Se menciona el Valle de los Caídos y, otra vez, se oye eso de reabrir heridas. Es como si, de tanto repetir la frase, los políticos del PP pensaran que existía una conexión natural entre heridas y el mausoleo. Pero, por supuesto, la cuestión es: ¿las heridas de quién? ¿Serán las suyas, las de los partidarios restantes de Franco, o las de la gente que todavía, después de tantísimos años, tiene a sus familiares enterrados en el Valle, sin la posibilidad de sacarlos? ¿Por qué, cada vez que se dice "reabrir heridas," nunca se dice de quiénes son o por qué siguen doliendo dichas heridas después de tanto tiempo? Re-abrir heridas también implica que estaban cerradas.
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martes, 6 de agosto de 2013
sábado, 23 de octubre de 2010
Vicenç Navarro critica un programa de TVE sobre la memoria histórica
Nota: se puede ver el vídeo al que se refiere el prof. Navarro, al final de su artículo
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
Leer y descargar artículo en PDF
Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
Del blog del prof. Navarro
Crítica al programa de TVE sobre la memoria histórica
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Artículo de Vicenç Navarro, 22 de octubre de 2010
Este artículo analiza críticamente el documental de TVE sobre la Memoria Histórica que se basa en entrevistas a José Alvarez Junco, Javier Pradera, Santos Julià y Julián Casanovas [sic]. El artículo argumenta en contra de las tesis sostenidas en el documental de que una vez enterrados los desaparecidos es importante cerrar el capítulo de recuperar la memoria histórica y dejar de exigir responsabiidades por los asesinatos y crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil. El artículo sostiene que la recuperación de los desaparecidos conlleva la recuperación de su memoria y la corrección de la historia de nuestro país, que continúa promoviendo la visión de que lo que llaman erróneamente “los dos bandos” compartieron las responsabilidades de lo acaecido. La limitada democracia española requiere una corrección de la historia de España, para que ésta esté basada en los valores democráticos que la mayoría de los desaparecidos defendieron.
Televisión Española ha presentado un documento, “Tengo una pregunta para mi: ¿vivimos en deuda con el pasado?”, que consiste en cuatro entrevistas a cuatro personas a las que se les pregunta su opinión sobre lo que ha venido a llamarse en España “recuperación de la memoria histórica”. Los entrevistados son José Álvarez Junco, una de las personas que escribió la ley conocida por tal nombre; otros dos son Javier Pradera y Santos Julià, que han sido muy críticos con aquellos sectores de las izquierdas que quieren recuperar la memoria de los vencidos, exigiendo responsabilidades; y Julián Casanovas, historiador que critica lo que él define como intento de politizar la memoria, hecho que considera criticable, pues cree que se debiera dejar tal labor de recuperar y conocer el pasado a los historiadores.
Todos ellos expresan preocupación por como se está llevando este proceso, atemorizados de que pueda desembocar en unas tensiones que consideran innecesarias e improductivas. Piden que se encuentre a los muertos desaparecidos y, si sus familias así lo desean, los entierren y se les honre. Pero están preocupados por que este proceso se desmadre y vaya ahora a reavivar lo que ellos llaman “los fantasmas de la Guerra Civil”. Creo que ésta es también la postura del gobierno socialista y la del mayor partido de la oposición, el PP. Antes de expresar mi desacuerdo con tales posturas, creo justo intentar resumir la postura de cada uno de los entrevistados.
De los cuatro entrevistados, el más interesante y más sorprendente considero que es José Álvarez Junco. Éste explica que cuando la Oficina de la Presidencia del Gobierno de España le pidió que escribiera la Ley (como miembro de una Comisión encargada de prepararla) se le instruyó que hiciera una ley que satisficiera tanto a los descendientes políticos de los vencedores, como de los vencidos. Era una ley, según le dijeron en Presidencia, “para cerrar heridas”, aceptable por parte de los dos bandos. (Por cierto, un elemento común en las respuestas de los cuatro entrevistados, es que todos definen lo que llaman la Guerra Civil como una guerra entre dos bandos, definición que no comparto y a la cual me referiré más tarde). La ley, por lo tanto, tenía que satisfacer tanto a las derechas (al PP), como a las fuerzas democráticas herederas de las que existieron en las Cortes Republicanas y de las que lucharon contra la dictadura, de las cuales las izquierdas eran la gran mayoría. No era, aclara José Álvarez Junco, una ley de la memoria histórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, según José Álvarez Junco. El nuevo estado democrático –dice él- era continuista del estado anterior, y por lo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado no estaba dispuesto a realizar.
Por lo demás, José Álvarez Junco considera el mandato que había recibido de la Comisión suficientemente complejo como para desanimarle a ir mas allá de reconocer a las víctimas, pues ello nos llevaría a considerar cuál es la memoria, de las muchas que hay, que merece ser recuperada. De ahí que la mejor solución era dejar tal decisión a las familias de los desaparecidos y que éstas –las que así lo desearan- recuperaran la memoria de sus seres queridos. Por otra parte -añade José Álvarez Junco- no es fácil definir quién es una víctima, o si la víctima merece el reconocimiento y/o el homenaje ¿Es, se pregunta José Álvarez Junco, merecedor de reconocimiento como demócrata un maquis comunista, cuando - según José Álvarez Junco- tal maquis intentaba establecer una dictadura estalinista?
Creo haber resumido correctamente las posturas de José Álvarez Junco. Y, repito, considero sorprendente que el gobierno socialista español quisiera hacer una ley en la que se intentara honrar a las víctimas y a la vez satisfacer a los victimizadores. Incluso numéricamente, los golpistas crearon muchas más víctimas que los que defendieron la República Democrática y lucharon más tarde para reinstaurarla de nuevo, incluyendo, por cierto, el partido Comunista y los maquis. Como bien ha documentado el Catedrático Josep Fontana, el Partido Comunista tenía como objetivo restablecer la democracia parlamentaria existente durante la República. Es más, las víctimas de los republicanos no hubieran existido si no hubiera habido un golpe militar que desencadenó toda la violencia. Considerar como un proyecto factible el desarrollar una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores. De ahí la continua oposición a tal proceso por parte de sus sucesores. Creer que se puede satisfacer a vencedores y vencidos es asumir y reproducir esta imagen tan generalizada hoy en España, de que la mal llamada Guerra Civil era una lucha entre dos bandos que, llevados por ideologías extremas (como subraya Julián Casanovas), cometieron barbaridades, que es importante recordar y conocer para no reproducirlas en el futuro. Pero la realidad, fácilmente documentable fue distinta.
En realidad, lo que se requiere no es sólo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud en este país. José Álvarez Junco indica que ha habido “silencios” sobre la historia de España. Pero, por lo visto, no se pregunta porque ha habido tales silencios. En realidad, estos silencios se deben precisamente al enorme poder que los sucesores de los vencedores tienen todavía sobre el estado español continuista del anterior y sobre la sociedad. ¿Cómo se explica que los primeros documentales que se presentan en la televisión española (el medio de educación popular más importante del país) sobre las atrocidades del franquismo (documentales como “Els Nens Perduts del Franquisme”), sin acompañarlos de los “horrores” cometidos por el otro bando (como siempre había ocurrido) no se hiciera hasta casi un cuarto de siglo después de que se inaugurara la democracia?
La función de este silencio es reproducir la versión “oficial” que se enseñó durante muchos años, que fue transformándose desde presentar a los golpistas como los buenos, a la versión existente hoy de que no hubo ni buenos ni malos, pues los dos bandos eran culpables. Esta versión de los dos bandos es la versión “oficial” que adquiere su relevancia, no por sanción del estado, sino por la ausencia de otras versiones que la cuestionen, al estar excluidas en los mayores medios (incluyendo los públicos) de información y persuasión.
José Álvarez Junco niega que haya una “historia oficial” y tampoco desea que exista. Ninguno de los cuatro entrevistados quiere hacerla, denunciando a aquellos que lo desean. Si visitan cualquier país democrático verán, sin embargo, que en las escuelas públicas se explica una única historia, resultado de unos valores democráticos definidos por las instituciones representativas gobernadas por las fuerzas democráticas. En cualquier país democrático, los libros de texto en las escuelas son aprobados por los representantes de la población. Y, en su mayoría, promueven valores democráticos, incluidos en la versión de sus historias. En España, los silencios son reflejo del miedo y/o el deseo de no mirar atrás, pues el estado actual es, como José Álvarez Junco reconoce, un estado continuista de un estado dictatorial basado en un golpe militar. De ahí el énfasis en no mirar al pasado, pues este no mirar al pasado es una manera de silenciar una visión democrática de nuestro pasado, promoviendo así indirectamente la versión de los dos bandos que comparten responsabilidades en lo acaecido. Pero este silencio también tiene su función, según Álvarez Junco: permitir la convivencia entre los herederos de los dos bandos, cada uno con su propia memoria.
Los argumentos de Javier Pradera. “Para tener la paz tenemos que aceptar la injusticia”.
Pero esto nos lleva a Javier Pradera, cuya mayor tesis es que debemos aprender a convivir con nuestro pasado tal como han hecho otros pueblos, como el americano o el francés. Javier Pradera se refiere, por ejemplo, a la Guerra Civil de EEUU, que todavía hoy perdura en el memorial de aquel país. En realidad, Pradera señala que aquella guerra fue muy semejante a la Guerra Civil española. De ahí que debiéramos aprender de EEUU a cómo convivir con el pasado y su memoria. Creo conocer bien EEUU, al haber vivido cuarenta años de mi exilio en aquel país, y conozco su historia, incluida su Guerra Civil, la cual, por cierto, tiene muy pocas semejanzas con la Guerra Civil española. Pero independientemente de sus semejanzas o diferencias, el hecho que Javier Pradera parece ignorar es que en la Guerra Civil de EEUU los buenos ganaron. No así en España. En EEUU, la bandera confederada de los vencidos y sus símbolos fueron prohibidos durante muchos años, la estructura económica de los vencidos fue destruida (con la abolición de la esclavitud) y los valores republicanos representados por el Presidente Lincoln, dirigente de los vencedores, fueron promovidos activamente en el sistema educativo de aquel país. No así en España, donde no vencieron los demócratas.
Lo mismo ocurrió en Francia, con la Revolución Francesa, que Javier Pradera presenta también como una Guerra Civil semejante a la nuestra. En aquel conflicto francés, los buenos ganaron. Y los valores de los vencedores fueron clave para establecer los regímenes republicanos en Francia y también, por cierto, en Europa. De nuevo, no así en España. Es más, estos mismos valores de la Revolución Francesa fueron los que la resistencia anti-nazi francesa (en la que lucharon muchos antifascistas españoles), salvó con la derrota del Régimen de Vichy, cuyos seguidores fueron severamente sancionados por el régimen republicano democrático, vencedor en aquel segundo conflicto. De nuevo, lo opuesto ocurrió en España.
Y ahí está la especificidad de España. Los malos ganaron y la democracia que resultó de la transición no fue una rotura, sino una adaptación, con la abertura a las fuerzas democráticas, pero dentro de un enorme desequilibrio en las relaciones de fuerza. Pradera admite que se han hecho enormes injusticias con los vencidos durante el proceso democrático, siendo el olvido uno de ellos. Pero lo considera necesario para mantener la paz. Pradera, con la arrogancia y tono insultante que le caracteriza, se refiere, con un tono condescendiente, a una presentación del Juez Garzón, indicando que Garzón hizo “el discurso predecible” cuando indicaba que “la Paz era imposible sin ir acompañada de Justicia”. La realidad, señala Pradera, es distinta. La Paz requiere, en muchas ocasiones, la perpetuación de la injusticia. Y lo ocurrido en España –subraya Pradera- es un ejemplo. Lo que Pradera confunde, sin embargo, es el significado de los términos utilizados en tal frase. Paz es mucho más que la ausencia de tiros en la calle. Existe violencia institucional en España, tanto dentro como fuera del Estado, violencia que ocurre en bases diarias con vencedores y vencidos. Y parte de esta violencia es la represión en contra de la memoria y de la historia de los vencidos. Es violencia negar a los vencidos (que fueron en su gran mayoría los defensores de la democracia) que su historia sea la historia de la democracia española, como también es violencia que en muchas partes de España exista todavía hoy miedo a recuperar esta memoria y es violencia que sea tan difícil encontrar a los muertos desaparecidos del lado de los vencidos, o que sea imposible llevar a los responsables de aquella violencia a los Tribunales. ¿De qué Paz habla Pradera?
Pero las consecuencias de la propuesta de Pradera de aceptar las injusticias tienen, incluso, un coste mayor para España, pues implica condenarla a una democracia sumamente incompleta y recortada, viviendo bajo el silencio. En el proyecto democrático es un enorme error abandonar la exigencia de que se conozca el pasado y se demanden responsabilidades por lo ocurrido, como bien exigía el juez Garzón en el enjuiciamiento del franquismo. En realidad, ha sido el conocimiento de las atrocidades realizadas por tal régimen el que ha ido concienciando a la población de la maldad de aquel régimen. Hoy, ya el 30% de los votantes del PP (el partido heredero de los vencedores) apoya el enjuiciamiento del franquismo, desaprobando la acción del Tribunal Supremo de condenar al Juez Garzón por su intento. Tal elevado porcentaje entre los herederos de los vencedores sería impensable hace sólo unos años. España no tendrá una democracia completa y madura hasta que no tenga una derecha democrática, homologable a la derecha europea (la cual ha denunciado al Tribunal Supremo por tal acto). De ahí la enorme importancia de que se conozca lo que fue el golpe militar y sus consecuencias, intentando en aquel proceso que el estado español deje de considerarse continuista del régimen dictatorial anterior y se defina como el heredero de la II República. Creo que ello ocurrirá, pero la labor es más dura y difícil que en otros países, porque aquí los que ganaron no eran los buenos. Pero para ello se requiere que los nietos y los biznietos de los vencidos (y muchos de los vencedores) presionen para que se conozca el pasado oculto y se exijan responsabilidades a los vencedores y a aquellos que gozan de privilegios heredados del golpe y de la dictadura. Sus valores democráticos así se lo exigirán.
Naturalmente que en esta recuperación de la historia de las fuerzas democráticas hay que incluir las luces y sombras de los vencidos. Pero estas últimas no pueden apagar el hecho de que eran los que llevaban razón, defendiendo mejor los intereses de la población y de su mayoría, las clases populares. Los aliados en la II Guerra Mundial cometieron atrocidades como el bombardeo de Dresden. Pero estas atrocidades no anularon el hecho de que los aliados tenían una superioridad moral sobre los nazis y el mundo ganó cuando vencieron aquel conflicto. La perpetuación y promoción de quienes son los buenos y malos es fundamental para fortalecer la cultura democrática, todavía poco desarrollada en España, lo cual me lleva a recuperar mi desacuerdo con el tercer entrevistado, Santos Julià.
Las memorias de Santos Julià
Santos Julià afirma que los dos bandos tienen sus propias memorias, lo cual es obvio y nadie cuestiona. Este no es el punto de debate. El punto de debate es qué memoria debe priorizar en el estado democrático en este momento, pues toda historia –conocimiento y comprensión del pasado- se basa en la memoria individual y colectiva, oral y escrita de la sociedad. En cualquier estado democrático, tal como he indicado anteriormente, el estado prioriza los valores democráticos que se transmiten en su historia. Y en España ello no ha ocurrido durante la época socialista, aún cuando el silencio oficial permite la reproducción de la historia promovida por el Estado durante los gobiernos conservadores del PP (es decir, el de los dos bandos). De ahí que aquella Ley debiera haber ido mas allá que el hecho de enterrar a los muertos, pues de no hacer más, con aquellos muertos se enterrará también nuestra historia democrática. El intento del Gobierno Socialista español de no ofender a los vencedores era, indirectamente, aceptar la versión histórica anterior de “los dos bandos”.
Santos Julià está en desacuerdo con que se exijan responsabilidades a los vencedores. En realidad, considera que la Amnistía era un indicador de la madurez de la democracia española, perdonándonos los unos a los otros. Esta actitud, probablemente procedente de su pasado como sacerdote, es profundamente insatisfactoria desde el punto de vista democrático, pues pone en el mismo nivel a victimizadores y a víctimas, además de abandonar el intento de recuperar la memoria y la historia democrática. Tal Ley de Amnistía no tuvo nada que ver con la madurez de las fuerzas democráticas, sino con el enorme desequilibrio de fuerzas entre las izquierdas y las derechas en el momento de la transición. Es muy probable que si en España hubiera habido una ruptura, en lugar de un proceso continuista, se habría sancionado a los golpistas y sucesores, y se hubiera considerado al nuevo estado democrático, un estado heredero de la República. Ahora bien, la correlación de fuerzas en España, no permitió que tal rotura ocurriera, y es posible que la manera como se hizo tal transición era la única posible. Pero definirla como modélica es idealizar aquel proceso, pues la democracia que tenemos dista mucho de ser homologable a las otras democracias existentes en la UE. Sus enormes insuficiencias han determinado, entre otros hechos, un estado del bienestar muy insuficiente (como documento en mi libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama. 2002)
Puede ser que las izquierdas no tuvieran otra alternativa, en un estado en el que su jefe de estado –el Monarca- consideraba al Dictador como su padre y el Ejército estaba a punto de interrumpir cualquier abertura. Santos Julià confunde madurez con debilidad. Las derechas, continuadoras de la nomenclatura de aquel estado dictatorial, tienen todavía un enorme poder sobre este estado continuista, y la muestra de ello es que nada menos que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único Juez que ha intentado enjuiciar al franquismo, y ello en respuesta a una denuncia realizada por el Partido fascista, la Falange. Una situación bochornosa, de escándalo internacional, que es a la ve esclarecedora de la naturaleza escasamente democrática del Estado español.
Julián Casanovas y la despolitización de las memorias
Lo cual me lleva a la última entrevista, la de Julián Casanovas, de cuyos libros sobre la Iglesia Española he aprendido y citado con frecuencia. Mi admiración por su trabajo no excluye mi crítica hacia sus posicionamientos expresados en la entrevista en este programa de TVE. Julián Casanovas subraya que debe despolitizarse la memoria histórica y dejar el estudio del pasado a historiadores. Mientras –dice él-, que se entierre a los muertos desaparecidos y con ello se cierre este periodo de nuestra historia. Es una visión un tanto corporativista, que asume que la historia es tarea exclusiva de los historiadores y hay que dejarles que hagan su trabajo. Y que sean sus productos, los libros de historia, los que la juventud estudie para conocer la Historia de España. De no hacerse así, y de continuarse la “politización de la memoria y de la historia”, tal como –según él- está ocurriendo ahora, las cosas se van a complicar demasiado, con jueces y cortes internacionales interviniendo en España, convirtiéndose la recuperación en un show internacional que va a dar una muy mala imagen de España.
En esta postura hay varios supuestos cuestionables. Uno es la posibilidad de despolitizar el análisis histórico, lo cual lo veo imposible y además indeseable. Politizar quiere decir dar voz a los representantes de la población que, dividida en clases sociales, géneros y nacionalidades, tienen distintas memorias, y por lo tanto distintas historias. Es lógico y aconsejable, desde el punto de vista democrático, que sean sus representantes los que prioricen las preguntas y los métodos de investigación en el proceso histórico, realizados por los historiadores. Decir esto no es infravalorar la labor del historiador, sino reconocer que la historia es una tarea mucho más amplia que lo que hacen los historiadores. Es más, los historiadores, como seres humanos, están sujetos a la subjetividad dentro de un proceso científico. De la misma manera que las feministas exigen, con razón, que haya más mujeres entre los historiadores, a fin de ser más sensibles al punto de vista de la mujer en la recuperación de la historia humana, los vencidos tienen el derecho de exigir que haya más historiadores que, bien como hijo o nieto de los vencidos, o de los vencedores con sensibilidad democrática, sean sensibles a los valores democráticos.
Por otra parte, el método histórico se alimenta de la memoria. Y la memoria de los vencidos no se ha recogido. Cualquier memoria es política y, por lo tanto, su recogida es también política. No encuentro censurable que las izquierdas quieran recuperar sus valores políticos en aquella memoria, tal como las derechas lo han hecho (dificultando además ahora que las izquierdas lo hagan). Lo que el compromiso democrático exige es precisamente denunciar el silencio sobre el pasado, causado por las coordenadas de poder (político y mediático) existentes en España, a favor de las derechas. Julián Casanovas parece ignorar que el que controla el pasado, controla el presente. En España, el control de aquel pasado explica la relación de poder en la España actual. Las encuestas muestran como las instituciones más populares en España (excepto en Cataluña y en el País Vasco) son la Monarquía, el Ejército y la Iglesia, los cuales (con la Banca y el mundo empresarial) son el pilar de las derechas, cuyo poder se ha traducido en el enorme subdesarrollo social de España, donde el tiempo de visita como promedio al médico es sólo de seis minutos. Inteligencia política es la posibilidad de relacionar hechos. Si hubiera habido rotura, con el estado considerándose heredero de la República (que hizo reformas sustanciales en un corto periodo) y con las izquierdas gobernantes, hoy España tendría un estado del bienestar mucho más desarrollado que el que tiene en la actualidad. En Europa, donde las izquierdas han sido fuertes (como en los países nórdicos), el bienestar social y la calidad de vida, incluida la democrática, han sido mucho más altos que en países como España, donde las derechas han sido muy fuertes.
Por otra parte, la historia no se reproduce sólo a través de los libros de historia, sino a través de la cultura y conocimiento (que va desde el cancionero popular a películas, obras de teatro y un largo etcétera) que promueven una visión de la realidad a costa de otras. Estamos, pues, tocando el tema clave en una democracia que es la producción y reproducción de valores, o lo que mi amigo Norman Chomsky llama “los aparatos de producción del consumo ideológico dominante”. Y creo fácil de mostrar (como lo he hecho en mis libros) que tales medios en España están claramente sesgados excluyendo y discriminando a las izquierdas. La aparente placidez (o Paz, como la llama Pradera) que se da en nuestra sociedad se basa en una enorme represión que margina al que critica y responde a tal represión. De ahí que lo que se requiere es denunciar esta situación, aún cuando aquellos que así lo hagan sean acusados de politizar la realidad. En realidad, lo que están haciendo no es politizar, sino introducir nuevos valores políticos que rompen con aquella placidez, sustentado por otros valores que no son democráticos. Aplaudo así la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la Generalitat de Catalunya, que de una manera explícita intenta no sólo enterrar a los muertos, sino desenterrar su memoria y la de los que lucharon en contra del fascismo, intervención que es protestada por las derechas acusando al gobierno de volver a los fantasmas de la Guerra Civil, politizando el pasado. Lo que el gobierno catalán hace es romper con el dominio político de aquel pasado por parte de los responsables del horror de aquellas horribles páginas de nuestra historia. Y esto es lo que creo debe hacerse.
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona. Octubre 2010
>Tengo una pregunta para mí (5/06/2010): ¿Vivimos en deuda con el pasado?
viernes, 15 de octubre de 2010
El PP y Falange, unidos sobre el Valle de los Caídos
De: ElPlural.com
La ultraderecha se querella contra el Ejecutivo y los populares piden explicaciones parlamentarias
El Valle de los Caídos une a Falange y PP contra el Gobierno
ELPLURAL.COM
El PP y la Falange han reaccionado a la vez contra el Gobierno por las prospecciones que está realizando en el Valle de los Caídos. La Falange presentará, este miércoles, una querella criminal para que se investigue si el Gobierno ha hecho exhumaciones o traslado de restos, mientras el PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público, ayer, en Melilla, Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, ha considerado que lo que se está haciendo el Ejecutivo es "un acto ilegal", por lo que se va a recurrir a la vía judicial.
Las explicaciones del Gobierno
El Gobierno ha negado que se estén realizando exhumaciones, aunque ha reconocido que se están llevando a cabo prospecciones en las criptas del Valle de los Caídos para comprobar el estado de los osarios, y dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y un mandato del Congreso, que pidió al Ejecutivo la elaboración de un censo de los enterrados en el mausoleo.
La información de Interviú
El Ministerio de la Presidencia respondió, a través de un comunicado, a la información publicada por la revista Interviú, que publicó que un equipo forense entró el lunes 6 de septiembre en las criptas del Valle de los Caídos para abrir los osarios con el objetivo de buscar los restos de "nueve militantes libertarios ajusticiados durante la Guerra Civil".
En secreto
De acuerdo con la revista, la operación se llevó a cabo en secreto, se prolongó hasta el 9 de septiembre y "no hubo orden judicial ni mandato por parte de un juzgado para abrir las tumbas".
Un fiscal general no político
El jefe nacional de Falange declaró que "si hubiera de verdad un fiscal general no político en este país, se dedicaría inmediatamente a meter hoy mismo en la cárcel a quienes han osado profanar de manera ilegal unos osarios donde reposan unos restos de unas personas que fallecieron de uno y otro bando".
Comparecencia de De la Vega
Por su parte, el Grupo Popular ha anunciado que registrará la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ante la comisión correspondiente del Congreso.
Garzón, la primera víctima
El 26 de mayo de 2009, la Sala Penal del Tribunal Supremo decidió por unanimidad abrir un proceso contra el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una supuesta prevaricación (actuar injustamente a sabiendas) en su investigación de los crímenes del franquismo. La querella fue promovida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y secundada por la Falange Española de las JONS.
La ultraderecha se querella contra el Ejecutivo y los populares piden explicaciones parlamentarias
El Valle de los Caídos une a Falange y PP contra el Gobierno
ELPLURAL.COM
El PP y la Falange han reaccionado a la vez contra el Gobierno por las prospecciones que está realizando en el Valle de los Caídos. La Falange presentará, este miércoles, una querella criminal para que se investigue si el Gobierno ha hecho exhumaciones o traslado de restos, mientras el PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público, ayer, en Melilla, Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, ha considerado que lo que se está haciendo el Ejecutivo es "un acto ilegal", por lo que se va a recurrir a la vía judicial.
Las explicaciones del Gobierno
El Gobierno ha negado que se estén realizando exhumaciones, aunque ha reconocido que se están llevando a cabo prospecciones en las criptas del Valle de los Caídos para comprobar el estado de los osarios, y dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y un mandato del Congreso, que pidió al Ejecutivo la elaboración de un censo de los enterrados en el mausoleo.
La información de Interviú
El Ministerio de la Presidencia respondió, a través de un comunicado, a la información publicada por la revista Interviú, que publicó que un equipo forense entró el lunes 6 de septiembre en las criptas del Valle de los Caídos para abrir los osarios con el objetivo de buscar los restos de "nueve militantes libertarios ajusticiados durante la Guerra Civil".
En secreto
De acuerdo con la revista, la operación se llevó a cabo en secreto, se prolongó hasta el 9 de septiembre y "no hubo orden judicial ni mandato por parte de un juzgado para abrir las tumbas".
Un fiscal general no político
El jefe nacional de Falange declaró que "si hubiera de verdad un fiscal general no político en este país, se dedicaría inmediatamente a meter hoy mismo en la cárcel a quienes han osado profanar de manera ilegal unos osarios donde reposan unos restos de unas personas que fallecieron de uno y otro bando".
Comparecencia de De la Vega
Por su parte, el Grupo Popular ha anunciado que registrará la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ante la comisión correspondiente del Congreso.
Garzón, la primera víctima
El 26 de mayo de 2009, la Sala Penal del Tribunal Supremo decidió por unanimidad abrir un proceso contra el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una supuesta prevaricación (actuar injustamente a sabiendas) en su investigación de los crímenes del franquismo. La querella fue promovida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y secundada por la Falange Española de las JONS.
jueves, 7 de octubre de 2010
El PP y el Valle de los Caídos
Visto en: El Plural (7 de octubre de 2010)
www.loscalvitos.com
Artículo relacionado:
ElPlural.com (5 de octubre de 2010)
En septiembre, se opuso en el Senado a una enmienda para darle "un uso democrático"
El PP pide la apertura "inmediata" del Valle de los Caídos alegando razones económicas
ELPLURAL.COM
El PP en San Lorenzo de El Escorial ha presentado una moción en la que pide a Patrimonio Nacional "la apertura inmediata del recinto del Valle de los Caídos, tanto para el turismo como para el culto, en las mismas condiciones de horarios que se han venido dando en los últimos 50 años, con objeto de evitar por más tiempo el gran impacto económico que produce su cierre".
El portavoz del PP en ese Ayuntamiento, Gonzalo Cuesta, explico que su Grupo ha pedido a Patrimonio Nacional “las actuaciones necesarias, a la mayor brevedad, en el grupo escultórico de La Piedad, previa solicitud de licencia a este Ayuntamiento”, según El Faro de Guadarrama.
La restauración de La Piedad
El PP recuerda en su propuesta que el 14 de mayo de 2010 recibió un escrito del actual delegado de Patrimonio Nacional informando al Ayuntamiento de los trabajos que se realizarían -restauración completa de La Piedad de Juan de Ávalos-, además de indicar que mientras duren los trabajos del desmontaje, por razones de seguridad, el acceso al templo por la puerta principal permanecería cerrado, permitiéndose únicamente por la Abadía para asistir a la misa de las 11.00.
Descenso de visitantes
El portavoz popular explica que meses después, “la Piedad no ha sido desmontada ni reparada, y no se ha acometido ninguna actuación, permaneciendo el recinto cerrado al público”. Un hecho que se ha traducido también en un descenso de visitantes al Monasterio, puesto que las touroperadoras han eliminado esta visita de su agenda.
Pérdida de puestos de trabajo
Según los populares, la medida “ha supuesto la pérdida de una decena de puestos de trabajo, todos ellos de San Lorenzo, al haber sido cerradas las cafeterías y tiendas de regalo existentes”. A esto se une el “recorte de la libertad de culto”, lo que en definitiva “está ocasionando un grave perjuicio económico para el comercio, la hostelería y el transporte público (autobuses y taxis) de la localidad”, alega el PP.
PSOE e IU, en contra
Cuesta señaló que el PP local está a favor de la “despolitización” de este tema, además de mostrar su apoyo a la comunidad benedictina y reiterar la necesidad de que Patrimonio Nacional actúe de inmediato y proceda a la reapertura de la Basílica. PSOE e IU votaron en contra, por lo que la moción se aprobó finalmente con el respaldo de los ediles del PP.
El PP no quiere darle "un uso democrático"
El PP de El Escorial alega que está a favor de la “despolitización” del monumento, sin embargo, el Senado aprobó en septiembre, con la única oposición del PP, una enmienda para que el Gobierno adecue el Valle de los Caídos a la Ley de Memoria Histórica y se le dé así "un uso democrático".
"Los Caídos en la Cruzada de Liberación"
El diputado Juan Van Halen fue el encargado de defender la oposición del PP a la reconversión de un espacio construido para "perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".
Derogar el Decreto franquista
El pleno del Senado aprobó por 131 votos a favor, 114 en contra (los votos del PP), y una abstención, la enmienda que el PSOE presentó a una solicitud del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en la que se solicitaba la derogación del Decreto Ley franquista de 1957 que define el Valle de los Caídos como un monumento destinado a "perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".
domingo, 26 de septiembre de 2010
Mujeres republicanas -- una respuesta a María Dolores de Cospedal
De: El País.com
TRIBUNA: MERCÈ RIVAS
¿Republicanas? Prostitutas o débiles mentales
MERCÈ RIVAS 27/09/2010
La Junta de Andalucía piensa indemnizar a las mujeres que fueron vejadas por ser republicanas. Más vale tarde que nunca, aunque, como era de esperar, a Dolores de Cospedal no le ha gustado. No importa. Es una gran oportunidad para reivindicar a miles y miles de mujeres que fueron pisoteadas por sus ideas o simplemente por estar casadas o ser hijas de republicanos. Nunca fueron reconocidas como presas políticas, sino como prostitutas.
La mayoría de ellas han sido y siguen siendo invisibles. Tan solo puntuales historiadores han investigado sus vidas. Y lo seguirán siendo mientras en nuestras escuelas no se explique qué pasó. Ni nuestros universitarios ni los estudiantes de Bachillerato reciben información. Para los libros de texto estas mujeres no existieron. Y las nuevas generaciones las van conociendo a través del cine, de las series de televisión y de algunos libros.
El catedrático Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, todavía se sorprende cuando ve a sus alumnos hablar con soltura de las desapariciones y torturas en Chile y Argentina y de la total ignorancia de lo que pasó en España. Nadie conoce a esas 19 jóvenes del pueblecito sevillano de Guillena que fueron asesinadas en el verano de 1936 o a Amparo Barayón, mujer del escritor Ramón J. Sender, que antes de ser fusilada le enviaba una nota a su marido diciéndole que habían hecho desaparecer a su hija Andreína.
En cambio, para los vencedores de la Guerra Civil, las mujeres fueron un pilar importante de su nuevo régimen dictatorial. Enfocaron en ellas toda su ideología y las convirtieron en su arma más importante para educar a futuras generaciones, para conseguir que las familias fueran el núcleo de la sociedad en donde "los valores del franquismo" se mantuviesen y proliferasen.
Y, por supuesto, con el entusiasmo de la jerarquía católica. No olvidemos que la mayoría de las hacinadas y cochambrosas cárceles fueron administradas y custodiadas por órdenes religiosas femeninas.
La influencia que las mujeres lograron para reproducir la represión moral y política fue una de las más útiles armas del régimen franquista. Abnegadas, calladas y obedientes, las mujeres del franquismo renunciaron, quizás sin saberlo, a vivir su propia vida, para servir a los intereses del poder establecido.
En cuanto a las republicanas, por el hecho de haber perdido una guerra se convirtieron en seres inferiores, en lo que el historiador Ricard Vinyes denomina la "degeneración social del disidente". "Al fin y al cabo", añade Vinyes, "desproveer al enemigo de condición humana ha sido un requerimiento previo a su aniquilación".
Y si hay que recordar a algún experto en humillar y aniquilar a estas mujeres fue el comandante-psiquiatra Vallejo Nájera, que no dudaba en definirlas como "débiles mentales". Director del Gabinete de Investigaciones Sociológicas, nombrado directamente por Franco, teorizó hasta la saciedad sobre la inferioridad mental de la mujer-disidente.
En sus experimentos en la cárcel de Málaga, agrupaba a las presas por categorías de peligrosidad, considerando "las más degeneradas" a las que eran marxistas y catalanas.
En medio de tanto odio, la Fiscalía del Estado se alarmaba del aumento espectacular de suicidios: un 71,3% más que en el año 1932. Fue lo que acabó haciendo la licenciada en Ciencias Matilde Landa, detenida y trasladada a la cárcel de Ventas de Madrid en 1939, condenada a muerte e indultada gracias a las numerosas gestiones de sus familiares. Pasó 30 años en prisión antes de quitarse la vida.
De las presas de la cárcel de Málaga, Vallejo Nájera afirmaba que habían actuado "empujadas por el resentimiento y el fracaso social que en las mujeres era más notorio dada su perversión moral y sexual". Se las machacó de forma especial no solo por sus ideas políticas, sino por el hecho de ser mujeres. La virilidad de los vencedores se conformó como un elemento esencial. De ahí que la principal forma de represión fue la violación.
Como afirmaba la madrileña Juana Doña, militante del Partido Comunista condenada a muerte, "se violaba en las comisarías, en los centros de Falange, en las cárceles, en los domicilios requisados", hasta el punto de que incluso en los informes de la Fiscalía se habló del alarmante ingreso en prisión de mujeres por el hecho de haber abortado, añadiendo siempre la coletilla ideológica: "La mujer ahora prefiere la muerte a la maternidad".
Esta violencia fue impulsada desde el poder. Solo hay que recordar las arengas del general Queipo de Llano: "Nuestros valientes legionarios han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a sus mujeres. Esas comunistas y anarquistas se lo merecen. No se van a librar por mucho que forcejeen".
Muchas de ellas ya han fallecido, pocas siguen entre nosotros, pero los que sí están y deberían conocer a fondo lo que pasó son sus nietos y bisnietos. Mientras que no se explique a los jóvenes quiénes fueron y qué hicieron estas mujeres, no podremos dar por superada una etapa de nuestra historia. Lo más triste es que personas como Cospedal, que han tenido la oportunidad de leer e informarse, no lo hayan hecho.
Mercè Rivas Torres es periodista, autora de Los sueños de Nassim y Vidas.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Más sobre el Valle de los Caídos y el PP
De: Público.es
El PP niega la represión en el Valle de los Caídos
El Senado aprueba una moción para que el monumento honre a las víctimas republicanas // El conservador Van-Halen sostiene que los presos "pedían ir a la obra voluntariamente"
JUANMA ROMERO Madrid 23/09/2010 01:00
Una vez más, PP y memoria histórica parecen incompatibles. Los conservadores rechazaron ayer miércoles en el pleno del Senado, entre los sonoros abucheos del resto de grupos, una petición fácil al Gobierno: hacer que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de 2007, adecuándola para que el Valle de los Caídos tenga un “uso democrático”, para que se transforme en un monumento que combine el culto con la honra y rehabilitación de la memoria de “todas las personas fallecidas” durante la Guerra Civil y por la “represión política” y que fomente “las aspiraciones de reconciliación y convivencia” de los españoles.
Ese fue el contenido final de la moción presentada por Joan Josep Nuet –senador de Esquerra Unida i Alternativa (la marca catalana de IU) y miembro del grupo de la Entesa– y enmendada por el PSOE. La iniciativa recibió 131 votos a favor, una única abstención (UPN) y 115 en contra, todos del PP. El conservador Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, alcalde de Pastrana (Guadalajara), apoyó el texto "por error", alegaron fuentes del Grupo Popular.
Nuet y los demás senadores mantuvieron la contención, evitando pinchar al PP, que intervenía en último lugar. “Hay que cortar el cordón umbilical que une el monumento con el franquismo. Es una obligación moral y democrática de nuestro país, y además tenemos que aislar a los extremismos –enunciaba cauto el representante de Entesa–. Las misas que se realizan en la cripta del Valle muchos días al año recuerdan al hermano Francisco y el hermano Francisco no es un benedictino. Es el Generalísimo Franco. Es inconcebible que esto sea sí. ¿Se imaginan ustedes que en la catedral de Colonia se recordase al hermano Adolf [Hitler] en una misa católica? ¿Creen que es posible que en la catedral de Milán se recuerde al hermano Benito [Mussolini] En Italia y en Alemania no es posible, pero en España sí. Pedimos por tanto algo muy sencillo: voluntad política". “Podemos ponernos todos de acuerdo en honrar la memoria de los que allí sufrieron y en que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en el Valle de Cuelgamuros”, agregó Enrique Cascallana, del PSOE.
Gestión de los monjes
El conservador Juan Van-Halen rompió el tono del debate a base de encadenar estrambotes. Primero aludió al decreto ley del 23 de agosto de 1957, el que aún gobierna el Valle y que concede la custodia del mausoleo a los monjes benedictinos, que reciben del Estado 340.000 euros al año, como denunció Público el pasado 12 de septiembre. El texto franquista consigna que el edificio sirve para “perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios”.
Para Van-Halen, el decreto “está lleno de hojarasca rarísima”, comparable a la de los textos del Gobierno legítimo de la Segunda República: “Es como si empezamos a sacar textos de 1934 o 1935, o de 1938 o 1942 de la oposición exiliada. Todos ellos son textos de una hojarasca sentimental que debemos entender”.
Luego, subrayó que lo único que se pretendía era “suprimir una abadía benedictina” –ningún grupo dijo eso–. Si ese no fuera el objetivo, el PP votaría la moción, indicó. También defendió la supuesta grandiosidad del edificio: "Estamos ante una basílica que es la basílica mayor del mundo en cuanto a basílica excavada, la segunda basílica en cuanto a su tamaño, que es uno de los monumentos más visitados del patrimonio monumental español, es basílica pontifica desde el año 1960 por el papa Juan XXIII, y evidentemente tiene unas connotaciones que no se ventilan así como así".
Pero lo que causó verdadero estupor fue la justificación de la construcción del Valle, que “no era el mausoleo del dictador”, puesto que Franco tenía "previsto" ser enterrado en El Pardo. Se escudó en el hispanista Paul Preston: “Para nada hubo 27.000 presos. Hubo 2.500. Sólo hubo 700 cada vez. No hubo nada más que 10 muertos en los 18 años que duraron las obras. Los presos y los trabajadores libres cobraban el mismo sueldo. Los presos pedían voluntariamente ir a la obra porque reducían hasta seis días de condena por día de trabajo”. Las protestas y la sensación de bochorno crecieron. Van-Halen bramó: “Señorías, la historia se la pueden creer o no, pero ¡lean un poquito más! Aquí no se puede venir con el Catón, como el señor Cascallana, hay que haber leído algo”.
¿Y si se vuela el mausoleo?
“Dio vergüenza ajena. Pareciera como si los presos hubieran estado de campamento de verano. Lo grave es que el PP justifique los hechos”, decía después Cascallana. Igual de indignada se sentía Carmela Silva, la portavoz socialista.
Durante el pleno, Nuet definió su moción como un “toque de atención, para que el Gobierno se ponga manos a la obra, regule el recinto y sea el recinto de todos los españoles". Josep Maldonado, de CiU, reclamó que además el Ejecutivo inventaríe y elimine los símbolos franquistas. Iñaki Anasagasti (PNV) recordó la película El puente sobre el río Kwai. Tal vez habría que volar el Valle, sugirió, como se hizo con la Cancillería nazi del Tercer Reich. “Pero igual si se vuela, el hermano Francisco [Franco] se despierta y tampoco conviene”. La Cámara rió. El PP no encajó la broma. "No hace falta demolerlo que fue, sino que se conozca, como en otros países de Europa, lo que significó". Para Van-Halen, sin embargo, Cuelgamuros no es sinónimo de oprobio y de humillación.
El PP niega la represión en el Valle de los Caídos
El Senado aprueba una moción para que el monumento honre a las víctimas republicanas // El conservador Van-Halen sostiene que los presos "pedían ir a la obra voluntariamente"
JUANMA ROMERO Madrid 23/09/2010 01:00
Una vez más, PP y memoria histórica parecen incompatibles. Los conservadores rechazaron ayer miércoles en el pleno del Senado, entre los sonoros abucheos del resto de grupos, una petición fácil al Gobierno: hacer que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de 2007, adecuándola para que el Valle de los Caídos tenga un “uso democrático”, para que se transforme en un monumento que combine el culto con la honra y rehabilitación de la memoria de “todas las personas fallecidas” durante la Guerra Civil y por la “represión política” y que fomente “las aspiraciones de reconciliación y convivencia” de los españoles.
Ese fue el contenido final de la moción presentada por Joan Josep Nuet –senador de Esquerra Unida i Alternativa (la marca catalana de IU) y miembro del grupo de la Entesa– y enmendada por el PSOE. La iniciativa recibió 131 votos a favor, una única abstención (UPN) y 115 en contra, todos del PP. El conservador Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, alcalde de Pastrana (Guadalajara), apoyó el texto "por error", alegaron fuentes del Grupo Popular.
Nuet y los demás senadores mantuvieron la contención, evitando pinchar al PP, que intervenía en último lugar. “Hay que cortar el cordón umbilical que une el monumento con el franquismo. Es una obligación moral y democrática de nuestro país, y además tenemos que aislar a los extremismos –enunciaba cauto el representante de Entesa–. Las misas que se realizan en la cripta del Valle muchos días al año recuerdan al hermano Francisco y el hermano Francisco no es un benedictino. Es el Generalísimo Franco. Es inconcebible que esto sea sí. ¿Se imaginan ustedes que en la catedral de Colonia se recordase al hermano Adolf [Hitler] en una misa católica? ¿Creen que es posible que en la catedral de Milán se recuerde al hermano Benito [Mussolini] En Italia y en Alemania no es posible, pero en España sí. Pedimos por tanto algo muy sencillo: voluntad política". “Podemos ponernos todos de acuerdo en honrar la memoria de los que allí sufrieron y en que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en el Valle de Cuelgamuros”, agregó Enrique Cascallana, del PSOE.
Gestión de los monjes
El conservador Juan Van-Halen rompió el tono del debate a base de encadenar estrambotes. Primero aludió al decreto ley del 23 de agosto de 1957, el que aún gobierna el Valle y que concede la custodia del mausoleo a los monjes benedictinos, que reciben del Estado 340.000 euros al año, como denunció Público el pasado 12 de septiembre. El texto franquista consigna que el edificio sirve para “perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios”.
Para Van-Halen, el decreto “está lleno de hojarasca rarísima”, comparable a la de los textos del Gobierno legítimo de la Segunda República: “Es como si empezamos a sacar textos de 1934 o 1935, o de 1938 o 1942 de la oposición exiliada. Todos ellos son textos de una hojarasca sentimental que debemos entender”.
Luego, subrayó que lo único que se pretendía era “suprimir una abadía benedictina” –ningún grupo dijo eso–. Si ese no fuera el objetivo, el PP votaría la moción, indicó. También defendió la supuesta grandiosidad del edificio: "Estamos ante una basílica que es la basílica mayor del mundo en cuanto a basílica excavada, la segunda basílica en cuanto a su tamaño, que es uno de los monumentos más visitados del patrimonio monumental español, es basílica pontifica desde el año 1960 por el papa Juan XXIII, y evidentemente tiene unas connotaciones que no se ventilan así como así".
Pero lo que causó verdadero estupor fue la justificación de la construcción del Valle, que “no era el mausoleo del dictador”, puesto que Franco tenía "previsto" ser enterrado en El Pardo. Se escudó en el hispanista Paul Preston: “Para nada hubo 27.000 presos. Hubo 2.500. Sólo hubo 700 cada vez. No hubo nada más que 10 muertos en los 18 años que duraron las obras. Los presos y los trabajadores libres cobraban el mismo sueldo. Los presos pedían voluntariamente ir a la obra porque reducían hasta seis días de condena por día de trabajo”. Las protestas y la sensación de bochorno crecieron. Van-Halen bramó: “Señorías, la historia se la pueden creer o no, pero ¡lean un poquito más! Aquí no se puede venir con el Catón, como el señor Cascallana, hay que haber leído algo”.
¿Y si se vuela el mausoleo?
“Dio vergüenza ajena. Pareciera como si los presos hubieran estado de campamento de verano. Lo grave es que el PP justifique los hechos”, decía después Cascallana. Igual de indignada se sentía Carmela Silva, la portavoz socialista.
Durante el pleno, Nuet definió su moción como un “toque de atención, para que el Gobierno se ponga manos a la obra, regule el recinto y sea el recinto de todos los españoles". Josep Maldonado, de CiU, reclamó que además el Ejecutivo inventaríe y elimine los símbolos franquistas. Iñaki Anasagasti (PNV) recordó la película El puente sobre el río Kwai. Tal vez habría que volar el Valle, sugirió, como se hizo con la Cancillería nazi del Tercer Reich. “Pero igual si se vuela, el hermano Francisco [Franco] se despierta y tampoco conviene”. La Cámara rió. El PP no encajó la broma. "No hace falta demolerlo que fue, sino que se conozca, como en otros países de Europa, lo que significó". Para Van-Halen, sin embargo, Cuelgamuros no es sinónimo de oprobio y de humillación.
Una vez más leemos la frase "todos los partidos, salvo el PP"
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- "Todos los partidos políticos, salvo el PP, instan al Gobierno a cumplir con la Ley de Memoria en el Valle de los Caídos"
- "El Senado aprueba dar un uso democrático al Valle de los Caídos"
- "Sólo el PP se opone a dar un 'uso democrático' al Valle de los Caídos"
Está claro que el PP está interesado en proteger el legado ligado al monumento -- si se cambia o se altera la función primaria del lugar, luego también habrá que resolver el problema de qué hacer con las tumbas de Franco y Primo de Rivera. ¿Por qué debe permanecer el Valle de los Caídos "intocable" (como algunos piensan que debe suceder con la Constitución)? Podría ser, con un acuerdo entre todos los partidos principales, un verdadero lugar de la memoria -- un lugar donde aprender de e interpretar el pasado franquista, en vez de un sitio donde esconder y protegerlo.
Nota final en inglés: The PP as holdout is starting to remind me of certain other political parties in the U.S., who, long before a motion is even officially put forth, make a blanket decision not to support it. This is done on purely ideological grounds. There is no interest in dialogue or debate -- if the issue is brought forth by the opposing party, then it's a "no-go." It is so difficult to have anything but a cynical view of politics when this is what politics means. As for the PP....I say I do not understand their logic, or their rationale for rejecting this proposal. But really, I do. It is so apparent that they have decided long ago that anything having to do with historical memory is a negative for their party's future. Instead, they prefer to crow on and on about the "unity" of Spain, while doing their very best to ensure that Spain remains as divided as possible about the civil war and Francoism.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Sentencias franqusitas
De: Nuevatribuna.es
PSOE y PP rechazan que el Gobierno revise sentencias franquistas
Última actualización 15/09/2010@12:23:02 GMT+1
Socialistas y 'populares' han tumbado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.9.2010
Esas sentencias fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 pero la iniciativa de ERC sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda. El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.
Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas. "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.
Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.
En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.
Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.
Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.
El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles. Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.
En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".
Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a las víctimas que así lo solicitan.
PSOE y PP rechazan que el Gobierno revise sentencias franquistas
Última actualización 15/09/2010@12:23:02 GMT+1
Socialistas y 'populares' han tumbado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.9.2010
Esas sentencias fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 pero la iniciativa de ERC sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda. El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.
Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas. "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.
Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.
En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.
Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.
Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.
El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles. Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.
En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".
Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a las víctimas que así lo solicitan.
martes, 6 de julio de 2010
Fraga, sobre el juez Garzón, en el New York Times
Visto en: El Plural.com
El fundador del PP apoya el traslado del juez a la Corte Penal Internacional
Fraga quiere a Garzón "lo más alejado de España que sea posible"
ELPLURAL.COM
Manuel Fraga se une a las críticas dirigidas hacia Baltasar Garzón. El ex ministro de Franco ha declarado al New York Times que apoya el traslado del juez a la Corte Penal Internacional “porque debería ser mantenido lo más alejado de España que sea posible”.
New York Times, informa radiocable.com, ha publicado un artículo en el que Fraga y Santiago Carrillo son preguntados sobre la actualidad española. Los dos, antiguos rivales, han opinado sobre la salida de Garzón de la Audiencia Nacional y su linchamiento mediático por parte de la derecha por investigar el franquismo, régimen del que el fundador del PP formó parte.
“Franco no dejó huella”
Fraga aplaude enérgicamente la marcha del juez a la Corte Penal Internacional. No porque un español esté allí, sino porque considera que debe estar alejado de España. Para el senador, la sombra de Franco ya no está presente en la sociedad española. “No dejó huella”, declara Fraga en el artículo.
El juez persigue “una meta justa”
Por su parte, Carrillo elogia a Garzón por “perseguir una meta justa”. En palabras del ex secretario del Partido Comunista de España, “se cometieron crímenes en los dos bandos durante la guerra pero no comparables a ninguna escala”. En ese sentido, Carrillo lamenta que Franco metiera en la cárcel o fusilara a todos sus oponentes tras la Guerra Civil, mientras que homenajeaba a sus muertos.
Ver artículo del NYT
El fundador del PP apoya el traslado del juez a la Corte Penal Internacional
Fraga quiere a Garzón "lo más alejado de España que sea posible"
ELPLURAL.COM
Manuel Fraga se une a las críticas dirigidas hacia Baltasar Garzón. El ex ministro de Franco ha declarado al New York Times que apoya el traslado del juez a la Corte Penal Internacional “porque debería ser mantenido lo más alejado de España que sea posible”.
New York Times, informa radiocable.com, ha publicado un artículo en el que Fraga y Santiago Carrillo son preguntados sobre la actualidad española. Los dos, antiguos rivales, han opinado sobre la salida de Garzón de la Audiencia Nacional y su linchamiento mediático por parte de la derecha por investigar el franquismo, régimen del que el fundador del PP formó parte.
“Franco no dejó huella”
Fraga aplaude enérgicamente la marcha del juez a la Corte Penal Internacional. No porque un español esté allí, sino porque considera que debe estar alejado de España. Para el senador, la sombra de Franco ya no está presente en la sociedad española. “No dejó huella”, declara Fraga en el artículo.
El juez persigue “una meta justa”
Por su parte, Carrillo elogia a Garzón por “perseguir una meta justa”. En palabras del ex secretario del Partido Comunista de España, “se cometieron crímenes en los dos bandos durante la guerra pero no comparables a ninguna escala”. En ese sentido, Carrillo lamenta que Franco metiera en la cárcel o fusilara a todos sus oponentes tras la Guerra Civil, mientras que homenajeaba a sus muertos.
Ver artículo del NYT
viernes, 11 de junio de 2010
La respuesta de Joaquín Leguina a Javier Cercas
El otro día posteamos aquí el artículo de opinión de Javier Cercas, "La puñetera verdad," en el que Cercas respondía a una editorial de Joaquín Leguina sobre la memoria histórica. Leguina no ha tardado en componer su propia respuesta, que se encuentra abajo. Me gustaría agregar mi propio comentario a algo que dice Leguina al final de su artículo.
Leguina recuerda que en 2002, fue aprobada una proposición -- con votos del PP, y el 20 de noviembre además -- en el Congreso de los Diputados que decía así: "El Congreso de los Diputados reitera su voluntad de mantener el espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución... y reafirma el reconocimiento moral de todos los que fueron víctimas de la Guerra Civil así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". Como han afirmado ya muchos, la proposición aprobada entonces fue mayormente superficial, una moción diseñada para cerrar la puerta al franquismo de una vez por todas. La profesora y estudiosa Ofelia Ferrán, en su libro Working through Memory, lo explica bien:
Sr. Leguina, en primer lugar, una moción es una moción. No es acción. Si de verdad el PP hubiese cortado tal cordón, entonces ¿por qué seguiría resistiendo todas las iniciativas promovidas a favor de la memoria histórica? Por ejemplo, que yo recuerde, no votó a favor de la Ley de Memoria. Sigue quejándose del dinero gastado para ayudar a las asociaciones. Y sin duda está detrás del caso contra el juez Garzón. El caso del PP me parece uno de puro orgullo y obstinación, además de temor por la vida política. El PP ve peligroso el tema de la memoria. Sabe que a sus electores les cae fatal, y hace todo lo que puede para re-dirigir la conversación política en otra dirección. No entiendo cómo una persona como Joaquín Leguina los pueda defender.
Un partido político no debe poder decidir cuando se ha acabado un asunto tan fundamental en la historia comolo ha sido la memoria del pasado franquista -- ¡y no sólo la memoria, sino las huellas físicas y tangibles, como los restos de desaparecidos, las sentencias bajo el franquismo, el Valle de los Caídos y otra simbología franquista, etc. etc.! -- y qué hacer con ella. Eso lo decide el pueblo.
Leguina recuerda que en 2002, fue aprobada una proposición -- con votos del PP, y el 20 de noviembre además -- en el Congreso de los Diputados que decía así: "El Congreso de los Diputados reitera su voluntad de mantener el espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución... y reafirma el reconocimiento moral de todos los que fueron víctimas de la Guerra Civil así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". Como han afirmado ya muchos, la proposición aprobada entonces fue mayormente superficial, una moción diseñada para cerrar la puerta al franquismo de una vez por todas. La profesora y estudiosa Ofelia Ferrán, en su libro Working through Memory, lo explica bien:
It is thus unclear if the much-lauded congressional decree of 2002 signaled a change in the attitude that has characterized the transition of not wanting to face the legacy of Francoism in democratic Spain. Perhaps it is merely one more example of a practice in which the memory of the past is invoked, and officially commemorated, in a purely superficial manner, only to disappear when true accountability for the past is faced. This strategy, in fact, perfectly explains the Partido Popular's support of the 2002 proposition, but rejection of the one passed in 2003. As a spokesman explained, the party refused to support the second resolution because 'dio ese debate por cerrado cuando aprobó, el 20 de noviembre de 2002, una moción de condena del franquismo' and 'el PP cree que con la proposición no de ley aprobada precisamente un 20 de noviembre de 2002 queda cerrado el asunto' (Cué 2003). . .(22).
[No está claro si la moción muy aplaudida del Congreso de 2002 indicara un cambio de actitud que ha caracterizado la transición, la de no querer afrontar el legado del franquismo en la España democrática. Quizá es sólo un ejemplo más de una práctica en que se evoca la memoria del pasado y se la conmemora oficialmente (de una manera totalmente superficial), sólo para ignorarla cuando se pide asumir la responsabilidad verdadera para tal pasado. Esta estrategia, de hecho, explica perfectamente el apoyo del PP de la moción del 2002, y el rechazo de la que fue aprobada en 2003. Como explicó un portavoz, el partido se negó a apoyar la segunda moción porque 'dio ese debate por cerrado cuando aprobó, el 20 de noviembre de 2002, una moción de condena del franquismo' y 'el PP cree que con la proposición no de ley aprobada precisamente un 20 de noviembre de 2002 queda cerrado el asunto' (Cué 2003). . .(22, traducción mía).Además de ser lo que se podría llamar en inglés "window-dressing" (¿escaparatismo?), hay que recordar que el PP y el Congreso en sí sólo aprobaron la moción después de que en 2000 se exhumaron los primeros restos por parte de la ARMH y se entregó en 2002 un informe a las Naciones Unidas sobre los desaparecidos en España (Ferrán 21). Entonces, había un contexto que provocó la necesidad de la moción. A mí me parece evidente que el PP esperaba que esto fuese la última vez que tendrían que tratar el tema de la memoria. La fecha del 20 de noviembre fue clave en representar su apoyo para la moción - en la opinión de Joaquín Leguina, el 20 de noviembre de 2002 fue cuando el PP cortó el "cordón umbilical" con el franquismo que menciona Cercas. "¿Dónde está ese cordón " umbilical ahora?, pregunta Leguina.
Sr. Leguina, en primer lugar, una moción es una moción. No es acción. Si de verdad el PP hubiese cortado tal cordón, entonces ¿por qué seguiría resistiendo todas las iniciativas promovidas a favor de la memoria histórica? Por ejemplo, que yo recuerde, no votó a favor de la Ley de Memoria. Sigue quejándose del dinero gastado para ayudar a las asociaciones. Y sin duda está detrás del caso contra el juez Garzón. El caso del PP me parece uno de puro orgullo y obstinación, además de temor por la vida política. El PP ve peligroso el tema de la memoria. Sabe que a sus electores les cae fatal, y hace todo lo que puede para re-dirigir la conversación política en otra dirección. No entiendo cómo una persona como Joaquín Leguina los pueda defender.
Un partido político no debe poder decidir cuando se ha acabado un asunto tan fundamental en la historia comolo ha sido la memoria del pasado franquista -- ¡y no sólo la memoria, sino las huellas físicas y tangibles, como los restos de desaparecidos, las sentencias bajo el franquismo, el Valle de los Caídos y otra simbología franquista, etc. etc.! -- y qué hacer con ella. Eso lo decide el pueblo.
Y vuelta la burra al trigo
JOAQUÍN LEGUINA 10/06/2010
Un artículo mío -Enterrar a los muertos, EL PAÍS, 24 de abril- en cual pretendía defender la "reconciliación nacional", la Ley de Amnistía y la Transición ha levantado algunas ronchas: Almudena Grandes y ahora Javier Cercas. Pues bien, Cercas malinterpreta (o tergiversa) mis palabras al atribuirme, respecto a la Guerra Civil, un pensamiento según el cual "los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y comparten por igual la responsabilidad política de la guerra". No pienso eso y jamás he dicho o escrito tal cosa. Por el contrario, opino que la mayor culpa y la responsabilidad más alta de aquella tragedia la tuvieron quienes levantaron las armas contra el legítimo Gobierno, pero ello no exonera de responsabilidad por sus errores a los partidos republicanos y, menos aún, a los termocéfalos y antidemócratas. Ítem más: la represión en la retaguardia franquista fue mayor que en la republicana y no terminó con la guerra, sino que duró hasta la muerte del dictador. Pero los asesinatos cometidos en las dos retaguardias son igualmente repudiables.
Tampoco es cierto que los atropellos contra vidas y haciendas duraran en la retaguardia republicana "el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de la zona y, en todo caso, se practicaron sin su aprobación", como afirma Cercas, pues ha quedado más que demostrado lo contrario.
Por ejemplo, que las sacas de las cárceles madrileñas y los subsiguientes asesinatos fueron programados y ejecutados por quienes en aquellos azarosos días de noviembre formaban parte de la autoridad republicana. Y aunque la matanza se atemperó a partir de 1937, no se detuvo hasta el final de la guerra.
Tampoco es cierto que la derecha española "comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo", tal como afirma Cercas.
Por ejemplo, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el 20 de noviembre de 2002 (y la fecha no es casual), aprobó, con los votos favorables del PP una proposición en la cual puede leerse: "El Congreso de los Diputados reitera su voluntad de mantener el espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución... y reafirma el reconocimiento moral de todos los que fueron víctimas de la Guerra Civil así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista".
Me pregunto: ¿dónde está ese "cordón umbilical" del que habla Cercas.
martes, 8 de junio de 2010
"Sobre tumbas, fosas y otras cuestiones" -- Artículo de opinión de Eduardo Montagut
Hace unos días dije que estaría colgando aquí dos posts de dos blogs amigos. Este es el segundo, del blog de Eduardo Montagut. Lo comparto aquí por la respuesta elocuente, apasionada e informada que le hace al diputado del PP, Jorge Fernández Díaz, ante la petición del partido de este que suspendieran fondos para las asociaciones memorialistas:
Sobre tumbas, fosas y otras cuestiones del pasado y del presente a propósito del discurso de Jorge Fernández Díaz, vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados
Ante la noticia de la petición del PP en el Congreso, a través del diputado Jorge Fernández Díaz, de que suspendieran las ayudas económicas a las asociaciones y entidades de memoria histórica, dedicadas en su mayor parte a las exhumaciones por la crisis económica, recordé que en octubre de 2009 publiqué en el blog un artículo referente a la negativa del PP a que el Estado se hiciera cargo de la devolución de los cuerpos enterrados indebidamente en el Valle de los Caídos, negativa defendida por el mismo diputado. Recordemos que dentro del razonamiento de dicho diputado, en esa ocasión, se comparaba el Valle de los Caídos con el cementerio de Omaha Beach en Normandía donde descansan los restos de los soldados que murieron en el famoso y decisivo Desembarco. En el caso actual, el señor Fernández Díaz, según la notica de Europa Press y la entrada correspondiente del blog del diputado y vicepresidente tercero del Congreso( http://fernandezdiaz.blogspot.com/2010/05/pleno-del-congreso-de-los-diputados-11.html), reconoce y respeta el derecho de toda persona para que sus muertos sean enterrados debidamente y que apoya la apertura de tumbas, aunque no para reabrir heridas o para poner en cuestión la Transición.
Al parecer, nuestro diputado de la derecha tiene un grave problema en relación con las tumbas, los cementerios y las fosas. En el otoño nos regaló con esa “perla” comparativa, fruto o del desconocimiento de la historia o de la desfachatez de la derecha española, cuyo gran maestro en estos temas es Mayor Oreja con su peculiar análisis sobre la felicidad de los españoles en el franquismo. En esta ocasión la cuestión va de tumbas y fosas, porque, al parecer, serían lo mismo. En un sentido figurado así podría ser. El lugar donde una persona está enterrada sería una tumba; hasta el mar es la tumba de muchas personas que por distintos motivos han muerto en alta mar. Pero, hete aquí, que el Diccionario de la Real Academia nos ilustra para recordarnos que una tumba es una obra levantada de piedra en que está sepultado un cadáver, así como el armazón en forma de ataúd, que se coloca sobre el túmulo o en el suelo, para la celebración de las honras de un difunto, aunque, como bien sabemos, esto está en desuso actualmente. Pero lo importante es que se trata de una obra levantada con una finalidad, y que, tradicionalmente, familiares y/o allegados, o la administración pública levantan señalando que allí yace un ser humano. ¿Es eso una fosa? Estimada señoría, una fosa es un hueco en el suelo, en un descampado, una cuneta, debajo de un árbol, al lado de un tapia o donde pille, abierta con rapidez, y en ocasiones por sus futuros ocupantes, en el que se introduce uno o varios cuerpos de personas asesinadas, ejecutadas, fusiladas, o cómo usted quiera llamarlo. Además, se procura que no quede huella, y por tanto, no se levantan monumentos, monolitos, hitos, placas o lápidas en memoria de los seres allí enterrados y por razones evidentes que tampoco hace falta mucho detallar. Bien es cierto, que el Valle de los Caídos sí está compuesto de tumbas pero usted y el grupo parlamentario que representa tampoco quisieron el año pasado que se tocara por parte del Estado, aludiendo que en materia de cementerios las competencias no son del mismo, olvidando que estamos ante un bien del Patrimonio Nacional.
Usted pide la retirada de fondos públicos para las exhumaciones y, por otro lado, respeta el derecho de familiares y allegados a enterrar debidamente –esto es, en tumbas, no en fosas, por si le había olvidado- a sus muertos, ¿podría usted decirme quién sufraga las exhumaciones? Pero no me conteste, por favor, porque si lo que me va a decir es que lo hagan los interesados el insulto a los mismos puede rayar en la indecencia política y moral más abyecta. Primero se les fusila y luego que sus familiares y amigos paguen la localización, la exhumación y la identificación de los cadáveres; el muerto que se lo pague cada uno. A fin de cuentas, como no son votantes de la derecha que más da. Esto tiene relación con el argumento sobre lo que es, realmente importante para los españoles, que también aparece en su discurso, obviando que esos ciudadanos tienen DNI expedido por una oficina del Ministerio del Interior español. Ustedes siempre hablan por todos los españoles, en eso tienen mucha práctica y costumbre desde tiempo inmemorial; ya estamos acostumbrados que no resignados.
¿Cuesta mucho dinero emprender las exhumaciones, y consume tiempo y energía a los responsables políticos, necesarios para temas de candente actualidad, como no se cansan de decir en los plenos de los ayuntamientos cuando hay que debatir sobre el cambio de la nomenclatura de calles y plazas? Mire, cuesta muy poco, realmente, y ese ahorro no arreglaría nada. ¿A ver si la crisis se va a convertir en el argumento para terminar con todo?. Prefiero que una factura no se abulte o se den tratos de favor, ¿o lo de Gürtel no vale? Tampoco se necesita perder mucho tiempo en lo otro. Se presenta una propuesta, se discute y se vota. Se tarda mucho más cuando ustedes no quieren que el “generalísimo” desaparezca de una placa. Es facilísimo. Si no quieren no nos cuenten “milongas”, digan la verdad, y no pasa nada. Eso sí, cierto es que no todos ustedes piensan igual, no se apure, uno sabe distinguir en una formación política tan grande como la que usted representa, ya que en este país ha habido siempre gente conservadora respetuosa con los demás y antifranquista. Algunos lo fueron siempre y otros lo comprendieron cuando vieron lo que hacía Franco: Ruiz-Giménez, Ridruejo, etc.. Del mismo modo, tienen votantes con esa misma sensibilidad antifranquista, ya sea fruto de un sincero cristianismo, ya por congruencia moral ante el horror que causan todas las dictaduras. No se apure, desde mi distancia ideológica y actitud ante la vida, le puedo asegurar que la dictadura castrista no me gusta nada de nada, ni las políticas contra la libertad de información de Chaves tampoco. No creo que fuera muy congruente defender violaciones de derechos humanos en otros lares y atacar los que se han sufrido en este país.
En su intervención toca otro de los argumentos sobre el pasado y el presente, aludiendo a Lot y las estatuas de sal, a la supuesta reapertura de heridas y a la Transición. La derecha española ha decidido que el pasado no se toca porque si se hace es para reabrir heridas e intentar desmoronar la sacrosanta Transición. Quien hace eso, a saber, desde los socialistas hasta los anarquistas, pasando por comunistas, sindicalistas, otras gentes de izquierda y nacionalistas no españolistas, quiere destruir la democracia y poner todo en cuestión. En primer lugar, en una democracia todo se puede discutir y cuestionar y nadie puede impedir debate alguno; las democracias se agostan con los silencios, y los velos sin correr, no en el sereno o vehemente, pero siempre respetuoso, debate. Esos resabios de intolerancia siguen en la mente de muchos. Como no se puede callar a la gente, ni meterlos en la cárcel, o depurarlos, se opta por dos opciones: cuestionar a quienes defienden la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, con todo tipo de calificativos denigratotrios y, por otro lado, se defenestra al juez Garzón.
¿No pueden los ciudadanos, partidos, entidades, historiadores, y demás cuestionar la Transición?, ¿por qué?, ¿estamos ante otro mito histórico español del calibre del Cid, la Reconquista, los Reyes Católicos, el Imperio de los Austrias, etc..? Al final, esos personajes y períodos terminaron siendo tergiversados por intereses presentistas, el gran mal que puede acechar al trabajo de un historiador para convertirlo en un panfletista como alguno de esos señores que escriben propaganda política en libros sobre el franquismo. Si la historiografía seria ya lleva desde los años sesenta desmontando mitos del pasado remoto, también lo está haciendo con el más cercano, y a la Transición le está tocando, como a cualquier época. En aras de la moderación creo que podemos hasta comprender lo que pasó y se hizo durante esos años y no me parecería bien que se pidieran cuentas ahora a sus protagonistas. Es muy fácil hablar desde la distancia del tiempo pero eso no es obstáculo para comprobar que no es oro todo lo que reluce o relucía. La propia Ley de Amnistía se hizo para que los presos políticos salieran pronto después de sufrir tanta ignominia y se cedió en su redacción. Ahora la extrema derecha emplea la ley con fines espúreos y muy distintos para los que se proyectó. Al final, con los años se termina por aprender. Con algunos de ustedes no se puede ceder en nada, y digo algunos, no generalizo, vicio del que abomino. Podríamos poner más ejemplos de cesiones, de concesiones y hasta de claudicaciones, pero lo que quisiera resaltar e insistir es que los mitos no resisten un riguroso análisis.
¿Reabrir heridas?, ¿se refiere a las que no se han cerrado aún? Eso se lo dice a un señor de 74 años que todavía no sabe dónde está su padre o su tío enterrado. ¿Está mal saber la verdad de lo que pasó?, ¿eso es prevaricar?. ¿A quién se le reabren las heridas por decir que el franquismo ha sido una de las etapas más terribles de la historia contemporánea española? No se trata de obviar los horrores causados en la retaguardia republicana. No se trata de cuestionar y olvidar el espanto de Paracuellos, claro que no, ni el de los religiosos muertos por serlo. Si alguien en la izquierda negara eso sería un mentiroso o un cómplice de la ignominia. Se trata de saber y de entender lo que pasó, de reparación y homenaje para los que durante muchos años sufrieron lo indecible, de anular las sentencias judiciales arbitrarias, las depuraciones profesionales, las penas de cárcel, para entender y procurar que eso no puede volver a pasar. En fin, se hace para construir una sana y vigorosa democracia que honre a quien dio su vida o penó por ella, ya fuera por sus acciones, ya por negarse, con una valentía encomiable, a doblegarse. Y eso, estimada señoría, lo pensamos muchos ciudadanos, los que creemos en una democracia levantada sin mentiras ni tabúes, ciudadanos que estamos angustiados por la crisis y el paro, preocupados por la educación, y por tantos problemas que abruman a todos aquí y más allá de nuestras fronteras.
jueves, 3 de junio de 2010
El Gobierno canario y la Ley de Memoria
Una ley que sigue causando más problemas que soluciona...
De: Eldia.es
El Gobierno desconoce cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica
Según mantuvo ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, en marzo del año pasado se le envió una carta al Ministerio de Presidencia solicitándole que aclarara la responsabilidad y la financiación que le corresponde al Gobierno canario y, como no ha respondido, no se ha hecho nada.
De: Eldia.es
El Gobierno desconoce cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica
Según mantuvo ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, en marzo del año pasado se le envió una carta al Ministerio de Presidencia solicitándole que aclarara la responsabilidad y la financiación que le corresponde al Gobierno canario y, como no ha respondido, no se ha hecho nada.
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
"No vamos a firmar ningún convenio sobre memoria histórica sin que previamente el Gobierno central defina unos criterios mínimos de actuación de cada administración". Con esta afirmación, el consejero de Justicia del Ejecutivo canario, José Miguel Ruano, manifestó ayer, durante una comisión parlamentaria, la intención del Gobierno canario de "no asumir ninguna responsabilidad" en este asunto hasta que se le aclare qué papel tiene cada administración. "Somos un gobierno autónomo y por lo tanto no estamos en la tesitura de firmar un convenio que parece más de adhesión que de otra cosa", señaló en consejero.
Preguntado por el diputado socialista Manuel Marcos Pérez acerca de por qué en Canarias no se existe aún un mapa de fosas y no se está ayudando a las asociaciones en las labores de localización, exhumación e identificación de cuerpos, Ruano insistió en que "el Gobierno de Canarias tiene la voluntad de cumplir con la ley en los términos que ésta articula, es decir, favoreciendo la colaboración entre las administraciones públicas, pero se nos tiene que aclarar en qué términos. Esto no puede ser un yo invito y tú pagas".
Ruano se quejó de que no haya existido una estrategia conjunta del Gobierno central con las comunidades autónomas, y explicó que "tratando de definir esta cuestión se remitió una carta al Ministerio de Presidencia el 26 de marzo del año pasado sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta", añadiendo que "no se trata sólo de una cuestión de Canarias, porque me consta que otras regiones, como Navarra, están en las mismas circunstancias".
Además, señaló que "existe una división de competencias que no está clara entre el Ministerio de Presidencia y el de Justicia y eso dificulta que tampoco se sepa quién es el interlocutor válido".
Como solicitante de la comparecencia, Manuel Marcos recordó a Ruano "la urgencia que requiere hacer un mapa de fosas en las Islas, ya que se ha de recurrir al testimonio de personas que ya tienen una avanzada edad y que son los únicos que pueden indicar dónde pueden estar los cadáveres de esos miles de represaliados que continúan desaparecidos".
Asimismo, preguntó al consejero por qué nunca se ha reunido con las asociaciones de memoria histórica, si bien el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió a que sería su consejero de Justicia el que canalizara todas las actuaciones.
El responsable autonómico respondió que no tenía problema en hacerlo, pero que nunca se había registrado una solicitud formal por parte de dichas organizaciones.
Por su parte, el diputado del Partido Popular (PP) Carlos Ester indicó que "el Gobierno de España no se ha puesto las pilas y ha creado una ley populista sin definir bien lo que cada uno tiene que hacer y lo que cada uno debe pagar y luego se arman los líos que se arman", remitiéndose a que en el caso de la Ley de Dependencia sucede algo muy similar, que es el "yo invito y tú pagas".
"Me resulta sospechoso que sólo existan convenios de colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista", reflexionó la diputada de Coalición Canaria Flora Marrero, antes de instar al consejero a que "mantenga el diálogo con el Ministerio para tratar de dar una respuesta a las familias que no saben en dónde tienen a los suyos".
jueves, 27 de mayo de 2010
El Cementerio de Granada
De: El País.com
Documentados 3.720 fusilamientos en el cementerio de Granada
Un millar de los cadáveres pertenecen al periodo de Posguerra. -Cerca de 600 cuerpos están sin identificar
EFE - Granada - 26/05/2010
En la tapia del cementerio de Granada se produjeron al menos 3.720 fusilamientos entre la Guerra Civil y la Posguerra. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado hoy ante la Junta de Andalucía la documentación para exigir la dignificación histórica de los fallecidos. Alrededor de un millar de cuerpos pertenecen al periodo de 1939 hasta 1956. El resto, de 1936 a 1939, según los documentos recopilados por el historiador Rafael Gil Bracero.
Documentados 3.720 fusilamientos en el cementerio de Granada
Un millar de los cadáveres pertenecen al periodo de Posguerra. -Cerca de 600 cuerpos están sin identificar
EFE - Granada - 26/05/2010
En la tapia del cementerio de Granada se produjeron al menos 3.720 fusilamientos entre la Guerra Civil y la Posguerra. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado hoy ante la Junta de Andalucía la documentación para exigir la dignificación histórica de los fallecidos. Alrededor de un millar de cuerpos pertenecen al periodo de 1939 hasta 1956. El resto, de 1936 a 1939, según los documentos recopilados por el historiador Rafael Gil Bracero.
Bracero ha señalado que 594 de los cuerpos no están identificados porque fueron fusilados como personas desconocidas, según la documentación que ha encontrado en diligencias militares, consejos de guerra, archivos locales o el registro civil. Para esos casos, se desconoce qué tipo de elemento las dignificará, aunque "las tapias deben protegerse y registrar sus nombres".
Técnicos de la Delegación de Cultura en Granada analizarán los documentos de la ARMH. Su responsable, Pedro Benzal, ha señalado que se trata de un asunto "de urgencia política porque muchos de los familiares tienen una avanzada edad", por lo que ha afirmado que a su tramitación se le dará "la mayor agilidad posible". Tras elaborar el informe, la documentación será remitida a la Dirección General de Bienes Culturales, que determinará cómo queda configurado el espacio.
El vicepresidente de la asociación, Rafael Gil, ha lamentado el hecho de que no hayan tenido acceso a unos libros de enterramento en los que constaban los nombres de los fusilados, ya que "se destruyeron o están un sitio de difícil acceso".
El pasado julio, el Ayuntamiento de Granada retiró una placa colocada en el cementerio con motivo del 72 aniversario de la sublevación contra la República y dos meses más tarde, los concejales del PP, que gobierna con mayoría absoluta, rechazaron la instalación de un distintivo en la zona a propuesta del PSOE e IU.
martes, 25 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista? - editorial de Vicenç Navarro
Es la pregunta que muchas personas sugieren desde hace algún tiempo, y la que otros nunca se han atrevido a hacer públicamente. Hoy el Dr. Vicenç Navarro nos plantea una pregunta que parece destinada a generar polémica, como el propio profesor reconoce en la primera oración de su artículo. En este blog hemos hablado en otras ocasiones de la "herencia" franquista del PP, pero que yo sepa, esta es la primera vez que colgamos un post sobre este tema de un investigador tan conocido como el Dr. Navarro. Hay ciertos estudiosos cuya obra siempre leo, y el profesor Navarro es uno de ellos. Debo añadir que aprecio especialmente su perspectiva sobre la política estadounidense.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
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jueves, 29 de abril de 2010
Artículo de Vicenç Navarro sobre las críticas de las movilizaciones
Otra editorial brillante del Dr. Vicenç Navarro.
Visto en: el blog del profesor (PDF disponible aquí)
La resistencia a conocer el pasado
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010
Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
Visto en: el blog del profesor (PDF disponible aquí)
La resistencia a conocer el pasado
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 29 de abril de 2010
Este artículo responde a algunas de las críticas hechas predominantemente por las derechas (y también por intelectuales conocidos por su antiizquierdismo) a las movilizaciones progresistas que están ocurriendo en España en protesta del enjuiciamiento del Juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes realizados por el fascismo.
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
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