Como para competir con la editorial recién publicada en el New York Times, aquí, los editores sostienen que el juez ha traspasado los límites de la jurisdicción. No hay ningún intento por parte de éstos de explorar el origen de las querellas contra el juez o los problemas fundamentales con la Ley de Amnistía, porque para ellos, lo único importante es 1) la personalidad del "juez hiperactivo," y 2) la cuestión de la justicia universal. Lo más aborrecible del artículo es cuando los editores recuerdan el caso contra Pinochet, y, en vez de reconocer el alto valor de aquel intento de perseguir al ex dictador chileno, dicen: "The judge's admirers considered the warrant against Pinochet the very essence of justice. We warned at the time that it was a recipe for legal anarchy and international discord, and profoundly antidemocratic to boot."
Aquí, los editores vuelven a recordarnos de su perspectiva de aquel momento, en que avisaron que la persecución de Pinochet era una "receta para la anarquía legal y la discordia internacional, y además, profundamente antidemocrático" (traducción mía). El uso simultáneo de las frases "anarquía legal," "discordia internacional" y el adjetivo "antidemocrático" intentan crear un sentido de miedo de qué podría ocurrir si los gobiernos de unos países se involucraran inncecesariamente en los asuntos de otro. Los editores escriben suponiendo que un país "democrático" nunca requiere la perspectiva legal de un "tercero." ¿Qué pasa, en otras palabras, cuando una supuesta democracia comete crímenes contra derechos humanos? ¿Se ha de suponer que sólo ese país -- por ser "democrático" y capaz de manejar sus propios asuntos en su propio sistema jurídico -- tiene derecho a juzgar tales crímenes?
Este tema no es el en que los editores deben estar enfocándose, pero resulta más fácil sugerir que todos los problemas de Garzón han surgido a raíz de casos en que el juez se ha atrevido a mirar tras las fronteras de su propio país -- Pinochet, Bush, Bin Laden, etc. Puede que la cuestión de la justicia universal sea uno de los motivos por los que ha enfadado a tanta gente, pero en 1998, estoy segura que la misma gente que ahora arremete contra el juez, antes lo apoyaban. Nunca es lo mismo perseguir a dictadores en otros países, que hacerlo en el país de uno mismo.
Yo apoyo al juez Garzón, pero me importa un comino que se llame "Garzón," o que sea un "juez estrella," un "juez hiperactivo," etc. Sigo sin entender cómo un país democrático pueda haber permitido que pasaran al Tribunal Supremo querellas de grupos como Manos Limpias, o de los políticos corruptos encarcelados. Es una burda de la democracia!!! Con tanto enfoque en el juez, estamos perdiendo de vista cada día más el origen de todo este lío -- la decisión de perseguir crímenes contra el franquismo. La prensa y el público, tan obsesionados los dos con seguir el esplendor y la decadencia de una figura como la del juez, se están olvidando de que las querellas presentadas contra su persona representan al mismo tiempo, querellas contra las víctimas del franquismo que el juez ha intentado defender. El circo mediático que rodea este caso es como el sueño de la derecha -- con un enfoque extendido en la persona del juez, resulta fácil re-enterrar la cuestión de la memoria histórica. Porque a algunos les gustaría creer que es el juez quien está ensuciando el camino de la modélica Transición, ensuciando implícitamente los nombres de sus autores.
Los editores del Wall Street Journal operan sobre la base de que "lo que pasa en España queda en España:" "Whether it's legal for the Spanish judge to re-fight Spain's 70-year-old civil war will be settled by Spaniards, in Spain, according to Spanish law. Which sounds right to us. Here's hoping Mr. Garzón's imitators grant other countries the same respect." (Los españoles decidirán si es legal o no que el juez re-luche contra una guerra civil de 70 años, y lo decidirán en España, según la Ley española, lo que nos parece correcto. Esperemos que los imitadores del sr. Garzón concedan el mismo respeto a otros países" - traducción mía). Qué fácil y sencilla visión de la democracia tienen los editores del WSJ! La democracia, y ser ciudadano democrático, no significa preocuparse sólo por lo que pasa en el país de uno. Significa entender cómo los ataques injustos contra el proceso democrático en otros países terminan afectándonos a todos nosotros.
Artículo del 13 de abril
A 'Torture' Judge's Comeuppance
Spain's Garzón is indicted for judicial overreach.
Spanish judge Baltazar Garzón was indicted last week for his probe into Civil War-era executions and disappearances. A Spanish Supreme Court judge charged him with manipulating justice, overstepping his jurisdiction and ignoring a 1977 amnesty on atrocities linked to Francisco Franco's dictatorship.
So it turns out there are limits to Spanish jurisdiction—in Spain at least.
Mr. Garzón first rose to global legal stardom for issuing the 1998 arrest warrant that prompted U.K. authorities to place former Chilean strongman Augusto Pinochet under house arrest for over a year. The warrant rested on the concept of "universal jurisdiction," whereby a judge of any state claims legal jurisdiction over an individual from any other state suspected of having committed certain classes of crime. The judge's admirers considered the warrant against Pinochet the very essence of justice. We warned at the time that it was a recipe for legal anarchy and international discord, and profoundly antidemocratic to boot.
The hyperactive judge has since gone after everyone from Osama bin Laden to Argentine military officers to Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Last year he launched proceedings against former Bush Administration officials on "torture" allegations. Mr. Garzón's colleagues in the Spanish judiciary have also followed his lead with moves against Israeli, Rwandan and Chinese officials for various abuses, real or imagined.
Few of these cases have amounted to much, unless you count a lot of ruined travel plans. And now, at long last, the Garzón shtick is wearing thin. Jaime Alonso, one of the lawyers who filed the case, accuses the judge of employing "judicial gymnastics" to gain "a political platform for his own glory." Spain's Congress has also attempted to curb the judiciary's extraterritorial enthusiasms by limiting its purview to cases with a Spanish connection, and where the target's home country isn't already investigating.
Judge Garzón faces a trial and, if convicted, a ban of up to 20 years from court. Whether it's legal for the Spanish judge to re-fight Spain's 70-year-old civil war will be settled by Spaniards, in Spain, according to Spanish law. Which sounds right to us. Here's hoping Mr. Garzón's imitators grant other countries the same respect.
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