"Aunque fuese en inglés" - Otra vez, Garzón

Hoy, en una columna titulada "La transición," el escritor y periodista gallego Manuel Rivas ha escrito sobre el auto de Garzón y la manera en que ciertos "padres y guías predilectos de la Santísima Transición. . .ahora amonestan a diario a aquellos que no se atienen al programa." Rivas concluye su breve editorial diciendo que "el auto de Garzón claro que tiene un sentido simbólico, además de su valor jurídico. Salva a la Justicia. Debería acompañar a la Constitución como anexo. Y los profesores de ética, divulgarlo en la escuela. Aunque fuese en inglés." Aunque fuese en inglés. Con esta frase Rivas sugiere que no vaya a ser BG que determine la resolución del auto, sino que puede ser alguien que, como dice el profesor e historiador Julián Casanova, sea "un juez de fuera" (ver "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera").

Confío en la opinión de Casanova (ver foto abajo, de www.publico.es), y es obvio que otros también, porque el profesor ha sido elegido para participar en el comité oficial del juez. Tuve la fortuna de escuchar a Casanova pronunciar un discurso en persona en un congreso al que asistí sobre la GCE, pero antes lo había leído con gran interés, tanto en sus columnas en El País, como en sus libros sobre la contienda. Hoy, Público.es publica una entrevista bastante extensa con él; aquí me gustaría comentar un poco la idea que cita allí - la de que los crímenes franquistas se tendrán que juzgar desde fuera, en vez de desde dentro de España.

Hace poco cité en este blog a Paul Ricoeur (ver post del 1 de noviembre) y su comentario de que hace falta una "tercera persona" para mediar entre la dicotomía víctima-verdugo. Por supuesto Ricoeur no se refiere a España. El auto del juez BG no se piensa para juzgar a criminales franquistas (o sea, castigarlos). No se está hablando de una época de historia reciente: los mencionados en el auto ya fallecieron hace muchos años. Pero puede ser útil la idea de Ricoeur si se consideran 2 puntos: 1) la participación anterior del juez en el caso Pinochet y 2) los intentos repetidos (y según parece, fracasados) de ocuparse del pasado franquista en España por medio de la Ley de Memoria u otros actos simbólicos de reparación.

Tiñe de otro color la situación actual de BG si se recuerda la forma en que mediaba en el caso Pinochet. Por cierto había muchas críticas de Garzón en aquel entonces - se preguntaba que por qué había que tener el pueblo chileno a un juez exterior (y sobre todo, uno de España) metido en un asunto nacional. Pero también había los que aplaudieron la aplicación de la justicia universal, o sea, la noción de que el caso constituía un asunto internacional por haber sido cometidos crímenes contra la Humanidad. Aunque falleció Pinochet antes de que pudiera ser juzgado (como casi todos los ex-dictadores de la historia), su detención en Londres en 1998 marcó, sin duda, un momento decisivo en la trayectoria del caso.

Es curioso pensar que, mientras que antes BG era el "juez de fuera," ahora es posible que necesite el mismo tipo de "intervención." Según Casanova, si no es BG, será otro juez, porque "el proceso ya es imparable." Hay los que ven el auto del juez como síntoma de los fracasos de la Ley de Memoria. Es decir, la justicia ha tenido que actuar donde la política no ha podido o querido. Como comenta Emilio Silva, "la ley de la Memoria del Gobierno no se ha responsabilizado de las exhumaciones y las familias han tenido que buscar otra vía para que el Estado se responsabilice" (de "La ARMH recurrirá el acuerdo...," de Europa Press, citado en www.memoriahistorica.org). Pero tal vez tampoco sea una cuestión del Estado español. Tal vez el auto tenga que escribirse desde fuera. Porque de momento parece como si la discusión sobre la competencia del juez se estuviera apoderando de la de las exhumaciones de las fosas comunes, de las víctimas y sus descendientes.

La ONU recomienda abolir la Ley de Amnistía de 1977

Desde que se anunció el auto del juez Garzón, ha vuelto a surgir el espectro de la Ley de Amnistía de 1977. Como explica un artículo del sitio web de la ARMH, "La Ley de Amnistía de octubre de 1977 ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contra el sumario que ha iniciado el juez Baltasar Garzón para llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos por la dictadura franquista." En otro momento comentaré esta "guerra abierta" entre Garzón y Zaragoza (ver "Guerra abierta entre Garzón y el fiscal. . ."), dos hombres que aparentemente, eran amigos desde hacía más de 20 años, pero cuya amistad se ha roto tras la causa del franquismo que Garzón ha planteado. Cuando leí el artículo citado, mi primera reacción fue preocuparme por la posibilidad de que se borrara un tema tan serio como el de las desapariciones y las exhumaciones, y se reemplazara con un circo mediático al nivel de lo que vemos tan frecuentemente en Estados Unidos con la gente célebre. Dicho de otra manera, el drama personal en torno al juez y su "competencia" jamás debe ocupar más atención que la cuestión de las fosas comunes y de los desaparecidos.

No pretendo ser especialista en temas jurídicos, especialmente en los de España. Sin embargo, por lo que he podido averiguar por mis propias investigaciones, el argumento de los que apoyan al juez es que la Ley de Amnistía quedaría - o debería quedarse - inválida porque el auto del juez trata de violaciones graves de derechos humanos. No se puede mantener que la ley de prescripciones se aplique aquí, en una cuestión que concierne los crímenes contra la Humanidad citados por BG. Según el informe de la ONU (hacer clic en "Press Briefing Notes y luego en el 31 de octubre):

The committee expressed concerns regarding disappearances and the fact that the amnesty law of 1977 remained in force. The committee reminded the state party that grave violations of human rights was in contradiction to the provisions of the Covenant. It recommended that Spain abolish the amnesty law of 1977 and establish measures to guarantee the non-applicability of statutory limitations of crimes against humanity by the national jurisdiction. Also, a fact-finding commission should be established and the families should be allowed to identify and exhume the bodies of the victims.

Para los que declaran la "incompetencia" del juez Garzón, como el fiscal Zaragoza, parece existir no sólo la preocupación de que se esté poniendo a prueba la Ley de 1977, sino que, como resultado, también se pueda juzgar simbólicamente a los "padres funadadores" de la Transición, o el proceso de la Transición en sí. La vieja imagen de una transición modélica y armónica ya no es una historia aceptada por todo el mundo. De hecho, en la actualidad -- y especialmente cuando surge el tema de la memoria histórica - se siguen des-construyendo estos mitos de la Transición. El llamado "pacto del olvido" tal vez era políticamente necesario en su época, pero es en gran parte gracias a él que se tuvo que aprobar una Ley de Memoria en primer lugar. Y es gracias a él que, unos 33 años desde la muerte de Franco aún se está hablando de excavar fosas, de desaparecidos, y de la memoria de las víctimas y sus descendientes. No se puede hablar de "reabrir viejas heridas" (como suele hacer el PP) cuando tales heridas nunca se han cicatrizado, sólo se han tapado - y malamente - por políticos que determinaron a quienes serían juzgados y a quienes, no. En un editorial del lunes 27 de octubre, la escritora Almudena Grandes escribió de la memoria de la Transición como un conflicto entre dos generaciones:

Los hijos de los combatientes de la Guerra Civil defienden la transición, que fue su obsesión colectiva y el gran tema de su generación. [. . .] La reivindicación de la herencia republicana, la defensa de su legitimidad, la ruptura de cualquier vínculo con la dictadura y la denuncia de las deficiencias morales de un proceso que nos desembarcó en la democracia sin debate ni análisis alguno -- carencias que permiten hoy al fiscal Zaragoza tipificar la ley de fugas, por ejemplo, como delito común -, no representan ataques a la transición, sino un intento de completar lo que hace 30 años se debió, y no se pudo, hacer. Son, además, la obsesión colectiva y el gran tema de mi generación.

Me parece significativo el hecho de que haya sido la ONU que ha recomendado la derrogación de la Ley de 1977 (un aparte: en el sitio de la COPE preguntan, "¿Y quién es la ONU para recomendar tal cosa, dicho sea con todos los respetos?"). Abolir la Ley de Amnistía seguramente causaría una gran polémica en la sociedad española y dudo de que ocurra pronto. Pero examinar y cuestionar cuidadosamente los orígenes de esta ley, y cómo se utiliza hasta el día de hoy para justificar no hablar del pasado, por lo menos significa que va a ser más y más difícil que ciertos personajes sigan alimentándose del mito de que eran los "autores" de la Transición, y que digan que el proyecto salió por el bien de todos. Al fin y al cabo, ¿qué tuvieron que sufrir ellos? Las víctimas del franquismo primero se tuvieron que callar por la dictadura, y luego por lo que pasó después.

Según un artículo en Público.es, se pide en el informe de la ONU que "una comisión de expertos independientes establezca la verdad histórica." España nunca ha tenido una "comisión de la verdad y reconciliación" como ha tenido la Argentina, por ejemplo. Que se pide la creación de un organismo semejante no es de poca importancia. En su libro Reflections on the Just, Paul Ricoeur teoriza sobre la necesidad de una "tercera figura" que media entre dos perspectivas disonantes:

No one is authorized to do justice for himself. This is why we speak of a rule of justice. And it is in order to obtain such a distance that a third person, a third party, is required between the offender and his victim, between the crime and its punishment - a third person as the guarantee of a just distance between the two actions and the two agents. The establishing of this distance requires the transition between justice as a virtue and justice as an institution. (224)

Desde mi perspectiva, me alegra saber de las declaraciones de la ONU. Si las leyes de derechos humanos tienen un alcance internacional, y de lo que se está hablando en el caso de España son violaciones contra derechos humanos, entonces ¿de verdad tuvo una asamblea legislativa nacional de 1977 el derecho a hablar y actuar por los que sufrieron durante la GCE y el franquismo? Cuando se trata de un asunto de derechos humanos, ¿se rinde el derecho a recurrir a la ley de prescripciones? Es decir, cuando de lo que se está hablando son violaciones graves contra la Humanidad, tal y como ha explicado el juez, ¿se puede recurrir a una ley aprobada en 1977 para explicar que BG no está en su derecho? Ya se ha criticado la aplicación de la Ley de Memoria, aprobada hace un año. Quizá se debe entender el involucramiento del juez Garzón en la cuestión de las víctimas de la GCE y el franquismo como síntoma de los fracasos de esta ley. Como nos recuerda Ricoeur, los jueces "give flesh to justice. They are the mouthpiece of justice" (226).

Termino este post con un breve reportaje de Iñaki Gabilondo sobre BG, el cual de momento se está recuperando de una cirujía, así que habrá que esperar un poco a saber más sobre esta situación...