De: EFE
El Congreso rechaza indemnizar a etarras heridos o muertos en la dictadura
El pleno del Congreso ha rechazado hoy una iniciativa del PNV que instaba al Gobierno a no restringir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y permitir que los familiares de los etarras que fueron fusilados o heridos durante la dictadura cobren indemnizaciones, como el resto de las víctimas.
La moción consecuencia de interpelación, defendida por el diputado vasco Aitor Esteban, ha sido rechazada por 318 votos en contra y con 23 votos a favor, del PNV, CiU, ERC-IU-ICV y Coalición Canaria.
Esteban ha justificado su iniciativa alegando que el desarrollo de la Ley está siendo "decepcionante" por la falta de impulso del Gobierno, y que incluso ha sufrido algún "retroceso" durante su aplicación respecto a lo que se había "entendido" en el debate parlamentario previo a su aprobación.
Se refería al hecho de que familiares de personas integradas en bandas armadas antes de la Ley de Amnistía no cobren indemnizaciones, cuando "no sabemos si después de la amnistía hubieran seguido en ETA o no" y, en su opinión, habría que concederles "el beneficio de la duda".
En este sentido, Esteban ha pedido al Gobierno que "no confunda el tiempo actual con el tiempo de la dictadura".
También ha demandado más agilidad en la aplicación de puntos de la Ley como la identificación de las víctimas, la retirada de símbolos de exaltación de los sublevados, o la supresión de subvenciones a las entidades privadas o públicas que enaltezcan el franquismo.
El PNV ha aceptado las enmiendas presentadas por CiU y ERC, y dos de las presentadas por IU, al entender que pretender dar impulso a otros puntos de la Ley, pero ha rechazado una enmienda del PSOE porque si bien reconoce que no se han cumplido muchos puntos de la Ley, "no se compromete a afrontar en fechas mínimas sus deberes".
Joan Tardà, en nombre de ERC, ha diferenciado lo que, a su juicio, es lucha armada "legítima" en un periodo de dictadura de actos de "miserable terrorismo" en tiempos de democracia, y por ello ha coincidido con el PNV en pedir que las familias de los terroristas que resultaron heridos o muertos durante la dictadura puedan pedir indemnizaciones y su reparación.
También ha pedido tener en cuenta a las víctimas de "funcionarios de grupos fascistas" en los años 77 y 78 (un periodo en el que no se puede hablar de dictadura pero tampoco de democracia plena, y que no está cubierto por la Ley), o que se identifique a la veintena de supervivientes de las tropas guerrilleras antifranquistas para evaluar su reconocimiento como parte del ejército republicano.
Desde CiU, Jordi Jané ha señalado que en su enmienda se pretende también que el Fiscal General del Estado que dé instrucciones para formar la anulación de aquellas condenas dictadas contra personas individuales por tribunales, jurados u otros órganos penales por motivos ideológicos, políticos o religiosos.
El diputado socialista Juan Antonio Barrio ha admitido que hay puntos de la Ley que se están aplicando con menos celeridad, debido a que implican a otras administraciones del Estado o por su dificultad, como es el caso de las exhumaciones.
Sin embargo, ha subrayado que ya se han materializado indemnizaciones, se ha concedido la nacionalidad española a los descendientes de exiliados y que se está completando la retirada de los símbolos fascistas de los edificios públicos.
No se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del PNV ni en la concreción de plazos que plantea ni tampoco en la asimilación de los etarras con las víctimas, una cuestión que no puede ser, a su juicio, tema de discusión para una moción.
Ha sido más crítico en ese aspecto el diputado del PP Jorge Fernández Díaz, quien ha tachado de "lamentable" que se pida indemnizaciones para los terroristas de ETA o del GRAPO que cometieron asesinados entre 1968 y 1977.
"¿Cuántas víctimas de ciudadanos produjeron esos terroristas en ese periodo?", ha preguntado, antes de agregar que "pretender que el Estado les indemnice si sufrieron heridas en esos actos es miserable", "maniqueísmo" y "no sólo una barbaridad, sino una ofensa indigna de un Estado de Derecho que diputados defiendan" esa petición.
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