Me enteré del nuevo libro del historiador Francisco Espinosa Maestre, Callar al mensajero (Península), al leer el otro día el blog Dignidad y Memoria. El resumen del libro, escrito por los autores del blog, me hizo pensar en una película documental que había visto, y lo comenté. Un día después me quedé sorprendida al encontrar que Francisco Espinosa había respondido directamente en el post que había comentado. Así son los blogs, y por eso me encantan. Fue un placer leer un comentario de este autor, a quien conozco por el libro Contra el olvido. Historia y memoria de la Guerra Civil (Crítica, 2006), un estudio importantísimo para entender la trayectoria de la memoria histórica en España. He agregado su nuevo libro a mi lista de lectura, porque promete ser otra aportación valiosa, esta vez con un enfoque en lo jurídico y en la historia oral.
Según la sinopsis del libro en la web de la editorial, el libro presenta "Doce casos concretos de represión detallados y analizados a la luz de la situación jurídica actual." Memoria Libertaria va un poco más allá y explica que el libro examina, en parte, casos de personas que "contaron lo ocurrido con nombres y apellidos" -- o sea, nombraron a los asesinos -- y fueron denunciadas por ello:
Fernando Ruiz Vergara y su documental Rocío, que ofreció las claves de la represión en Almonte (Huelva); Isidoro Sánchez Baena, envuelto en la vorágine judicial por dar el nombre de un asesino de Luque (Córdoba); José Casado Montado, por contar por escrito historias de San Fernando (Cádiz) que todos conocían; Fabien Garrido, al que un juez cerró una página Web que recogía la memoria de su padre por mencionar el papel jugado en la represión por cierto alcalde de O Grove (Pontevedra); Marta Capín, cuyo relato de la matanza de Valdediós llevó a la familia de un médico implicado a ponerle una demanda; Santiago Macías, a quien dos de las historias narradas en Las fosas de Franco han llevado a los tribunales; Dionisio Pereira, al que la familia de otro ex alcalde franquista ha intentado tapar la boca y con él a quienes le contaron viejas historias de Cerdedo (Pontevedra), y Alfredo Grimaldos, denunciado por la familia Rosón, ya experta en esto de llevar ante la justicia a quienes los relacionen con la represión fascista en Galicia.Para completar el panorama se estudian cuatro casos más. La historia de Violeta Friedman y su lucha contra el nazi belga afincado en España León Degrelle, una buena muestra de que la misma Justicia que amparaba el honor de los franquistas frente a la libertad de información podía perfectamente amparar el honor de una judía frente a la libertad de expresión de un nazi. O la historia del documental Sumarísimo 477, de Dolors Genovés, envuelta en un larguísimo proceso por sacar en pantalla los nombres y las palabras de los fascistas catalanes que intervinieron en el consejo de guerra contra Manuel Carrasco i Formiguera, dirigente catalán, republicano y católico. También un caso que no pudo ser y que muestra las dificultades que los vencidos tienen para acogerse al derecho al honor: la historia del intento frustrado de los familiares de Amparo Barayón, esposa de Ramón J. Sender, asesinada en Zamora en 1936, por restablecer su honor tras ser calumniada en la prensa zamorana por alguien que buscó vengarse del libro Muerte en Zamora, escrito por Ramón Sender Barayón muchos años antes. Finalmente se expone una historia que muestra los excesos a los que ha conducido en ocasiones el boom de la memoria. En este caso fueron una periodista y un viejo falangista los que fraguaron otra calumnia: acusar a un inocente, Antonio Martínez Borrego, de ser el delator que provocó una importante redada en 1948.
No puedo comentar el libro de Espinosa Maestre sin haberlo echado un vistazo en persona. Pero el resumen de arriba me ha hecho pensar en estos casos: 1) los "escraches" en la Argentina, un término definido en Wikipedia como "el nombre dado en el Río de la Plata, principalmente Buenos Aires y Montevideo, a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar por diferentes motivos, de modo que se hagan conocidos a la opinión pública" y 2) la persecución de criminales nazis, por ejemplo en el caso bien conocido de John Demnanjuk, el ex-guardia de la SS, de 89 años. Los "escraches" se han empleado para avisarle al público de criminales asociados con la dictadura militar argentina -- por ejemplo, para señalar dónde está viviendo y de qué le acusan. Demnanjuk ha estado al centro de un debate, por lo menos en el noroeste de Ohio, de donde soy yo (y donde se había ido a vivir este señor): por un lado, hay los que apoyan que le juzguen por fin en un tribunal, y por otro lado, hay los que dicen que se debe dejarlo en paz, por ser un anciano enfermo, y por haber pasado tantos años desde los presuntos delitos. Su familia insiste en que no participó de lo que le acusan.
Desconozco, en los dos casos, si ha habido también personas que han defendido los derechos de los acusados (por ejemplo, si en algún momento se ha hablado de la difamación personal o familiar). Pero los dos casos hacen surgir esta pregunta, creo: ¿Dónde está la línea entre encontrar justicia para las violaciones graves contra derechos humanos y proteger el derecho a la privacidad y, lo que es tal vez más importante, el derecho a llevar el caso al juicio para que sea juzgado legalmente y en un tribunal democrático? ¿Qué pasa si es imposible llevarlo al juicio como resultado del paso del tiempo, y de la muerte de los asesinos? Por eso, a mi parecer, era tan devastador todo lo que pasó -- o no pasó -- con respecto al auto de Garzón. Habría significado mucho para reparar, hasta simbólicamente, a las víctimas y sus familias.
¿Por qué el enfoque cae en lo que han sufrido los denunciados en vez de en las víctimas verdaderas? ¿Tenemos un deber de considerar también los derechos de los que son descendientes de nazis, franquistas, pinochetistas, etc., que no tuvieron nada que ver con las decisiones de sus padres o abuelos? Si nunca ha habido ocasión para juzgar, por ejemplo, a militares que firmaron penas de muerte o participaron en la detención, el secuestro, la tortura y el asesinato, entonces es de esperar que va a haber algunos (víctimas, o tal vez, más comunmente, descendientes de víctimas) que desean retomar la cuestión de la justicia y nombrar públicamente a los presuntos autores del crimen. Es sintomático de un país que no ha tenido -- ni probablemente va a tener -- una comisión para la Verdad y la Reconciliación.
Recuerdo una escena de un documental que vi hace poco: un hombre le está dando al director su testimonio sobre quienes mataron a un grupo de hombres en un pueblo de Andalucía en los años 40. Pero el director, en vez de dejar que se nos revelen esos nombres, se inserta en el testimonio, callando la voz del anciando, y usando voz en off, y explica que el propósito de su documental no es ese. El director no oculta el deseo del superviviente de ofrecerle los nombres de asesinos, pero deja que los espectadores consideremos cuáles son los motivos tras la película, y nos enseña su consciencia sobre las cuestiones éticas que pueden surgir en situaciones así.
Está claro que no tengo entrenamiento jurídico, ni mucho menos (ni siquiera estoy segura si decir "crimen" o "delito" en estos casos!); mis preguntas les pueden parecer muy ingenuas o inconsecuentes para los que sí son investigadores de estos temas. De momento, habrá que esperar leer Callar al mensajero, y ver cómo aborda los asuntos de arriba. También me interesa explorar cómo han cambiado o no las cosas desde los años 80 (cuando fue publicado el libro de Ramón Sender Barayón que cita el historiador -- otro en mi lista de lectura para el verano que aún no he terminado).
Aquí tenéis la entrevista con Francisco Espinosa Maestre, junto con un enlace a otro artículo sobre el libro.
Encontrado en: Kaos en la red
Entrevista al historiador Espinosa Maestre: "La justicia se ha quitado la careta con Garzón"
El autor de ‘Callar al mensajero' cree que el "núcleo conservador" de la justicia frena cualquier intento de deslegitimar el franquismo
Ángel Munárriz
Tras reconstruir en sus obras el avance del bando nacional y la represión en Huelva, Sevilla y Badajoz, el historiador Francisco Espinosa lleva a las librerías Callar al mensajero (Península), donde documenta 12 casos de víctimas del franquismo, testigos, documentalistas o historiadores cuyas voces fueron silenciadas en plena democracia, en ocasiones con la complicidad del Estado.
¿Sigue habiendo tabúes sobre la represión?
Sí, pero se han roto muchos. Ya desde ante del inicio del movimiento de memoria, hubo desde los 80 varias investigaciones importantísimas, porque constituían el acta de desaparición del abuelo, el padre...
¿Garzón quiso entrar en un jardín prohibido?
Es evidente. Pero su intento tiene un mérito: puso en términos jurídicos lo que estaba dicho en palabras de historia sobre lo ocurrido tras el 18 de julio. La justicia se ha quitado la careta, como cada vez que ha hecho falta. Ya lo hizo con Ruiz Vergara [autor de la película Rocío, censurada por el Supremo en el 84]. Entonces era abiertamente franquista. Ahora, aunque disimulado, tiene un núcleo conservador.
¿Hay miedo en la derecha a deslegitimar el franquismo?
La derecha española no puede ser como la alemana porque tiene conciencia de ganadora. A diferencia de Alemania, Italia o Austria, en España el fascismo ganó y se perpetuó, controlando la transición mediante el ejército. Aquí se ha logrado evitar que Garzón demostrase la criminalidad del franquismo con la lógica jurídica.
¿Cree que no hubo un cambio democrático real?
¿Cuándo? Franco murió en el 75. ¿Fue entonces, o en el 78? ¿Fue con la Constitución, con el harakiri de las Cortes? No hay punto de cambio. La gente se quita la camisa azul, se pone la otra y se presenta como demócrata de toda la vida.
¿Lo atribuye al vínculo familiar de la clase política con el franquismo?
Pero eso pasa a todos los niveles, y mientras a un nivel más alto te muevas, más. ¿Quién estudiaba en España? La mayoría era de familia burguesa, es de cajón. Mira la judicatura. La mayoría, incluso de los que hemos investigado la represión, somos de familias de derechas. Incluso los jueces progresistas lo son. Se puede saltar ese condicionante.
¿Ha hecho mella en la percepción de la historia el repunte del revisionismo?
No sé dónde hubiera llegado si el PP gana en 2004, porque tras los primeros síntomas a finales de los 90, en 2000 se quitaron la careta con una recuperación del franquismo y una crítica absoluta de la experiencia democrática republicana, sirviéndose de propagandistas como Pío Moa o César Vidal.
¿Qué supondría una sentencia en Estrasburgo favorable a la familia de Luis Dorado Luque?
Sería muy importante y abriría nuevas puertas. Es algo que se puede conseguir en cualquier momento, o también que no se consiga nunca. Pasa como con la inhibición de Garzón, que a mí me parece fatal, pero que puede hacer que hayas jueces que abran otras vías.
¿Qué suscita su interés por las voces acalladas, recogido en Callar al mensajero?
Es algo que conocemos de sobra los investigadores. Recuerdo el impacto que produjo la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara. La pantalla se quedaba en negro varias veces por una sentencia de 1984 Supremo que obligaba a suprimir las partes en que se identificaba a José María Reales, con nombres y apellidos, como el principal represor en Almonte. En cuanto empezó a circular, su familia, de terratenientes, lo cortó.
La película se exhibió otra vez en Huelva en 2005.
Pero no íntegra. Le hacíamos un homenaje a Ruiz Vergara, que traía las dos versiones: la original y la otra. La hermandad del Rocío y el Partido Andalucista empezaron a movilizarse en contra. Los medios le ponían el micrófono a la familia Reales, clientes de El Monte, en cuya sala se iba a exhibir la película.
Usted tuvo problemas para presentar La justicia de Queipo en Sevilla. ¿Hubo ocultación?
Hubo un deseo de no presentarlo. Fue un libro que hice con materiales del archivo militar, abierto en el 97. Los pocos historiadores que entramos vimos que lo que había era impresionante. Por entonces, el archivo no ponía trabas de acceso, algo impensable. Cuando lo leíamos entonces, pensábamos: Esto nunca va a salir. Al final busqué una imprenta y lo edité yo mismo. Para presentarlo, contacté con la Casa de la Provincia [Diputación]. Primero parecía que sí, pero al final lo leerían y no les haría gracia, supongo. Empezaron a darme largas. Y no se presentó. En 2006 lo recuperó Crítica.
¿Existe suficiente libertad de acceso a los archivos?
Se ha abierto mucho, pero falta una política archivística racional. Cuando incorporaron archivos militares a la estructura civil, permitieron que los siguieran controlando los militares. Sigues dependiendo de ellos.
¿La Iglesia ha aportado su información disponible?
Por la Ley de Patrimonio Documental, debería. Pero hay un problema: la documentación la controlan y catalogan ellos, y no personal del Cuerpo de Archiveros del Estado, que para eso está. De la otra forma, cuando hay un papel delicado, lo ponen en la caja B. O lo pueden quemar perfectamente.
Queda poco para que desaparezca la generación que vivió la guerra. ¿Qué supone eso para España?
Es una pérdida de memoria absoluta. La actitud del poder durante los años 80 y 90 ha sido fundamental para tapar su testimonio. Había mucha gente que tenía escritas memorias, pero las tiraron al ver que el tema no interesaba. Da la impresión de que la Ley de Memoria Histórica se hizo para cerrar el tema. No se tocaron los aspectos básicos, como que el Estado asuma las exhumaciones.
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