De: La Vanguardia.es
El proceso contra Garzón amenaza con romper la cúpula judicial
La posible suspensión del juez abre una guerra sin cuartel en el CGPJ | La política de reparto de cargos agita tensiones que reflejan el pulso de fondo sobre Garzón
JOSÉ MARÍA BRUNET | Madrid | 24/02/2010 | Actualizada a las 01:27h | Política
Chuzos de punta. Eso es lo que ha empezado a caer en la cúpula de la justicia española. El motivo aparente, la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde conservadores y progresistas se disputan a diario cada centímetro de trinchera. El motivo real, el proceso abierto al juez Baltasar Garzón y su posible suspensión, que cuartea a la justicia española como no ocurría desde hace tiempo, excepción hecha del Tribunal Constitucional (TC), aunque como resulta bien sabido esa es otra guerra.
La tormenta se ha desencadenado porque el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez ha dimitido como miembro de la comisión de calificación de esta institución, denunciando el reparto de altos cargos en los órganos judiciales, que a su juicio responde a criterios de permanente mercadeo. Ciertamente, los puestos se negocian y se disputan a fondo. Pero así ha sido siempre. Es verdad que hay Tribunales Superiores de Justicia, como los de Catalunya, País Vasco y Comunidad Valenciana que se negocian desde hace meses sin que se alcance acuerdo alguno. Y también es verdad que gran parte de la culpa de que ello ocurra la tiene la lucha en torno al caso Gürtel y al papel que el TSJ valenciano ha venido haciendo en él, así como el que tal vez podría hacer aún en el futuro.
Pero en este contexto de larga partida de póquer para repartirse el poder ha irrumpido el proceso a Garzón como una pedrada en una cristalera. Gómez Benítez, muy vinculado al citado magistrado, ya había tenido roces con la también vocal del CGPJ Margarita Robles, de quien una parte de la izquierda judicial hubiera esperado que se opusiera al inicio de los trámites para suspender a Garzón. Pero Robles votó –como los otros cuatro miembros de la comisión permanente del CGPJ– a favor de pedir un informe al fiscal sobre esta cuestión, y con eso se destaparon todas las cajas de los truenos.
Desde entonces, la cúpula judicial no ha vivido un momento de tranquilidad. El problema es que en el Supremo la estrategia de defensa de Garzón también genera inquietud. Y el TS es quien tiene la sartén por el mango. Si la Sala Penal del Supremo procesa o abre juicio contra el juez por alguna de las tres querellas que tiene planteadas en su contra, el Consejo no tendrá otra opción que suspenderle. De modo que la vía de plantar cara al cerco que se va estrechando sobre Garzón tiene sus riesgos. La izquierda judicial no está tras el juez como un solo hombre. No quiere que le ataquen, pero tampoco tirar el templo en su nombre. Hasta ahora, el mercadeo en los nombramientos era presentado como una elevada política de pactos. De ahí que ayer hubiera muchas voces contra la dimisión de Gómez Benítez. El vicepresidente del CGPJ, el conservador Fernando de Rosa, y la progresista Margarita Robles le acusaron de mentir. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, defendió que todos los nombrados tenían méritos para serlo.
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