Visto en: La Sexta
27/05/2010 - AGENCIAS
Garzón, inmigrantes y franquismo
* La limitación del principio de jurisdicción universal es un retroceso en el ámbito de los Derechos Humanos, según AI
El derecho a la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo es, según el informe anual de Amnistía Internacional, todavía una asignatura pendiente para España. La ONG critica también la limitación de la justicia universal, el proceso abierto contra Garzón o el trato a los imigrantes.
La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó este miércoles que "el derecho a la justicia y a la reparación" de las víctimas sigue siendo una "asignatura pendiente en España" por la falta de avances en la investigación de los casos de desapariciones forzadas que se produjeron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.
El director de AI en España, Esteban Beltrán, dijo durante la presentación del Informe 2010 de la organización sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo que durante el año pasado España "perdió liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal.
A su juicio, "para pasar página, primero hay que leerla". Beltrán recordó que el pasado mes de septiembre España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en la legislación española.
Incumplimiento del Derecho Internacional
El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al Gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco. Amnistía señaló que "esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos".
Además, añadió, la propia ley de 2007 "distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos".
"Una máquina de exterminio"
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, indicó por su parte que a partir del 1 de abril de 1939 se estableció en España una "maquinaria de exterminio" mediante la cual se llevaron a cabo más de 100.000 ejecuciones dictadas en consejos de guerra.
En su opinión, "un país no puede pasar por encima de esto". "Esto tiene que tener una salida, una salida que es judicialmente factible", subrayó Martín, que defendió la actuación del juez Baltasar Garzón al tratar de investigar los crímenes del franquismo, cuya investigación "está dentro de la más absoluta legalidad".
Martín afirmó que la Ley de Amnistía "que se esgrime" para que no se esclarezcan esos hechos sólo se puede aplicar durante el desarrollo de un proceso penal, no antes de que se abra, y añadió que si en España se hallan "cadáveres con signos evidentes de violencia", el juez de la localidad donde se encuentran debe abrir un proceso de identificación, independientemente de la Ley de Memoria Histórica.
Limitación de la Justicia Universal
Otro hecho que critica Amnistía en su informe es la limitación de la jurisdicción universal, que fue aprobada el pasado octubre por el Parlamento y que implicaba que se podrían archivar trece casos que se estaban investigando en España.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo lamentó que la jurisdicción universal, una "conquista histórica" que permite juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en todo el mundo, haya sido "cercenada de forma muy significativa" en España. A su entender, "la cultura de los Derechos Humanos pertenece a todos los países" y, por lo tanto, "un juez español no puede ser ajeno" a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en otras partes del mundo.
Racismo y derechos de inmigrantes y refugiados
Otro de los problemas que identifica AI en la parte de su informe que hace referencia a España es la falta de aplicación de una estrategia integral para combatir el racismo a nivel nacional y el hecho de que sea uno de los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo.
En cuanto a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, AI cita informes de ONG de toda España que el año pasado registraron un incremento de los controles policiales de identidad por motivos raciales. Además, la organización de Derechos Humanos destacó que España sigue teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE.
La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, contiene algunos puntos negativos, según AI, pero también modificaciones positivas, como que se pueda conceder asilo a personas perseguidas por motivos de género u orientación sexual. Criticó igualmente que se haya elevado de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes indocumentados.
Torturas
AI concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley --230, según la Fiscalía General del Estado--, pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d'Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas.
Asimismo, la organización señaló que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que éstas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
El informe menciona además las violaciones de los Derechos Humanos que suponen los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la insuficiente respuesta institucional a otras formas de violencia de género como la trata de mujeres para su explotación sexual.
Por último, alerta sobre el trato que reciben algunos niños y niñas en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono.
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jueves, 27 de mayo de 2010
domingo, 9 de mayo de 2010
Víctimas de Franco y de ETA
(Nota: esta editorial me ha hecho recordar el espléndido artículo del profesor e investigador Justin Crumbaugh, publicado en 2007, y cuya lectura recomiendo)
Visto en: El País.com
TRIBUNA
Víctimas de Franco, víctimas de ETA
10/05/2010
Memoria, dignidad y justicia son ya tres apellidos que acompañan a las víctimas del terrorismo de ETA. Estas víctimas han pasado de estar olvidadas, o patrimonializadas por la ultraderecha, en los años de la transición y comienzos de la democracia, a gozar en la actualidad de un reconocimiento legal, institucional y social en unos niveles que resultan modélicos para otros países.
Las víctimas del terrorismo de ETA tienen hoy en España leyes que las amparan, apoyos económicos sin parangón, y gozan del reconocimiento y el afecto de la inmensa mayoría de los españoles. Además, nadie se atreve ya a decir, ni siquiera entre los menguantes jaleadores de ETA, aquella frase tremenda de ETA, mátalos, mientras que son habituales en los discursos políticos, y en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las frases de reconocimiento y enaltecimiento de las víctimas. En España se da por hecho la superioridad moral de las víctimas del terrorismo y se identifica al verdugo que las creó como un símbolo del mal. De pecar por algo respecto de las víctimas del terrorismo de ETA, en España se puede pecar, a veces, por exceso.
Otras víctimas, las de la dictadura franquista, no sólo no tuvieron el menor reconocimiento durante los 40 años que el dictador estuvo en el poder, es que fueron perseguidas con saña hasta la agonía de Franco. Acabada la guerra, el régimen de Franco se dedicó con ahínco, de manera concienzuda y sistemática, a exterminar a la izquierda perdedora republicana: fusilamientos masivos, largas penas de cárcel, trabajos forzados, juicios sumarísimos, exilio, miedo y clandestinidad, moldearon una peculiar forma de guerra con un solo bando fieramente armado y el otro aniquilado. Durante esos 40 años fueron reconocidas, y tratadas de manera privilegiada, con cargos, oposiciones patrióticas, empleos, privilegios, apoyo económico, asientos reservados para caballeros mutilados, etc. las víctimas y los familiares de los caídos del bando franquista, que se alzó en golpe de Estado contra el Gobierno democrático de la República. Durante esos mismos 40 años hubo una política de exterminio, primero; y persecución, después, a los perdedores y a los opositores a Franco. El final de la Guerra Civil no dio paso a la reconciliación, sino al exterminio franquista de los derrotados, a los que se despojó de su condición de españoles.
Podemos decir que la recuperación de las libertades en España no trajo aparejado el reconocimiento a las víctimas provocadas por Franco. Miles de víctimas habían sido fusiladas o paseadas y sus restos yacen aún en cunetas, barrancos o fosas. La Ley de la Memoria Histórica plantea algo elemental: reconocer a las víctimas del franquismo que durante 40 años de dictadura y 30 de democracia no han sido reivindicadas. Pero, en este caso, la demanda de memoria, dignidad y justicia respecto de esas víctimas no sólo no cuenta con el apoyo unánime de la población española, sino que, por el contrario, levanta ampollas en importantes sectores de la tronante derecha política y mediática.
Andan estos núcleos de aroma franquista empeñados en rescribir la historia y se afanan por presentar al dictador como un personaje estupendo y necesario, y a sus víctimas como merecedoras de la muerte. Algo habrían hecho los comunistas, los socialistas, los republicanos, para que Franco los exterminara, parecen decir.
Resulta muy significativo que los mismos que incluso exageran en sus apoyos a las víctimas del terrorismo etarra no consideren que también son dignas de reconocimientos las víctimas de ese terrorismo gigantesco, eterno y muchísimo más sanguinario que fue el franquismo.
Algunos españoles hemos sido víctimas de dos dictaduras: la de Franco y la de ETA, y reconocemos en ambas ingredientes que las hacen parejas: las dos funcionaron a base de odio, muerte y miedo; las dos pretendieron aniquilar al contrario, en el caso franquista, con un éxito que duró 40 años, y en el de ETA con un fracaso que ha durado 40 años y ha provocado incomparablemente menos víctimas que el terror de Franco.
Ahora se trata, sencillamente, de reclamar el justo reconocimiento a las víctimas de un golpe de Estado y de esa dictadura basada en una represión feroz y sin tregua que fue el franquismo; se trata de que las familias de los perdedores puedan enterrar a sus víctimas con dignidad, donde ellos quieran; que sepan dónde están, que los puedan separar de la infame compañía del dictador que los mandó asesinar y que de manera incomprensible sigue enterrado, con todos los honores, al lado del altar principal la Basílica del Valle de los Caídos.
Se trata de reparar la memoria y la dignidad, de hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Franco, que no fueron reconocidas durante 40 años de dictadura ni lo han sido en 30 de democracia. Negarse a este ejercicio democrático, básico para una convivencia en valores compartidos de libertad, retrata a quien lo hace, dificulta la definitiva reconciliación entre españoles y pone de manifiesto la dosis de odio que un sector de nuestro país mantiene aún enhiesto. No parece coherente reclamar memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo nacionalista vasco y no exigir el mismo trato para las víctimas del terrorismo nacionalista español.
José María Calleja es periodista.
Visto en: El País.com
TRIBUNA
Víctimas de Franco, víctimas de ETA
10/05/2010
Memoria, dignidad y justicia son ya tres apellidos que acompañan a las víctimas del terrorismo de ETA. Estas víctimas han pasado de estar olvidadas, o patrimonializadas por la ultraderecha, en los años de la transición y comienzos de la democracia, a gozar en la actualidad de un reconocimiento legal, institucional y social en unos niveles que resultan modélicos para otros países.
Las víctimas del terrorismo de ETA tienen hoy en España leyes que las amparan, apoyos económicos sin parangón, y gozan del reconocimiento y el afecto de la inmensa mayoría de los españoles. Además, nadie se atreve ya a decir, ni siquiera entre los menguantes jaleadores de ETA, aquella frase tremenda de ETA, mátalos, mientras que son habituales en los discursos políticos, y en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las frases de reconocimiento y enaltecimiento de las víctimas. En España se da por hecho la superioridad moral de las víctimas del terrorismo y se identifica al verdugo que las creó como un símbolo del mal. De pecar por algo respecto de las víctimas del terrorismo de ETA, en España se puede pecar, a veces, por exceso.
Otras víctimas, las de la dictadura franquista, no sólo no tuvieron el menor reconocimiento durante los 40 años que el dictador estuvo en el poder, es que fueron perseguidas con saña hasta la agonía de Franco. Acabada la guerra, el régimen de Franco se dedicó con ahínco, de manera concienzuda y sistemática, a exterminar a la izquierda perdedora republicana: fusilamientos masivos, largas penas de cárcel, trabajos forzados, juicios sumarísimos, exilio, miedo y clandestinidad, moldearon una peculiar forma de guerra con un solo bando fieramente armado y el otro aniquilado. Durante esos 40 años fueron reconocidas, y tratadas de manera privilegiada, con cargos, oposiciones patrióticas, empleos, privilegios, apoyo económico, asientos reservados para caballeros mutilados, etc. las víctimas y los familiares de los caídos del bando franquista, que se alzó en golpe de Estado contra el Gobierno democrático de la República. Durante esos mismos 40 años hubo una política de exterminio, primero; y persecución, después, a los perdedores y a los opositores a Franco. El final de la Guerra Civil no dio paso a la reconciliación, sino al exterminio franquista de los derrotados, a los que se despojó de su condición de españoles.
Podemos decir que la recuperación de las libertades en España no trajo aparejado el reconocimiento a las víctimas provocadas por Franco. Miles de víctimas habían sido fusiladas o paseadas y sus restos yacen aún en cunetas, barrancos o fosas. La Ley de la Memoria Histórica plantea algo elemental: reconocer a las víctimas del franquismo que durante 40 años de dictadura y 30 de democracia no han sido reivindicadas. Pero, en este caso, la demanda de memoria, dignidad y justicia respecto de esas víctimas no sólo no cuenta con el apoyo unánime de la población española, sino que, por el contrario, levanta ampollas en importantes sectores de la tronante derecha política y mediática.
Andan estos núcleos de aroma franquista empeñados en rescribir la historia y se afanan por presentar al dictador como un personaje estupendo y necesario, y a sus víctimas como merecedoras de la muerte. Algo habrían hecho los comunistas, los socialistas, los republicanos, para que Franco los exterminara, parecen decir.
Resulta muy significativo que los mismos que incluso exageran en sus apoyos a las víctimas del terrorismo etarra no consideren que también son dignas de reconocimientos las víctimas de ese terrorismo gigantesco, eterno y muchísimo más sanguinario que fue el franquismo.
Algunos españoles hemos sido víctimas de dos dictaduras: la de Franco y la de ETA, y reconocemos en ambas ingredientes que las hacen parejas: las dos funcionaron a base de odio, muerte y miedo; las dos pretendieron aniquilar al contrario, en el caso franquista, con un éxito que duró 40 años, y en el de ETA con un fracaso que ha durado 40 años y ha provocado incomparablemente menos víctimas que el terror de Franco.
Ahora se trata, sencillamente, de reclamar el justo reconocimiento a las víctimas de un golpe de Estado y de esa dictadura basada en una represión feroz y sin tregua que fue el franquismo; se trata de que las familias de los perdedores puedan enterrar a sus víctimas con dignidad, donde ellos quieran; que sepan dónde están, que los puedan separar de la infame compañía del dictador que los mandó asesinar y que de manera incomprensible sigue enterrado, con todos los honores, al lado del altar principal la Basílica del Valle de los Caídos.
Se trata de reparar la memoria y la dignidad, de hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Franco, que no fueron reconocidas durante 40 años de dictadura ni lo han sido en 30 de democracia. Negarse a este ejercicio democrático, básico para una convivencia en valores compartidos de libertad, retrata a quien lo hace, dificulta la definitiva reconciliación entre españoles y pone de manifiesto la dosis de odio que un sector de nuestro país mantiene aún enhiesto. No parece coherente reclamar memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo nacionalista vasco y no exigir el mismo trato para las víctimas del terrorismo nacionalista español.
José María Calleja es periodista.
sábado, 13 de febrero de 2010
La trayectoria del juez Garzón
De: Público.es
El juez que marcó la diferencia
La trayectoria del magistrado que cambió la Audiencia Nacional
Á. VÁZQUEZ - MADRID - 13/02/2010 08:00
Primer juez en Francia
Fue el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a la cúpula etarra. Josu Ternera o Santi Potros tuvieron que comparecer ante él. Lo que no supieron nunca los terroristas fue el examen sobre la madurez de nuestro sistema democrático y judicial al que las autoridades francesas sometieron al magistrado antes de autorizar el interrogatorio.
Entonces la lucha contra ETA se centraba en los comandos. Fue Garzón quien amplió el campo de batalla a las instituciones, al entender que no sólo es terrorista quien porta la pistola, sino también el que le financia y le da cobertura social. Para llegar ahí fueron cruciales los papeles que se intervinieron a ETA en 1992 cuando cayó la cúpula de Bidart.Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. Y muchas condenas.
El Tribunal Supremo estableció que las organizaciones juveniles del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, Jarrai, Haika y Segi, eran terroristas. Después vinieron Gestoras pro Amnistía y los aparatos políticos de la banda, Ekin y Xaki. El Supremo sólo absolvió a los condenados en el macrosumario 18/98 que se enmarcaban en un proyecto de la desobediencia civil.
Pero su labor en esos casos fue muy tenida en cuenta en la puesta de largo de la Ley de Partidos, con la ilegalización de Batasuna, al igual que ha ocurrido con todas las formaciones con las que la izquierda abertzale trataba de burlar su ilegalización.
Y al terrorismo de ETA se sumó el yihadista. Fue el primero en perseguir al argelino Grupo Islámico Armado (GIA), cuando solo utilizaba España para falsificar documentos y lograr financiación. Por ello fue condenado Allekema Lamari, al que rebajó la pena el Supremo y pudo ser uno de los autores del 11-M que se suicidó en Leganés.
Garzón no se hizo famoso solo por el terrorismo en la Audiencia Nacional. Instruyó el caso Nécora, uno de los asuntos más recordados por sus detractores como ejemplo de que es un mal instructor. Olvidan que de ese sumario partieron las bases para acabar con los grandes clanes del narcotráfico en Galicia. Los Oubiña y los Charlines lamentaron ese precedente que les obligó a atomizar sus organizaciones.
Y este capítulo tiene que incluir UCIFA y la operación Temple, que durante un tiempo tuvo el triste honor de ser el mayor alijo de cocaína incautado en el mundo. El narcotraficante Urfi Cetinkaya, actualmente en prisión en Turquía, no se olvidó del instructor durante el tiempo que permaneció huido. Le mandaba mensajes en cada alijo de droga que enviaba a España. "Esto es mejor para la salud que Garzón", decían.
Tras un periodo en la política de diez meses, volvió al juzgado con fuerzas renovadas. Fueron los años del GAL. Ya había investigado el caso Amedo y a la vuelta se ocupó de Segundo Marey. Ni la persona que le llevó a la política, Felipe González, se libró de su investigación contra los crímenes de Estado.
Persecuciones universales
El otro capítulo que no puede olvidarse de los casos que ha llevado Garzón es el de la jurisdicción universal. Se inició con el secuestro del buque Achille Lauro, en el que se asesinó a un ciudadano estadounidense. El sirio Monzer Al Kassar, residente en España, fue absuelto de haber facilitado las armas al comando palestino que cometió el secuestro.
La cima de su fama llegó en 1998, cuando consiguió retener en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Aún tiene abiertos varios procedimientos por estos delitos, como el genocidio del pueblo saharaui y las torturas de Guantánamo.
Sus casos siguen siendo los más importantes. Siempre en el ojo del huracán. Del BBV Privanza Jersey salió el caso Gürtel y Pretoria y aún habrá más, cuando se examinen los papeles intervenidos.
Esta semana la Sala le examinará otra vez. Será por la instrucción del caso del chivatazo, al resolver los recursos de las partes.
El juez que marcó la diferencia
La trayectoria del magistrado que cambió la Audiencia Nacional
Á. VÁZQUEZ - MADRID - 13/02/2010 08:00
La forma en la que la Audiencia Nacional investiga el crimen organizado debe mucho a los jueces que deciden solicitar ese tribunal como destino. Baltasar Garzón es uno de ellos desde 1988. Su carácter, su ambición, su forma de entender la jurisdicción le ha permitido abrir brecha en muchos de los frentes con los que él y sus compañeros deben combatir a diario: terrorismo, narcotráfico, los delitos económicos más graves y los crímenes de persecución universal.
Quizá por eso sea prácticamente el único juez central de Instrucción cuyo apellido es capaz de encabezar por sí solo un titular. Saltó a la fama nada más aterrizar en la Audiencia Nacional. Su anterior destino fue la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, el mismo que ahora tramita con urgencia su suspensión por haberse atrevido a abrir la primera causa penal para investigar el franquismo o por haber impartido cursos en Nueva York financiados por el Santander.Primer juez en Francia
Fue el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a la cúpula etarra. Josu Ternera o Santi Potros tuvieron que comparecer ante él. Lo que no supieron nunca los terroristas fue el examen sobre la madurez de nuestro sistema democrático y judicial al que las autoridades francesas sometieron al magistrado antes de autorizar el interrogatorio.
Entonces la lucha contra ETA se centraba en los comandos. Fue Garzón quien amplió el campo de batalla a las instituciones, al entender que no sólo es terrorista quien porta la pistola, sino también el que le financia y le da cobertura social. Para llegar ahí fueron cruciales los papeles que se intervinieron a ETA en 1992 cuando cayó la cúpula de Bidart.Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. Y muchas condenas.
El Tribunal Supremo estableció que las organizaciones juveniles del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, Jarrai, Haika y Segi, eran terroristas. Después vinieron Gestoras pro Amnistía y los aparatos políticos de la banda, Ekin y Xaki. El Supremo sólo absolvió a los condenados en el macrosumario 18/98 que se enmarcaban en un proyecto de la desobediencia civil.
Pero su labor en esos casos fue muy tenida en cuenta en la puesta de largo de la Ley de Partidos, con la ilegalización de Batasuna, al igual que ha ocurrido con todas las formaciones con las que la izquierda abertzale trataba de burlar su ilegalización.
Y al terrorismo de ETA se sumó el yihadista. Fue el primero en perseguir al argelino Grupo Islámico Armado (GIA), cuando solo utilizaba España para falsificar documentos y lograr financiación. Por ello fue condenado Allekema Lamari, al que rebajó la pena el Supremo y pudo ser uno de los autores del 11-M que se suicidó en Leganés.
Garzón no se hizo famoso solo por el terrorismo en la Audiencia Nacional. Instruyó el caso Nécora, uno de los asuntos más recordados por sus detractores como ejemplo de que es un mal instructor. Olvidan que de ese sumario partieron las bases para acabar con los grandes clanes del narcotráfico en Galicia. Los Oubiña y los Charlines lamentaron ese precedente que les obligó a atomizar sus organizaciones.
Y este capítulo tiene que incluir UCIFA y la operación Temple, que durante un tiempo tuvo el triste honor de ser el mayor alijo de cocaína incautado en el mundo. El narcotraficante Urfi Cetinkaya, actualmente en prisión en Turquía, no se olvidó del instructor durante el tiempo que permaneció huido. Le mandaba mensajes en cada alijo de droga que enviaba a España. "Esto es mejor para la salud que Garzón", decían.
Tras un periodo en la política de diez meses, volvió al juzgado con fuerzas renovadas. Fueron los años del GAL. Ya había investigado el caso Amedo y a la vuelta se ocupó de Segundo Marey. Ni la persona que le llevó a la política, Felipe González, se libró de su investigación contra los crímenes de Estado.
Persecuciones universales
El otro capítulo que no puede olvidarse de los casos que ha llevado Garzón es el de la jurisdicción universal. Se inició con el secuestro del buque Achille Lauro, en el que se asesinó a un ciudadano estadounidense. El sirio Monzer Al Kassar, residente en España, fue absuelto de haber facilitado las armas al comando palestino que cometió el secuestro.
La cima de su fama llegó en 1998, cuando consiguió retener en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Aún tiene abiertos varios procedimientos por estos delitos, como el genocidio del pueblo saharaui y las torturas de Guantánamo.
Sus casos siguen siendo los más importantes. Siempre en el ojo del huracán. Del BBV Privanza Jersey salió el caso Gürtel y Pretoria y aún habrá más, cuando se examinen los papeles intervenidos.
Esta semana la Sala le examinará otra vez. Será por la instrucción del caso del chivatazo, al resolver los recursos de las partes.
jueves, 19 de noviembre de 2009
De etarras heridos o muertos en el franquismo
Noticia vista en: ADN
De: EFE
De: EFE
El Congreso rechaza indemnizar a etarras heridos o muertos en la dictadura
El pleno del Congreso ha rechazado hoy una iniciativa del PNV que instaba al Gobierno a no restringir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y permitir que los familiares de los etarras que fueron fusilados o heridos durante la dictadura cobren indemnizaciones, como el resto de las víctimas.
La moción consecuencia de interpelación, defendida por el diputado vasco Aitor Esteban, ha sido rechazada por 318 votos en contra y con 23 votos a favor, del PNV, CiU, ERC-IU-ICV y Coalición Canaria.
Esteban ha justificado su iniciativa alegando que el desarrollo de la Ley está siendo "decepcionante" por la falta de impulso del Gobierno, y que incluso ha sufrido algún "retroceso" durante su aplicación respecto a lo que se había "entendido" en el debate parlamentario previo a su aprobación.
Se refería al hecho de que familiares de personas integradas en bandas armadas antes de la Ley de Amnistía no cobren indemnizaciones, cuando "no sabemos si después de la amnistía hubieran seguido en ETA o no" y, en su opinión, habría que concederles "el beneficio de la duda".
En este sentido, Esteban ha pedido al Gobierno que "no confunda el tiempo actual con el tiempo de la dictadura".
También ha demandado más agilidad en la aplicación de puntos de la Ley como la identificación de las víctimas, la retirada de símbolos de exaltación de los sublevados, o la supresión de subvenciones a las entidades privadas o públicas que enaltezcan el franquismo.
El PNV ha aceptado las enmiendas presentadas por CiU y ERC, y dos de las presentadas por IU, al entender que pretender dar impulso a otros puntos de la Ley, pero ha rechazado una enmienda del PSOE porque si bien reconoce que no se han cumplido muchos puntos de la Ley, "no se compromete a afrontar en fechas mínimas sus deberes".
Joan Tardà, en nombre de ERC, ha diferenciado lo que, a su juicio, es lucha armada "legítima" en un periodo de dictadura de actos de "miserable terrorismo" en tiempos de democracia, y por ello ha coincidido con el PNV en pedir que las familias de los terroristas que resultaron heridos o muertos durante la dictadura puedan pedir indemnizaciones y su reparación.
También ha pedido tener en cuenta a las víctimas de "funcionarios de grupos fascistas" en los años 77 y 78 (un periodo en el que no se puede hablar de dictadura pero tampoco de democracia plena, y que no está cubierto por la Ley), o que se identifique a la veintena de supervivientes de las tropas guerrilleras antifranquistas para evaluar su reconocimiento como parte del ejército republicano.
Desde CiU, Jordi Jané ha señalado que en su enmienda se pretende también que el Fiscal General del Estado que dé instrucciones para formar la anulación de aquellas condenas dictadas contra personas individuales por tribunales, jurados u otros órganos penales por motivos ideológicos, políticos o religiosos.
El diputado socialista Juan Antonio Barrio ha admitido que hay puntos de la Ley que se están aplicando con menos celeridad, debido a que implican a otras administraciones del Estado o por su dificultad, como es el caso de las exhumaciones.
Sin embargo, ha subrayado que ya se han materializado indemnizaciones, se ha concedido la nacionalidad española a los descendientes de exiliados y que se está completando la retirada de los símbolos fascistas de los edificios públicos.
No se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del PNV ni en la concreción de plazos que plantea ni tampoco en la asimilación de los etarras con las víctimas, una cuestión que no puede ser, a su juicio, tema de discusión para una moción.
Ha sido más crítico en ese aspecto el diputado del PP Jorge Fernández Díaz, quien ha tachado de "lamentable" que se pida indemnizaciones para los terroristas de ETA o del GRAPO que cometieron asesinados entre 1968 y 1977.
"¿Cuántas víctimas de ciudadanos produjeron esos terroristas en ese periodo?", ha preguntado, antes de agregar que "pretender que el Estado les indemnice si sufrieron heridas en esos actos es miserable", "maniqueísmo" y "no sólo una barbaridad, sino una ofensa indigna de un Estado de Derecho que diputados defiendan" esa petición.
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