De: La Voz de Asturias Garzón podría ir a juicio por investigar crímenes franquistas
El instructor del Supremo afirma que incumplió la ley de memoria histórica.
05/02/2010 MARGARITA BATALLA
El magistrado Baltasar Garzón se halla a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes de la dictadura franquista. El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela afirmó ayer que su colega prevaricó cuando decidió abrir un proceso penal para que la exhumación de las fosas de los desaparecidos durante ese periodo corriera a cargo del Estado y no de los familiares, como estableció la ley de memoria histórica, aprobada en el 2007. También le acusa de incumplir la ley de amnistía de 1977, pues sostiene que dichos crímenes han prescritos y están amnistiados.
No obstante, en el auto Varela lanza la piedra y esconde la mano, ya que pasa la pelota a sus colegas de la sala penal al posponer su decisión de abrir juicio contra Garzón hasta que los magistrados que admitieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional ratifiquen su decisión de negarse a archivar la causa que fomentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias y a la que se sumó la Falange.
Garzón conservará su plaza en la Audiencia hasta que la decisión sea firme. Llegado ese momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría acordar su suspensión de la carrera judicial hasta que el TS dictara sentencia. El magistrado se enfrentaría entonces a una pena de inhabilitación que puede alcanzar los 20 años de duración.
Varela aprovecha su resolución para saldar cuentas con Garzón por haber atendido las peticiones de los familiares de las víctimas del franquismo que le solicitaron que localizara a sus allegados desaparecidos y que esta labor fuera costeada además por el Estado y no por ellos, como establece la ley de memoria histórica.
VOLUNTAD DE LA SOCIEDAD El TS sostiene que Garzón comenzó a instruir este proceso para "controlar las exhumaciones", incumpliendo la ley de amnistía de 1977, que "fue aprobada por las mismas Cortes que elaboraron la Constitución democrática". Por esta razón, Varela acusa a su colega de "hacer inefectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado" habían expresado en la norma.
Varela afirma que la competencia para resarcir a las víctimas "viene atribuida a las administraciones públicas", aunque admite que los familiares de los desaparecidos han intentado "buscar atajos en el uso indebido del cauce penal" para que el Estado costee los gastos de la exhumación. Finalmente, señala que los delitos perpetrados durante la dictadura franquista están "prescritos y amnistiados".
En el auto de 51 folios, Varela dicta más una sentencia condenatoria que una resolución de trámite. Además, convierte un debate jurídico y político sobre la dictadura en una actuación delictiva de Garzón.
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