Modificar la Ley de Memoria Histórica

No es una noticia tan impactante como la de que el Gobierno no asumirá las exhumaciones de las fosas, pero hubo otro intento de modificar la Ley de Memoria Histórica esta semana pasada. Esta vez la petición venía de los "populares." Maria Jesús Sainz, senadora "popular" de A Coruña, había propuesto que todos los descendientes de emigrantes españoles accedieran la nacionalidad española. Según la senadora, el lenguaje inscrito en el apartado de la ley de memoria (denominada la "Ley de Nietos") discriminaba políticamente en contra de otros hijos y nietos de emigrantes españoles. Ayer, el Senado ha rechazado su petición de revisar la Ley (leer artículo aquí).

Para mí está claro que Sainz vio una oportunidad de ganar más apoyo político al extranjero. Aunque haya ganado su partido estas últimas elecciones en Galicia, ha sido el PSOE que ha ganado el voto exterior gallego. Puede que me equivoque, pero me parece que, hasta el momento, la mayoría de las quejas frente a la lay ha venido de la izquierda ideológica (este es tema para otro post). ¡Es de notar, en el caso de Sainz, que su partido ni siquiera votara a favor de la Ley (es verdad que el PP sí había votado a favor de ciertos artículos)! Entonces, ¿no será un poco absurdo que proponga una moción para modificarla, especialmente con un detalle como el que cita?

Sin duda la Ley de Memoria tiene muchos defectos. Será interesante ver cómo se evoluciona, y si en algún momento habrá cambios notables. La cuestión es quién corregirá los errores, y si es que sí, ¿cuándo? El hecho de que el Gobierno no va a asumir las exhumaciones parece ser mala señal.

¿Qué significaría depender del Estado en lo que se refiere a las exhumaciones? Desde mi perspectiva en España se puede hablar del movimiento (creo que a estas alturas se puede llamar así) de la recuperación de la memoria histórica como una labor principalmente "grassroots," la cual sólo dentro de los últimos años ha podido contar -- y sólo hasta cierto punto -- con el apoyo estatal. Decir que la labor de la memoria es "grassroots" significa que se ha iniciado desde la fuente, o desde la iniciativa que han tomado los individuos y comunidades afectados. Es decir, el estado de la memoria en España hoy se debe mucho, si no todo, al esfuerzo de familiares valientes que han decidido hablar públicamente, buscar a sus seres queridos, asistir a manifestaciones, firmar peticiones, revisar los archivos, etc. Por supuesto también hay que reconocer a los historiadores, antropólogos forenses, profesores, escritores, blogueros y demás que han ayudado a difundir el tema, cuando parecía que no había quien lo quisiera tratar.

He intentado pensar en una buena traducción para "grassroots" (lit. "raíces de la hierba") pero lo único que encuentro en el diccionario español-inglés es "las bases," algo que para mí sencillamente no sugiere lo mismo que su compañero inglés. En inglés "grassroots" lo dice todo: algo que crece de la tierra, pero que sigue con las raíces firmemente plantadas bajo el suelo. Simboliza un contacto físico, elemental, desde cerca y desde el origen. Lejos, en otras palabras, de grandes empresas, políticos corruptos, la burocracia, y el papeleo.

Es importante entender y enfatizar el papel de la participación civil en el proceso de la recuperación de la memoria histórica, pero al mismo tiempo, se debe considerar lo que implica del estado democrático tal participación. Es decir, ¿qué dice de la democracia española que la labor de las exhumaciones la tienen que asumir organizaciones como la ARMH e incluso otros grupos menos conocidos, o que dichas organizaciones siguen teniendo que depender de voluntarios? ¿O que se tiene que parar una exhumación por una falta de fondos?

El PSOE apuntó la semana pasada en su rechazo que "el Ministerio de Presidencia ha entregado casi diez millones de euros para 'proyectos y actividades relacionados con las víctimas' (ver artículo en Público). ¿Es una cuestión de dinero, entonces, o algo más? Estas dos primeras oraciones del artículo citado antes lo explican en estos términos: "El Gobierno no está dispuesto a organizar y costear de manera directa y rápida la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes. Tampoco está por la labor de compensar económicamente a las familias republicanas a las que Franco expolió sus ahorros." ¿Piensa el Gobierno que ya hizo lo suficiente al proponer y aprobar la Ley? Parecería que sí.

Sigue habiendo tensión entre la memoria personal o privada y la colectiva porque el Estado no ha delineado bien su papel. El preámbulo de la ley dice: "No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática. . ." Como si respondiera directamente a estas líneas, Georgina Blakeley, autora de un análisis reciente de la ley, explica, "While a state guarantee of the individual right to private memory is unnecessary, a state guarantee of the collective right to public memory is" (16). Está bien que la Ley mencione la importancia de la memoria privada o familiar, pero estoy de acuerdo con Blakeley en que la ley parece seguir negándose a entender la memoria como un asunto colectivo, que es lo que más hace falta todavía.

¿Por qué reconocer el trauma de la guerra civil y el franquismo tiene que ser equivalente a "implantar una determinada memoria"? La memoria colectiva no significa que todos tengan la misma memoria del pasado, sino que, como explica Jo Labanyi, "the shared (and contested) understandings of the past that comprise it do connect individuals with the past, and are transmitted across generations in the same way that private memories are" (121-22). Y, hablando de generaciones, cuando se trasmita la trayectoria de la memoria histórica en España, ¿qué podrá decirse del papel de este gobierno democrático? Esta es una pregunta importante para una democracia joven. Ha sido un logro importante establecer la ley 52/2007. Pero esta ley, y todo lo que representa, tiene mucho que perder o ganar, ya que, de acuerdo a Blakeley, tiene la capacidad de mejorar la imagen del Estado desde la perspectiva de su pueblo: "the Law of Historical Memory is perhaps at its most useful in aiding the State to restore its own reputation as a faithful representative of the people" (16).