siendo en 1963 cuando se creó el Tribunal de Orden Público o TOP, que dirigió la represión judicial en contra de los adversarios al régimen. La rama del estado que hacía la labor sucia (incluyendo torturas) era la Policía Política, la Gestapo española, llamada la Brigada Político Social, cuyos miembros nunca fueron sancionados o apartados del cuerpo cuando la democracia se estableció en España. En realidad, una de las dimensiones poco conocidas del pacto de silencio entre la nomenclatura del Estado dictatorial, liderada por el Rey, y la oposición democrática, era que, además del silencio sobre el pasado, se permitiera la continuidad en sus puestos de los personajes que habían protagonizado la represión política, manteniéndolos en los cuerpos y niveles de autoridad. Los hermanos Creix, jefes de la odiada Brigada Política Social en Barcelona, continuaron en sus puestos, aún cuando fueron desplazados al País Vasco.
La lealtad al régimen que éste exigía a los jueces, explica que la gran mayoría de jueces, fueran miembros del bando vencedor del conflicto civil (o hijos del bando vencedor) y, por lo tanto, profundamente conservadores. De ahí que la judicatura, en general, fuera profundamente conservadora y muy próxima, cuando la democracia se estableció, al Partido Popular. La transición, mal llamada modélica, no significó la transformación de la judicatura, con cambios de personal, sino la posibilidad de abrir el sistema judicial a jueces nuevos, algunos con vocación democrática, que para poder avanzar su carrera necesitaron el apoyo de jueces profundamente conservadores. Un ejemplo de ello es el juez instructor del caso Garzón, el juez Varela, que ascendió en la carrera judicial con el beneplácito y soporte de algunos de los miembros del Tribunal Supremo más conservadores (término excesivamente generoso para definir a jueces ultraderechistas, simpatizantes del golpe militar de 1936) que dieron su beneplácito y apoyo al nuevo juez Varela.
La mayoría de la judicatura y magistratura –sucesores de los vencedores de la Guerra Civil- permaneció callada frente a las enormes violaciones de los derechos humanos, acaecidos durante aquel régimen. Nunca denunciaron al TOP y nunca ayudaron o han ayudado a las víctimas del fascismo. Es ofensivo e insultante para las víctimas de aquella represión que el juez Varela se refiriera a la labor de los jueces en apoyo a las víctimas de la represión dictatorial como encomiable. Es difícil alcanzar niveles tan altos de falsedad, pues además de no haber ninguna evidencia de tal apoyo, la decisión de enjuiciar al juez Garzón ha tenido como efecto la interrupción de todos los procesos de ayuda a los familiares de los desaparecidos, que el juez Garzón había iniciado, cuando éste delegó en otros jueces para que ayudaran a las familias a encontrar los cuerpos de sus familiares, y que se ha paralizado como consecuencia del temor que se ha creado por continuar este proceso.
A diferencia de otros países en los que el nazismo y el fascismo se derrotaron, en nuestro país el fascismo no fue derrotado. Y el caso Garzón es un ejemplo de ello. Lo que estamos viendo ahora es como las derechas están utilizando el fascismo para hacer el juego sucio (como ocurrió durante la dictadura), eliminando a Garzón y prohibir que se mire al pasado para corregir el presente.
Una consecuencia de esta situación y de la manera tan inmodélica como se hizo la transición, es que la derecha española, en general, carece de una cultura democrática y su homólogo en Europa es la ultraderecha. Los mayores medios de la derecha democrática europea han condenado la persecución del juez Garzón. No así en España, donde la derecha la apoya, promueve y dirige. De ahí se deriva que el abanico político español esté tan sesgado, de manera que los medios de información llaman centroderecha a las fuerzas políticas, como el PP, que, en términos europeos se corresponden con la ultraderecha, mientras que se define como centro a las pocas derechas democráticas que tenemos. Es un enorme coste de la transición inmodélica el hecho de que estemos en una cultura política tan sesgada hacia las derechas.
Una última observación. En otro artículo que publiqué recientemente en Público “Los jueces y las víctimas” 22.04.10, indiqué que si estuviéramos en Alemania (país que sufrió un régimen semejante a la dictadura española) la Falange estaría prohibida, los jueces del Tribunal de Orden Público habrían terminado en la cárcel y al juez del Tribunal Supremo que ha declarado su apoyo al mayor defensor del golpe militar de 1936, se le habría expulsado del Cuerpo Judicial. Ese artículo estimuló una respuesta negando que ello ocurriera en Alemania. Repito, sin embargo, que hoy cualquier alabanza al Partido Nazi está prohibida en aquel país, como lo está también tal partido. El Tribunal de Nuremberg condenó a prisión a las máximas autoridades judiciales responsables de la represión durante la dictadura nazi. Y, por último, cualquier expresión de simpatía por el gobierno nazi, además de estar prohibida, es causa de inhabilitación en cualquier cargo público de la Administración. Todo ello no implica que existan jueces que hayan ocupado cargos judiciales durante aquella dictadura. Pero en lugar de estar orgullosos de ello, éstos lo mantienen en silencio, porque saben las sanciones que ello acarrea. No así en España, en la que, además de estar en puestos de gran poder, no tienen ninguna vergüenza de haber sido parte de aquel horrible régimen o tener simpatías por él.
Ver artículo en PDF
Las derechas, el fascismo y la judicatura
Publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 26 de abril de 2010
Este artículo señala la falta de cambios en la judicatura española, y muy en especial en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo (así como en el Tribunal Constitucional) resultado del enrome dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia y el gran poder que tales fuerzas continúan teniendo en el aparato del Estado Español.
Uno de los pilares del régimen dictatorial fue la judicatura que aplicaba las leyes de aquel régimen, uno de los sistemas más represores que han existido en la Europa occidental durante el siglo XX. Tal como constaba en el mandato establecido en la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), el cuerpo judicial debía ser “una milicia del Derecho, siempre dispuesta e identificada con las firmes ideas del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo” (citado en el excelente libro El TOP. La represión de la libertad 1963-1977, escrito por Juan José del Águila). Sus prácticas judiciales mostraron su clara militancia durante aquella dictadura.
Los tribunales especiales y consejos de guerra tuvieron especial responsabilidad en la dimensión represora durante la dictadura, así como también los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Masonería y Comunismo, todos ellos muy activos durante el periodo 1936-1963, siendo en 1963 cuando se creó el Tribunal de Orden Público o TOP, que dirigió la represión judicial en contra de los adversarios al régimen. La rama del estado que hacía la labor sucia (incluyendo torturas) era la Policía Política, la Gestapo española, llamada la Brigada Político Social, cuyos miembros nunca fueron sancionados o apartados del cuerpo cuando la democracia se estableció en España. En realidad, una de las dimensiones poco conocidas del pacto de silencio entre la nomenclatura del Estado dictatorial, liderada por el Rey, y la oposición democrática, era que, además del silencio sobre el pasado, se permitiera la continuidad en sus puestos de los personajes que habían protagonizado la represión política, manteniéndolos en los cuerpos y niveles de autoridad. Los hermanos Creix, jefes de la odiada Brigada Política Social en Barcelona, continuaron en sus puestos, aún cuando fueron desplazados al País Vasco.
La lealtad al régimen que éste exigía a los jueces, explica que la gran mayoría de jueces, fueran miembros del bando vencedor del conflicto civil (o hijos del bando vencedor) y, por lo tanto, profundamente conservadores. De ahí que la judicatura, en general, fuera profundamente conservadora y muy próxima, cuando la democracia se estableció, al Partido Popular. La transición, mal llamada modélica, no significó la transformación de la judicatura, con cambios de personal, sino la posibilidad de abrir el sistema judicial a jueces nuevos, algunos con vocación democrática, que para poder avanzar su carrera necesitaron el apoyo de jueces profundamente conservadores. Un ejemplo de ello es el juez instructor del caso Garzón, el juez Varela, que ascendió en la carrera judicial con el beneplácito y soporte de algunos de los miembros del Tribunal Supremo más conservadores (término excesivamente generoso para definir a jueces ultraderechistas, simpatizantes del golpe militar de 1936) que dieron su beneplácito y apoyo al nuevo juez Varela.
La mayoría de la judicatura y magistratura –sucesores de los vencedores de la Guerra Civil- permaneció callada frente a las enormes violaciones de los derechos humanos, acaecidos durante aquel régimen. Nunca denunciaron al TOP y nunca ayudaron o han ayudado a las víctimas del fascismo. Es ofensivo e insultante para las víctimas de aquella represión que el juez Varela se refiriera a la labor de los jueces en apoyo a las víctimas de la represión dictatorial como encomiable. Es difícil alcanzar niveles tan altos de falsedad, pues además de no haber ninguna evidencia de tal apoyo, la decisión de enjuiciar al juez Garzón ha tenido como efecto la interrupción de todos los procesos de ayuda a los familiares de los desaparecidos, que el juez Garzón había iniciado, cuando éste delegó en otros jueces para que ayudaran a las familias a encontrar los cuerpos de sus familiares, y que se ha paralizado como consecuencia del temor que se ha creado por continuar este proceso.
A diferencia de otros países en los que el nazismo y el fascismo se derrotaron, en nuestro país el fascismo no fue derrotado. Y el caso Garzón es un ejemplo de ello. Lo que estamos viendo ahora es como las derechas están utilizando el fascismo para hacer el juego sucio (como ocurrió durante la dictadura), eliminando a Garzón y prohibir que se mire al pasado para corregir el presente.
Una consecuencia de esta situación y de la manera tan inmodélica como se hizo la transición, es que la derecha española, en general, carece de una cultura democrática y su homólogo en Europa es la ultraderecha. Los mayores medios de la derecha democrática europea han condenado la persecución del juez Garzón. No así en España, donde la derecha la apoya, promueve y dirige. De ahí se deriva que el abanico político español esté tan sesgado, de manera que los medios de información llaman centroderecha a las fuerzas políticas, como el PP, que, en términos europeos se corresponden con la ultraderecha, mientras que se define como centro a las pocas derechas democráticas que tenemos. Es un enorme coste de la transición inmodélica el hecho de que estemos en una cultura política tan sesgada hacia las derechas.
Una última observación. En otro artículo que publiqué recientemente en Público “Los jueces y las víctimas” 22.04.10, indiqué que si estuviéramos en Alemania (país que sufrió un régimen semejante a la dictadura española) la Falange estaría prohibida, los jueces del Tribunal de Orden Público habrían terminado en la cárcel y al juez del Tribunal Supremo que ha declarado su apoyo al mayor defensor del golpe militar de 1936, se le habría expulsado del Cuerpo Judicial. Ese artículo estimuló una respuesta negando que ello ocurriera en Alemania. Repito, sin embargo, que hoy cualquier alabanza al Partido Nazi está prohibida en aquel país, como lo está también tal partido. El Tribunal de Nuremberg condenó a prisión a las máximas autoridades judiciales responsables de la represión durante la dictadura nazi. Y, por último, cualquier expresión de simpatía por el gobierno nazi, además de estar prohibida, es causa de inhabilitación en cualquier cargo público de la Administración. Todo ello no implica que existan jueces que hayan ocupado cargos judiciales durante aquella dictadura. Pero en lugar de estar orgullosos de ello, éstos lo mantienen en silencio, porque saben las sanciones que ello acarrea. No así en España, en la que, además de estar en puestos de gran poder, no tienen ninguna vergüenza de haber sido parte de aquel horrible régimen o tener simpatías por él.
Ver artículo en PDF
jueves, 25 de marzo de 2010
Editorial de Vicenç Navarro sobre la transición
Del blog del Dr. Navarro:
La democracia incompleta
Publicado en el diario PÚBLICO, 25 de marzo de 2010
Este artículo cuestiona la percepción promovida por el establishment político del país de que la transición de la dictadura a la democracia fue un proceso modélico. Lejos de ser modélico, el artículo señala que el proceso –dominado por las fuerzas conservadoras que controlaron el Estado-, determinó una democracia claramente limitada y un bienestar insuficiente. El comportamiento del Tribunal Supremo –en el caso Garzón- y la exclusión de voces republicanas en los medios públicos son ejemplos de esta insuficiencia democrática.
Una de las lecturas sesgadas que se hace de nuestra historia reciente y que ha dominado la sabiduría convencional del país es que la transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica, pues permitió pasar de un régimen dictatorial a un sistema democrático, homologable al de cualquier otro país europeo, sin que ocurrieran mayores convulsiones en el país. Tal visión de lo que fue la transición es, sin embargo, errónea. No sé si podría haber ocurrido otro tipo de transición, pero lo que me parece evidente es que de modélica tuvo poco, pues la democracia existente en España –resultado de la transición– es extraordinariamente limitada, lo cual explica muchas cosas, incluyendo el enorme retraso del Estado del bienestar en España. Todavía hoy, España es uno de los países que tienen un gasto social público como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro.
El hecho de que la democracia sea incompleta y el Estado del bienestar sea tan insuficiente se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en aquel proceso de transición y que continúan teniendo en la vida económica, política y mediática del país. Tal dominio aparece, entre otros indicadores, en la continuidad de personas procedentes del régimen dictatorial anterior en la cúspide del aparato del Estado, desde la monarquía y el ejército a la judicatura. Una consecuencia de esta situación es el hecho de que el Tribunal Supremo de España, la máxima autoridad judicial del país, no ha llevado a los tribunales a ninguna persona, perteneciente al régimen anterior, responsable de las enormes atrocidades llevadas a cabo por aquel régimen (incluyendo a los más de 150.000 asesinados, cuyos cuerpos no han aparecido). En realidad, el único que parece ser que va a ser penalizado ha sido un juez, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de tales asesinatos, ayudando, además, a los familiares de los desaparecidos a encontrar a sus muertos.
Y para mayor ofensa a cualquier persona con un mínimo de conciencia democrática, a este hecho se le suma que el presidente del Tribunal fue un colaborador de aquel régimen, que juró en su día lealtad al movimiento fascista (el Movimiento Nacional), y que la denuncia al juez Garzón ha sido protagonizada por la Falange, heredera de aquel régimen. Esta situación vergonzosa es impensable en la Europa democrática. Lo que ocurre en España es comparable a que en Alemania el Partido Nazi (prohibido en aquel país) llevara a los tribunales al único juez que hubiera intentado llevar al régimen nazi a los tribunales por sus atrocidades, siendo juzgado por el Tribunal Supremo alemán, presidido por un juez que había jurado lealtad al nazismo. El escándalo internacional sería enorme. Pues esto es lo que está pasando en España.
Otro ejemplo del dominio conservador es el blindaje mediático del monarca y de la monarquía, que alcanza niveles extremos, no permitiéndose críticas a la institución y al que la dirige en los medios de información y persuasión de mayor difusión del país, que constantemente promueven al monarca y a la monarquía vetando voces republicanas. Las televisiones, tanto públicas como privadas, han estado promocionando la figura del rey en varios programas que silenciaron cualquier voz crítica del monarca o de la monarquía. Estos programas propagandísticos de la monarquía son frecuentes en los medios televisivos, radiofónicos y escritos de mayor difusión del país. Mientras, voces críticas con sensibilidad republicana son sistemáticamente excluidas o encuentran grandes dificultades en expresarse en tales medios.
La prensa en Catalunya ha publicado la noticia de que un documental preparado para la televisión pública catalana que presenta voces republicanas junto con voces monárquicas en un debate sobre los méritos y deméritos de tal institución está encontrando serias dificultades y retrasos en su presentación, habiéndose cancelado su emisión a pesar de haberse anunciado en su programación.
Estos y otros hechos cuestionan la imagen de que la monarquía es una monarquía constitucional homologable a las monarquías existentes en Europa (imagen tan promovida por los medios de mayor difusión). El blindaje a la crítica de la monarquía se debe a que el establishment conservador tiene plena conciencia de que la monarquía es el lazo que une el entramado conservador que domina el país. Las críticas a la monarquía por parte de la ultraderecha la benefician, pues le permiten presentarse como una monarquía centrada (como algunas voces de la izquierda confusa también la presentan). Este blindaje se debe al temor de que el entramado pueda deshacerse. En realidad, si estuvieran seguros de la fortaleza de su dominio, permitirían una mayor diversidad ideológica. El hecho de que no lo permitan es un indicador de su falta de fortaleza. Y de ahí derivan las enormes limitaciones de la democracia.
Una última observación. Cuando se produjo el golpe militar del general Pinochet en Chile, la BBC (la televisión pública británica) hizo y mostró una película (A Very British Coup, BBC), que mostraba que si un gobierno laborista en Gran Bretaña hubiera querido hacer las reformas que hizo el presidente Allende en Chile (al cual tuve el enorme privilegio de asesorar), habría habido un golpe de Estado en Gran Bretaña liderado por la monarquía. Fue uno de los programas más vistos en aquel país. Comparen este comportamiento con el de las televisiones públicas y privadas en España, que no permiten ninguna crítica a la monarquía o dificultan su expresión. ¿Es esto democracia?
La democracia incompleta
Publicado en el diario PÚBLICO, 25 de marzo de 2010
Este artículo cuestiona la percepción promovida por el establishment político del país de que la transición de la dictadura a la democracia fue un proceso modélico. Lejos de ser modélico, el artículo señala que el proceso –dominado por las fuerzas conservadoras que controlaron el Estado-, determinó una democracia claramente limitada y un bienestar insuficiente. El comportamiento del Tribunal Supremo –en el caso Garzón- y la exclusión de voces republicanas en los medios públicos son ejemplos de esta insuficiencia democrática.
Una de las lecturas sesgadas que se hace de nuestra historia reciente y que ha dominado la sabiduría convencional del país es que la transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica, pues permitió pasar de un régimen dictatorial a un sistema democrático, homologable al de cualquier otro país europeo, sin que ocurrieran mayores convulsiones en el país. Tal visión de lo que fue la transición es, sin embargo, errónea. No sé si podría haber ocurrido otro tipo de transición, pero lo que me parece evidente es que de modélica tuvo poco, pues la democracia existente en España –resultado de la transición– es extraordinariamente limitada, lo cual explica muchas cosas, incluyendo el enorme retraso del Estado del bienestar en España. Todavía hoy, España es uno de los países que tienen un gasto social público como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro.
El hecho de que la democracia sea incompleta y el Estado del bienestar sea tan insuficiente se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en aquel proceso de transición y que continúan teniendo en la vida económica, política y mediática del país. Tal dominio aparece, entre otros indicadores, en la continuidad de personas procedentes del régimen dictatorial anterior en la cúspide del aparato del Estado, desde la monarquía y el ejército a la judicatura. Una consecuencia de esta situación es el hecho de que el Tribunal Supremo de España, la máxima autoridad judicial del país, no ha llevado a los tribunales a ninguna persona, perteneciente al régimen anterior, responsable de las enormes atrocidades llevadas a cabo por aquel régimen (incluyendo a los más de 150.000 asesinados, cuyos cuerpos no han aparecido). En realidad, el único que parece ser que va a ser penalizado ha sido un juez, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de tales asesinatos, ayudando, además, a los familiares de los desaparecidos a encontrar a sus muertos.
Y para mayor ofensa a cualquier persona con un mínimo de conciencia democrática, a este hecho se le suma que el presidente del Tribunal fue un colaborador de aquel régimen, que juró en su día lealtad al movimiento fascista (el Movimiento Nacional), y que la denuncia al juez Garzón ha sido protagonizada por la Falange, heredera de aquel régimen. Esta situación vergonzosa es impensable en la Europa democrática. Lo que ocurre en España es comparable a que en Alemania el Partido Nazi (prohibido en aquel país) llevara a los tribunales al único juez que hubiera intentado llevar al régimen nazi a los tribunales por sus atrocidades, siendo juzgado por el Tribunal Supremo alemán, presidido por un juez que había jurado lealtad al nazismo. El escándalo internacional sería enorme. Pues esto es lo que está pasando en España.
Otro ejemplo del dominio conservador es el blindaje mediático del monarca y de la monarquía, que alcanza niveles extremos, no permitiéndose críticas a la institución y al que la dirige en los medios de información y persuasión de mayor difusión del país, que constantemente promueven al monarca y a la monarquía vetando voces republicanas. Las televisiones, tanto públicas como privadas, han estado promocionando la figura del rey en varios programas que silenciaron cualquier voz crítica del monarca o de la monarquía. Estos programas propagandísticos de la monarquía son frecuentes en los medios televisivos, radiofónicos y escritos de mayor difusión del país. Mientras, voces críticas con sensibilidad republicana son sistemáticamente excluidas o encuentran grandes dificultades en expresarse en tales medios.
La prensa en Catalunya ha publicado la noticia de que un documental preparado para la televisión pública catalana que presenta voces republicanas junto con voces monárquicas en un debate sobre los méritos y deméritos de tal institución está encontrando serias dificultades y retrasos en su presentación, habiéndose cancelado su emisión a pesar de haberse anunciado en su programación.
Estos y otros hechos cuestionan la imagen de que la monarquía es una monarquía constitucional homologable a las monarquías existentes en Europa (imagen tan promovida por los medios de mayor difusión). El blindaje a la crítica de la monarquía se debe a que el establishment conservador tiene plena conciencia de que la monarquía es el lazo que une el entramado conservador que domina el país. Las críticas a la monarquía por parte de la ultraderecha la benefician, pues le permiten presentarse como una monarquía centrada (como algunas voces de la izquierda confusa también la presentan). Este blindaje se debe al temor de que el entramado pueda deshacerse. En realidad, si estuvieran seguros de la fortaleza de su dominio, permitirían una mayor diversidad ideológica. El hecho de que no lo permitan es un indicador de su falta de fortaleza. Y de ahí derivan las enormes limitaciones de la democracia.
Una última observación. Cuando se produjo el golpe militar del general Pinochet en Chile, la BBC (la televisión pública británica) hizo y mostró una película (A Very British Coup, BBC), que mostraba que si un gobierno laborista en Gran Bretaña hubiera querido hacer las reformas que hizo el presidente Allende en Chile (al cual tuve el enorme privilegio de asesorar), habría habido un golpe de Estado en Gran Bretaña liderado por la monarquía. Fue uno de los programas más vistos en aquel país. Comparen este comportamiento con el de las televisiones públicas y privadas en España, que no permiten ninguna crítica a la monarquía o dificultan su expresión. ¿Es esto democracia?
jueves, 18 de febrero de 2010
Editorial de Vicenç Navarro / Viñeta de Vergara
(Nota: La editorial del doctor Vicenç Navarro y la viñeta de arriba de "Territorio Vergara" [7.2.10] no se publicaron juntas, pero parecen hablar de lo mismo).
De: Público.es
El Supremo, ¿cómplice del fascismo?
VICENÇ NAVARRO
Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo. En realidad, ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he documentado en otro artículo, “Franquismo o fascismo” (Público, 28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su derecho de conquista –ver “El racismo del nacional catolicismo” (Público, 14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales (referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que dirigía un Estado enormemente represivo. Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la Europa del siglo XX.
Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre, excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el golpe militar y el régimen que estableció.
Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen, ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas, siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?
El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo (en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en España.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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