En EE.UU., pasados 25 años, se permite que cualquier persona tenga acceso a los documentos oficiales del Estado, tales como los de la CIA. Muchos ya se han subido al internet. En España, esto no ha sido posible hasta ahora. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha propuesto recientemente que se desclasifiquen los documentos de la guerra civil y la represión. Un artículo de ayer, "La mala memoria histórica militar" (El País), se enfoca en las dificultades que enfrentan los investigadores de la GCE al intentar acceder los archivos pertinentes para su estudio.
Me parece muy bien que se desclasifquen materiales que incluyen, según el artículo, fotos, banderas, carteles y otros objetos más allá de expedientes militares. Pero creo que el artículo - o mejor, la propuesta de Chacón - tiende a enfocar el asunto en el trabajo de investigadores, en vez de considerar a otras personas que tal vez tienen más "derecho" de poder ver los contenidos de los archivos.
¿Representan los archivos sólo la memoria de historiadores, o pertenecen los documentos al pueblo español? ¿Cuáles implicaciones puede haber si cualquier persona puede ser detective del pasado, no sólo los especialistas?
Como menciona el artículo, no sería solamente una cuestión de abrir y desclasificar. Ni siquiera se ha empezado a catalogar lo que hay. Geográficamente, los archivos yacen, como las fosas comunes, por toda España.
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