Visto en el blog de Memoria histórica de Cartagena
Un acto, el 20 de septiembre, recordará el primer año del mausoleo.La crisis aplaza la construcción de un monumento a los caídos en la ciudad.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca continúa su trabajo de recuperar datos de personas desaparecidas durante la época del franquismo. Libertad Sánchez, portavoz de la ARHM, señaló que el colectivo no sólo recibe solicitudes de personas de Extremadura que necesitan saber de sus familiares, sino también de otros puntos de España. En los últimos once años se han resuelto alrededor de unos 300 casos, pero en algunas ocasiones ha resultado complicado, porque solicitan fotografías u otros elementos difíciles de encontrar, afirmó.
El presidente de la asociación, Juan Manuel Sánchez, mostró en rueda de prensa, la satisfacción por la construcción de un mausoleo en el cementerio de Mérida para recordar a las víctimas.
En cuanto a proyectos, la AHRM participó en la Comisión Etica de la Verdad celebrada en Colombia el pasado mes de abril, mediante una ponencia que trataba sobre el trato que tenía la mujer “por ser familiar de rojos”. Libertad, recalcó que, después de que en España se negara la posibilidad de investigar los crímenes de esa época, se ha abierto una vía en Argentina con familiares que organiza la asociación a nivel nacional y de esta forma mantiene contacto con la ARHM para pedirle ayuda y asesoramiento y enviarle la información sobre sus desaparecidos y así articular desde Argentina la denuncia.
Respecto a la politización de la agrupación y de su labor, la portavoz expresó que acuñar términos como memoria histórica, reivindicaciones por la república, decrece las aspiraciones de la asociación.
Por otro lado, el próximo 20 de septiembre se celebrará un acto conmemorativo del primer aniversario del mausoleo ubicado en el cementerio de la ciudad. Sin embargo, dada la situación económica, la antigua reivindicación de construir un monumento en recuerdo de los desaparecidos “queda aplazada”.
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miércoles, 18 de agosto de 2010
martes, 8 de junio de 2010
Los desaparecidos de Tenerife
De: Revista Digital San Borondón
Presentado en el ayuntamiento de La Orotava el proyecto: "Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las cañadas del Teide"
SB-Noticias.- El ayuntamiento de La Orotava acogió el pasado viernes, 4 de junio, la presentación del proyecto "Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las Cañadas del Teide". Esta iniciativa de la ARMHIT (Asociación para la Recuperación histórica de la Isla de Tenerife) permitirá a un equipo de arqueólogos la futura realización de excavaciones en aquellos lugares donde existan mayores posibilidades de hallar fosas comunes de la Guerra Civil Española dentro del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.
El patronato del Parque Nacional del Teide, el Ayuntamiento de La Orotava a través de las áreas de Medio Ambiente y Cultura, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHIT), promueven esta actuación, para la que se ha solicitado financiación por valor de 60.000 euros al Ministerio de la Presidencia del Estado español dentro de las ayudas que contempla la Ley de Memoria Histórica.
Los promotores han preferido ampliar la búsqueda de fosas ante el riesgo de que la tradición oral pueda confundir el Bucio de Maja con otra oquedad, cueva o tubo volcánico de Las Cañadas, o con noticias similares de otras épocas. Los alrededores de la zona conocida como La Catedral, en el Llano de Ucanca, es otra de las posibles localizaciones apuntadas por la ARMHIT.
Según diversas fuentes orales, en el Bucio de Maja podrían estar enterrados los restos de los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Buenavista del Norte en el año 1936, José Carlos Schwartz Hernández y Antonio Camejo Fajardo; del diputado Luis Rodríguez Figueroa; de varios militantes de la CNT, y de concejales y miembros del Ayuntamiento capitalino.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife presentó este proyecto al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España en abril de 2010, el cual está apoyado por el Parque Nacional del Teide y el Ayuntamiento de La Orotava.
Personas presentes en el acto
Manuel Durbán, Director-Conservador del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, aunque iba a estar presente no pudo asistir al final al acto por hallarse de viaje.
Manuel Ángel Martín, concejal-delegado de medio ambiente en el Ayuntamiento de La Orotava
Agapito de Cruz, secretario de la ARMHIT (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife)
Alejandro Gámez, coordinador del proyecto y doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna (ULL). se ha especializado en el estudio bioantropológico de restos humanos de época histórica y realizado diversas prospecciones en la zona de Las Cañadas del Teide en el marco de estas investigaciones.
Guacimara Ramos, licenciada en historia por la ULL y especializada en estudios bioantropológicos y arqueológicos sobre poblaciones históricas en Tenerife, ha trabajado con restos humanos de diversos yacimientos funerarios de Canarias y la península y realizado prospecciones arqueológicas en municipios colindantes al Parque Nacional.
Victorio Heredero, licenciado en historia por la ULL, ha realizado diversos trabajos de investigación sobre la II República en Canarias.
Luana Studer, licenciado en historia por la ULL, se ha especializado en trabajos de archivística y en la metodología propia de la historia oral, aplicada a los períodos de la II República española y el primer franquismo.
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
TITULO DEL PROYECTO: “Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las Cañadas del Teide”.
JUSTIFICACIÓN
El estudio de la represión y de las víctimas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista ha sido uno de los temas en los que se ha profundizado desde la historiografía en nuestro país. Paralelamente, la recuperación de la memoria de las víctimas por parte de las Asociaciones de la Memoria Histórica ha producido una rehabilitación moral de las víctimas del mismo. Alentados por estos ejemplos, y gracias a la cobertura legal y económica de la reciente Ley de la Memoria Histórica, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife considera fundamental conciliar ambas vertientes (conocimiento científico del fenómeno y rehabilitación moral de las víctimas)
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Nos encontramos ante un proyecto multidisciplinar e interinstitucional. La plantilla de este trabajo la integran 9 investigadores formados en la ULL pertenecientes a los dos Departamentos de la Titulación de la Licenciatura de Historia que abarcan ámbitos de investigación tan diversos como la arqueología funeraria, la prospección arqueológica, el estudio de la II República o los procesos de represión franquista.
Se trata de un Proyecto innovador, ya que el primero de estas características que se realiza en la isla de Tenerife. En los últimos años nos encontramos con modelos en otras islas, como Gran Canaria y La Palma.
Asimismo se realiza en el ámbito del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, lugar donde tanto la bibliografía como la documentación oral señalan la presencia de represaliados en cimas y cuevas.
OBJETIVOS
1) Analizar históricamente el período histórico e identificar a los desaparecidos durante y tras la guerra civil española en Tenerife.
2) Localizar las «fosas» de los desaparecidos dispersas en las cumbres de la isla de Tenerife.
3) Recuperar, clasificar, interpretar y conservar de la documentación escrita y de los testimonios orales del fenómeno represivo sobre los desaparecidos de la isla de Tenerife, antes de su total deterioro, extravío o muerte de los informadores.
4) Difundir los resultados y la experiencia histórica de los represaliados durante la guerra civil y el primer franquismo.
FASES DEL TRABAJO
Estos objetivos se pretenden cubrir a lo largo de 5 meses, donde se pretenden organizar a partir de 3 fases:
- Fase documental. Donde se hará un rastreo de este proceso represivo. Para ello se acudirá tanto a archivos insulares como regionales y nacionales.
- Fase de entrevistas orales. Se empleará el recurso de la información oral, realizándose entrevistas a diferentes personas que pudieran dar información sobre alguna de las vertientes en la que se centra este Proyecto. Además, entendemos que estas grabaciones resulta un valor patrimonial de gran interés que se debe preservar.
- Fase de intervenciones arqueológicas. Las dos primeras fases ayudaran a formar una serie de áreas con alta potencialidad de presencia de restos de represaliados. En ese momento se realizaran las tareas prospectivas en diferentes zonas con el fin de localizar los restos humanos para señalar su número y características, con el fin de exhumarlos en un proyecto posterior.
Para la realización de este trabajo se han establecido acuerdos institucionales de ayuda, colaboración y apoyo con diferentes Administraciones y Organizaciones, como el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, la Dirección del Patronato del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide o la Federación Canaria de Espeleología.
Presentado en el ayuntamiento de La Orotava el proyecto: "Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las cañadas del Teide"
SB-Noticias.- El ayuntamiento de La Orotava acogió el pasado viernes, 4 de junio, la presentación del proyecto "Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las Cañadas del Teide". Esta iniciativa de la ARMHIT (Asociación para la Recuperación histórica de la Isla de Tenerife) permitirá a un equipo de arqueólogos la futura realización de excavaciones en aquellos lugares donde existan mayores posibilidades de hallar fosas comunes de la Guerra Civil Española dentro del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.
El patronato del Parque Nacional del Teide, el Ayuntamiento de La Orotava a través de las áreas de Medio Ambiente y Cultura, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHIT), promueven esta actuación, para la que se ha solicitado financiación por valor de 60.000 euros al Ministerio de la Presidencia del Estado español dentro de las ayudas que contempla la Ley de Memoria Histórica.
Los promotores han preferido ampliar la búsqueda de fosas ante el riesgo de que la tradición oral pueda confundir el Bucio de Maja con otra oquedad, cueva o tubo volcánico de Las Cañadas, o con noticias similares de otras épocas. Los alrededores de la zona conocida como La Catedral, en el Llano de Ucanca, es otra de las posibles localizaciones apuntadas por la ARMHIT.
Según diversas fuentes orales, en el Bucio de Maja podrían estar enterrados los restos de los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Buenavista del Norte en el año 1936, José Carlos Schwartz Hernández y Antonio Camejo Fajardo; del diputado Luis Rodríguez Figueroa; de varios militantes de la CNT, y de concejales y miembros del Ayuntamiento capitalino.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife presentó este proyecto al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España en abril de 2010, el cual está apoyado por el Parque Nacional del Teide y el Ayuntamiento de La Orotava.
Personas presentes en el acto
Manuel Durbán, Director-Conservador del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, aunque iba a estar presente no pudo asistir al final al acto por hallarse de viaje.
Manuel Ángel Martín, concejal-delegado de medio ambiente en el Ayuntamiento de La Orotava
Agapito de Cruz, secretario de la ARMHIT (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife)
Alejandro Gámez, coordinador del proyecto y doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna (ULL). se ha especializado en el estudio bioantropológico de restos humanos de época histórica y realizado diversas prospecciones en la zona de Las Cañadas del Teide en el marco de estas investigaciones.
Guacimara Ramos, licenciada en historia por la ULL y especializada en estudios bioantropológicos y arqueológicos sobre poblaciones históricas en Tenerife, ha trabajado con restos humanos de diversos yacimientos funerarios de Canarias y la península y realizado prospecciones arqueológicas en municipios colindantes al Parque Nacional.
Victorio Heredero, licenciado en historia por la ULL, ha realizado diversos trabajos de investigación sobre la II República en Canarias.
Luana Studer, licenciado en historia por la ULL, se ha especializado en trabajos de archivística y en la metodología propia de la historia oral, aplicada a los períodos de la II República española y el primer franquismo.
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
TITULO DEL PROYECTO: “Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las Cañadas del Teide”.
JUSTIFICACIÓN
El estudio de la represión y de las víctimas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista ha sido uno de los temas en los que se ha profundizado desde la historiografía en nuestro país. Paralelamente, la recuperación de la memoria de las víctimas por parte de las Asociaciones de la Memoria Histórica ha producido una rehabilitación moral de las víctimas del mismo. Alentados por estos ejemplos, y gracias a la cobertura legal y económica de la reciente Ley de la Memoria Histórica, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife considera fundamental conciliar ambas vertientes (conocimiento científico del fenómeno y rehabilitación moral de las víctimas)
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Nos encontramos ante un proyecto multidisciplinar e interinstitucional. La plantilla de este trabajo la integran 9 investigadores formados en la ULL pertenecientes a los dos Departamentos de la Titulación de la Licenciatura de Historia que abarcan ámbitos de investigación tan diversos como la arqueología funeraria, la prospección arqueológica, el estudio de la II República o los procesos de represión franquista.
Se trata de un Proyecto innovador, ya que el primero de estas características que se realiza en la isla de Tenerife. En los últimos años nos encontramos con modelos en otras islas, como Gran Canaria y La Palma.
Asimismo se realiza en el ámbito del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, lugar donde tanto la bibliografía como la documentación oral señalan la presencia de represaliados en cimas y cuevas.
OBJETIVOS
1) Analizar históricamente el período histórico e identificar a los desaparecidos durante y tras la guerra civil española en Tenerife.
2) Localizar las «fosas» de los desaparecidos dispersas en las cumbres de la isla de Tenerife.
3) Recuperar, clasificar, interpretar y conservar de la documentación escrita y de los testimonios orales del fenómeno represivo sobre los desaparecidos de la isla de Tenerife, antes de su total deterioro, extravío o muerte de los informadores.
4) Difundir los resultados y la experiencia histórica de los represaliados durante la guerra civil y el primer franquismo.
FASES DEL TRABAJO
Estos objetivos se pretenden cubrir a lo largo de 5 meses, donde se pretenden organizar a partir de 3 fases:
- Fase documental. Donde se hará un rastreo de este proceso represivo. Para ello se acudirá tanto a archivos insulares como regionales y nacionales.
- Fase de entrevistas orales. Se empleará el recurso de la información oral, realizándose entrevistas a diferentes personas que pudieran dar información sobre alguna de las vertientes en la que se centra este Proyecto. Además, entendemos que estas grabaciones resulta un valor patrimonial de gran interés que se debe preservar.
- Fase de intervenciones arqueológicas. Las dos primeras fases ayudaran a formar una serie de áreas con alta potencialidad de presencia de restos de represaliados. En ese momento se realizaran las tareas prospectivas en diferentes zonas con el fin de localizar los restos humanos para señalar su número y características, con el fin de exhumarlos en un proyecto posterior.
Para la realización de este trabajo se han establecido acuerdos institucionales de ayuda, colaboración y apoyo con diferentes Administraciones y Organizaciones, como el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, la Dirección del Patronato del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide o la Federación Canaria de Espeleología.
sábado, 27 de marzo de 2010
Novela de Jordi Puntí: Maletas perdidas
Visto en: el blog muy recomendable de la profesora e investigadora finlandesa Elina Liikanen
Jordi Puntí: Maletas perdidas
Traducción de Rita da Costa
Salamandra. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,50 euros
Jordi Puntí: Maletes perdudes
Empuries. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,95 euros
Jordi Puntí: Maletas perdidas
Traducción de Rita da Costa
Salamandra. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,50 euros
Jordi Puntí: Maletes perdudes
Empuries. Barcelona, 2010
456 páginas. 17,95 euros
jueves, 11 de febrero de 2010
Movilizados por el juez Garzón
Visto en: Público.es
Artistas e intelectuales se movilizan por Garzón
Saramago, Sábato, Bardem y Rivas encabezan un manifiesto que apoya su actuación con los desaparecidos en la Guerra Civil
EUROPA PRESS - Madrid - 11/02/2010 20:35
José Saramago, Ernesto Sábato, Pilar Bardem y Manuel Rivas son algunos de los artistas e intelectuales que encabezan un manifiesto en apoyo a la actuación del juez Baltasar Garzón sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. A él se han sumado ya, entre otros, Paco Ibáñez, Emilio Lledó, Juan Goytisolo, Ian Gibson, Cristina Almeida, José Vidal Beneyto, Suso de Toro, Fanny Rubio, Jordi Dauder y Ángel del Río.
En este manifiesto los firmantes dan cuenta de su conocimiento de 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, "hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares", indica el documento.
"Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben ser reconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles y demócratas, como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX".
Un trabajo "encomiable"
El manifiesto, "sin entrar en la causa sub judice", celebra el "trabajo encomiable" del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia". Al mismo tiempo los firmantes lamentan "el desproporcionado ataque" a su labor desde diferentes ámbitos "que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes".
"Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar de la Audiencia Nacional este caso", concluye el documento. El manifiesto se presentará públicamente el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y allí se hará entrega de estas primeras firmas a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Artistas e intelectuales se movilizan por Garzón
Saramago, Sábato, Bardem y Rivas encabezan un manifiesto que apoya su actuación con los desaparecidos en la Guerra Civil
EUROPA PRESS - Madrid - 11/02/2010 20:35
José Saramago, Ernesto Sábato, Pilar Bardem y Manuel Rivas son algunos de los artistas e intelectuales que encabezan un manifiesto en apoyo a la actuación del juez Baltasar Garzón sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. A él se han sumado ya, entre otros, Paco Ibáñez, Emilio Lledó, Juan Goytisolo, Ian Gibson, Cristina Almeida, José Vidal Beneyto, Suso de Toro, Fanny Rubio, Jordi Dauder y Ángel del Río.
En este manifiesto los firmantes dan cuenta de su conocimiento de 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, "hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares", indica el documento.
"Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben ser reconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles y demócratas, como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX".
Un trabajo "encomiable"
El manifiesto, "sin entrar en la causa sub judice", celebra el "trabajo encomiable" del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia". Al mismo tiempo los firmantes lamentan "el desproporcionado ataque" a su labor desde diferentes ámbitos "que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes".
"Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar de la Audiencia Nacional este caso", concluye el documento. El manifiesto se presentará públicamente el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y allí se hará entrega de estas primeras firmas a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.
jueves, 4 de febrero de 2010
Suena como broma, pero no lo es: "Garzón podría ir a juicio por investigar crímenes franquistas"
De: La Voz de Asturias Garzón podría ir a juicio por investigar crímenes franquistas
El instructor del Supremo afirma que incumplió la ley de memoria histórica.
05/02/2010 MARGARITA BATALLA
El magistrado Baltasar Garzón se halla a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes de la dictadura franquista. El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela afirmó ayer que su colega prevaricó cuando decidió abrir un proceso penal para que la exhumación de las fosas de los desaparecidos durante ese periodo corriera a cargo del Estado y no de los familiares, como estableció la ley de memoria histórica, aprobada en el 2007. También le acusa de incumplir la ley de amnistía de 1977, pues sostiene que dichos crímenes han prescritos y están amnistiados.
No obstante, en el auto Varela lanza la piedra y esconde la mano, ya que pasa la pelota a sus colegas de la sala penal al posponer su decisión de abrir juicio contra Garzón hasta que los magistrados que admitieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional ratifiquen su decisión de negarse a archivar la causa que fomentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias y a la que se sumó la Falange.
Garzón conservará su plaza en la Audiencia hasta que la decisión sea firme. Llegado ese momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría acordar su suspensión de la carrera judicial hasta que el TS dictara sentencia. El magistrado se enfrentaría entonces a una pena de inhabilitación que puede alcanzar los 20 años de duración.
Varela aprovecha su resolución para saldar cuentas con Garzón por haber atendido las peticiones de los familiares de las víctimas del franquismo que le solicitaron que localizara a sus allegados desaparecidos y que esta labor fuera costeada además por el Estado y no por ellos, como establece la ley de memoria histórica.
VOLUNTAD DE LA SOCIEDAD El TS sostiene que Garzón comenzó a instruir este proceso para "controlar las exhumaciones", incumpliendo la ley de amnistía de 1977, que "fue aprobada por las mismas Cortes que elaboraron la Constitución democrática". Por esta razón, Varela acusa a su colega de "hacer inefectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado" habían expresado en la norma.
Varela afirma que la competencia para resarcir a las víctimas "viene atribuida a las administraciones públicas", aunque admite que los familiares de los desaparecidos han intentado "buscar atajos en el uso indebido del cauce penal" para que el Estado costee los gastos de la exhumación. Finalmente, señala que los delitos perpetrados durante la dictadura franquista están "prescritos y amnistiados".
En el auto de 51 folios, Varela dicta más una sentencia condenatoria que una resolución de trámite. Además, convierte un debate jurídico y político sobre la dictadura en una actuación delictiva de Garzón.
domingo, 31 de enero de 2010
Editorial sobre la impunidad del franquismo
BRAVO por las autoras de esta editorial!!!
La vergüenza de la impunidad
Los crímenes del franquismo siguen sin castigo. Y aunque la Audiencia Nacional debería investigarlos, el Estado español sigue sin implicarse y continúa fomentando el olvido como la mejor forma de reconciliación
LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO
EL PAÍS - Opinión - 01-02-2010
Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.
En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.
Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que se sigue frente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el magistrado-juez Baltasar Garzón, por haber incoado aquellas diligencias, muestra no sólo una preocupante perturbación del derecho internacional (que forma parte del derecho español, ver art. 10, en relación con los art. 95 y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.
La Comisión Internacional de Juristas ha mostrado su preocupación por el intento de "interferir en el procedimiento judicial", que en este caso es "de particular preocupación puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad, por los que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Además, según los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, los Estados están obligados a "adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos (...) que afecten a los intereses de las víctimas, medidas para reducir al mínimo las molestias a las víctimas, proteger su intimidad según proceda, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia". Obligación que ha violado flagrantemente el Supremo al dar traslado a las asociaciones querellantes de documentos del proceso donde figuran datos personales de víctimas y de personas que colaboran en la localización de restos.
Es indiscutible que los hechos que en España se han denunciado (la tortura, las ejecuciones extrajudiciales seguidas de la desaparición forzada de personas o la persecución por motivos políticos o religiosos, cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista) ya eran reconocidos como crímenes internacionales cuando se cometieron. La jurisprudencia internacional, así como la desarrollada por tribunales nacionales, han fundamentado igualmente fallos respecto de hechos semejantes ocurridos en fechas en las que la legislación internacional ya reconocía tales crímenes. España debería seguir la misma senda que parece no dispuesta a tomar optando por perseguir a los que, actuando conforme a la legalidad internacional, intentan dar respuesta a legítimas pretensiones de las víctimas.
Recordemos también que el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales al quinto informe periódico de España (19 de noviembre de 2009), ha resaltado entre los principales motivos de preocupación que "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de la prescripción", y ha recomendado que "el Estado parte debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
Evidenciemos también que dos juzgados territoriales (de Granada y de San Lorenzo de El Escorial) no aceptaron la inhibición de la Audiencia Nacional considerando que los crímenes denunciados deben ser investigados en dicha sede judicial. El de El Escorial ha afirmado que si bien el artículo 23.4 de la LOPJ no establece de forma expresa la jurisdicción española para perseguir estos delitos en España "debemos considerar que tal delito también es perseguible en España y por la Audiencia Nacional en fase de enjuiciamiento", estableciendo que "todos los actos delictivos (...) estaban encuadrados y dirigidos para el mismo fin, es decir, para subvertir el orden constitucional y el poder legítimamente constituido, por lo que no se puede admitir una competencia para instruir de forma sesgada unas concretas detenciones ilegales sin dar razón del paradero ocurridas en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, independiente del resto de hechos delictivos cometidos a nivel nacional". La devolución de estas causas a la Audiencia Nacional ha motivado que el juez original haya presentado ante el Supremo la oportuna cuestión de competencia, así que le corresponde a este tribunal determinar quién es el juez competente.
En definitiva, con las actuaciones desarrolladas por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el juez, ahora imputado, simplemente estaba dando cumplimiento a la obligación, que en virtud del derecho internacional recae sobre los Estados, de investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación de derechos humanos. Aunque los responsables individuales no puedan responder, el deber de investigar subsiste hasta el esclarecimiento de los hechos. España, como cualquier otro Estado, no puede pretender disponer a su antojo de lo que son normas imperativas cuyo cumplimiento está por encima de cualquier coyuntura política. Poner en tela de juicio la labor del juez supone un ataque inadmisible a su independencia judicial.
Aplicar la ley de forma respetuosa con el derecho internacional para remover los obstáculos internos que perpetúan la impunidad es, sin lugar a dudas, lo que debería hacer todo juez, cuando de lo que estamos hablando es de graves violaciones a los derechos humanos en tanto crímenes de derecho internacional. Sabemos que la lucha contra la impunidad es un ámbito delicado y de gran resistencia por parte de Estados que apelan al olvido como forma de reconciliación. Pero no hay tal sin verdad, justicia y reparación, los tres pilares sobre los que se asienta un Estado de Derecho, incompatible con la impunidad. Sin embargo, en nuestro caso, los crímenes permanecen ahí, aún impunes.
Cada cual ha de asumir el tanto de vergüenza que puede soportar, pero a veces la responsabilidad de una situación es colectiva cuando la indiferencia toma carta de naturaleza y alienta la impunidad. Los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo constituyen uno de los capítulos más ominosos de nuestra historia. Su falta de persecución y castigo nos abochornan dentro y fuera de España y nos deslegitiman como país que se declara comprometido en la lucha contra la impunidad y persigue crímenes de la misma naturaleza con base en el principio de jurisdicción universal. Y tan paradójico como inquietante que se persiga con acechanza a quien sólo buscaba derribar el muro contra el que se estrellan las víctimas en España.
La vergüenza de la impunidad
Los crímenes del franquismo siguen sin castigo. Y aunque la Audiencia Nacional debería investigarlos, el Estado español sigue sin implicarse y continúa fomentando el olvido como la mejor forma de reconciliación
LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO
EL PAÍS - Opinión - 01-02-2010
Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.
En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.
Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que se sigue frente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el magistrado-juez Baltasar Garzón, por haber incoado aquellas diligencias, muestra no sólo una preocupante perturbación del derecho internacional (que forma parte del derecho español, ver art. 10, en relación con los art. 95 y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.
La Comisión Internacional de Juristas ha mostrado su preocupación por el intento de "interferir en el procedimiento judicial", que en este caso es "de particular preocupación puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad, por los que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Además, según los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, los Estados están obligados a "adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos (...) que afecten a los intereses de las víctimas, medidas para reducir al mínimo las molestias a las víctimas, proteger su intimidad según proceda, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia". Obligación que ha violado flagrantemente el Supremo al dar traslado a las asociaciones querellantes de documentos del proceso donde figuran datos personales de víctimas y de personas que colaboran en la localización de restos.
Es indiscutible que los hechos que en España se han denunciado (la tortura, las ejecuciones extrajudiciales seguidas de la desaparición forzada de personas o la persecución por motivos políticos o religiosos, cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista) ya eran reconocidos como crímenes internacionales cuando se cometieron. La jurisprudencia internacional, así como la desarrollada por tribunales nacionales, han fundamentado igualmente fallos respecto de hechos semejantes ocurridos en fechas en las que la legislación internacional ya reconocía tales crímenes. España debería seguir la misma senda que parece no dispuesta a tomar optando por perseguir a los que, actuando conforme a la legalidad internacional, intentan dar respuesta a legítimas pretensiones de las víctimas.
Recordemos también que el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales al quinto informe periódico de España (19 de noviembre de 2009), ha resaltado entre los principales motivos de preocupación que "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de la prescripción", y ha recomendado que "el Estado parte debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
Evidenciemos también que dos juzgados territoriales (de Granada y de San Lorenzo de El Escorial) no aceptaron la inhibición de la Audiencia Nacional considerando que los crímenes denunciados deben ser investigados en dicha sede judicial. El de El Escorial ha afirmado que si bien el artículo 23.4 de la LOPJ no establece de forma expresa la jurisdicción española para perseguir estos delitos en España "debemos considerar que tal delito también es perseguible en España y por la Audiencia Nacional en fase de enjuiciamiento", estableciendo que "todos los actos delictivos (...) estaban encuadrados y dirigidos para el mismo fin, es decir, para subvertir el orden constitucional y el poder legítimamente constituido, por lo que no se puede admitir una competencia para instruir de forma sesgada unas concretas detenciones ilegales sin dar razón del paradero ocurridas en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, independiente del resto de hechos delictivos cometidos a nivel nacional". La devolución de estas causas a la Audiencia Nacional ha motivado que el juez original haya presentado ante el Supremo la oportuna cuestión de competencia, así que le corresponde a este tribunal determinar quién es el juez competente.
En definitiva, con las actuaciones desarrolladas por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el juez, ahora imputado, simplemente estaba dando cumplimiento a la obligación, que en virtud del derecho internacional recae sobre los Estados, de investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación de derechos humanos. Aunque los responsables individuales no puedan responder, el deber de investigar subsiste hasta el esclarecimiento de los hechos. España, como cualquier otro Estado, no puede pretender disponer a su antojo de lo que son normas imperativas cuyo cumplimiento está por encima de cualquier coyuntura política. Poner en tela de juicio la labor del juez supone un ataque inadmisible a su independencia judicial.
Aplicar la ley de forma respetuosa con el derecho internacional para remover los obstáculos internos que perpetúan la impunidad es, sin lugar a dudas, lo que debería hacer todo juez, cuando de lo que estamos hablando es de graves violaciones a los derechos humanos en tanto crímenes de derecho internacional. Sabemos que la lucha contra la impunidad es un ámbito delicado y de gran resistencia por parte de Estados que apelan al olvido como forma de reconciliación. Pero no hay tal sin verdad, justicia y reparación, los tres pilares sobre los que se asienta un Estado de Derecho, incompatible con la impunidad. Sin embargo, en nuestro caso, los crímenes permanecen ahí, aún impunes.
Cada cual ha de asumir el tanto de vergüenza que puede soportar, pero a veces la responsabilidad de una situación es colectiva cuando la indiferencia toma carta de naturaleza y alienta la impunidad. Los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo constituyen uno de los capítulos más ominosos de nuestra historia. Su falta de persecución y castigo nos abochornan dentro y fuera de España y nos deslegitiman como país que se declara comprometido en la lucha contra la impunidad y persigue crímenes de la misma naturaleza con base en el principio de jurisdicción universal. Y tan paradójico como inquietante que se persiga con acechanza a quien sólo buscaba derribar el muro contra el que se estrellan las víctimas en España.
domingo, 27 de diciembre de 2009
Editorial de Reyes Mate sobre el "caso Lorca"
Lorca, un desaparecido
REYES MATE
EL PAÍS - Opinión - 27-12-2009
No hay rastro de restos humanos en la fosa de Alfacar. Con este decepcionante resultado, Federico García Lorca pasa a ser un desaparecido, un estado al que hasta ahora pertenecía sólo provisionalmente. Dentro de la variopinta tipología de víctimas, el desaparecido es el que mejor representa la vigencia del crimen político, lo que equivale a decir que Lorca va a estar ahora más presente que antes en la conciencia crítica de los españoles.
El desaparecido no es sólo un asesinado, sino alguien en quien se consuma la voluntad del criminal de no dejar rastro físico con la esperanza de imposibilitar así la memoria de las víctimas en las generaciones venideras. La desaparición forzosa perfecciona hasta el extremo la técnica del crimen que se puso en práctica en los campos nazis de exterminio. Tengamos presente, en efecto, que los nazis no sólo querían matar los cuerpos, sino privar al crimen de toda significación moral. Cuando hablamos de olvido, nos referimos al borrón de los hechos y también a la indiferencia respecto al significado moral y político de esos crímenes.
Pues bien, los nazis no encontraron mejor estrategia para lograr que el resto del mundo siguiera su curso, sin dar importancia al genocidio, que borrar las huellas y no dejar rastro, por eso los cuerpos debían ser quemados, los huesos triturados y las cenizas aventadas o convertidas en abonos de las tierras cercanas. Pensaban que borrando de la faz de la tierra todo rastro físico del pueblo judío, la humanidad se desentendería de la aportación cultural del pueblo del monoteísmo al patrimonio de la humanidad.
Sin pretender cuestionar la singularidad de la barbarie nazi, lo que sí se puede sostener es que la desaparición forzosa da un paso más en la técnica del olvido al hacer desaparecer los cuerpos. En el desaparecido se suspende el tiempo de la víctima en el preciso instante de la detención, sin que haya manera de establecer una relación entre el momento de la vida y el de la muerte o, mejor, entre la certeza de la muerte y la incertidumbre de su morir. No hay modo de colocar sobre un trozo de tierra un requiescat in pace que inaugure el tiempo del duelo para los vivos y de paz para los muertos.
Sin la certeza de su muerte que podría documentar la exhumación de sus restos, el desaparecido toma la forma de un espectro. Su modo de ser es efectivamente espectral, porque en el desaparecido hay algo definitivamente perdido y algo, también, presente que nos acompaña como un espíritu. Una buena muestra de la existencia espectral la da el Manifiesto Comunista, de Karl Marx, que comienza detectando la presencia de un espectro que acosa Europa, el fantasma del comunismo. Ese espíritu provoca, por un lado, el pánico entre las fuerzas reaccionarias y pide, por otro, que se le dé paz construyendo un mundo que haga justicia a los sufrimientos que representa. Angustia a las fuerzas reaccionarias porque con su presencia demuestra que, pese a la muerte física, no han acabado con sus sueños de felicidad. El espectro hallará paz cuando los vivos recojan esos sueños y los conviertan en principios de acción.
También el espectro de Lorca está cargado de significación política porque señala con una mano acusadora al pasado y con otra al presente. Señala, en efecto, al momento en que a ese ser vivo, que estaba entre los suyos, le quitan violentamente la vida por una razón política. Al ser un asesinato político desvela el carácter (in)moral del proyecto político en cuyo nombre se le dio muerte. Lorca, el desaparecido, será siempre un tribunal de la historia dictando sentencia contra un sistema político, el franquista, que nos será siempre contemporáneo. También nos señala a nosotros, preguntándonos cómo hemos construido nuestro tiempo, si haciendo memoria del periodo estigmatizado con su muerte y que va de 1936 a 1975, o pasando página.
Hacer memoria de la barbarie no consiste en tener presentes los hechos del pasado, sino entender lo que significa la memoria de la injusticia en la construcción de la democracia. Todas las razones prudenciales que nos demos para justificar que hemos construido la democracia sin tener en cuenta la experiencia de la República, con sus luces y sus sombras, no podrán acallar las preguntas que nos dirige el espíritu vigilante del desaparecido.
La desaparición forzada es por definición un crimen que no prescribe o, como dice el derecho, "un delito permanente de detención ilegal", de ahí la responsabilidad de los jueces actuales en investigarlos para depurar responsabilidades. Eso significa que no hay que renunciar a la exhumación si se dan las condiciones que la hagan posible. Lo nuevo, sin embargo, en el debate sobre la "memoria histórica" -por cierto ¿por qué no llamarla memoria política, que de eso se trata? ¿acaso hay alguna "memoria a-histórica?- es el punto de actualidad que conlleva el desaparecido. Por supuesto que toda víctima es actual en tanto en cuanto no se le haga justicia, pero la vigencia del desaparecido añade un elemento nuevo: la contemporaneidad de lo anacrónico, la actualidad del momento en que desapareció. Somos contemporáneos del momento en que se paró el reloj biográfico de la víctima. Si no contamos con ese pasado, no estaremos a la altura de nuestro tiempo.
REYES MATE
EL PAÍS - Opinión - 27-12-2009
No hay rastro de restos humanos en la fosa de Alfacar. Con este decepcionante resultado, Federico García Lorca pasa a ser un desaparecido, un estado al que hasta ahora pertenecía sólo provisionalmente. Dentro de la variopinta tipología de víctimas, el desaparecido es el que mejor representa la vigencia del crimen político, lo que equivale a decir que Lorca va a estar ahora más presente que antes en la conciencia crítica de los españoles.
El desaparecido no es sólo un asesinado, sino alguien en quien se consuma la voluntad del criminal de no dejar rastro físico con la esperanza de imposibilitar así la memoria de las víctimas en las generaciones venideras. La desaparición forzosa perfecciona hasta el extremo la técnica del crimen que se puso en práctica en los campos nazis de exterminio. Tengamos presente, en efecto, que los nazis no sólo querían matar los cuerpos, sino privar al crimen de toda significación moral. Cuando hablamos de olvido, nos referimos al borrón de los hechos y también a la indiferencia respecto al significado moral y político de esos crímenes.
Pues bien, los nazis no encontraron mejor estrategia para lograr que el resto del mundo siguiera su curso, sin dar importancia al genocidio, que borrar las huellas y no dejar rastro, por eso los cuerpos debían ser quemados, los huesos triturados y las cenizas aventadas o convertidas en abonos de las tierras cercanas. Pensaban que borrando de la faz de la tierra todo rastro físico del pueblo judío, la humanidad se desentendería de la aportación cultural del pueblo del monoteísmo al patrimonio de la humanidad.
Sin pretender cuestionar la singularidad de la barbarie nazi, lo que sí se puede sostener es que la desaparición forzosa da un paso más en la técnica del olvido al hacer desaparecer los cuerpos. En el desaparecido se suspende el tiempo de la víctima en el preciso instante de la detención, sin que haya manera de establecer una relación entre el momento de la vida y el de la muerte o, mejor, entre la certeza de la muerte y la incertidumbre de su morir. No hay modo de colocar sobre un trozo de tierra un requiescat in pace que inaugure el tiempo del duelo para los vivos y de paz para los muertos.
Sin la certeza de su muerte que podría documentar la exhumación de sus restos, el desaparecido toma la forma de un espectro. Su modo de ser es efectivamente espectral, porque en el desaparecido hay algo definitivamente perdido y algo, también, presente que nos acompaña como un espíritu. Una buena muestra de la existencia espectral la da el Manifiesto Comunista, de Karl Marx, que comienza detectando la presencia de un espectro que acosa Europa, el fantasma del comunismo. Ese espíritu provoca, por un lado, el pánico entre las fuerzas reaccionarias y pide, por otro, que se le dé paz construyendo un mundo que haga justicia a los sufrimientos que representa. Angustia a las fuerzas reaccionarias porque con su presencia demuestra que, pese a la muerte física, no han acabado con sus sueños de felicidad. El espectro hallará paz cuando los vivos recojan esos sueños y los conviertan en principios de acción.
También el espectro de Lorca está cargado de significación política porque señala con una mano acusadora al pasado y con otra al presente. Señala, en efecto, al momento en que a ese ser vivo, que estaba entre los suyos, le quitan violentamente la vida por una razón política. Al ser un asesinato político desvela el carácter (in)moral del proyecto político en cuyo nombre se le dio muerte. Lorca, el desaparecido, será siempre un tribunal de la historia dictando sentencia contra un sistema político, el franquista, que nos será siempre contemporáneo. También nos señala a nosotros, preguntándonos cómo hemos construido nuestro tiempo, si haciendo memoria del periodo estigmatizado con su muerte y que va de 1936 a 1975, o pasando página.
Hacer memoria de la barbarie no consiste en tener presentes los hechos del pasado, sino entender lo que significa la memoria de la injusticia en la construcción de la democracia. Todas las razones prudenciales que nos demos para justificar que hemos construido la democracia sin tener en cuenta la experiencia de la República, con sus luces y sus sombras, no podrán acallar las preguntas que nos dirige el espíritu vigilante del desaparecido.
La desaparición forzada es por definición un crimen que no prescribe o, como dice el derecho, "un delito permanente de detención ilegal", de ahí la responsabilidad de los jueces actuales en investigarlos para depurar responsabilidades. Eso significa que no hay que renunciar a la exhumación si se dan las condiciones que la hagan posible. Lo nuevo, sin embargo, en el debate sobre la "memoria histórica" -por cierto ¿por qué no llamarla memoria política, que de eso se trata? ¿acaso hay alguna "memoria a-histórica?- es el punto de actualidad que conlleva el desaparecido. Por supuesto que toda víctima es actual en tanto en cuanto no se le haga justicia, pero la vigencia del desaparecido añade un elemento nuevo: la contemporaneidad de lo anacrónico, la actualidad del momento en que desapareció. Somos contemporáneos del momento en que se paró el reloj biográfico de la víctima. Si no contamos con ese pasado, no estaremos a la altura de nuestro tiempo.
sábado, 26 de diciembre de 2009
"Navidad en la fosa común," de M.A. Rodríguez Arias
Publicado en: El Plural (25.12.09)
Navidad en la fosa común.
Nunca más una Navidad con fosas comunes y 'niños perdidos' en España.
Miguel Ángel Rodríguez Arias.
Desgraciadamente este artículo no tratará sobre ninguna película de Tim Burton con esqueletos parlantes, crítica a las costumbres sociales y buenos propósitos navideños… No hablaré aquí de ninguna pesadilla antes, durante o después de Navidad, sino de una pesadilla que dura todo el año – desde hace ya demasiados, además – y que tampoco se desvanece con las primeras luces del alba.
Otra Navidad encadenada a una fosa común para muchas familias españolas.
Mientras en el día de hoy, 24 de diciembre, y mañana 25, día de Navidad, la mayoría de personas podrá reunirse en torno a una misma mesa y compartir unos momentos familiares íntimos y preciados, para muchas otras, en cambio, está seguirá siendo otra Navidad más vinculada a la fosa sin nombre a la que, tras tantos años, continúa todavía encadenada la vida en común de numerosas familias en nuestro país: privadas de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos desaparecidos, esos mismos seres queridos a los que el resto sí que podremos abrazar o llorar su pérdida visitándoles en su lugar de reposo.
Un olvidado derecho humano a la vida familiar de los familiares de los desaparecidos.
Por eso no me resulta posible olvidarme y dejarme llevar sin más por el ritual costumbrista de los adornos navideños, el discurso, la copiosa cena, los brindis y todo lo demás, que estará hoy presente en tantos hogares. No sin detenerme mínimamente al menos en el sentido recuerdo de todas esas personas y su inalienable derecho humano a la vida familiar del que, sin embargo, las autoridades de nuestro Estado continúan sin acordarse ni hoy, ni el resto del año.
¿Desaparecidos de Franco en el tradicional discurso navideño?.
Y no sé si en su tradicional discurso de esta noche el Jefe del Estado que está a punto de presidir la Unión Europea pero que no ha movido un sólo dedo en todo este 2009 para buscar a los ‘niños perdidos’ del franquismo – que se ha lavado las manos encomendando a las familias que vayan de fosa en fosa, de escenario del genocidio franquista a escenario del genocidio franquista, a identificar restos mortales de víctimas salvajemente exterminadas, en una especie de tour del horror, con el corazón en un puño mientras temen y desean encontrar a su propio ser querido – tendrá alguna buena palabra, sin más contenidos, o ni siquiera eso.
Una obligación de Estado y unas explicaciones que siguen pendientes.
Pero lo que sí que sé, es que su obligación y responsabilidad legal ante todo este drama cerrado en falso, junto a la de las restantes altas autoridades es, indiscutidamente, la de hacer que el aparato del Estado busque a las decenas de miles de desaparecidos que sigue habiendo en cientos de fosas en nuestro país y que les sean devueltos, con dignidad, a los que aún les esperan de forma tan dolorosa, impactante y prolongada. Como también tengo claro que las auto-amnistías no tienen validez jurídica alguna para las situaciones de lesa humanidad – y menos que ninguna otra para las de desaparición forzada –, que son además imprescriptibles, y que la exenciones de responsabilidad e inviolavilidades introducidas por nuestra Constitución sólo entraron en vigor a partir de Diciembre de 1978, y por eso, algún día, habrá que esperar que además de darnos discursos en Navidad el actual Jefe del Estado nos explique el grado de conocimiento que tuvo o debió tener durante su mandato como Jefe del Estado de plenos poderes – entre el 20 de noviembre de 1976 y hasta el 6 de diciembre de 1978, sin más refrendo real que el de Franco que lo puso ahí – respecto de todas esas desapariciones que durante tales dos años se siguieron consumando, día a día, en nuestro país. Incluidos los 'niños perdidos', y todas sus madres, por entonces aún vivas, a las que se acabó dejando morir sin permitirles volver a saber nada de sus pequeños tras muchas otras navidades como estas, ya en democracia.
Ya se sabe…
Pero suficiente con tales cuestiones tan políticamente incorrectas e incomodantes para algunos de los que sí que van a poder tener felizmente a todos sus seres queridos consigo esta noche, o, por lo menos, saber dónde están dignamente enterrados los que les falten. Que, afortunadamente, la pajita más corta no les ha tocado a ellos y ya se sabe que el mundo no es perfecto, no es cuestión de amargarse las navidades...
Feliz Navidad en familia, a ellos que pueden.
Así que, como es de rigor, a las Vicepresidentas de Gobierno responsables de leyes de la memoria infames, a todos los miembros del Consejo de Ministros que las aprobaron y que, afortunadamente para ellos, no tienen a su propio padre ni a ningún otro familiar en ninguna fosa común - ni a ningún hermano desaparecido sin la más mínima mención en su articulado -, a los magistrados que todavía no se han retractado de su juramento de lealtad a Franco y por cuyas manos habrá de pasar la decisión jurídica imparcial de asuntos de importancia en la lucha contra la impunidad, a los Defensores del Pueblo auto-desaparecidos ellos mismos, y al Rey de España, que lo es por tanto también de todas sus fosas, a todos ellos, Feliz Navidad.
Que la disfruten, ellos que pueden, junto a todos sus seres queridos, por mucho que hayan permitido que ese mismo derecho humano se les vaya a seguir negando en el día de hoy, de mañana, a tantas y tantas familias.
Nunca más una Navidad con fosas comunes y 'niños perdidos' en España.
Y que en el año entrante rectifiquen y cumplan finalmente, una por una, con todas sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos hacia estas familias, para que nunca jamás vuelva a haber una Navidad con fosas comunes y 'niños perdidos' en España. Que ese es su alto deber como autoridades del Estado, no el de las familias ni el de ninguna asociación.
Pero, sobre todo, que los días pasen rápidos y compasivos para todos los que aún esperan; que su sobrecogedora soledad y su dolor encuentre toda la paz y el consuelo posible en estas fechas y que sepan que tienen el cariño y el recuerdo permanente en la distancia de muchos, por muy poco que sea.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
José Saramago, sobre la impunidad del franquismo
Importante editorial de uno de los escritores contemporáneos más conocidos y respetados, ganador de un Premio Nobel, José Saramago. Translation to follow soon.
La impunidad del franquismo
JOSÉ SARAMAGO
EL PAÍS - Opinión - 16-09-2009
Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.
La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.
Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.
Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.
Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.
Esa obligación de perseguir y castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.
España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.
La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.
Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.
La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".
No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".
La impunidad del franquismo
JOSÉ SARAMAGO
EL PAÍS - Opinión - 16-09-2009
Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.
La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.
Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.
Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.
Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.
Esa obligación de perseguir y castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.
España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.
La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.
Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.
La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".
No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".
martes, 1 de septiembre de 2009
España y la justicia en otros países
Con motivo del primer aniversario de este blog hace unas semanas, dije que empezaría a "colgar" posts bilingües de vez en cuando, con el fin de ayudar a difundir mejor en este lado del charco las noticias que salen en España con respecto al tema de la recuperación de la memoria histórica. En los últimos días el profesor, investigador y bloguero Miguel Angel Rodríguez Arias ha trabajado sin parar, publicando artículos poderosos e insertando vídeos relevantes en su blog "El país de los niños perdidos" en que reclama la situación de los desaparecidos. Muchas veces Rodríguez Arias -- y no ha sido el único para hacer estas comparaciones -- cita el caso de desaparecidos en otros países, como la Argentina, y contempla cómo otras posdictaduras han intentado reparar sus pasados traumáticos históricos. Como comenta el artículo de abajo, España es "la única que deja impunes los crímenes de una dictadura."
In honor of the first anniversary of this blog a few weeks ago, I said I would begin to make bilingual posts from time to time, in order to help better spread, from this side of the pond, the news coming out in Spain with regard to the "recovery of historical memory." In recent days, the professor, researcher and blogger Miguel Angel Rodríguez Arias has worked nonstop on his blog "The Country of Lost Children," where he has published powerful articles and embedded relevant videos protesting against the situation of the "disappeared." Often Rodríguez Arias -- and he has not been the only one to draw such comparisons -- cites the case of the "disappeared" in other countries, such as Argentina, and considers how such post-dictatorships have tried to heal their traumatic historic pasts. As the article below states, Spain is "the only country in which the crimes of a dictatorship have gone unpunished."
De: Público.es
La justicia internacional saca los colores a España
La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas
DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00
In honor of the first anniversary of this blog a few weeks ago, I said I would begin to make bilingual posts from time to time, in order to help better spread, from this side of the pond, the news coming out in Spain with regard to the "recovery of historical memory." In recent days, the professor, researcher and blogger Miguel Angel Rodríguez Arias has worked nonstop on his blog "The Country of Lost Children," where he has published powerful articles and embedded relevant videos protesting against the situation of the "disappeared." Often Rodríguez Arias -- and he has not been the only one to draw such comparisons -- cites the case of the "disappeared" in other countries, such as Argentina, and considers how such post-dictatorships have tried to heal their traumatic historic pasts. As the article below states, Spain is "the only country in which the crimes of a dictatorship have gone unpunished."
De: Público.es
La justicia internacional saca los colores a España
La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas
DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ - MADRID - 01/09/2009 04:00
El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.
Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".
"Inhumano y cruel"
El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.
La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.
En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.
La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.
Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".
No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.
lunes, 24 de agosto de 2009
La exhumación de Lorca
La Consejería de Justicia abre el plazo de alegaciones para la apertura de la fosa del poeta
La exhumación de los restos de Lorca podría estar cerca
ELPLURAL/ANDALUCÍA
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha abierto el plazo de alegaciones para la exhumación de las fosas localizadas entre Víznar y Alfacar, donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. De esta forma, la apertura de la fosa podría estar más cerca después de los problemas legales que los familiares han encontrado para la exhumación
De esta forma, la solicitud de apertura que presentó la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) se somete a información pública. Los interesados dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus recursos.
“Ponderar oposición”
La resolución, con fecha 12 de agosto y firmada por el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, señala las medidas posibles. Así, en el texto se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, "es preciso someter la actuación solicitada a información pública, con el fin de ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos puedan verse afectados por dicha intervención".
Información pública
El comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica resuelve "someter a información pública la solicitud para la exhumación de restos de víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil y enterradas en las fosas presuntamente localizadas en las inmediaciones de la conocida como Fuente Grande, situada en la carretera de Víznar a Alfacar, y en el paraje El Caracolar, en la provincia de Granada, durante 15 días hábiles, para la presentación de alegaciones por parte de los interesados".
"El Gobierno pedirá a Garzón los documentos sobre el franquismo"
El Gobierno pedirá a Garzón los documentos sobre el franquismo
El Archivo de Salamanca acogerá los 'papeles' más valiosos
EL PAÍS / EP - Madrid
EL PAÍS - España - 24-08-2009
El Gobierno va a solicitar al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que los documentos con valor histórico relativos a la investigación que el juez inició el año pasado sobre las víctimas y represaliados de la Guerra Civil y del franquismo sean trasladados al Centro Documental de la Memoria de Salamanca. Así figura en una respuesta parlamentaria enviada por el Ejecutivo el pasado 23 de julio al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien preguntó si el Gobierno había previsto archivar aquellas notas de interés nacional recabadas por el juez durante la instrucción del sumario.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recuerda a Llamazares que la documentación que manejó el juez Garzón "está incorporada a un proceso judicial en curso y, por lo tanto, no se encuentra disponible".
A renglón seguido, anuncia que "una vez concluido el proceso, [la Administración] solicitará al órgano judicial el desglose de los documentos con valor histórico con el fin de que puedan ser remitidos al Centro Documental de la Memoria o a otros archivos con competencia en la materia".
El problema es que no está claro cuándo estará "concluido" ese proceso judicial, porque Garzón se inhibió del caso en favor de 62 juzgados territoriales el pasado noviembre, días antes de que la Audiencia Nacional le declarase incompetente para juzgar los crímenes del franquismo. Los juzgados territoriales tienen que decidir si asumen o no ese caso: unos lo han hecho ya, otros quizá no lo hagan nunca. El Gobierno, en su respuesta a Izquierda Unida, no aclara cuándo daría el proceso judicial por "concluido".
La investigación sobre los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue iniciada por Baltasar Garzón el 1 de septiembre de 2008 a partir de las denuncias presentadas por diversas asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
Una de las primeras medidas adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional hace casi un año fue ordenar la elaboración de un censo sobre los desaparecidos en la guerra y en la dictadura posterior. Ese listado, completo o no, podría poseer el "valor histórico" al que se refiere el Gobierno, pero eso aún no está determinado. Según las asociaciones de familiares de víctimas, el censo contendría referencias de aproximadamente 150.000 represaliados.
En el auto del 16 de octubre en el que Garzón se declaró competente para investigar los hechos, el juez eximió de cualquier responsabilidad sobre estos crímenes a casi 40 altos mandos del régimen franquista, comenzando por Francisco Franco. También exculpó a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. El magistrado alegó que todos ellos habían fallecido -pidió las actas de defunción- y que su culpabilidad, de existir, ya estaría prescrita.
Finalmente, Baltasar Garzón se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales. El 29 de ese mes, la Audiencia impuso el veto a la investigación del golpe franquista. La fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, defendió desde el principio que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para entender de estos hechos.
La lista del juez
- Las asociaciones para la recuperación de la memoria y algunos ayuntamientos y comunidades autónomas entregaron al juez Garzón, al abrir éste el sumario, toda su documentación sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.
- Inicialmente, el historiador Santos Juliá dio una cifra mínima de 90.000 desaparecidos. En menos de un mes, el listado llegó a casi 150.000. Esto convierte a España en uno de los países con mayor número de desaparecidos del mundo.
- El censo, detallado en el auto de Garzón antes de ser inhabilitado para investigar el golpe de Franco, fue definido por el historiador Ian Gibson como "escalofriante".
"Una tarea de todos que no debe demorarse más"
Las enseñanzas de Antígona
Gustavo Martín Garzo
EL PAÍS - Opinión - 24-08-2009
Los montes Torozos son las únicas elevaciones en la inmensa llanura de Tierra de Campos. Durante la Guerra Civil, especialmente durante el terrible verano de 1936, se convirtieron en un cementerio improvisado. Era allí, aprovechando sus cortes y vaguadas, donde grupos de falangistas conducían diariamente a sus rivales políticos y, tras matarles con frialdad, los enterraban entre carrascas, quejigos y encinas. En estos montes se concentra el mayor número de fosas comunes de la provincia de Valladolid.
No fueron meros ajustes de cuentas, sino asesinatos perfectamente organizados cuyo objetivo era el exterminio "planificado, sistemático y generalizado de todo el tejido asociativo y las corporaciones municipales de la Segunda República". Asesinatos consentidos y apoyados por las nuevas autoridades, tan crueles como innecesarios, pues no hubo en la zona ni un conato de resistencia. Las patrullas de falangistas recorrían los pueblos de los alrededores y se llevaban a hombres, muchachos y, en algún caso, mujeres, con la obscena impunidad del que acude a los puestos de la feria a elegir el ganado para el matadero.
Es difícil saber la cifra total de los asesinados, pero la Asociación para la Memoria Histórica habla de unos 2.000, lo que en una zona escasamente poblada es una cifra estremecedora. Un informante que ha vivido en estos montes toda su vida recuerda a su padre comentando que llegaban camiones con más de 20 personas cada noche. Sólo en Medina de Rioseco, la capital de la comarca, un pueblo con una importante tradición sindical y republicana, mataron alrededor de 200 personas.
Todos los años, en un lugar de los montes Torozos, situado junto a Peñaflor de Hornija, a unos 20 kilómetros de Valladolid, se reúnen familiares y amigos para recordar lo que pasó. Es una ceremonia sencilla y emocionante, en que se leen poemas y testimonios personales ante un monumento improvisado con dos vigas de tren.
Este año acudió Sabina de la Cruz, viuda del poeta Blas de Otero. Su familia procede de Cuenca de Campos, un pueblo cercano, y su padre es uno de los desaparecidos. Vivía en Bilbao pero quiso la mala suerte que regresara a su pueblo ese verano para visitar a su familia y aprovecharan para matarle. En los años sesenta, ella y Blas de Otero se acercaron a estos montes tratando de encontrar algún indicio de su fosa, pero nadie quiso hablar con ellos. "Allí no había nada" se dice en el poema estremecedor que ella escribiría a su regreso. "Ni una tumba que Miguel diga dulcísima, / ni esa brizna de hierba que refresca / los huesos de los muertos". Los muertos del bando nacional figuran en placas expuestas a laentrada de las iglesias, pero estos otros no tienen derecho ni siquiera a que se pronuncien sus nombres. Sorprende el silencio de las autoridades y, en general, de la sociedad vallisoletana, que consiente estas manifestaciones anuales como si se tratara de reuniones nostálgicas de ancianos que rememoran tristes batallas de juventud. Y sorprende sobre todo el silencio de la Iglesia, para quien enterrar dignamente a los muertos es una de las tareas esenciales de su credo. Y digo que sorprende porque la mayoría de los asesinados eran creyentes y sin duda habrían deseado para sí mismos un entierro con los rezos, las bendiciones y el amor de sus sacerdotes.
Han pasado 70 años y es más necesario que nunca hablar de todo esto. Los familiares más directos de los desaparecidos son ya muy ancianos, y dentro de poco no quedará nadie que los recuerde. Interesarse por ellos es un acto con un profundo significado cívico, pues a un crimen político se ha respondido con un crimen ontológico. "Los desaparecidos -ha escrito George Steiner- son nuestra memoria. Un mal que existe en nuestros cuerpos personales, una huella con la que vivimos y que ninguna justicia puede borrar. Deuda impagable, sin compensación posible. Así trabaja la memoria, como una marca con la que debemos vivir, como una terrible elección. El desaparecido dejaría de ser si la memoria de los desaparecidos dejara de existir". Y añade: "Si lo que sucedió no se reconoce, entonces no tiene más remedio que seguir ocurriendo siempre, en un eterno retorno".
Somos lo que recordamos. Si al hombre le privaran de memoria perdería su humanidad. Gracias a la memoria no sólo vivimos nuestra vida sino la de los demás. La cultura es memoria. Las bibliotecas, los museos, los monumentos el pasado, son construcciones de la memoria. En ellos se guardan las huellas de los hechos y las vidas de los que nos precedieron, lo que nos permite dialogar con ellos y burlar a la muerte. Todos los seres queridos que desaparecen, siguen viviendo en los relatos de quienes les sobreviven. La memoria es "lo más necesario de la vida". Sin embargo, en muchas cunetas y vaguadas de España aún yacen enterrados sin identificar decenas de hombres y mujeres que fueron asesinados vilmente durante la Guerra Civil. Reconocerlo no es un acto caprichoso ni irresponsable. No se trata de ajustar cuentas con el pasado, sólo de ocuparnos de estos miembros de nuestra comunidad como desearíamos que se ocuparan de nosotros.
Antígona fue condenada a muerte por querer enterrar a su hermano, abandonado al arbitrio de los perros y los cuervos por orden del rey de Tebas.
Cuidar a nuestros muertos, nos enseña Antígona, es integrar su muerte en la vida. Es un acto de amor, tender ese lazo posible y deseado entre seres que se pertenecen y que se ven unos a otros como seres humanos. Los que fueron enterrados sin amor ni lágrimas, fueron deshumanizados por este acto. Recordarles es devolverles la humanidad que se les negó.
Es esto lo que significa la historia del zamorano Venancio Prieto. Su padre fue asesinado en agosto del 36 con otros del pueblo. Dejó mujer y cinco hijos muy pequeños. No tenían para comer y Venancio, que sólo tenía seis años, iba a pedir pan y manojos de leña por las casas. Cuando le preguntaban de quién era él, contestaba candorosamente: "De Medero, el que mataron".
Tiene razón Almodóvar, hay muchos tipos de familia. Por ejemplo, la de ese niño y su padre asesinado por los fascistas; o las de todos los que aún se empeñan en buscar a los seres que perdieron una noche aciaga de hace 70 años. Una familia es un grupo de personas que cuida de un pequeño ser, ha dicho Pedro Almodóvar. Seres pequeños son los niños, pero también los muertos que amamos. No hay nadie más insignificante ni más necesitado que ellos, pues basta que dejemos de recordarlos para que desaparezcan para siempre.
Sorprende que en este país, donde hay tantos defensores de la familia, se olviden de familias tan ejemplares y fieles. Frente a la crueldad de los que una noche entraron en sus casas para privarles de lo que amaban, ellas siguen pronunciando a solas los nombres de esos pequeños seres que son sus muertos. Quieren tomarles de la mano y conducirles, como a niños maltratados, a un país justo donde puedan encontrar el respeto y la ternura que se les negó. Ayudarles en esa tarea es una obligación no sólo política sino moral. Una tarea de todos que no debe demorarse más.
Gustavo Martín Garzo
EL PAÍS - Opinión - 24-08-2009
Los montes Torozos son las únicas elevaciones en la inmensa llanura de Tierra de Campos. Durante la Guerra Civil, especialmente durante el terrible verano de 1936, se convirtieron en un cementerio improvisado. Era allí, aprovechando sus cortes y vaguadas, donde grupos de falangistas conducían diariamente a sus rivales políticos y, tras matarles con frialdad, los enterraban entre carrascas, quejigos y encinas. En estos montes se concentra el mayor número de fosas comunes de la provincia de Valladolid.
No fueron meros ajustes de cuentas, sino asesinatos perfectamente organizados cuyo objetivo era el exterminio "planificado, sistemático y generalizado de todo el tejido asociativo y las corporaciones municipales de la Segunda República". Asesinatos consentidos y apoyados por las nuevas autoridades, tan crueles como innecesarios, pues no hubo en la zona ni un conato de resistencia. Las patrullas de falangistas recorrían los pueblos de los alrededores y se llevaban a hombres, muchachos y, en algún caso, mujeres, con la obscena impunidad del que acude a los puestos de la feria a elegir el ganado para el matadero.
Es difícil saber la cifra total de los asesinados, pero la Asociación para la Memoria Histórica habla de unos 2.000, lo que en una zona escasamente poblada es una cifra estremecedora. Un informante que ha vivido en estos montes toda su vida recuerda a su padre comentando que llegaban camiones con más de 20 personas cada noche. Sólo en Medina de Rioseco, la capital de la comarca, un pueblo con una importante tradición sindical y republicana, mataron alrededor de 200 personas.
Todos los años, en un lugar de los montes Torozos, situado junto a Peñaflor de Hornija, a unos 20 kilómetros de Valladolid, se reúnen familiares y amigos para recordar lo que pasó. Es una ceremonia sencilla y emocionante, en que se leen poemas y testimonios personales ante un monumento improvisado con dos vigas de tren.
Este año acudió Sabina de la Cruz, viuda del poeta Blas de Otero. Su familia procede de Cuenca de Campos, un pueblo cercano, y su padre es uno de los desaparecidos. Vivía en Bilbao pero quiso la mala suerte que regresara a su pueblo ese verano para visitar a su familia y aprovecharan para matarle. En los años sesenta, ella y Blas de Otero se acercaron a estos montes tratando de encontrar algún indicio de su fosa, pero nadie quiso hablar con ellos. "Allí no había nada" se dice en el poema estremecedor que ella escribiría a su regreso. "Ni una tumba que Miguel diga dulcísima, / ni esa brizna de hierba que refresca / los huesos de los muertos". Los muertos del bando nacional figuran en placas expuestas a laentrada de las iglesias, pero estos otros no tienen derecho ni siquiera a que se pronuncien sus nombres. Sorprende el silencio de las autoridades y, en general, de la sociedad vallisoletana, que consiente estas manifestaciones anuales como si se tratara de reuniones nostálgicas de ancianos que rememoran tristes batallas de juventud. Y sorprende sobre todo el silencio de la Iglesia, para quien enterrar dignamente a los muertos es una de las tareas esenciales de su credo. Y digo que sorprende porque la mayoría de los asesinados eran creyentes y sin duda habrían deseado para sí mismos un entierro con los rezos, las bendiciones y el amor de sus sacerdotes.
Han pasado 70 años y es más necesario que nunca hablar de todo esto. Los familiares más directos de los desaparecidos son ya muy ancianos, y dentro de poco no quedará nadie que los recuerde. Interesarse por ellos es un acto con un profundo significado cívico, pues a un crimen político se ha respondido con un crimen ontológico. "Los desaparecidos -ha escrito George Steiner- son nuestra memoria. Un mal que existe en nuestros cuerpos personales, una huella con la que vivimos y que ninguna justicia puede borrar. Deuda impagable, sin compensación posible. Así trabaja la memoria, como una marca con la que debemos vivir, como una terrible elección. El desaparecido dejaría de ser si la memoria de los desaparecidos dejara de existir". Y añade: "Si lo que sucedió no se reconoce, entonces no tiene más remedio que seguir ocurriendo siempre, en un eterno retorno".
Somos lo que recordamos. Si al hombre le privaran de memoria perdería su humanidad. Gracias a la memoria no sólo vivimos nuestra vida sino la de los demás. La cultura es memoria. Las bibliotecas, los museos, los monumentos el pasado, son construcciones de la memoria. En ellos se guardan las huellas de los hechos y las vidas de los que nos precedieron, lo que nos permite dialogar con ellos y burlar a la muerte. Todos los seres queridos que desaparecen, siguen viviendo en los relatos de quienes les sobreviven. La memoria es "lo más necesario de la vida". Sin embargo, en muchas cunetas y vaguadas de España aún yacen enterrados sin identificar decenas de hombres y mujeres que fueron asesinados vilmente durante la Guerra Civil. Reconocerlo no es un acto caprichoso ni irresponsable. No se trata de ajustar cuentas con el pasado, sólo de ocuparnos de estos miembros de nuestra comunidad como desearíamos que se ocuparan de nosotros.
Antígona fue condenada a muerte por querer enterrar a su hermano, abandonado al arbitrio de los perros y los cuervos por orden del rey de Tebas.
Cuidar a nuestros muertos, nos enseña Antígona, es integrar su muerte en la vida. Es un acto de amor, tender ese lazo posible y deseado entre seres que se pertenecen y que se ven unos a otros como seres humanos. Los que fueron enterrados sin amor ni lágrimas, fueron deshumanizados por este acto. Recordarles es devolverles la humanidad que se les negó.
Es esto lo que significa la historia del zamorano Venancio Prieto. Su padre fue asesinado en agosto del 36 con otros del pueblo. Dejó mujer y cinco hijos muy pequeños. No tenían para comer y Venancio, que sólo tenía seis años, iba a pedir pan y manojos de leña por las casas. Cuando le preguntaban de quién era él, contestaba candorosamente: "De Medero, el que mataron".
Tiene razón Almodóvar, hay muchos tipos de familia. Por ejemplo, la de ese niño y su padre asesinado por los fascistas; o las de todos los que aún se empeñan en buscar a los seres que perdieron una noche aciaga de hace 70 años. Una familia es un grupo de personas que cuida de un pequeño ser, ha dicho Pedro Almodóvar. Seres pequeños son los niños, pero también los muertos que amamos. No hay nadie más insignificante ni más necesitado que ellos, pues basta que dejemos de recordarlos para que desaparezcan para siempre.
Sorprende que en este país, donde hay tantos defensores de la familia, se olviden de familias tan ejemplares y fieles. Frente a la crueldad de los que una noche entraron en sus casas para privarles de lo que amaban, ellas siguen pronunciando a solas los nombres de esos pequeños seres que son sus muertos. Quieren tomarles de la mano y conducirles, como a niños maltratados, a un país justo donde puedan encontrar el respeto y la ternura que se les negó. Ayudarles en esa tarea es una obligación no sólo política sino moral. Una tarea de todos que no debe demorarse más.
miércoles, 12 de agosto de 2009
Roxana Ferlini, antropóloga forense: sobre las fosas comunes
"Los familiares que reclaman a los difuntos son personas mayores"
Una forense destaca la urgencia de los familiares por identificar a las víctimas de la Guerra Civil
EL PLURAL / AGENCIAS
La arqueóloga forense Roxana Ferllini, encargada en algunos trabajos de exhumación en fosas comunes de la Guerra Civil española, destacó que la identificación y hallazgo de las víctimas sepultadas en fosas comunes se ha vuelto una "urgencia" por el envejecimiento de los familiares.
En una entrevista con Efe, Ferllini declaró que en España "se tiene que trabajar con una mayor urgencia", porque la Guerra terminó hace 70 años, y eso implica que "los familiares que reclaman a los difuntos son personas mayores".
Urgencia
La arqueóloga, nacida en Costa Rica, hizo el comentario al comparar ese trabajo con otros similares realizados por ella en el ámbito de las Naciones Unidas en Kosovo -tras finalizar el conflicto de los Balcanes- y en Ruanda, donde los conflictos son recientes. "El año pasado tuvimos el caso de un hombre que llevaba toda la vida buscando a su padre y murió el día antes de que lo encontrásemos", lamentó la arqueóloga, quien subrayó la importancia de exhumar las fosas antes de que casos como estos se repitan.
Miles de personas
Asimismo, Ferllini recordó que en "España hay más de 100.000 personas que siguen buscando a sus familiares en las fosas comunes", por lo que el trabajo debe avanzar con prontitud. Además, destacó que esta lista se podría "engrosar porque también habrá muertos que no han sido reclamados".
Fosas
Una particularidad de las fosas españolas, señaló la arqueóloga, es que "exceptuando la de Milagros (Burgos), en la que aparecieron 45 cadáveres, en la mayoría yacen entre cinco o diez cuerpos". Esta es una característica única, pues en sus trabajos de exhumación en Kosovo y Ruanda, la costarricense encontró que las fosas comunes contenían normalmente unos 500 cadáveres cada una.
Dignidad
Ferllini, quien lleva trabajando en España desde el verano de 2008, apuntó que cada persona reacciona diferente cuando encuentra a uno de sus familiares desaparecido durante la Guerra Civil. Aún así, todos ellos coinciden en que "por fin podrán descansar tranquilamente" porque han encontrado a sus muertos y les podrán dar un entierro digno.
Una forense destaca la urgencia de los familiares por identificar a las víctimas de la Guerra Civil
EL PLURAL / AGENCIAS
La arqueóloga forense Roxana Ferllini, encargada en algunos trabajos de exhumación en fosas comunes de la Guerra Civil española, destacó que la identificación y hallazgo de las víctimas sepultadas en fosas comunes se ha vuelto una "urgencia" por el envejecimiento de los familiares.
En una entrevista con Efe, Ferllini declaró que en España "se tiene que trabajar con una mayor urgencia", porque la Guerra terminó hace 70 años, y eso implica que "los familiares que reclaman a los difuntos son personas mayores".
Urgencia
La arqueóloga, nacida en Costa Rica, hizo el comentario al comparar ese trabajo con otros similares realizados por ella en el ámbito de las Naciones Unidas en Kosovo -tras finalizar el conflicto de los Balcanes- y en Ruanda, donde los conflictos son recientes. "El año pasado tuvimos el caso de un hombre que llevaba toda la vida buscando a su padre y murió el día antes de que lo encontrásemos", lamentó la arqueóloga, quien subrayó la importancia de exhumar las fosas antes de que casos como estos se repitan.
Miles de personas
Asimismo, Ferllini recordó que en "España hay más de 100.000 personas que siguen buscando a sus familiares en las fosas comunes", por lo que el trabajo debe avanzar con prontitud. Además, destacó que esta lista se podría "engrosar porque también habrá muertos que no han sido reclamados".
Fosas
Una particularidad de las fosas españolas, señaló la arqueóloga, es que "exceptuando la de Milagros (Burgos), en la que aparecieron 45 cadáveres, en la mayoría yacen entre cinco o diez cuerpos". Esta es una característica única, pues en sus trabajos de exhumación en Kosovo y Ruanda, la costarricense encontró que las fosas comunes contenían normalmente unos 500 cadáveres cada una.
Dignidad
Ferllini, quien lleva trabajando en España desde el verano de 2008, apuntó que cada persona reacciona diferente cuando encuentra a uno de sus familiares desaparecido durante la Guerra Civil. Aún así, todos ellos coinciden en que "por fin podrán descansar tranquilamente" porque han encontrado a sus muertos y les podrán dar un entierro digno.
domingo, 9 de agosto de 2009
Desaparecidos de la GCE y el franquismo, en "Hora 25" de Cadena SER
Con testimonios orales de familiares de desaparecidos y entrevistas con especialistas en las exhumaciones de fosas comunes
Hacer clic en el botón amarillo para oír la emisión
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miércoles, 8 de julio de 2009
El estado y la exhumación de las fosas
Hoy, en El País: 65 Asociaciones piden en La Moncloa cambiar la Ley de Memoria
Artículo de Pablo García
Más de 60 asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer en La Moncloa un escrito en el que piden al Gobierno que modifique la actual ley en su apartado sobre desaparecidos del franquismo. Miguel Ángel Rodríguez, uno de sus redactores, resume así sus pretensiones: "Que sea el Estado, y no las familias, el que asuma las labores de identificación y exhumación de las víctimas".
La legislación vigente, aprobada el 31 de octubre de 2007, dice que las Administraciones subvencionarán y colaborarán en las tareas de localización de las fosas comunes, "tareas que casi siempre recaen en los familiares. Así, el Estado se lava las manos", destaca Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
El manifiesto, titulado Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos y que define la Ley de Memoria Histórica como una "ley de la vergüenza histórica", resalta que España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce (150.000 personas), "tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot".
Para propiciar una investigación "oficial, efectiva e independiente" en el asunto de las fosas -pero también, según el texto, en el caso de los "niños perdidos", es decir, críos separados de sus familias republicanas durante y tras la Guerra Civil-, el documento entregado ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. "Sería algo similar a los comités surgidos en los países latinoamericanos a finales de los años ochenta, tras las dictaduras militares", explica Rodríguez.
La nota enumera hasta cuatro supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en las que incurriría la ley. La crítica más dura de todas es la que acusa a la norma de seguir el modelo "previsto por Franco" en la Orden de mayo de 1940, "ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación".
En diciembre pasado, Zapatero se comprometió a reunirse en 2009 con las asociaciones para valorar conjuntamente la ley. Aunque tal encuentro no ha tenido aún lugar, estos grupos aseguraron ayer "confiar" en la palabra del jefe del Gobierno.
Artículo de Pablo García
Más de 60 asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer en La Moncloa un escrito en el que piden al Gobierno que modifique la actual ley en su apartado sobre desaparecidos del franquismo. Miguel Ángel Rodríguez, uno de sus redactores, resume así sus pretensiones: "Que sea el Estado, y no las familias, el que asuma las labores de identificación y exhumación de las víctimas".
La legislación vigente, aprobada el 31 de octubre de 2007, dice que las Administraciones subvencionarán y colaborarán en las tareas de localización de las fosas comunes, "tareas que casi siempre recaen en los familiares. Así, el Estado se lava las manos", destaca Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
El manifiesto, titulado Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos y que define la Ley de Memoria Histórica como una "ley de la vergüenza histórica", resalta que España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce (150.000 personas), "tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot".
Para propiciar una investigación "oficial, efectiva e independiente" en el asunto de las fosas -pero también, según el texto, en el caso de los "niños perdidos", es decir, críos separados de sus familias republicanas durante y tras la Guerra Civil-, el documento entregado ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. "Sería algo similar a los comités surgidos en los países latinoamericanos a finales de los años ochenta, tras las dictaduras militares", explica Rodríguez.
La nota enumera hasta cuatro supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en las que incurriría la ley. La crítica más dura de todas es la que acusa a la norma de seguir el modelo "previsto por Franco" en la Orden de mayo de 1940, "ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación".
En diciembre pasado, Zapatero se comprometió a reunirse en 2009 con las asociaciones para valorar conjuntamente la ley. Aunque tal encuentro no ha tenido aún lugar, estos grupos aseguraron ayer "confiar" en la palabra del jefe del Gobierno.
martes, 30 de junio de 2009
Artículo y blog recomendado
Es gracias a La memoria viva y Dignidad y Memoria (dos blogs que sigo) que he podido conocer el del fotoperiodista Gervasio Sánchez, Los desastres de la guerra, donde apareció este artículo importante. Lo reproduzco de allí y también de Dignidad y Memoria.
Hay personas que escriben de una forma que, cuando las lees, puedes sentir el pulso y el peso de la emoción tras las palabras. Las reflexiones de Sánchez, tanto escritas como visuales, son así, y son de gran valor para cualquier persona a quien le importan los derechos humanos.
FOSAS, HUESOS, VICTIMAS, PERSONAS
de Gervasio Sánchez, publicado el 26.6.09
Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado. Piénselo de verdad, es decir, en silencio.
Hay dos respuestas posibles: si y no. Si su respuesta es sí está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.
Si su respuesta es no actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.
Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.
Hay personas que escriben de una forma que, cuando las lees, puedes sentir el pulso y el peso de la emoción tras las palabras. Las reflexiones de Sánchez, tanto escritas como visuales, son así, y son de gran valor para cualquier persona a quien le importan los derechos humanos.
FOSAS, HUESOS, VICTIMAS, PERSONAS
de Gervasio Sánchez, publicado el 26.6.09
Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado. Piénselo de verdad, es decir, en silencio.
Hay dos respuestas posibles: si y no. Si su respuesta es sí está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.
Si su respuesta es no actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.
Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.
La demagogia nos puede sacar del atolladero. Se puede pensar en ahorrar cuando un equipo de fútbol se gasta casi 100 millones de euros en un fichaje o cuando un estado nos regala 400 euros por nuestra cara bonita. ¿Sabe cuántas fosas se podrían abrir con 100 millones de euros? Con una cuarta parte del regalo que nos hizo nuestro Estado (el gobierno simplemente ejerció de irresponsable) el año pasado, podríamos asear nuestro pasado.
¿Sabe cuánto está costando la búsqueda de los restos de los pasajeros y del avión de Air France que se cayó al océano hace tres semanas? Si su padre, su abuelo o su hijo estuviesen en el fondo del mar, ¿se conformaría con la explicación banal de que es muy caro buscarlos? Claro que no. ¿Rechazaría la entrega de algunos restos de su familiar en una pequeña caja? Claro que no.
Resulta que ve a los familiares como unos aprovechados que sólo quieren dinero o, peor, que buscan culpables y venganza. Vuelva a la fosa y observe cómo trabajan los arqueólogos y antropólogos. Entre ellos, camuflados, también verá familiares limpiando huesos armados de pequeños pinceles. ¿De verdad piensa que esa persona está ahí por dinero o venganza?
Pongamos que recibe una reparación económica. Primero recuerde que habrá tenido que acreditar documentalmente los hechos ocurridos. Le aseguro que es una misión imposible tal como están los archivos de nuestro país y las restricciones existentes. Si supera todos los obstáculos y consigue confeccionar un expediente decente cobrará unos miles de euros. ¿No le parece que tiene el mismo derecho que tendría usted si su padre o su hijo fuesen atropellados en un paso cebra? Al fin y al cabo a su familiar quizá lo sacaron de su casa, lo pasearon durante unos minutos eternos, lo ejecutaron y lo lanzaron al fondo de un agujero.
Pongamos que se quiere vengar. ¿De quién? ¿Del asesino que ya murió? ¿De la historia? Nunca he escuchado la palabra venganza en una fosa. Ni en Guatemala, ni en Iraq, ni en Bosnia. Tampoco en España. Nadie se remanga el traje y se dedica semanas, meses y años a buscar los restos de su padre o su abuelo por venganza. No se sostiene.
Es cierto que algunos verdugos siguen vivos. Me han explicado la historia de un asesino que, además, violó a una de sus víctimas femeninas ante de matarla, que cada día va a comulgar en bicicleta. Las personas que conocen la historia nunca se la han contado a los familiares directos. El asesino ya tiene más de noventa años. ¿Usted tendría un comportamiento similar? ¿Usted se lo callaría? ¿Usted aceptaría que el violador de su abuela o su madre se pasease en bicicleta a unos kilómetros de su casa sin haber sido juzgado? Permítame que lo dude.
De nuevo, entiendo su dilema: era una guerra y ya sabemos lo que pasa cuando todo se desmorona. Los vecinos y los hermanos se matan. La violación es un arma de terror. El enemigo es reconvertido en un demonio para paliar los golpes de la conciencia. Llevo más de 25 años viviéndolo de forma regular. Ni el peor de los testimonios me asombra aunque me siga hiriendo.
Pero la guerra tiene reglas. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil son crímenes contra el derecho internacional que no prescriben. Los máximos responsables ya murieron o son ancianos, pero sigue existiendo un Estado llamado España que tiene una obligación con su propia historia.
jueves, 25 de junio de 2009
lunes, 22 de junio de 2009
"Revisionismo" histórico
En su artículo "Critical Historical Revision and Political Revisionism" [en: International Journal of Iberian Studies, 21.3 (2008): 219-29], el profesor e historiador Enrique Moradiellos (Universidad de Extremadura) plantea algunas razones por las cuales España ha visto un resurgimiento de "revisionismo histórico," frase que tacha de inapropiada para explicar este fenómeno, dado que estos personajes no "revisan" nada, sino que recuperan y promueven vez tras vez los viejos y bien pisados temas de la dictadura franquista (220). Entre estos temas (no todos tratados por Moradiellos aquí) se citan frecuentemente la revolución de Asturias como causa de la GCE, la imagen de una II República fuera de control, incapaz de gobernarse a sí mismo ni a sus ciudadanos, y una dictadura light (la "dictablanda") sin la que, paradójicamente, España nunca habría podido entrar en democracia. Moradiellos identifica cinco factores para entender el fenómeno revisionista, y creo que merece la pena mencionar algunos aquí en relación a un artículo publicado hoy en el diario El Plural, sobre la conexión entre grupos y personas ultraderechistas y la querella contra el juez Garzón.
Según este artículo y otras fuentes, el juez que admitió la querella "tildó el levantamiento franquista de 'contrarrevolución' ". Ya se había revelado la falta de parcialidad del juez Adolfo Prego cuando se demostró recientemente que había firmado un manifiesto en contra de la Ley de Memoria; sin embargo, como apunta dicho artículo (citando datos aparecidos en Público), hay todavía más pruebas de su imparcialidad, tales como su apoyo público del golpe de 1936 y su alianza con "historiadores" como Pío Moa, cuyo libro popular (y pro-franquista), Los mitos de la guerra civil, vendió como loco hace unos años. No sé lo suficiente del sistema jurídico español para saber si el juez pudo haberse recusado del caso, pero a mi parecer, habría sido un momento adecuado para hacerlo. Saber todo lo que subyace la querella contra Garzón es lo que hace que la gente pierda fe en el proceso democrático y reaccione con un cinismo a todo lo que está remotamente relacionado con la política. Eso es precisamente lo que desean los "revisionistas."
El historiador Enrique Moradiellos explica que una de las estrategias de revisionistas es intentar establecer paralelos -- por curiosos que sean -- entre el pasado y la actualidad, para desacreditar los actores políticos del presente. Moradiellos cita las conexiones que hace Pío Moa entre octubre 1934 y noviembre 2004, durante el debate del Estatuto de Catalunya. Moradiellos observa que Moa vincula al Presidente del gobierno, el PSOE y la ERC con el inicio de la GCE en 1934. Reproduzco la cita incluida por Moradiellos, pero la traduzco aquí al español, ya que aparece en inglés en el artículo que comento: "The PSOE and the Ezquerra Republicana de Cataluña (Catalan Republican Left) planned and launched the Civil War in 1934. Two parties that are again reunited now. [El PSOE y la ERC planearon y empezaron la Guerra Civil Española en 1934. Dos partidos que otra vez están reunidos ahora]" (221). Es este tipo de vínculo que ha hecho el juez Adolfo Prego al firmar su nombre en el manifiesto en contra de la Ley de Memoria, añadiéndose a la lista de figuras "destacadas" como Jiménez Losantos y César Vidal. En este manifiesto, se "defendían que los golpistas no fueron quienes hicieron estallar la guerra, y cargaban la responsabilidad al Frente Popular, integrado según este documento por 'agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad'" (ver artículo en El Plural citado arriba).
Según Moradiellos, entre los otros factores que influyen en la creación del discurso revisionista son: los cambios demográficos (la nueva generación de "nietos" sin recuerdos directos de la dictadura) (222); la política de los años 90 (222); interpretaciones utópicas de 1931-36 y de los republicanos en la guerra (224); y los principios del movimiento para la recuperación de la memoria histórica (225).
Creo que en cierta medida se puede leer la querella contra Garzón como síntoma o efecto del discurso revisionista. Por supuesto hay muchos otros factores que impactan todo lo que ha pasado desde el auto de Garzón en octubre 2008 -- por ejemplo, la reputación del juez como "juez estrella," su involucramiento en casos que persiguen a políticos corruptos (el caso Gürtel) de la derecha -- pero es difícil entender la indiferencia mostrada hacia los colectivos y las verdaderas víctimas y la atención prestada a "Manos Limpias" (entre ellos, por el juez Adolfo Prego al admitir la querella en primer lugar) sin tener en cuenta esta observación de Moradiellos: "la llamada 'revisionismo histórico está jugando un papel protagonizador en intentar parar las demandas maximalistas del movimiento para la recuperación de la memoria histórica articuladas por víctimas de la represión franquista. Y lo hace por degradar el alcance enorme y la crueldad de los crímenes cometidos por el franquismo durante la guerra y la posguerra según la premisa de que eran partes de un proceso general de violencia 'en ambos lados y en términos casi iguales'" (226-227, traducción mía).
Como dije el otro día, la querella contra Garzón, y las especulaciones sobre qué puede suceder o no ahora, están enmascarando el asunto verdadero -- y mucho más importante -- aquí: se siguen ignorando a las víctimas del franquismo mientras que se concentra la atención en la "prevaricación" de Garzón. El auto de Garzón en octubre 2008 marcó un momento clave en la "recuperación" de la memoria histórica en España. ¿Está forzando las cosas decir que Manos Limpias y, por consecuencia, Adolfo Prego, están participando en un acto de "revisionismo" histórico para castigarle a Garzón y los que lo han apoyado? Garzón amenaza, aunque ya sólo simbólicamente, con la evidencia presentada en el auto sobre las víctimas del franquismo. Ahora lo único que se le puede hacer es pintarle a él como "criminal."
Moradiellos nota que más de un tercio de españoles nacieron en la democracia, así que no tienen ninguna experiencia directa con la dictadura (222). Las luchas revisionistas son luchas por la memoria del pueblo - si no se sabe o no se "recuerda" nada, se puede ir rellenando lagunas con la información equivocada y así crear y mantener la Historia preferida. Afortunadmente, en la era de la nueva tecnología, se puede exponer y difundir, a veces instantáneamente, información como la que tenemos sobre Manos Limpias y el juez Prego.
Si "revisar," según la RAE, significa 1. Ver con atención y cuidado. 2. tr. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo, es gracias a los testimonios orales y escritos y a la labor de asociaciones que se ha podido "revisar" una historia mantenida durante años de dictadura y hasta después. No se puede aceptar el "revisionismo" como el de gente como Pio Moa porque así, como explica Moradiellos, "we are again on the path already followed by our grand fathers: the dead as a weapon of self-legitimation and demonization of the enemy" [avanzamos en el camino ya establecido por nuestros abuelos: los muertos como armas arrojadizas de auto-legitimitación y demonización del enemigo" (227, traducción mía). La querella contra Garzón, y el hecho de que se admitiera por el TS, desde mi perspectiva es una querella contra todos los que están implicados en el auto sobre los desaparecidos del franquismo. No parece ser este detalle algo que le importa mucho al juez Prego.
jueves, 18 de junio de 2009
Artículo sobre García Lorca en "The New Yorker"
Una de mis publicaciones preferidas en inglés, The New Yorker, ha publicado el artículo "Lorca's Bones" [Los huesos de Lorca] de Jon Lee Anderson en el número actual (el 22 de junio) de la revista. El subtítulo del artículo es una pregunta que puede resultar un poco cansada para los lectores españoles: "Can Spain finally confront its civil-war past?" [¿Puede España afrontar por fin su pasado de la guerra civil?]. Esta no es la primera vez que la revista ha publicado un artículo sobre el caso de Lorca (ver "Looking for Lorca" de Elizabeth Kolbert, de 2003). Aquí, Jon Lee Anderson narra su viaje a Granada, incluyendo encuentros personales con Juan Antonio Díaz, profesor en la Universidad de Granada; el juez Baltasar Garzón; Francisco Galadí, nieto de uno de los fusilados con Lorca; Fernando Serrano Súñer y Polo, nieto de Ramón Serrano Súñer; y Laura García Lorca, la sobrina del poeta. El artículo termina con las palabras de esta última.El contenido del artículo será un poco "caducado" para los que ya conocen este caso y los que siguen las noticias en torno a las memorias históricas en España, pero aún así, me alegra ver que el tema reciba la atención debida en este país. La figura de Lorca es muy conocida en círculos literarios y culturales y se espera que dar a conocer este caso en particular sirva para iluminar otros como él. La sinopsis del artículo sigue en inglés:
ABSTRACT: LETTER FROM ANDALUSIA about public debate over whether the remains of Federico García Lorca and others murdered by General Franco’s forces should be exhumed. Writer describes Lorca’s murder in Granada during the Spanish Civil War. Lorca had become Spain’s most renowned poet and dramatist. At the age of thirty-eight, and more or less openly gay, Lorca was a highly visible figure with known Republican sympathies. And that, in the summer of 1936, was enough to get a person killed. Briefly describes the rise of Francisco Franco, who ruled Spain from 1939 until 1975. Writer visits the cemetery in Granada with Juan Antonio Díaz, a professor of English and German Philology. Díaz notes that a plaque commemorating the victims of Francoism had been removed from the wall. The probable site of Lorca’s grave was identified by his biographer, Ian Gibson, in 1966, but his body remains where his killers dumped it. Last year, a Spanish judge named Baltasar Garzón ordered that Lorca be dug up. The exhumation order was seen as a historic challenge to the silence in Spain about the Franco years, but it set off a raging public debate. With Garzón’s order came the news that Lorca’s own relatives opposed the exhumation. Describes the incarceration and execution of thousands of people during Franco’s regime. In the jittery transition to democracy after the dictator’s death, however, politicians adopted a don’t-look-back policy. In 1977, an amnesty law sealed the past in what became known as the pacto de olvido. That is how things stood until a decade ago when “historical memory” groups began to dig up some of the bodies. The memory groups’ activities inspired a national lobby for a reckoning with Spain’s past. In 2007, Spain’s parliament approved a Law of Historical Memory, which said that the state was required to support the exhumation of thousands of mass graves. Despite the new law, Granada’s graves remain largely unexhumed. Last October, Garzón, in response to a petition filed by thirteen Historical Memory associations decreed that Franco and thirty-four others were guilty of crimes against humanity. Declaring the amnesty null and void with regard to human rights violations, Garzón ordered the exhumation of nineteen mass graves including the one believed to contain the remains of Lorca. Javier Zaragoza, Spain’s prosecutor-general, filed an appeal against the order and put a halt to the exhumations. Writer interviews Francisco Galadí, the grandson of a bullfighter who was killed with Lorca, Fernando Serrano Súñer y Polo, the son of Ramón Serrano Súñer, who was charged by Garzón with “crimes against humanity,” and Laura García Lorca, the poet’s niece. All three give their views on the exhumations.
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