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jueves, 23 de enero de 2014
jueves, 19 de julio de 2012
Curso de verano en Jaén, dirigido por B. Garzón y José Antonio Martín Pallín
Información general: 25-26 de julio de 2012
“JUSTICIA, POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.LOS RETOS DE LA JUSTICIA”
Presentación:
Uno de los temas que mayor pasión suscita y que ofrece permanente polémica es el de la relación de la justicia, con la política y los medios de comunicación.
Son constantes las noticias y valoraciones sobre tales relaciones o sobre la influencia de la política en la justicia o la de las decisiones de ésta en aquella; las acusaciones de que los partidos políticos utilizan a los tribunales como una prolongación de la confrontación entre los mismos; la presencia activa de las formaciones políticas, a través de la acción popular en los procesos; la falta de aceptación de la críticas por parte de jueces y fiscales ante las actuaciones discutibles de los que la administran o la falta de conocimiento de los medios de esas acciones, lo que les lleva a descalificaciones y manipulaciones; el papel del Consejo General del Poder Judicial, su composición, politización, falta de legitimidad y su reforma.
Tanto estas cuestiones, como las reformas necesarias del sistema de investigación del sistema penal, los límites de la misma, la agravación de las penas, la introducción de nuevos delitos, la potenciación de la seguridad y la penalización de la protesta social; el aborto; las reformas que se proponen desde Justicia; el papel de la Audiencia Nacional o su posible desaparición; la falta de adecuación de las estructuras judiciales para la investigación de la corrupción; las nuevas formas criminales; la cuestión de los crímenes masivos, la jurisdicción universal, son temas que suscitan grandes debates y polémicas y que deben ser abordados con mesura y prudencia, pero con la mayor claridad porque afectan a derechos básicos de la sociedad en su conjunto y a los propios valores en los que se apoya.
El curso “Justicia, Política y Medios de Comunicación”, en esta ocasión, pretende abordar esa discusión y con ello concitar la atención de los/as ciudadanos/as en un foro distendido y abierto, fuera de las tensiones y enfrentamientos ordinarios entre los diferentes actores, pero, precisamente por ello, más adecuado para que lo que cada cual piensa y opina quede sobre la mesa expuesto a la discusión y el acuerdo, y, por ende, se obtengan perspectivas que puedan servir de guías para afrontar los nuevos
desafíos en unas materias que son básicas para que una sociedad democrática goce de un autentico Estado de Derecho.
MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
10:00 h. Acto de inauguración:
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
Purificación Gálvez Daza, delegada del Gobierno en Jaén, Junta de Andalucía.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
1
11:00-14:00h.Mesa redonda: “¿Cómo superar el descrédito de la Justicia y la Política? Causas y
soluciones”
Modera y presenta: Marcos Gutiérrez Melgarejo, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía.
Intervienen:
Gaspar Zarrías Arévalo, diputado del PSOE.
Manuel de la Rocha Rubí, abogado.
Cristina Almeida Castro, abogada.
EnricSopenaDaganzo, periodista y director de“El Plural.com”
17:00-20:00 h. Mesa redonda: “Qué hacer con la Justicia: ¿son las reformas cosméticas la solución
o hay que reformular el sistema?
Modera y presenta: Jose Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Intervienen:
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE.
Gaspar Llamazares Trigo, diputado de Izquierda Unida.
Francisco Baena Bocanegra, abogado.
Jose María de Mena Álvarez, fiscal.
JUEVES, 26 DE JULIO
10:00 h. Mesa redonda: “España y la Jurisdicción Universal. ¿Cuestión política o jurídica?”
Modera y presenta: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén.
Intervienen:
Lydia Vicente Márquez, abogada de Rights International Spain.
Alicia Moreno Pérez, abogada de Rights International Spain.
Fernando Andreu Merelles, magistrado de la Audiencia Nacional
Dolores García-Hierro Caraballo, eurodiputada del Grupo de laAlianza Progresista de Socialistas y
Demócratas.
Javier Chinchón Álvarez, profesor doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad
Complutense de Madrid.
12.30 Mesa redonda: “¿Son los medios de comunicación responsables del deterioro de la Justicia?”
Modera y presenta: Baltasar Garzón, director académico de los Cursos.
Intervienen:
Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional.
Luis del Olmo, periodista de “ABC Radio”.
Vicente Romero Martínez, periodista de RTVE.
Luis García Montero, poeta y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada.
Esteban González Pons, diputado del Partido Popular.
17.00 h. Acto de clausura
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
Jose Antonio Martín Pallín, Director del Curso
INFORMACIÓN GENERAL
Coordinador general: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert.
Destinatarios: alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y personas interesadas en las
temáticas de los Cursos.
2
Lugar de celebración: Hotel Almoratín (Torres, Jaén). Este hotel ofrece tarifas especiales para el
alojamiento/manutención al alumnado inscrito en el Curso (véasehttp://almoratin.com/).
Criterio de selección del alumnado: por riguroso orden de inscripción.
Reconocimiento de 1 crédito de libre configuración (a efectos de Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura e Ingeniería Técnica) y de 1 crédito optativo (a efectos de Grado)para el alumno/a de la Universidad de Jaén, que cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación previstos y que así lo solicite a su Centro.
Período de inscripción: desde el viernes 1 de junio hasta el lunes 16 de julio de 2012, siempre que
queden plazas disponibles.
Importe de matrícula del Curso:
* General: 40 €.
* Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguientes motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS
de la Universidad de Jaén; estar desempleado/a o jubilado/a; ser natural o residir en Torres; personas con
discapacidad).
Inscripción:http://viceees.ujaen.es/cursosdeverano
Más información:
Universidad de Jaén (Sección de Estudios de Postgrado)
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5
Telf.: 953- 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h.
E-mail: continua@ujaen.es
Ayuntamiento de Torres
Plaza de España, nº 1, Torres (Jaén)
Telf. 953-36 30 11
E-mail: robertomoreno@torresdemagina.com
http://www.aytorres.es
ORGANIZA:
UNIVERSIDAD DE JAÉN
AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
COLABORA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
JUNTA DE ANDALUCÍA
“JUSTICIA, POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.LOS RETOS DE LA JUSTICIA”
Presentación:
Uno de los temas que mayor pasión suscita y que ofrece permanente polémica es el de la relación de la justicia, con la política y los medios de comunicación.
Son constantes las noticias y valoraciones sobre tales relaciones o sobre la influencia de la política en la justicia o la de las decisiones de ésta en aquella; las acusaciones de que los partidos políticos utilizan a los tribunales como una prolongación de la confrontación entre los mismos; la presencia activa de las formaciones políticas, a través de la acción popular en los procesos; la falta de aceptación de la críticas por parte de jueces y fiscales ante las actuaciones discutibles de los que la administran o la falta de conocimiento de los medios de esas acciones, lo que les lleva a descalificaciones y manipulaciones; el papel del Consejo General del Poder Judicial, su composición, politización, falta de legitimidad y su reforma.
Tanto estas cuestiones, como las reformas necesarias del sistema de investigación del sistema penal, los límites de la misma, la agravación de las penas, la introducción de nuevos delitos, la potenciación de la seguridad y la penalización de la protesta social; el aborto; las reformas que se proponen desde Justicia; el papel de la Audiencia Nacional o su posible desaparición; la falta de adecuación de las estructuras judiciales para la investigación de la corrupción; las nuevas formas criminales; la cuestión de los crímenes masivos, la jurisdicción universal, son temas que suscitan grandes debates y polémicas y que deben ser abordados con mesura y prudencia, pero con la mayor claridad porque afectan a derechos básicos de la sociedad en su conjunto y a los propios valores en los que se apoya.
El curso “Justicia, Política y Medios de Comunicación”, en esta ocasión, pretende abordar esa discusión y con ello concitar la atención de los/as ciudadanos/as en un foro distendido y abierto, fuera de las tensiones y enfrentamientos ordinarios entre los diferentes actores, pero, precisamente por ello, más adecuado para que lo que cada cual piensa y opina quede sobre la mesa expuesto a la discusión y el acuerdo, y, por ende, se obtengan perspectivas que puedan servir de guías para afrontar los nuevos
desafíos en unas materias que son básicas para que una sociedad democrática goce de un autentico Estado de Derecho.
MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
10:00 h. Acto de inauguración:
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
Purificación Gálvez Daza, delegada del Gobierno en Jaén, Junta de Andalucía.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
1
11:00-14:00h.Mesa redonda: “¿Cómo superar el descrédito de la Justicia y la Política? Causas y
soluciones”
Modera y presenta: Marcos Gutiérrez Melgarejo, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía.
Intervienen:
Gaspar Zarrías Arévalo, diputado del PSOE.
Manuel de la Rocha Rubí, abogado.
Cristina Almeida Castro, abogada.
EnricSopenaDaganzo, periodista y director de“El Plural.com”
17:00-20:00 h. Mesa redonda: “Qué hacer con la Justicia: ¿son las reformas cosméticas la solución
o hay que reformular el sistema?
Modera y presenta: Jose Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Intervienen:
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE.
Gaspar Llamazares Trigo, diputado de Izquierda Unida.
Francisco Baena Bocanegra, abogado.
Jose María de Mena Álvarez, fiscal.
JUEVES, 26 DE JULIO
10:00 h. Mesa redonda: “España y la Jurisdicción Universal. ¿Cuestión política o jurídica?”
Modera y presenta: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén.
Intervienen:
Lydia Vicente Márquez, abogada de Rights International Spain.
Alicia Moreno Pérez, abogada de Rights International Spain.
Fernando Andreu Merelles, magistrado de la Audiencia Nacional
Dolores García-Hierro Caraballo, eurodiputada del Grupo de laAlianza Progresista de Socialistas y
Demócratas.
Javier Chinchón Álvarez, profesor doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad
Complutense de Madrid.
12.30 Mesa redonda: “¿Son los medios de comunicación responsables del deterioro de la Justicia?”
Modera y presenta: Baltasar Garzón, director académico de los Cursos.
Intervienen:
Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional.
Luis del Olmo, periodista de “ABC Radio”.
Vicente Romero Martínez, periodista de RTVE.
Luis García Montero, poeta y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada.
Esteban González Pons, diputado del Partido Popular.
17.00 h. Acto de clausura
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
Jose Antonio Martín Pallín, Director del Curso
INFORMACIÓN GENERAL
Coordinador general: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert.
Destinatarios: alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y personas interesadas en las
temáticas de los Cursos.
2
Lugar de celebración: Hotel Almoratín (Torres, Jaén). Este hotel ofrece tarifas especiales para el
alojamiento/manutención al alumnado inscrito en el Curso (véasehttp://almoratin.com/).
Criterio de selección del alumnado: por riguroso orden de inscripción.
Reconocimiento de 1 crédito de libre configuración (a efectos de Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura e Ingeniería Técnica) y de 1 crédito optativo (a efectos de Grado)para el alumno/a de la Universidad de Jaén, que cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación previstos y que así lo solicite a su Centro.
Período de inscripción: desde el viernes 1 de junio hasta el lunes 16 de julio de 2012, siempre que
queden plazas disponibles.
Importe de matrícula del Curso:
* General: 40 €.
* Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguientes motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS
de la Universidad de Jaén; estar desempleado/a o jubilado/a; ser natural o residir en Torres; personas con
discapacidad).
Inscripción:http://viceees.ujaen.es/cursosdeverano
Más información:
Universidad de Jaén (Sección de Estudios de Postgrado)
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5
Telf.: 953- 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h.
E-mail: continua@ujaen.es
Ayuntamiento de Torres
Plaza de España, nº 1, Torres (Jaén)
Telf. 953-36 30 11
E-mail: robertomoreno@torresdemagina.com
http://www.aytorres.es
ORGANIZA:
UNIVERSIDAD DE JAÉN
AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
COLABORA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
JUNTA DE ANDALUCÍA
jueves, 1 de marzo de 2012
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Editorial del abogado Carlos Slepoy
Visto en: La Voz de Asturias
La Impunidad consentida
Opinión: Carlos Slepoy*
16/11/2010 19:59
Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera, se estableciera un tribunal para juzgarlos.
,
El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.
A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.
A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente
Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.
No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo, la impunidad sigue esencialmente vigente.
Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.
Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:
En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.
Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.
Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores
Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.
En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.
Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.
Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen
Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.
A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.
Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.
En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.
*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
La Impunidad consentida
Opinión: Carlos Slepoy*
16/11/2010 19:59
Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera, se estableciera un tribunal para juzgarlos.
,
El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.
A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.
A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente
Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.
No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo, la impunidad sigue esencialmente vigente.
Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.
Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:
En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.
Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.
Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores
Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.
En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.
Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.
Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen
Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.
A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.
Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.
En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.
*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
martes, 16 de noviembre de 2010
III Simposio: "Memoria, narración y justicia." Memoria e historia, del 16-18 de noviembre en Madrid
Este III Simposio pretende consolidar un espacio crítico, transversal e internacional de intercambio científico en torno a la relación entre Memoria, Narración y Justicia. Investigadores de larga trayectoria y aquellos que comienzan su itinerario investigador tendrán oportunidad de exponer y discutir sus propuestas en torno a tres áreas de gran repercusión científica y social:
1) El problema del conocimiento y comprensión del pasado
2) La significación del pasado para el presente. Políticas de la memoria
3) Justicia y responsabilidad histórica en el presente.
En el debate público sobre el papel de la memoria individual, grupal y colectiva en relación con el pasado, sobre todo con el pasado traumático, y su significación política para el presente, las mayores divergencias se producen a la hora de determinar la relación de la memoria con la historia. Las divergencias entre las diferentes corrientes metodológicas se ven agudizadas por las diferencias entre los enfoques disciplinares; si a esto se unen las derivaciones políticas de las diferentes formas de enfocar la relación, nos encontramos con uno de los nudos teóricos y prácticos más difíciles de deshacer. ¿Qué lugar ocupa la memoria colectiva, y especialmente la memoria de los vencidos, en el desentrañamiento del pasado histórico? ¿Qué papel epistemológico, moral y político posee? ¿Qué tiene que ver la justicia con el pasado? ¿Cómo hacer valer la responsabilidad frente a lo ya acontecido y, por tanto, irreparable? Estas cuestiones y otras similares se han convertido en un reto ineludible para las Ciencias Humanas y Sociales actuales.
Organiza: Línea de Investigación "Justicia: Memoria, Narración y Cultura" (JUSMENACU)
Ver programa en PDF
1) El problema del conocimiento y comprensión del pasado
2) La significación del pasado para el presente. Políticas de la memoria
3) Justicia y responsabilidad histórica en el presente.
En el debate público sobre el papel de la memoria individual, grupal y colectiva en relación con el pasado, sobre todo con el pasado traumático, y su significación política para el presente, las mayores divergencias se producen a la hora de determinar la relación de la memoria con la historia. Las divergencias entre las diferentes corrientes metodológicas se ven agudizadas por las diferencias entre los enfoques disciplinares; si a esto se unen las derivaciones políticas de las diferentes formas de enfocar la relación, nos encontramos con uno de los nudos teóricos y prácticos más difíciles de deshacer. ¿Qué lugar ocupa la memoria colectiva, y especialmente la memoria de los vencidos, en el desentrañamiento del pasado histórico? ¿Qué papel epistemológico, moral y político posee? ¿Qué tiene que ver la justicia con el pasado? ¿Cómo hacer valer la responsabilidad frente a lo ya acontecido y, por tanto, irreparable? Estas cuestiones y otras similares se han convertido en un reto ineludible para las Ciencias Humanas y Sociales actuales.
Organiza: Línea de Investigación "Justicia: Memoria, Narración y Cultura" (JUSMENACU)
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