De: El Periódico.com (22.11.09) - se recomienda ver el sitio original del artículo, para ver el archivo en PDF de las estadísticas mencionadas abajo
El Gobierno nacionaliza a 55.000 parientes de exiliados en un año
• La exhumación de fosas, la nulidad de juicios y la retirada de símbolos lastran la ley
ALBERT OLLÉS
MADRID
La ley de la memoria histórica, en vigor desde diciembre del 2007, transita con dificultad entre las dos Españas pero bate récords en el extranjero. En solo un año, el Gobierno ha recibido 117.449 solicitudes de nacionalización de hijos y nietos de exiliados, de los que ha aprobado 54.858. Es el mayor logro de una norma que avanza entre luces y sombras.
LAS INDEMNIZACIONES
Más subsidios, pese a las reglas restrictivas
El Gobierno justifica el éxito de las nacionalizaciones (que incluyen a 15 voluntarios de las brigadas internacionales) en la amplia difusión que se dio a la iniciativa en los países donde residen los beneficiarios. En España, el progresivo conocimiento de la ley ha repercutido también en un incremento de las consultas y las solicitudes de reparación económica y personal. La entrada en funcionamiento el pasado abril de la oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura ha multiplicado las reclamaciones informativas.
Lo mismo ha sucedido con las demandas de pensiones y subsidios de familiares de fallecidos en la guerra civil, y de presos y víctimas de la dictadura entre 1968 y 1977. El Ejecutivo destaca la mejora de las prestaciones de la ley de 1979, pero los demandantes se han encontrado con otro obstáculo, el de un desarrollo reglamentario excesivamente restrictivo. Los dos casos más patentes son la exigencia de la dependencia económica de la víctima en el momento de los hechos para conceder indemnizaciones a los padres, nietos o hermanos; y el que excluye a los miembros de grupos armados.
El primer caso está en vías de solución y el año que viene se eliminará con carácter retroactivo el requisito de la dependencia, abriendo un plazo de un año para presentar solicitudes. El segundo tema está bloqueado, como denunció el pasado jueves el PNV en una moción rechazada por el PSOE y el PP. Familiares de etarras fallecidos en la dictadura y los del anarquista catalán Salvador Puig Antich, siguen esperando.
LA JUSTICIA
ICV y ERC piden una fiscalía especializada
En la parte del vaso medio vacío, la oposición pasiva y activa de los herederos del bando vencedor de la guerra civil está lastrando el desarrollo de tres aspectos conceptuales claves de la ley. Aunque estaba previsto inicialmente, el Gobierno dio marcha atrás en el último momento, presionado por el propio poder judicial, y sacó de la norma la nulidad de los juicios franquistas. El texto final solo tipifica la entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución y violencia durante el conflicto y la posterior dictadura.
Ya se han aprobado 210, entre ellas la que se entregó de forma especialmente simbólica, el pasado octubre en México, a la nieta de Lluís Companys. Este caso, precisamente, ejemplifica la raíz del problema. Tanto la nieta como el Gobierno catalán insisten en reclamar la anulación del juicio que sentenció, por motivaciones políticas y sin garantías procesales, al entonces president de la Generalitat a morir fusilado. El Ejecutivo español respeta y comparte la demanda, pero asegura que ha llegado hasta donde la ley le permitía, y que todo queda ahora en manos ahora de la fiscalía y, en última instancia, del Tribunal Supremo. Es decir, la última palabra sigue, como hace dos años, en el tejado del poder judicial.
Para luchar contra esta situación, ICV ha solicitado en diferentes ocasiones, la última en una moción presentada conjuntamente con ERC e IU en el Congreso, la creación de una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a los damnificados. El diputado ecosocialista Joan Herrera ha solicitado, incluso, el nombramiento de un Alto Comisionado del Gobierno que vele por el cumplimiento de la ley ante los obstáculos que se está encontrando.
LA SIMBOLOGÍA
El «valor artístico» de homenajear a Franco
La retirada de símbolos franquistas sí está incluida en la ley, pero avanza a cuentagotas. El Ejecutivo ha elaborado un catálogo de vestigios localizados en edificios públicos del Estado y ha creado una comisión técnica de expertos encargada de valorar y establecer cada caso, ya que la norma otorga al Ministerio de Cultura la potestad de decidir la retirada o no de los diferentes elementos.
El ministerio analiza más de 400 símbolos, de los que cerca de 300 pertenecen a Defensa. A la espera de conocer la lista de objetos sentenciados, ya ha trascendido que algunos han logrado esquivar la ley en virtud de su «valor artístico», como la gran placa de mármol que corona la fachada de la sede del Ejército del Aire, en Madrid, con una inscripción de inequívoco homenaje al dictador: «Francisco Franco, caudillo de España». Su inclusión en el catálogo artístico municipal la ha salvado de la quema.
En el Alcázar de Toledo se ha buscado una solución intermedia y se reconvertirá en museo del Ejército, restringiendo la visita de las criptas de los militares sepultados a sus familiares, y eliminando la falsa recreación del despacho del general Moscardó. Mucho más complicada está siendo la retirada de símbolos dependientes de instituciones y propietarios privados, por lo que ICV, ERC y el PNV han reclamado, sin éxito, que se les presione retirándoles las subvenciones públicas que reciben. El futuro del Valle de los Caídos sigue sin resolverse y sólo se ha avanzado en el compromiso del Gobierno de elaborar en seis meses un censo de las personas allí enterradas.
LAS EXHUMACIONES
Garzón, Lorca y un mapa sin consenso
El acuerdo sobre el Valle de los Caídos incluye, a propuesta de IU e ICV, que el Ejecutivo facilite recursos para las correspondientes exhumaciones y el traslado de los restos a las localidades de origen de las víctimas. Unas ayudas económicas que la ley no contempla para el resto de fosas diseminadas por el país, a diferencia de la norma aprobada al respecto en Catalunya, y pionera en España. De hecho, este apartado es el menos desarrollado hasta ahora de la ley y ni siquiera se ha conseguido elaborar el preceptivo mapa de fosas estatal, primer paso para establecer un protocolo uniforme de exhumaciones. También resta pendiente la creación de un censo que recuerde las obras realizadas por los batallones de prisioneros de guerra.
El Gobierno asegura haber intensificado los contactos con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsables también de la elaboración del mapa. Pero conseguir una solución de consenso en un tema aún tan sensible es casi imposible, tal y como evidenció la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de liderar una causa general contra el franquismo que incluía la orden de abrir las fosas de la guerra civil. Una iniciativa que resultó más mediática que efectiva y acabó con el propio juez ante los tribunales. La simbólica apertura de la fosa donde se cree que está enterrado Federico García Lorca, se ha convertido también en un drama, ante las trabas de la Audiencia Nacional y de la propia familia del poeta.
Por ello, los grupos políticos que reclaman al Ejecutivo un nuevo impulso a la ley, le instan a que lidere la creación del mapa, además de aumentar las ayudas para exhumaciones a las numerosas asociaciones de la memoria histórica.
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