Críticas de la Ley de Memoria Histórica

Ayer comenté la posibilidad de que se desclasifiquen los archivos militares de la guerra civil. Hoy un editorial de El País también subraya los beneficios de hacer públicos estos documentos. Pero tampoco menciona específicamente quién tendría acceso. Seguramente, para proteger y conservar los documentos existentes, habría que considerar bien las condiciones en las que se podrían consultar. Aún así, sigo sin saber si la propuesta de Chacón sólo se refiere a especialistas, o también a otra gente "común y corriente."

Hace casi un año que se aprobó la ley conocida como la "Ley de Memoria Histórica." Siempre ha habido críticas de la ley: por parte de la derecha, que la ve como un intento de reabrir heridas, y por parte de la izquierda que reclama todo lo que no incluya la ley y sus artículos. Hace una semana, varios representantes de la Izquierda Unida (IU) -- que típicamente ha sido aliada de ZP -- se quejaron de que la ley estuviera "prácticamente en vía muerta" ya que aún no se ha desarrollado como se tendría que haber hecho. La IU también desea saber si la fundación del Valle de los Caídos ha hecho los cambios necesarios para cumplir con la ley. Pero no son solamente los partidos políticos los que cuestionan la aprobación de la ley. Según explica un artículo, los guerrilleros antifascistas - los maquis - también han protestado porque la ley no hace lo suficiente para condenar y anular los juicios franquistas:

El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. El colectivo señala que no puede aceptar "un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados Países Europeos del Eje".

El día 16 de julio de 2008 los guerrilleros mantuvieron una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hizo en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se mantuvo un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. El colectivo espera ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.

Aunque sea verdad que la ley es un gran paso hacia delante para España, está claro que no es perfecta, ni será suficiente nunca para todos los que sufrieron tanto durante y después de la guerra, o sea en España o en el exilio. Siempre hay un gran trecho entre lo dicho y lo hecho. Y si la ley es una red burocrática cuyos artículos no se ponen en práctica, no vale nada.

Abriendo los archivos secretos

En EE.UU., pasados 25 años, se permite que cualquier persona tenga acceso a los documentos oficiales del Estado, tales como los de la CIA. Muchos ya se han subido al internet. En España, esto no ha sido posible hasta ahora. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha propuesto recientemente que se desclasifiquen los documentos de la guerra civil y la represión. Un artículo de ayer, "La mala memoria histórica militar" (El País), se enfoca en las dificultades que enfrentan los investigadores de la GCE al intentar acceder los archivos pertinentes para su estudio.

Me parece muy bien que se desclasifquen materiales que incluyen, según el artículo, fotos, banderas, carteles y otros objetos más allá de expedientes militares. Pero creo que el artículo - o mejor, la propuesta de Chacón - tiende a enfocar el asunto en el trabajo de investigadores, en vez de considerar a otras personas que tal vez tienen más "derecho" de poder ver los contenidos de los archivos.

¿Representan los archivos sólo la memoria de historiadores, o pertenecen los documentos al pueblo español? ¿Cuáles implicaciones puede haber si cualquier persona puede ser detective del pasado, no sólo los especialistas?

Como menciona el artículo, no sería solamente una cuestión de abrir y desclasificar. Ni siquiera se ha empezado a catalogar lo que hay. Geográficamente, los archivos yacen, como las fosas comunes, por toda España.