No puede ser...

Estoy a punto de salir para Montreal, pero no sin subir estas noticias que, sinceramente, me dan asco. El segundo articulo me lo ha mandado mi madre, que tambien la tengo involucrada en todo esto! Mis disculpas por la falta de acentos; he actualizado Firefox y parece que lo del teclado, no. Comento mas sobre lo de abajo a la vuelta.

El juez Varela sentará a Garzón en el banquillo por su causa al franquismo
El magistrado del Supremo, que deniega las pruebas solicitadas por el juez, sugiere a la Sala Penal una condena de hasta 20 años de inhabilitación

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 07/04/2010

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al abrir una causa por las desapariciones del franquismo sin contar con competencias legales. Varela ha transformado las diligencias en un procedimiento abreviado y da un plazo a las partes (Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e identidad) para formular un escrito de acusación. El auto admite recurso, aunque todos los presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Supremo y su interposición no paralizaría el proceso.

En su resolución, el juez instructor Varela no se priva incluso de "calificar", anticipándose a las partes, el delito de Garzón como el de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal -dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho-, con lo que viene a sugerir a la Sala Penal del Supremo que imponga una condena de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y hasta dos años de multa. Varela prefiere la calificación más grave a la de la modalidad imprudente del artículo 447 que reduciría la pena a un máximo de dos a seis años de inhabilitación. En un apartado final de su escrito, Varela describe de la forma más parecida posible a los fundamentos de una sentencia los "múltiples motivos" que califican de "opuestas al ordenamiento jurídico" las decisiones de Garzón.

"Intentó asumir el control de las exhumaciones"

Según este anticipo de sentencia, Garzón, tras recibir siete denuncias de asociaciones de víctimas del franquismo, decide incoar un procedimiento criminal "sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su tramitación". Tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, y pese al informe en contra del Ministerio Fiscal -toda la instrucción de Varela ha contado también con la oposición del fiscal-, Garzón "intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones" de las víctimas del franquismo. "Consciente de su falta de competencia", insiste Varela, "construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal", que fue rechazado por la Audiencia Nacional. "Privado, por decisión expresa de la Audiencia Nacional, del control de las exhumaciones, el querellado puso fin a la tramitación del sumario, lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos".

Antes de dictar sentencia, el instructor rechaza toda las pruebas pedidas por Garzón, como las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad al porque sería una "desconsideración" a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones "acudir a la opinión de otros juristas".

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha manifestado que recurrirá la transformación del procedimiento en abreviado directamente en apelación ante la Sala por considerar inútil hacerlo ante el propio instructor. En su recurso impugnará la denegación de las pruebas, insistirá en que la sala no ha contestado a los argumentos de su anterior recurso de apelación y discutirá que la sala no contestase a sus argumentos para no contaminarse, puesto que, en su opinión, ya está "contaminada".

A partir del momento en que las partes reciban todas las actuaciones, disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura del juico oral. El recurso de Martínez-Fresneda no interrumpe la tramitación de la causa, por lo que Falange Española de las JONS y Manos Limpias ya pueden ir presentado sus escritos de acusación. Si la sala rechaza, como es previsible, el recurso de Martínez-Fresneda, éste dispondrá de un corto plazo para formular su escrito de defensa y después será Varela quien decrete la apertura del juicio oral, a solicitud de las acusaciones. Una vez se abra el juicio oral, sería el momento en que el Consejo del Poder Judicial decrete la suspensión de funciones del juez.

La defensa de Garzón estima que el proceso irá más rápido a partir de ahora, para aprovechar que están "vivos" los otros dos procedimientos contra el magistrado. En principio, el recurso que formule ahora puede estar resuelto en un par de semanas, y en un mes podría haber ya fecha para celebrar el juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional, al tiempo que se recrudecen los procedimientos por los cursos impartidos en Nueva York y las escuchas telefónicas del caso Gürtel. La decisión Varela de sentar en el banquillo a Garzón ha coincidido precisamente con el levantamiento del secreto del caso Gürtel .

Querella ultraderechista

El jueves 16 de octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, el 27 de mayo de 2009 el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias, querella a la que luego se han sumado, con el beneplácito del tribunal, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

En este caso, los fiscales han mostrado dos caras. Por un lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia.

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De: YAHOO.COM

Spain: judge indicted for probing Civil War

By DANIEL WOOLLS, Associated Press Writer Daniel Woolls, Associated Press Writer – 2 hrs 59 mins ago

MADRID – The Spanish judge who became an international hero by going after Augusto Pinochet and Osama bin Laden was indicted Wednesday for having dared to investigate what is arguably Spain's own biggest unresolved case: atrocities committed during and after its ruinous Civil War.

Baltasar Garzon was charged with knowingly acting without jurisdiction by launching a probe in 2008 of tens of thousands of wartime executions and disappearances of civilians by forces loyal to Gen. Francisco Franco, even though the crimes were covered by a 1977 amnesty.

Garzon does not face jail time but if convicted he could be removed from the bench for 10 to 20 years. A conviction would effectively end Garzon's career as a judge, his attorney has said.

The indictment by Luciano Varela, an investigating magistrate at the Supreme Court, marks a devastating fall from grace for one of Spain's most prominent and divisive public figures and a man well-known overseas for his cross-border justice cases.

Garzon, 54, is a hero to leftists and international human rights groups like Amnesty International, but he is a headline-loving egotist with a grudge against the right in the eyes of Spanish conservatives. He has prosecuted people ranging from Islamic extremists to Basque separatists to Argentine "dirty war" suspects, and has many political enemies and detractors in everyday life.

Indeed, for many Spaniards Garzon is being punished for standing out: for being a legal superstar who lands cushy lecturing gigs abroad and draws crowds wherever he goes while low-paid counterparts back home watch in envy.

Garzon will probably be suspended from his post at the National Court in a matter of days and a trial could start as early as June, Garzon's lawyer Gonzalo Martinez-Fresneda told AP Wednesday.

Garzon made no immediate public comment but supporters were devastated.

Emilio Silva, head of an association that helps Spaniards find the bodies of loved ones missing since the 1936-39 war, said Garzon was an exception in a country where no government ever tried to offer justice to such descendants, even as bodies keep turning up in mass graves.

"And when a judge investigates the crime, they put him on trial. It is almost humiliating," Silva said.

Over the past decade Garzon has gained fame worldwide as the most prominent symbol of Spain's doctrine of universal jurisdiction, which holds that heinous crimes like torture or terrorism can be tried in this country even if they are alleged to have been committed elsewhere and had no link to Spain.

He used it in 1998 to go after Pinochet, having the former Chilean despot arrested during a visit to London. Pinochet was kept under house arrest in London until he was ruled physically and mentally unfit to stand trial and released in 2000.

Garzon also indicted bin Laden in 2003 for the Sept. 11, 2001 terror attacks in the U.S.

The doctrine was trimmed last year to require a Spanish link for such probes to proceed. Garzon is now investigating the Bush administration for abuses at the Guantanamo Bay prison for terrorism suspects. Part of his argument is that a Spaniard was among those abused there.

In the summer of 2008, Garzon turned his sights on the murkiest chapter of Spain's own past — an act many people here and abroad said was long overdue and conservatives dismissed as grandstanding and digging up a past many wanted to let lie.

He argued that Franco and his cohorts engaged in a crime against humanity — Garzon cited a systematic campaign by Franco to eliminate opponents — during the war and in the early years of the regime.

Garzon said the Franco regime should be investigated for human rights crimes — even if it was difficult 70 years after the war ended and few suspects, even if identified, would be alive to stand trial.

His was Spain's first official probe ever of a dark and largely unexplored chapter in the country's past, and it was widely seen as seeking an indictment, albeit a symbolic one, of the Franco regime itself.

Garzon reluctantly dropped it in a matter of months after accepting that he lacked jurisdiction, and transferred it to lower courts.

Varela, who has been investigating Garzon since 2009, argued Wednesday in a 14-page ruling that, in starting the probe, Garzon "was aware of his lack of jurisdiction" because of the amnesty decreed by Parliament in 1977 for civil war-era crimes. Then, Franco had been dead for two years and Spain was moving to rebuild and put old wounds behind it.

Garzon denies any wrongdoing and has defended his probe as legitimate. Varela's charge is that Garzon should never have launched the probe in the first place.

Varela was assigned to the case after the Supreme Court agreed to study complaints against Garzon that were filed by three right-wing groups.