Es la pregunta que muchas personas sugieren desde hace algún tiempo, y la que otros nunca se han atrevido a hacer públicamente. Hoy el Dr. Vicenç Navarro nos plantea una pregunta que parece destinada a generar polémica, como el propio profesor reconoce en la primera oración de su artículo. En este blog hemos hablado en otras ocasiones de la "herencia" franquista del PP, pero que yo sepa, esta es la primera vez que colgamos un post sobre este tema de un investigador tan conocido como el Dr. Navarro. Hay ciertos estudiosos cuya obra siempre leo, y el profesor Navarro es uno de ellos. Debo añadir que aprecio especialmente su perspectiva sobre la política estadounidense.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
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martes, 25 de mayo de 2010
domingo, 23 de mayo de 2010
Editorial de Julián Casanova
Visto en: El País.com
TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
Sinfonía de maldad
JULIÁN CASANOVA 23/05/2010
El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia "superar" aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.
Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.
En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.
Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.
La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.
La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.
Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.
TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA
Sinfonía de maldad
JULIÁN CASANOVA 23/05/2010
El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia "superar" aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.
Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.
En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.
Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.
La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.
La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.
Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.
viernes, 21 de mayo de 2010
Noticia sobre las concentraciones de este fin de semana
En el último post copié y pegué un mail recibido sobre las concentraciones de este fin de semana. Gracias a los lectores que han corregido algunos datos (ver abajo):
Nota de DIME (Dignidad y Memoria, Marchena):
Khathy, un matiz clarificador sobre las concentraciones en Sevilla: son en la Plaza de la Gavidia, frente a Consejería de Gobernación y Justicia
y son convocadas y apoyadas por el Foro por la Memoria de Andalucía, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, la Asociación Guerra y Exilio, CAMHA, y la Plataforma Ciudadana contra la Impunidad y en apoyo al Juez Garzón.
Nota de DIME (Dignidad y Memoria, Marchena):
Khathy, un matiz clarificador sobre las concentraciones en Sevilla: son en la Plaza de la Gavidia, frente a Consejería de Gobernación y Justicia
y son convocadas y apoyadas por el Foro por la Memoria de Andalucía, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, la Asociación Guerra y Exilio, CAMHA, y la Plataforma Ciudadana contra la Impunidad y en apoyo al Juez Garzón.
miércoles, 19 de mayo de 2010
The Irish Times, sobre Garzón
El diario The Irish Times ha publicado lo siguiente sobre la suspensión del juez Garzón. Destaco esta oración: "it is not only this controversial investigating magistrate who will be on trial in the coming months. It will be Spain’s political system itself, and the problematic legacy left by the Franco regime" ["en los meses venideros no sólo se sentará en el banquillo el magistrado polémico, sino también el sistema político de España, y el legado problemático que dejó atrás el régimen franquista," traducción mía].
The Irish Times - Thursday, May 20, 2010
Baltasar Garzón
THE ROLLERCOASTER career of Spain’s so-called “star judge”, Baltasar Garzón, has hit a new low with the decision of the General Council of the Judiciary to suspend him from professional duties last week. The case that led to this suspension concerns his investigations into the crimes committed under Gen Franco’s 40-year dictatorship during and following the 1936-39 civil war.
The Supreme Court argues that he did this in the full knowledge that a 1970s amnesty law protects the perpetrators of human rights abuses under that dictatorship. He is charged with perversion of justice at the Supreme Court on this and two other counts. But his supporters argue that he is really being prosecuted for highlighting an uncomfortable reality – modern Spanish democracy is built on a dubious political deal, euphemistically known as “the pact of forgetfulness”, between the heirs of the dictatorship and a majority of democrats. So it is not only this controversial investigating magistrate who will be on trial in the coming months. It will be Spain’s political system itself, and the problematic legacy left by the Franco regime.
The separation of powers between executive, legislature and judiciary is a key democratic principle, but all three cases against Garzón reveal a dangerous degree of politicisation in the Spanish courts. It is tempting to paint Garzón as the innocent victim of such political intrigue. However, this unpredictably partisan figure often appears to be its creature as well as its current target. His fatal error may have been to antagonise all political factions over his 30-year tenure as a senior investigating magistrate.The highs in his professional life have certainly been spectacular. He is best known abroad for his unprecedented attempt to extend the reach of international human rights law.
But his extraordinary achievements have been tarnished by his tendency to exceed his legal powers to get results. This has been equally evident in many high-profile cases: his ruthless pursuit of radical Basque political parties and media; of drug barons; and, most recently and now also the object of a Supreme Court case against him, of corruption in Spain’s biggest opposition party, the right-wing Partido Popular (PP). The flaws in his professional practice might be forgiven if his trial brings about judicial reform and an end to Spain’s amnesia about the dictatorship. But this patently ambitious man has too few friends left in high places for this to be a likely outcome.
The Irish Times - Thursday, May 20, 2010
Baltasar Garzón
THE ROLLERCOASTER career of Spain’s so-called “star judge”, Baltasar Garzón, has hit a new low with the decision of the General Council of the Judiciary to suspend him from professional duties last week. The case that led to this suspension concerns his investigations into the crimes committed under Gen Franco’s 40-year dictatorship during and following the 1936-39 civil war.
The Supreme Court argues that he did this in the full knowledge that a 1970s amnesty law protects the perpetrators of human rights abuses under that dictatorship. He is charged with perversion of justice at the Supreme Court on this and two other counts. But his supporters argue that he is really being prosecuted for highlighting an uncomfortable reality – modern Spanish democracy is built on a dubious political deal, euphemistically known as “the pact of forgetfulness”, between the heirs of the dictatorship and a majority of democrats. So it is not only this controversial investigating magistrate who will be on trial in the coming months. It will be Spain’s political system itself, and the problematic legacy left by the Franco regime.
The separation of powers between executive, legislature and judiciary is a key democratic principle, but all three cases against Garzón reveal a dangerous degree of politicisation in the Spanish courts. It is tempting to paint Garzón as the innocent victim of such political intrigue. However, this unpredictably partisan figure often appears to be its creature as well as its current target. His fatal error may have been to antagonise all political factions over his 30-year tenure as a senior investigating magistrate.The highs in his professional life have certainly been spectacular. He is best known abroad for his unprecedented attempt to extend the reach of international human rights law.
But his extraordinary achievements have been tarnished by his tendency to exceed his legal powers to get results. This has been equally evident in many high-profile cases: his ruthless pursuit of radical Basque political parties and media; of drug barons; and, most recently and now also the object of a Supreme Court case against him, of corruption in Spain’s biggest opposition party, the right-wing Partido Popular (PP). The flaws in his professional practice might be forgiven if his trial brings about judicial reform and an end to Spain’s amnesia about the dictatorship. But this patently ambitious man has too few friends left in high places for this to be a likely outcome.
martes, 18 de mayo de 2010
Editorial: "A Garzón se le está negando un juicio justo"
A Garzón se le está negando un juicio justo
En este asunto, Varela incumple el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Como señala la fiscalía, tramita el proceso atendiendo y favoreciendo a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado
ANDRÉS MÁRQUEZ ARANDA Y CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO
EL PAÍS - Opinión - 19-05-2010
El proceso incoado por el Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón por las querellas de Manos Limpias y Falange Española constituye un hecho doloroso e injustificable. Debe recordarse que las querellas tienen su fundamento en la incoación de un procedimiento penal para la investigación y averiguación del paradero de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El juez Garzón decidió lo que estaba obligado a hacer ante una realidad que abarcaba todo el territorio nacional y desde una instancia jurisdiccional estatal, con competencia en toda España, en aplicación de los tratados internacionales ratificados por España contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Para ello, practicó unas diligencias inmediatas que llevaron a la comprobación del censo provisional de personas desaparecidas en España, 114.266 en dicho periodo. Todo en el ejercicio de la independencia judicial, aplicando las leyes vigentes e interpretándolas conforme a los valores constitucionales y el Derecho Internacional.
Lo contrario, lo que ha hecho el TS al abrirle un proceso penal, es "criminalizar la deliberación e imponer límites penales a la interpretación judicial", según señaló Jueces para la Democracia el pasado 12 de febrero. Este proceso representa un ataque frontal a la independencia judicial y, por ende, al Estado democrático de derecho. Por ello, el fiscal mantiene una rotunda y fundada oposición a las querellas y a las resoluciones del TS y acaba de solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.
El proceso contra Garzón se inicia con el auto de 26/5/2009, admitiendo a trámite la querella de Manos Limpias. Desde entonces, el juez instructor Varela ha tramitado el proceso adoptando diligencias que sólo atendían y favorecían a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado. Solo así se explica que incorporara a la causa las Diligencias Indeterminadas 70/98 del Juzgado Central número 5 sobre los fusilamientos de Paracuellos, "en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones objeto de las querellas...". Más adelante, el juez Varela, por auto de 3/2/2010, atribuye al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, con un grave y profundo desconocimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre los crímenes contra la humanidad y de su incidencia en el ordenamiento español.
Asimismo, en la fase posterior, el proceso contra Garzón está profundamente viciado por los gravísimos errores cometidos por el juez Varela, en perjuicio del juez Garzón, tanto en el auto de 7 de abril, en que decide "proceder" contra él, como por su actuación ante las acusaciones.
En dicho auto, el primer presupuesto para "proceder" contra Garzón, es "que se hayan practicado las diligencias pertinentes" planteadas por todas las partes del proceso. Sin embargo, el instructor mantuvo que las diligencias solicitadas por Garzón para acreditar su inocencia eran innecesarias. En consecuencia, colocó al querellado en una situación de indefensión, puesto que le atribuyó la comisión de un delito sin que previamente resolviera sobre la práctica de aquellas diligencias que pudieran haberle favorecido. Diligencias de prueba que pretendían acreditar que las decisiones adoptadas por Garzón no sólo no eran "absurdas" o "extravagantes", sino que han sido compartidas por otros jueces de instrucción y magistrados y tienen el apoyo incondicional de los más eminentes juristas del Derecho Penal Internacional. Así, el juez Varela decidió no abrir un debate sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, las leyes de amnistía y la prescripción de la desaparición forzada de personas; debate absolutamente necesario para desvirtuar las imputaciones de prevaricación que se hacen a Garzón.
Cuestión no baladí, porque la consecuencia fue que las partes acusadoras presentasen escritos de acusación de forma prematura y extemporánea cuando estaba pendiente de resolverse sobre las pruebas pedidas por Garzón. Es legítimo preguntarse por la razón de haber inculpado a Garzón y permitir a los querellantes que formulen sus escritos de acusación, mediante una resolución aparentemente injusta, por ilegal. ¿Lo hizo a sabiendas, por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable, o fue simplemente un error? El juez Varela debería explicarlo, pero aún no lo ha hecho, ni siquiera a las partes del proceso. Por la misma razón, debería explicar por qué demoró, sin justificación conocida, dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la resolución que comentamos, retraso que contrasta con la premura que se ha dado ahora. ¿Serán las circunstancias extraprocesales últimamente concurrentes las que le han espoleado? ¿O será que aplica la ley siguiendo criterios de oportunidad?
El juez Varela continúa considerando como eje central del delito que le atribuye al juez Garzón el investigar la desaparición forzada de decenas de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce y afirma que estos hechos, indiscutidos, "ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento", lo que revela su desconocimiento y quebranto del ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que lo integran y un menosprecio inaceptable de las víctimas de la represión. Asimismo reitera, como elemento básico de la supuesta prevaricación, el afán de "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas", lo que demuestra que continúa desconociendo que las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica son compatibles con el ejercicio de acciones judiciales.
Pero los vicios procesales de la causa alcanzan su cénit en las decisiones del instructor adoptadas respecto a los escritos de acusación presentados por las acusaciones de Falange y Manos Limpias. Ante dichos escritos, completamente irregulares e ilegales, el instructor opta, cuando le está prohibido hacerlo, por subsanarlos él mismo u ordenar a los acusadores cómo deben hacerlo. Así el juez instructor asumió la condición de parte del proceso perdiendo la imparcialidad.
Los defectos y omisiones de los escritos de acusación eran de tal entidad que solo procedía su rechazo inmediato, porque la ley no contempla la decisión adoptada por Varela. Decisión judicial insólita que acentúa radicalmente la indefensión del querellado y mediante la cual el juez Valera asume, en un ejercicio de autoritarismo, competencias legislativas, creando la posibilidad de que el propio juez instructor redacte el escrito de acusación de las partes acusadoras.
Ante estas decisiones judiciales, Garzón planteó la nulidad de las actuaciones procesales en cuanto le provocaban una vulneración de sus derechos constitucionales y una evidente indefensión.
Para conocer el alcance de los vicios procesales expuestos, es esclarecedor el escrito presentado por el fiscal. En él analiza cómo y por qué las decisiones irregulares de Varela han generado una auténtica indefensión para el juez Garzón a partir de la jurisprudencia constitucional, en la que se establecen las condiciones para que el "acto acusatorio" o "el derecho a ser informados de la acusación" garanticen el equilibrio entre la acusación y el acusado. Y concluye que las decisiones del juez Varela de devolver a las acusaciones los escritos de acusación para corregirlos y la concesión de un plazo para que lo hicieran representa un trámite procesal "al margen completamente" de la legalidad.
Resulta especialmente incomprensible que el juez Varela dictase a Manos Limpias cómo debía redactar la acusación y la supresión de las páginas relativas a los fusilamientos de Paracuellos cuando fue él mismo quien, como hemos visto, decidió la incorporación de dichos documentos a la causa. También resulta rechazable que, como dice el fiscal, "el escrito de calificación provisional de (Manos Limpias) no es sino una transcripción literal del auto del magistrado instructor de 3/2/2010". El juez Varela también ha carecido de imparcialidad en estas decisiones al exigir concretamente a Manos Limpias "excluir", por "extemporáneas", nada menos que 53 páginas, a fin de favorecer la viabilidad procesal de un escrito que era radicalmente nulo.
La osadía del juez Varela no concluye aquí. Sabiendo que está pendiente de resolverse por el TS un recurso sobre la validez de las acusaciones, que podría determinar el fin inmediato del proceso, decide abrir el juicio oral contra Garzón.
En definitiva, es dudoso que el juez Varela haya obrado con arreglo a las reglas "de la buena fe", pero, desde luego, ha incumplido el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Y el proceso que ha conducido no se ajusta al modelo previsto en el artículo 6º del Convenio de los Derechos Humanos. En estas condiciones, en las que el CGPJ ha acordado la suspensión infundadamente, ¿puede el Tribunal Supremo enjuiciar al juez Garzón?
En este asunto, Varela incumple el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Como señala la fiscalía, tramita el proceso atendiendo y favoreciendo a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado
ANDRÉS MÁRQUEZ ARANDA Y CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO
EL PAÍS - Opinión - 19-05-2010
El proceso incoado por el Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón por las querellas de Manos Limpias y Falange Española constituye un hecho doloroso e injustificable. Debe recordarse que las querellas tienen su fundamento en la incoación de un procedimiento penal para la investigación y averiguación del paradero de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El juez Garzón decidió lo que estaba obligado a hacer ante una realidad que abarcaba todo el territorio nacional y desde una instancia jurisdiccional estatal, con competencia en toda España, en aplicación de los tratados internacionales ratificados por España contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Para ello, practicó unas diligencias inmediatas que llevaron a la comprobación del censo provisional de personas desaparecidas en España, 114.266 en dicho periodo. Todo en el ejercicio de la independencia judicial, aplicando las leyes vigentes e interpretándolas conforme a los valores constitucionales y el Derecho Internacional.
Lo contrario, lo que ha hecho el TS al abrirle un proceso penal, es "criminalizar la deliberación e imponer límites penales a la interpretación judicial", según señaló Jueces para la Democracia el pasado 12 de febrero. Este proceso representa un ataque frontal a la independencia judicial y, por ende, al Estado democrático de derecho. Por ello, el fiscal mantiene una rotunda y fundada oposición a las querellas y a las resoluciones del TS y acaba de solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.
El proceso contra Garzón se inicia con el auto de 26/5/2009, admitiendo a trámite la querella de Manos Limpias. Desde entonces, el juez instructor Varela ha tramitado el proceso adoptando diligencias que sólo atendían y favorecían a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado. Solo así se explica que incorporara a la causa las Diligencias Indeterminadas 70/98 del Juzgado Central número 5 sobre los fusilamientos de Paracuellos, "en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones objeto de las querellas...". Más adelante, el juez Varela, por auto de 3/2/2010, atribuye al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, con un grave y profundo desconocimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre los crímenes contra la humanidad y de su incidencia en el ordenamiento español.
Asimismo, en la fase posterior, el proceso contra Garzón está profundamente viciado por los gravísimos errores cometidos por el juez Varela, en perjuicio del juez Garzón, tanto en el auto de 7 de abril, en que decide "proceder" contra él, como por su actuación ante las acusaciones.
En dicho auto, el primer presupuesto para "proceder" contra Garzón, es "que se hayan practicado las diligencias pertinentes" planteadas por todas las partes del proceso. Sin embargo, el instructor mantuvo que las diligencias solicitadas por Garzón para acreditar su inocencia eran innecesarias. En consecuencia, colocó al querellado en una situación de indefensión, puesto que le atribuyó la comisión de un delito sin que previamente resolviera sobre la práctica de aquellas diligencias que pudieran haberle favorecido. Diligencias de prueba que pretendían acreditar que las decisiones adoptadas por Garzón no sólo no eran "absurdas" o "extravagantes", sino que han sido compartidas por otros jueces de instrucción y magistrados y tienen el apoyo incondicional de los más eminentes juristas del Derecho Penal Internacional. Así, el juez Varela decidió no abrir un debate sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, las leyes de amnistía y la prescripción de la desaparición forzada de personas; debate absolutamente necesario para desvirtuar las imputaciones de prevaricación que se hacen a Garzón.
Cuestión no baladí, porque la consecuencia fue que las partes acusadoras presentasen escritos de acusación de forma prematura y extemporánea cuando estaba pendiente de resolverse sobre las pruebas pedidas por Garzón. Es legítimo preguntarse por la razón de haber inculpado a Garzón y permitir a los querellantes que formulen sus escritos de acusación, mediante una resolución aparentemente injusta, por ilegal. ¿Lo hizo a sabiendas, por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable, o fue simplemente un error? El juez Varela debería explicarlo, pero aún no lo ha hecho, ni siquiera a las partes del proceso. Por la misma razón, debería explicar por qué demoró, sin justificación conocida, dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la resolución que comentamos, retraso que contrasta con la premura que se ha dado ahora. ¿Serán las circunstancias extraprocesales últimamente concurrentes las que le han espoleado? ¿O será que aplica la ley siguiendo criterios de oportunidad?
El juez Varela continúa considerando como eje central del delito que le atribuye al juez Garzón el investigar la desaparición forzada de decenas de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce y afirma que estos hechos, indiscutidos, "ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento", lo que revela su desconocimiento y quebranto del ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que lo integran y un menosprecio inaceptable de las víctimas de la represión. Asimismo reitera, como elemento básico de la supuesta prevaricación, el afán de "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas", lo que demuestra que continúa desconociendo que las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica son compatibles con el ejercicio de acciones judiciales.
Pero los vicios procesales de la causa alcanzan su cénit en las decisiones del instructor adoptadas respecto a los escritos de acusación presentados por las acusaciones de Falange y Manos Limpias. Ante dichos escritos, completamente irregulares e ilegales, el instructor opta, cuando le está prohibido hacerlo, por subsanarlos él mismo u ordenar a los acusadores cómo deben hacerlo. Así el juez instructor asumió la condición de parte del proceso perdiendo la imparcialidad.
Los defectos y omisiones de los escritos de acusación eran de tal entidad que solo procedía su rechazo inmediato, porque la ley no contempla la decisión adoptada por Varela. Decisión judicial insólita que acentúa radicalmente la indefensión del querellado y mediante la cual el juez Valera asume, en un ejercicio de autoritarismo, competencias legislativas, creando la posibilidad de que el propio juez instructor redacte el escrito de acusación de las partes acusadoras.
Ante estas decisiones judiciales, Garzón planteó la nulidad de las actuaciones procesales en cuanto le provocaban una vulneración de sus derechos constitucionales y una evidente indefensión.
Para conocer el alcance de los vicios procesales expuestos, es esclarecedor el escrito presentado por el fiscal. En él analiza cómo y por qué las decisiones irregulares de Varela han generado una auténtica indefensión para el juez Garzón a partir de la jurisprudencia constitucional, en la que se establecen las condiciones para que el "acto acusatorio" o "el derecho a ser informados de la acusación" garanticen el equilibrio entre la acusación y el acusado. Y concluye que las decisiones del juez Varela de devolver a las acusaciones los escritos de acusación para corregirlos y la concesión de un plazo para que lo hicieran representa un trámite procesal "al margen completamente" de la legalidad.
Resulta especialmente incomprensible que el juez Varela dictase a Manos Limpias cómo debía redactar la acusación y la supresión de las páginas relativas a los fusilamientos de Paracuellos cuando fue él mismo quien, como hemos visto, decidió la incorporación de dichos documentos a la causa. También resulta rechazable que, como dice el fiscal, "el escrito de calificación provisional de (Manos Limpias) no es sino una transcripción literal del auto del magistrado instructor de 3/2/2010". El juez Varela también ha carecido de imparcialidad en estas decisiones al exigir concretamente a Manos Limpias "excluir", por "extemporáneas", nada menos que 53 páginas, a fin de favorecer la viabilidad procesal de un escrito que era radicalmente nulo.
La osadía del juez Varela no concluye aquí. Sabiendo que está pendiente de resolverse por el TS un recurso sobre la validez de las acusaciones, que podría determinar el fin inmediato del proceso, decide abrir el juicio oral contra Garzón.
En definitiva, es dudoso que el juez Varela haya obrado con arreglo a las reglas "de la buena fe", pero, desde luego, ha incumplido el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Y el proceso que ha conducido no se ajusta al modelo previsto en el artículo 6º del Convenio de los Derechos Humanos. En estas condiciones, en las que el CGPJ ha acordado la suspensión infundadamente, ¿puede el Tribunal Supremo enjuiciar al juez Garzón?
Rosa Montero sobre Garzón
Siempre me ha gustado leer las columnas de Rosa Montero. Pero no recuerdo haber visto publicada en El País su perspectiva con respecto al tema de la memoria histórica, el franquismo o la guerra civil. En esta editorial breve, Montero empieza por decir que el llamado "caso Garzón" no tiene tanto que ver con el franquismo como pueda parecer. Pero el segundo párrafo es muy revelador, mientras que se enfoca totalmente en dicho tema.Aunque esté de acuerdo con la mayoría de lo que dice, no entiendo su afirmación que el caso Garzón "en el fondo no es una pelea por el franquismo." Por supuesto, no es sólo eso, pero opino que gran parte de la polémica en torno al juez sí tiene que ver con la dictadura. Recordemos que la primera querella aceptada por el TS fue del sindicato ultraderechista Manos Limpias, y que la primera causa contra el juez fue la de haber "prevaricado" al investigar los crímenes del franquismo. Sí, las escuchas del Gürtel también figuran, y lo de los cursos ofrecidos en Nueva York. Pero todo empezó, como una bola de nieve, con el auto del juez en 2008.
Es curioso que Montero dedique su primer párrafo a retratar el caso contra el juez como si se tratara sólo de algo personal, cuando el resto de su editorial lo pasa hablando de la necesidad de investigar y hablar del pasado. ¿No es precisamente eso que intentaba hacer el juez al preparar su auto y sacar a la luz a los desparecidos del franquismo como "crímenes contra la humanidad"? Lo personal es lo político, y vice-versa.
Para algunos sectores, suspenderle a Garzón es un alivio -- alivio, porque con la presencia del juez, la Ley de Amnistía no es lo que era, ni la Transición o la labor de los "padres fundadores" de la Constitución. Parece existir un gran miedo no sólo por investigar el franquismo, sino por lo que esas investigaciones significan para la Ley de Amnistía, la Constitución española y la Transición. Vamos, para toda la democracia. Lo que se está re-escribiendo es lo que significa "democracia," y ¿quiénes forman parte de ese cuerpo gobernante si no los magistrados del TS? Entonces, le digo a Rosa Montero sí, creo que el caso contra Garzón sí que es sobre el franquismo. Porque no se puede desconectar una dictadura de 40 años de "manipulación de la judiciatura" o una lucha "por el poder real de aquí y ahora."
Gangrena
ROSA MONTERO
EL PAÍS - Última - 18-05-2010
El caso Garzón no resulta fácil de entender. Tengo la sensación de que nos hemos metido en un profundo pantano; y de que, en el fondo, no es una pelea por el franquismo sino por otras cosas: por el poder real aquí y ahora, por la manipulación de la judicatura, por los hilos subterráneos de la política. Y se diría que Garzón (con quien, por otra parte, tenemos una deuda de gratitud impagable por actuaciones tan esenciales para la democracia como el esclarecimiento del GAL) ha chapoteado también en esos lodos. De ahí la saña con la que lo persiguen, poniendo incluso trabas a su viaje a La Haya: es la inquina de los rivales directos. La cuestión formaría parte de un juego feroz por el poder en el que vale todo: como diría Borges, se devoran los unos a los otros mientras se acusan de caníbales.
Pero lo peor es que estos antropófagos nos están comiendo las entrañas a todos. Utilizan la guerra civil para insultarse, quieren hacernos creer que la derecha de hoy es la del 39 o que los de izquierdas queman iglesias (falso en ambos casos), y con todo este envenenado guirigay van a terminar consiguiendo que, en efecto, no podamos investigar los crímenes del franquismo. Y eso sería una catástrofe. Maldita sea, ¡hace 70 años que acabó la guerra! Es el momento de saber. Y de crecer. Al menos los asesinatos cometidos por el bando republicano (unos 50.000) fueron investigados por la Causa General, pero los crímenes franquistas siguen llenos de sombras: ¿fueron 150.000, 200.000? ¿Cómo no vamos a preguntarnos qué pasó? Es más, olvidemos la Causa General, que a fin de cuentas era franquista; arrumbemos la Ley de Amnistía, que en su momento sirvió pero que hoy es un lastre, e investiguemos de verdad lo que sucedió en uno y otro bando. Hoy podemos hacerlo. Y lo necesitamos. Cerrar esa herida en falso terminará en gangrena.
lunes, 17 de mayo de 2010
"A New Spanish Civil War" - artículo del L.A. Times
Es gracias a The Volunteer, un blog fundado por los veteranos de la Brigada Lincoln, que he sabido de esta noticia, publicada por el profesor e investigador Sebastiaan Faber, de Oberlin College, en Ohio, EE.UU. El diario Los Angeles Times está tachando el caso contra Garzón como "una nueva guerra civil española;" en el presente artículo los editores sostienen que el caso contra el juez ha sido motivado por venganzas personales y políticas y que las divisiones de la época de la guerra parecen estar en juego todavía. He estado esperando editoriales de los diarios más prestigiosos de este país, y que yo sepa, esta es la primera de aquí para denunciar la suspensión de Garzón.
A new Spanish civil war
A legal attack on Spain's star judge, Baltasar Garzon, is launched after his attempts to probe Spanish Civil War deaths.
May 16, 2010
For years, conservatives in Spain bristled as their most famous magistrate, Baltasar Garzon, pushed the boundaries of international law against former Chilean dictator Gen. Augusto Pinochet and human rights abusers in other countries, but they were powerless to stop him. When Spain's star judge turned his sights on Spanish Civil War atrocities, however, they joined forces with his many personal enemies and went after him, accusing him of opening old wounds and violating the country's 1977 amnesty law. Last week, a Supreme Court judge decided to bring the case to trial, and the General Council of the Judiciary voted in an emergency session to suspend Garzon.
From the beginning, the case against Garzon has seemed to be motivated by political and personal vendettas, and the timing of these decisions is no exception. Early in the week, Garzon had asked Spanish authorities for a seven-month leave to work as a consultant to the International Criminal Court in The Hague, presumably as a face-saving measure to avoid the humiliation of a suspension. But on Wednesday, an investigating magistrate for the Supreme Court (and one of Garzon's detractors) suddenly ordered Garzon to face trial for proceeding without jurisdiction on the Spanish Civil War cases, and the suspension followed on Friday. Such haste in a case that had been moving normally through the system since February has the whiff of malice; the decision was made even though the Spanish attorney general's office still had questions about the case. If convicted, the 54-year-old Garzon would not be jailed, but he could be removed from the bench for up to 20 years. For all practical purposes, it would mean the end of his career in Spain.
Garzon is a hero to many in the international human rights community for his pursuit of criminals and despots, regardless of their political bent, and for his commitment to international laws that say crimes against humanity cannot be amnestied or subjected to statutes of limitations. But heroes are often flawed characters, and Garzon is no exception. His ego and grandstanding, along with his legal stands, have earned him enemies. He is also being investigated in connection with questionable wiretaps he ordered in a probe of a corruption scandal involving the conservative opposition party.
In the Spanish Civil War case, Garzon sought to apply at home the principles he had championed abroad. He tried to open a case on behalf of relatives of the tens of thousands of Spaniards who died or disappeared in the war that ushered in the dictatorship of Gen. Francisco Franco in 1939, despite the amnesty covering the deaths and disappearances during the war and in its aftermath. The vehemence with which Garzon's inquiry was rejected is not surprising given the bloody history of the period, yet the legal action against Garzon is; it's one thing for his superiors to disagree with his judgment in bringing the case or to determine that he is overreaching, but it is quite another to charge him with breaking the law for doing so. Whatever happens in the case against Garzon, it seems that Spain is going to have to probe that past and provide the families with answers. The political divisions that marked that dark chapter of Spanish history still seem to be in play.
A new Spanish civil war
A legal attack on Spain's star judge, Baltasar Garzon, is launched after his attempts to probe Spanish Civil War deaths.
May 16, 2010
For years, conservatives in Spain bristled as their most famous magistrate, Baltasar Garzon, pushed the boundaries of international law against former Chilean dictator Gen. Augusto Pinochet and human rights abusers in other countries, but they were powerless to stop him. When Spain's star judge turned his sights on Spanish Civil War atrocities, however, they joined forces with his many personal enemies and went after him, accusing him of opening old wounds and violating the country's 1977 amnesty law. Last week, a Supreme Court judge decided to bring the case to trial, and the General Council of the Judiciary voted in an emergency session to suspend Garzon.
From the beginning, the case against Garzon has seemed to be motivated by political and personal vendettas, and the timing of these decisions is no exception. Early in the week, Garzon had asked Spanish authorities for a seven-month leave to work as a consultant to the International Criminal Court in The Hague, presumably as a face-saving measure to avoid the humiliation of a suspension. But on Wednesday, an investigating magistrate for the Supreme Court (and one of Garzon's detractors) suddenly ordered Garzon to face trial for proceeding without jurisdiction on the Spanish Civil War cases, and the suspension followed on Friday. Such haste in a case that had been moving normally through the system since February has the whiff of malice; the decision was made even though the Spanish attorney general's office still had questions about the case. If convicted, the 54-year-old Garzon would not be jailed, but he could be removed from the bench for up to 20 years. For all practical purposes, it would mean the end of his career in Spain.
Garzon is a hero to many in the international human rights community for his pursuit of criminals and despots, regardless of their political bent, and for his commitment to international laws that say crimes against humanity cannot be amnestied or subjected to statutes of limitations. But heroes are often flawed characters, and Garzon is no exception. His ego and grandstanding, along with his legal stands, have earned him enemies. He is also being investigated in connection with questionable wiretaps he ordered in a probe of a corruption scandal involving the conservative opposition party.
In the Spanish Civil War case, Garzon sought to apply at home the principles he had championed abroad. He tried to open a case on behalf of relatives of the tens of thousands of Spaniards who died or disappeared in the war that ushered in the dictatorship of Gen. Francisco Franco in 1939, despite the amnesty covering the deaths and disappearances during the war and in its aftermath. The vehemence with which Garzon's inquiry was rejected is not surprising given the bloody history of the period, yet the legal action against Garzon is; it's one thing for his superiors to disagree with his judgment in bringing the case or to determine that he is overreaching, but it is quite another to charge him with breaking the law for doing so. Whatever happens in the case against Garzon, it seems that Spain is going to have to probe that past and provide the families with answers. The political divisions that marked that dark chapter of Spanish history still seem to be in play.
sábado, 15 de mayo de 2010
Cartas sobre Garzón
¿Cuándo un magistrado del Tribunal Supremo va a escuchar comentarios sobre la suspensión de Garzón como los que siguen?
Ánimo, señor juez
FELIPE MANUEL MARTÍN /PAULINA MORALES - Badajoz / Valencia - 16/05/2010
Al final, los peores de los pronósticos se han cumplido y, como si de una cacería al hombre se tratara (al juez en este caso), Baltasar Garzón Real ha sido suspendido como magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Un día muy triste en primer lugar para él, su familia, amigos, compañeros, funcionarios de la Audiencia... También para muchos miles y millones de españoles y ciudadanos del mundo, y de profesionales del Derecho y del mundo de la Justicia (Universal). Unas breves letras de ánimo y confianza dirigidas a quien España, como país, tanto le debe, sin entrar en las formas y el fondo de una resolución final, la del auto de apertura del juicio oral dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que estimo totalmente contrario a Derecho. Todos sus autos en la causa especial 20048/2009 seguidas tras la querella contra Garzón, con todos mis respetos, serán declarados, espero que pronto, nulos de pleno Derecho. Sea por la propia Sala del Tribunal Supremo que lo juzgará, sea con posterioridad por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde Extremadura, ánimo señor juez. Ánimo, y palante, que decimos en esta tierra.
Ánimo, señor juez
FELIPE MANUEL MARTÍN /PAULINA MORALES - Badajoz / Valencia - 16/05/2010
Al final, los peores de los pronósticos se han cumplido y, como si de una cacería al hombre se tratara (al juez en este caso), Baltasar Garzón Real ha sido suspendido como magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Un día muy triste en primer lugar para él, su familia, amigos, compañeros, funcionarios de la Audiencia... También para muchos miles y millones de españoles y ciudadanos del mundo, y de profesionales del Derecho y del mundo de la Justicia (Universal). Unas breves letras de ánimo y confianza dirigidas a quien España, como país, tanto le debe, sin entrar en las formas y el fondo de una resolución final, la del auto de apertura del juicio oral dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que estimo totalmente contrario a Derecho. Todos sus autos en la causa especial 20048/2009 seguidas tras la querella contra Garzón, con todos mis respetos, serán declarados, espero que pronto, nulos de pleno Derecho. Sea por la propia Sala del Tribunal Supremo que lo juzgará, sea con posterioridad por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde Extremadura, ánimo señor juez. Ánimo, y palante, que decimos en esta tierra.
Como chilena, actualmente residente en España, no puedo dejar de manifestarme en torno a la situación que atraviesa el juez Baltasar Garzón a raíz de su iniciativa de investigar judicialmente los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Bien sabemos los chilenos de regímenes autoritarios. Ya recuperada la democracia, el anhelo de justicia en relación con las atrocidades cometidas en materia de derechos humanos por la dictadura pinochetista era un sentir ampliamente compartido por el pueblo chileno. Sin embargo, no fue hasta la detención del dictador en Londres, en virtud de una orden promovida por el juez Garzón, que la justicia chilena se vio impelida a cumplir con su trabajo y procesar al máximo responsable, en gran parte debido a la presión política generada a partir del argumento que utilizó el Gobierno chileno para defender el regreso del dictador al país, a saber, que los crímenes cometidos en Chile debían ser juzgados en dicho territorio.
Pinochet nunca llegó a ser condenado. Murió estando procesado por innumerables causas, tanto relativas a derechos humanos como a uso indebido de recursos públicos. Cuando falleció, los sentimientos fueron encontrados: alegría tranquila porque su recuerdo nefasto iría desapareciendo, pero también vergüenza e impotencia porque nunca llegó a pagar por sus crímenes y atropellos múltiples a los derechos humanos de miles y miles de compatriotas. En medio de todo esto, si algo de dignidad pudimos sentir aquel día, se la debemos en gran parte a este juez valiente y justo que nos mostró que algo de justicia es posible en este mundo.
Viñetas sobre ayer...
Dibujante: Manel FontdevilaTítulo: "Los vencedores"
Fecha: 15.5.10
De: Territorio Vergara
Dibjuante: Vergara
Título: "El día de las máscaras"
Fecha: 15.5.10
viernes, 14 de mayo de 2010
Reacciona Garzón: «Han querido que mordiera el polvo»
De: Ideal.es
Garzón: «Han querido que mordiera el polvo»
El Consejo General del Poder Judicial suspende a Garzón y deja en el aire su traslado al Tribunal Penal Internacional
15.05.10 - 02:34 -
MATEO BALÍN | MADRID.
«Me dejan marcharme, pero antes querían verme morder el polvo». Baltasar Garzón hizo este comentario apenas cuatro horas después de conocer que el Consejo General del Poder Judicial decidía por unanimidad suspenderle de sus funciones. Pero volvía a estar equivocado, como cuando hizo el cálculo de las consecuencias que podría tener abrir una causa para investigar los crímenes del franquismo. En contra de lo que pensaba, el gobierno de los jueces no dio luz verde a su marcha al Tribunal Penal Internacional. Congeló la decisión con argumentos burocráticos hasta el martes. Se fue a su casa con un doble vacío: sin la obligación de tener que volver el lunes a la Audiencia y sin billete para La Haya.
El Consejo tomó la decisión después de que el Tribunal Supremo decidiera juzgar a Garzón por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El órgano de gobierno de los jueces aparta al instructor de forma temporal de la carrera hasta que el Supremo no emita una sentencia por la causa de la memoria histórica. Si es condenatoria, quedaría inhabilitado; si es absolutoria, podría regresar a su despacho en la Audiencia Nacional.
La suspensión de Garzón aplaza, asimismo, su petición de traslado al Tribunal Penal Internacional. El Consejo ha pedido nuevos informes al Gobierno, a la corte de La Haya y a la Sala Penal del Supremo -la misma que le juzgará por presunta prevaricación- dada la nueva situación procesal del juez.
El Consejo acordó su suspensión cautelar con la ley en la mano. «Un juez que va a ser enjuiciado no puede seguir en activo», viene a decir la normativa del Poder Judicial. Esta decisión emborronaría el prestigio de cualquier magistrado, pero en el caso de Garzón el gobierno de los jueces aún busca una solución salomónica para salvaguardar el prestigio de un magistrado, que, con sus virtudes y defectos, goza de amplio reconocimiento social.
Ya lo anticipó el presidente del Consejo, Carlos Dívar, antes de reunirse el pleno extraordinario que acordaría sancionar al juez. «Es muy importante que cuando todos pretenden tener la razón se intente acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias para todos», afirmó. Unas palabras que, claro está, se referían a la situación de Garzón y adelantaban lo que ocurriría horas después. Primero en el pleno y luego en la comisión permanente convocada de urgencia por la tarde para resolver su petición de traslado a La Haya.
Al pleno extraordinario de ayer, cuya convocatoria fue forzada por los vocales conservadores del Consejo, no le faltó de nada. Sólo había un punto del orden día: Garzón. Pero el debate se alargó más de dos horas. Primero se trató la recusación de la vocal Gemma Gallego, a la que el juez achacó «enemistad manifiesta». El plenario desestimó su abstención, por lo que al final votaron 17 vocales y el presidente. Antes, habían causado baja voluntaria el vicepresidente Fernando de Rosa y los vocales Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez.
Movimientos
Tras iniciarse la sesión, un grupo de vocales progresistas trató de presionar a Dívar para que se incluyera en la agenda la petición de traslado del juez. Buscaban la posibilidad de que el pleno tratase primero la solicitud de Garzón y después su suspensión, con la idea de que al autorizarse lo primero se aparcaría lo segundo. Pero ni los vocales conservadores ni una parte de los progresistas estaban por la labor, por lo que Dívar rechazó la propuesta, según fuentes del Consejo.
Al cerrarse esta puerta se abrió, de repente, otra. Y en ésta el presidente del gobierno de los jueces tuvo mucho que ver. Partidario de una «solución satisfactoria», Dívar accedió a convocar una comisión permanente de urgencia para resolver el traslado de Garzón a La Haya y buscarle una salida «digna». La comisión se programó para la tarde de ayer y su celebración contó con la aquiescencia de casi todos los vocales del Consejo.
En el ambiente flotaba un «debate jurídico de altura», ya que nunca antes se había planteado una situación semejante en el Consejo del Poder Judicial. ¿Se puede conceder a un juez suspendido un permiso de traslado a una corte internacional? En la legislación se presuponía que no, pero se intentó un acuerdo 'ad hoc' que consistía en considerar que Garzón se iba a La Haya para realizar funciones alejadas de la tarea jurisdiccional, por lo que era «compatible» su suspensión de la carrera con su puesto de asesor externo de la Fiscalía.
Garzón: «Han querido que mordiera el polvo»
El Consejo General del Poder Judicial suspende a Garzón y deja en el aire su traslado al Tribunal Penal Internacional
15.05.10 - 02:34 -
MATEO BALÍN | MADRID.
«Me dejan marcharme, pero antes querían verme morder el polvo». Baltasar Garzón hizo este comentario apenas cuatro horas después de conocer que el Consejo General del Poder Judicial decidía por unanimidad suspenderle de sus funciones. Pero volvía a estar equivocado, como cuando hizo el cálculo de las consecuencias que podría tener abrir una causa para investigar los crímenes del franquismo. En contra de lo que pensaba, el gobierno de los jueces no dio luz verde a su marcha al Tribunal Penal Internacional. Congeló la decisión con argumentos burocráticos hasta el martes. Se fue a su casa con un doble vacío: sin la obligación de tener que volver el lunes a la Audiencia y sin billete para La Haya.
El Consejo tomó la decisión después de que el Tribunal Supremo decidiera juzgar a Garzón por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El órgano de gobierno de los jueces aparta al instructor de forma temporal de la carrera hasta que el Supremo no emita una sentencia por la causa de la memoria histórica. Si es condenatoria, quedaría inhabilitado; si es absolutoria, podría regresar a su despacho en la Audiencia Nacional.
La suspensión de Garzón aplaza, asimismo, su petición de traslado al Tribunal Penal Internacional. El Consejo ha pedido nuevos informes al Gobierno, a la corte de La Haya y a la Sala Penal del Supremo -la misma que le juzgará por presunta prevaricación- dada la nueva situación procesal del juez.
El Consejo acordó su suspensión cautelar con la ley en la mano. «Un juez que va a ser enjuiciado no puede seguir en activo», viene a decir la normativa del Poder Judicial. Esta decisión emborronaría el prestigio de cualquier magistrado, pero en el caso de Garzón el gobierno de los jueces aún busca una solución salomónica para salvaguardar el prestigio de un magistrado, que, con sus virtudes y defectos, goza de amplio reconocimiento social.
Ya lo anticipó el presidente del Consejo, Carlos Dívar, antes de reunirse el pleno extraordinario que acordaría sancionar al juez. «Es muy importante que cuando todos pretenden tener la razón se intente acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias para todos», afirmó. Unas palabras que, claro está, se referían a la situación de Garzón y adelantaban lo que ocurriría horas después. Primero en el pleno y luego en la comisión permanente convocada de urgencia por la tarde para resolver su petición de traslado a La Haya.
Al pleno extraordinario de ayer, cuya convocatoria fue forzada por los vocales conservadores del Consejo, no le faltó de nada. Sólo había un punto del orden día: Garzón. Pero el debate se alargó más de dos horas. Primero se trató la recusación de la vocal Gemma Gallego, a la que el juez achacó «enemistad manifiesta». El plenario desestimó su abstención, por lo que al final votaron 17 vocales y el presidente. Antes, habían causado baja voluntaria el vicepresidente Fernando de Rosa y los vocales Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez.
Movimientos
Tras iniciarse la sesión, un grupo de vocales progresistas trató de presionar a Dívar para que se incluyera en la agenda la petición de traslado del juez. Buscaban la posibilidad de que el pleno tratase primero la solicitud de Garzón y después su suspensión, con la idea de que al autorizarse lo primero se aparcaría lo segundo. Pero ni los vocales conservadores ni una parte de los progresistas estaban por la labor, por lo que Dívar rechazó la propuesta, según fuentes del Consejo.
Al cerrarse esta puerta se abrió, de repente, otra. Y en ésta el presidente del gobierno de los jueces tuvo mucho que ver. Partidario de una «solución satisfactoria», Dívar accedió a convocar una comisión permanente de urgencia para resolver el traslado de Garzón a La Haya y buscarle una salida «digna». La comisión se programó para la tarde de ayer y su celebración contó con la aquiescencia de casi todos los vocales del Consejo.
En el ambiente flotaba un «debate jurídico de altura», ya que nunca antes se había planteado una situación semejante en el Consejo del Poder Judicial. ¿Se puede conceder a un juez suspendido un permiso de traslado a una corte internacional? En la legislación se presuponía que no, pero se intentó un acuerdo 'ad hoc' que consistía en considerar que Garzón se iba a La Haya para realizar funciones alejadas de la tarea jurisdiccional, por lo que era «compatible» su suspensión de la carrera con su puesto de asesor externo de la Fiscalía.
El arreglo parecía contar con el visto bueno de tres de los cinco miembros de la comisión permanente, el presidente Dívar y las vocales progresistas Almudena Lastra y Margarita Robles, la misma que fue recusada por Garzón por «enemistad manifiesta». En contra se situaron los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado, partidarios de que pedir nuevos informes al Gobierno, al TPI, a la Fiscalía y a la Sala Penal del Supremo para que valorasen la solicitud de juez con su nueva situación procesal. Al final, tras dos horas de inusual reunión vespertina, se impuso la cautela y la comisión permanente acordó aplazar su decisión a la espera de conocer estos documentos. La próxima reunión está convocada para el próximo martes.
A la misma hora, pero en la sede de la Audiencia Nacional, Garzón recibía el doble varapalo de conocer que se congela su traslado a La Haya y la notificación oficial del Consejo General del Poder Judicial sobre su suspensión de funciones.
Eran las 21,00 horas. Su despacho ya estaba vacío, los funcionarios habían retirado sus libros y cuadros. El único consuelo para el juez eran los cientos de simpatizantes que le apoyaban en la calle. Esta vez no hubo lágrimas, el juez bajó serio y solo la escalera de la Audiencia, lanzó un beso a los manifestantes que le jaleaban sin desmayo y se fue.
Editoriales selectas sobre la suspensión del juez
- "Yo, el Supremo" (El País.com) - "Una condena en estas condiciones del juez Garzón añadiría una herida más a las todavía sin cerrar de miles de familiares de víctimas sin sepultura de la Guerra Civil y del franquismo; familiares que no han podido hacer el duelo que en todas las culturas sigue a la pérdida de seres queridos. El argumento de no reabrir heridas se tornaría en cruel sarcasmo y obstáculo para la construcción de una memoria compartida y un reconocimiento hacia todas las víctimas, de uno u otro bando, de la Guerra Civil y de la represión que siguió a la victoria de uno de ellos."
- "El golpe" (El País.com, de Manuel Rivas) - "Es acusado de prevaricador precisamente quien rompió por una vez la infame rutina prevaricadora: según la ley, en España los jueces tienen la obligación de personarse cada vez que aparecen restos humanos con señales de violencia."
- "Garzón, suspendido y en el banquillo" (El País.com, de ex vocales del CGJP) - "El procedimiento penal abierto por el juez Garzón lo fue a raíz de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas del franquismo, cuya legítima pretensión era saber la verdad, recuperar los restos de sus familiares ejecutados, conocer la suerte de los desaparecidos y conseguir que se hiciera justicia. Sus decisiones jurisdiccionales se han basado en la consideración de que las desapariciones forzadas, el secuestro organizado de niños y los asesinatos masivos son crímenes de lesa humanidad que no están prescritos ni amparados por la Ley de Amnistía de 1977, en aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España y del derecho internacional de los derechos humanos, cuyas normas forman parte de nuestro ordenamiento y nos obligan."
Editorial de Beatriz Gimeno sobre la suspensión de Garzón
Visto en: El Plural
BEATRIZ GIMENO
15/05/2010
Por mi madre y mi abuelo
El viernes me llamó mi madre cuando estaba durmiendo la siesta y me puse de muy mal humor. Me pongo así cuando me despiertan, tengo muy mal despertar. Me dijo: “Han suspendido a Garzón” y yo pensé: “Vaya noticia”. Lo había visto en el telediario y, además, era lo esperado. No había sido en absoluto una sorpresa. Volví a dormirme y cuando desperté la llamé a ver qué quería. No me contestó y yo dediqué la tarde a hacer mis cosas. No pude ir a la concentración delante de la Audiencia pero estuve hablando por el móvil con gente que estaba allí, tuve que quedarme en casa.
En fin. A las ocho de la tarde por fin mi madre descolgó el teléfono. Estaba llorando, me asusté mucho, pensé que la había pasado algo y así era pero no lo que yo pensaba. Me dijo: “Han suspendido a Garzón”. “Ya lo sé, era lo que se esperaba, pero aún hay que juzgarle”, dije yo, “pero ¿qué te pasa?”. Y volvió a repetir: “Los fascistas han echado a Garzón”, y añadió llorando: “Tú no sabes lo que eso significa para mí”. Me quedé helada, es cierto. En ningún momento de este proceso he pensado en mi madre, hija de un militar republicano a quien ella, cuando era niña, siguió por varios campos de concentración en España. No lo pensé, mi madre no habla mucho de política, ni de fascistas, ni de la guerra.
El viernes sólo acertó a decir eso: “Tú no sabes lo que eso significa para mí” y después añadió: “Tener que ver a esos fascistas, asesinos, que nos destrozaron la vida, y verles ahora diciendo que ha triunfado el estado de derecho…No hay estado de derecho, no hay nada, ellos ganan siempre”. La verdad es que no supe qué decir a mi madre, la tranquilicé, le aseguré que Garzón será declarado inocente y colgué muy nerviosa, nunca la había visto así.
Después, por la noche, pensé en mi abuelo. Era militar de carrera y un hombre de ideas que hoy consideraríamos conservadoras. Desde luego no era de izquierdas. Por eso, un día, siendo yo una adolescente de izquierdas que se peleaba con él le pregunté, rabiosa, que si era tan conservador por qué había luchado por la República. Me miró muy extrañado y me dijo: “Porque eso fue lo que yo juré. Juré lealtad a la República sabiendo lo que juraba, nadie me obligó. Yo nunca traiciono un juramento. Fui leal, simplemente.” Perdió la guerra, fue condenado a muerte, se la conmutaron finalmente y pasó años en varios campos de concentración. Después fue depurado, no podía trabajar, sufrió humillaciones sin nombre, como mi abuela, como mi madre. Mi madre dice que su infancia fue un infierno.
Esa misma humillación la sentimos muchas personas el viernes. No es sólo por Garzón por lo que ahora nos sentimos humillados. Es que en todos estos años de democracia no hemos podido ver la justa reparación para quienes dieron la vida por mantenerse leales, por no traicionar. Y no es sólo ver a Garzón injustamente apartado, es mucho más que eso. Es que, en realidad, mi madre tiene razón. Es que los fascistas han vuelto a ganar, como entonces. Espero no morirme sin ver a Varela juzgado por prevaricador.
Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
BEATRIZ GIMENO
15/05/2010
Por mi madre y mi abuelo
El viernes me llamó mi madre cuando estaba durmiendo la siesta y me puse de muy mal humor. Me pongo así cuando me despiertan, tengo muy mal despertar. Me dijo: “Han suspendido a Garzón” y yo pensé: “Vaya noticia”. Lo había visto en el telediario y, además, era lo esperado. No había sido en absoluto una sorpresa. Volví a dormirme y cuando desperté la llamé a ver qué quería. No me contestó y yo dediqué la tarde a hacer mis cosas. No pude ir a la concentración delante de la Audiencia pero estuve hablando por el móvil con gente que estaba allí, tuve que quedarme en casa.
En fin. A las ocho de la tarde por fin mi madre descolgó el teléfono. Estaba llorando, me asusté mucho, pensé que la había pasado algo y así era pero no lo que yo pensaba. Me dijo: “Han suspendido a Garzón”. “Ya lo sé, era lo que se esperaba, pero aún hay que juzgarle”, dije yo, “pero ¿qué te pasa?”. Y volvió a repetir: “Los fascistas han echado a Garzón”, y añadió llorando: “Tú no sabes lo que eso significa para mí”. Me quedé helada, es cierto. En ningún momento de este proceso he pensado en mi madre, hija de un militar republicano a quien ella, cuando era niña, siguió por varios campos de concentración en España. No lo pensé, mi madre no habla mucho de política, ni de fascistas, ni de la guerra.
El viernes sólo acertó a decir eso: “Tú no sabes lo que eso significa para mí” y después añadió: “Tener que ver a esos fascistas, asesinos, que nos destrozaron la vida, y verles ahora diciendo que ha triunfado el estado de derecho…No hay estado de derecho, no hay nada, ellos ganan siempre”. La verdad es que no supe qué decir a mi madre, la tranquilicé, le aseguré que Garzón será declarado inocente y colgué muy nerviosa, nunca la había visto así.
Después, por la noche, pensé en mi abuelo. Era militar de carrera y un hombre de ideas que hoy consideraríamos conservadoras. Desde luego no era de izquierdas. Por eso, un día, siendo yo una adolescente de izquierdas que se peleaba con él le pregunté, rabiosa, que si era tan conservador por qué había luchado por la República. Me miró muy extrañado y me dijo: “Porque eso fue lo que yo juré. Juré lealtad a la República sabiendo lo que juraba, nadie me obligó. Yo nunca traiciono un juramento. Fui leal, simplemente.” Perdió la guerra, fue condenado a muerte, se la conmutaron finalmente y pasó años en varios campos de concentración. Después fue depurado, no podía trabajar, sufrió humillaciones sin nombre, como mi abuela, como mi madre. Mi madre dice que su infancia fue un infierno.
Esa misma humillación la sentimos muchas personas el viernes. No es sólo por Garzón por lo que ahora nos sentimos humillados. Es que en todos estos años de democracia no hemos podido ver la justa reparación para quienes dieron la vida por mantenerse leales, por no traicionar. Y no es sólo ver a Garzón injustamente apartado, es mucho más que eso. Es que, en realidad, mi madre tiene razón. Es que los fascistas han vuelto a ganar, como entonces. Espero no morirme sin ver a Varela juzgado por prevaricador.
Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
Garzón
Esta mañana me he sentado frente al ordenador a tomar el café y leer las noticias del día, cuando he visto el titular que el juez Garzón ha sido suspendido por investigar los crímenes del franquismo. Sigo sin creer lo que estoy leyendo. Ahora me tengo que ir, pero más tarde espero postear algo más detallado. Por ahora, estos dos artículos, con un enlace a uno en inglés del BBC, que también he colgado en mi blog en inglés.
Siempre con las víctimas del franquismo y sus familiares -- que también han sido "suspendidas" hoy -- y con Garzón!!
De: Público.es
"¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!"
El juez, que abandonó la Audiencia Nacional llorando, recibe el apoyo de decenas de amigos y compañeros que le vitoreaban en la puerta
PÚBLICO.ES/EFE MADRID 14/05/2010 14:00 Actualizado: 14/05/2010 15:03
A la salida de la Audiencia Nacional tras ser suspendido por el CGPJ , el juez Baltasar Garzón ha recibido el apoyo de numerosos amigos, compañeros y miembros de asociaciones de Memoria Histórica que al grito de "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!" han despedido al magistrado.
Garzón, que ha salido llorando, se ha despedido uno a uno a todos los que en la puerta de la Audiencia le vitoreaban, incluidos funcionarios y jueces como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, a los que ha abrazado antes de montarse en un coche y abandonar la sede.
El magistrado ha conocido la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado suspenderle cautelarmente mientras tomaba declaración a uno de los imputados en la llamada "operación Pretoria".
Poco antes de la una y media de la tarde, Garzón ha interrumpido la comparecencia por el aviso de una llamada urgente para él procedente del CGPJ y ha hecho salir al imputado y a su abogado del despacho.
Cuando han vuelto a entrar para finalizar la declaración, el magistrado no parecía afectado por la llamada, según el empresario imputado que estaba declarando, Josep Singla, que ha dicho: "Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias".
Nada más finalizar esa comparecencia, los compañeros de Garzón en los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, como Fernando Grande-Marlaska, Ismael Moreno, Santiago Pedraz y Fernando Andreu, han entrado en su despacho para transmitirle su solidaridad. También lo han hecho miembros de la Fiscalía como Daniel Campos, Ana Noé y Pedro Martínez. En la Audiencia se encontraba también la esposa de Garzón, Rosario Molina, que ha llegado al edificio judicial sobre la una menos cuarto.
A las 20 horas frente a la Audiencia
La decisión del Consejo ha provocado que la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo haya convocado para las 20.00 horas de esta tarde una concentración frente a la Audiencia Nacional en protesta por la suspensión del magistrado Garzón.
Esta plataforma, surgida a raíz de la querella presentada contra Garzón en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, agrupa a varias asociaiones de Memoria Histórica y a familiares de los desaparecidos, así como a un grupo de artistas e intelectuales y los convocantes de la manifestación celebrada el pasado 24 de abril en Madrid en apoyo al juez.
Desde que iniciaron la campaña de actos que en las últimas semanas han desarrollado en defensa de Garzón, según fuentes de esta plataforma, ya estaba prevista la convocatoria de una concentración frente a la Audiencia Nacional el mismo día en el que el magistrado fuera apartado de sus funciones.
La asociaciones que forman parte de la plataforma contra la impunidad han considerado que con esta decisión el Poder Judicial ha demostrado que su objetivo era apartar de la vida judicial al magistrado de la Audiencia Nacional.
De: El País.com
El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo
Dívar convoca una Comisión Permanente para analizar la posible marcha del magistrado a la Corte Penal Internacional.- Jueces, fiscales y personal de la Audiencia le despiden entre lágrimas.- El Gobierno proclama su respeto a la decisión y recuerda que "el proceso no ha concluido"
J. M. LÁZARO / J. A. HERNÁNDEZ / M. ALTOZANO - Madrid - 14/05/2010
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón acumula tres causas en el alto tribunal.
La decisión del Pleno era obligada por la ley tras la apertura de juicio pese a lo que los vocales han estado reunidos cerca de dos horas. En las horas previas a la reunión, se han vivido fuertes tensiones en el seno del organismo.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha comparecido para informar de la decisión y ha confirmado que ya se le ha comunicado la decisión por teléfono y que se tramitará el escrito de argumentación lo antes posible para enviárselo al juez.
Posteriormente, el presidente, Carlos Dívar, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Permanente a las seis de la tarde para estudiar los informes que han llegado sobre la posible incorporación de Garzón a la Corte Penal Internacional y ver si después de la suspensión es factible y tiene cobertura legal enviarle a La Haya. Hoy mismo ha llegado el informe enviado por el propio fiscal de la Corte, Luis Moreno-Ocampo, en el que concreta que se le requiere como asesor externo de la institución al ser experto en crímenes contra la humanidad.
A lo largo de la mañana, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional han pasado por el despacho del juez para solidarizarse. Entre ellos se encontraban Jose Ricardo de Prada y Clara Bayarri, los dos magistrados de la Sala Penal que votaron a favor de que Garzón conservara la competencia para investigar los crímenes del franquismo. También han estado allí los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, así como los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado. También ha acudido a la audiencia la esposa del magistrado, Rosario Molina.
La notificación de la suspensión se la comunicó telefónicamente el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. La conversación se produjo a la 13.19, cuando Garzón interrumpió la declaración de Josep Singla, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la operación Pretoria.
Con todo, el momento más emotivo se ha vivido al filo de las dos de la tarde cuando el magistrado abandonaba el tribunal. Decenas de compañeros han esperado en la puerta su salida para despedirle entre lágrimas propias y ajenas, abrazos y aplausos. De fondo, una veintena de ciudadanos gritaba: "Garzón, tranquilo, el pueblo está contigo".
El Pleno del Consejo ha tomado la decisión por unanimidad de los 18 vocales presentes. Tres de los miembros se habían abstenido antes de que se iniciara la reunión. Se tratan del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón. El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez.
Sin embargo, la juez Gemma Gallego sí participa en el Pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón.
Por otro lado, el presidente del Consejo, Carlos Dívar, exigía a los vocales presentes que dejen fuera de la sala sus teléfonos móviles, a lo que han accedido.
Las primeras reacciones políticas han venido del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minitros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces aunque ha recordado que "el proceso no ha concluido" y ha insistido en que respeta la "presunción de inocencia" de Garzón.
"Nulos de pleno Derecho
Antes del Pleno, el abogado de Garzón presentaba esta misma mañana un recurso de nulidad contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela. La petición no paraliza su suspensión de funciones.
Gonzalo Martínez Fresneda afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudo sindicato Manos Limpias son nulos de pleno Derecho y por tanto el auto de apertura, que está basado en ellos, es nulo también.
Según el escrito de recurso, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de 'reelaboración' argumental, al requerir a 'Manos Limpias' que "excluyese" páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior.
El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que "la obligación del juzgador de no ser 'juez y parte' ni 'juez de la propia causa' supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas".
El pseudo sindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado "a sabiendas", tal como el juez le pidió, "en los términos dispuestos" por Varela.
El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón.
Artículo en la BBC
Siempre con las víctimas del franquismo y sus familiares -- que también han sido "suspendidas" hoy -- y con Garzón!!
De: Público.es
"¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!"
El juez, que abandonó la Audiencia Nacional llorando, recibe el apoyo de decenas de amigos y compañeros que le vitoreaban en la puerta
PÚBLICO.ES/EFE MADRID 14/05/2010 14:00 Actualizado: 14/05/2010 15:03
A la salida de la Audiencia Nacional tras ser suspendido por el CGPJ , el juez Baltasar Garzón ha recibido el apoyo de numerosos amigos, compañeros y miembros de asociaciones de Memoria Histórica que al grito de "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!" han despedido al magistrado.
Garzón, que ha salido llorando, se ha despedido uno a uno a todos los que en la puerta de la Audiencia le vitoreaban, incluidos funcionarios y jueces como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, a los que ha abrazado antes de montarse en un coche y abandonar la sede.
El magistrado ha conocido la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado suspenderle cautelarmente mientras tomaba declaración a uno de los imputados en la llamada "operación Pretoria".
Poco antes de la una y media de la tarde, Garzón ha interrumpido la comparecencia por el aviso de una llamada urgente para él procedente del CGPJ y ha hecho salir al imputado y a su abogado del despacho.
Cuando han vuelto a entrar para finalizar la declaración, el magistrado no parecía afectado por la llamada, según el empresario imputado que estaba declarando, Josep Singla, que ha dicho: "Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias".
Nada más finalizar esa comparecencia, los compañeros de Garzón en los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, como Fernando Grande-Marlaska, Ismael Moreno, Santiago Pedraz y Fernando Andreu, han entrado en su despacho para transmitirle su solidaridad. También lo han hecho miembros de la Fiscalía como Daniel Campos, Ana Noé y Pedro Martínez. En la Audiencia se encontraba también la esposa de Garzón, Rosario Molina, que ha llegado al edificio judicial sobre la una menos cuarto.
A las 20 horas frente a la Audiencia
La decisión del Consejo ha provocado que la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo haya convocado para las 20.00 horas de esta tarde una concentración frente a la Audiencia Nacional en protesta por la suspensión del magistrado Garzón.
Esta plataforma, surgida a raíz de la querella presentada contra Garzón en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, agrupa a varias asociaiones de Memoria Histórica y a familiares de los desaparecidos, así como a un grupo de artistas e intelectuales y los convocantes de la manifestación celebrada el pasado 24 de abril en Madrid en apoyo al juez.
Desde que iniciaron la campaña de actos que en las últimas semanas han desarrollado en defensa de Garzón, según fuentes de esta plataforma, ya estaba prevista la convocatoria de una concentración frente a la Audiencia Nacional el mismo día en el que el magistrado fuera apartado de sus funciones.
La asociaciones que forman parte de la plataforma contra la impunidad han considerado que con esta decisión el Poder Judicial ha demostrado que su objetivo era apartar de la vida judicial al magistrado de la Audiencia Nacional.
De: El País.com
El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo
Dívar convoca una Comisión Permanente para analizar la posible marcha del magistrado a la Corte Penal Internacional.- Jueces, fiscales y personal de la Audiencia le despiden entre lágrimas.- El Gobierno proclama su respeto a la decisión y recuerda que "el proceso no ha concluido"
J. M. LÁZARO / J. A. HERNÁNDEZ / M. ALTOZANO - Madrid - 14/05/2010
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón acumula tres causas en el alto tribunal.
La decisión del Pleno era obligada por la ley tras la apertura de juicio pese a lo que los vocales han estado reunidos cerca de dos horas. En las horas previas a la reunión, se han vivido fuertes tensiones en el seno del organismo.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha comparecido para informar de la decisión y ha confirmado que ya se le ha comunicado la decisión por teléfono y que se tramitará el escrito de argumentación lo antes posible para enviárselo al juez.
Posteriormente, el presidente, Carlos Dívar, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Permanente a las seis de la tarde para estudiar los informes que han llegado sobre la posible incorporación de Garzón a la Corte Penal Internacional y ver si después de la suspensión es factible y tiene cobertura legal enviarle a La Haya. Hoy mismo ha llegado el informe enviado por el propio fiscal de la Corte, Luis Moreno-Ocampo, en el que concreta que se le requiere como asesor externo de la institución al ser experto en crímenes contra la humanidad.
A lo largo de la mañana, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional han pasado por el despacho del juez para solidarizarse. Entre ellos se encontraban Jose Ricardo de Prada y Clara Bayarri, los dos magistrados de la Sala Penal que votaron a favor de que Garzón conservara la competencia para investigar los crímenes del franquismo. También han estado allí los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, así como los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado. También ha acudido a la audiencia la esposa del magistrado, Rosario Molina.
La notificación de la suspensión se la comunicó telefónicamente el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. La conversación se produjo a la 13.19, cuando Garzón interrumpió la declaración de Josep Singla, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la operación Pretoria.
Con todo, el momento más emotivo se ha vivido al filo de las dos de la tarde cuando el magistrado abandonaba el tribunal. Decenas de compañeros han esperado en la puerta su salida para despedirle entre lágrimas propias y ajenas, abrazos y aplausos. De fondo, una veintena de ciudadanos gritaba: "Garzón, tranquilo, el pueblo está contigo".
El Pleno del Consejo ha tomado la decisión por unanimidad de los 18 vocales presentes. Tres de los miembros se habían abstenido antes de que se iniciara la reunión. Se tratan del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón. El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez.
Sin embargo, la juez Gemma Gallego sí participa en el Pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón.
Por otro lado, el presidente del Consejo, Carlos Dívar, exigía a los vocales presentes que dejen fuera de la sala sus teléfonos móviles, a lo que han accedido.
Las primeras reacciones políticas han venido del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minitros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces aunque ha recordado que "el proceso no ha concluido" y ha insistido en que respeta la "presunción de inocencia" de Garzón.
"Nulos de pleno Derecho
Antes del Pleno, el abogado de Garzón presentaba esta misma mañana un recurso de nulidad contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela. La petición no paraliza su suspensión de funciones.
Gonzalo Martínez Fresneda afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudo sindicato Manos Limpias son nulos de pleno Derecho y por tanto el auto de apertura, que está basado en ellos, es nulo también.
Según el escrito de recurso, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de 'reelaboración' argumental, al requerir a 'Manos Limpias' que "excluyese" páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior.
El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que "la obligación del juzgador de no ser 'juez y parte' ni 'juez de la propia causa' supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas".
El pseudo sindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado "a sabiendas", tal como el juez le pidió, "en los términos dispuestos" por Varela.
El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón.
Artículo en la BBC
jueves, 13 de mayo de 2010
"Comunicado urgente en apoyo a Garzón"
Publicado en El País.com
Comunicado urgente en apoyo a Garzón
VARIOS AUTORES 13/05/2010
Esta carta está firmada por Edgar Morin, pensador; Alain Touraine, sociólogo; René Passet, economista; Juan Goytisolo, escritor; Carlos Fuentes, escritor; Gisèle Halimi, Abogada en el Tribunal de París, antigua embajadora de Francia, Oficial de la Legión de Honor, Comendadora de la Orden Nacional del Mérito
Con gran asombro contemplamos el proceso organizado en España contra el juez Baltasar Garzón. A los que hemos conocido sus valerosas iniciativas y su decisiva aportación a la legislación internacional de los Derechos Humanos nos parece inconcebible que se le quiera expulsar de la carrera judicial. Que sea un partido fascista el promotor de una querella incomprensiblemente aceptada por el Tribunal Supremo de España, ofende y desconcierta a los que hemos celebrado y compartido los logros de la democracia española. Con esta carta queremos dejar constancia de la urgencia con que debe suspenderse un proceso que nos alarma y avergüenza.
Comunicado urgente en apoyo a Garzón
VARIOS AUTORES 13/05/2010
Esta carta está firmada por Edgar Morin, pensador; Alain Touraine, sociólogo; René Passet, economista; Juan Goytisolo, escritor; Carlos Fuentes, escritor; Gisèle Halimi, Abogada en el Tribunal de París, antigua embajadora de Francia, Oficial de la Legión de Honor, Comendadora de la Orden Nacional del Mérito
Con gran asombro contemplamos el proceso organizado en España contra el juez Baltasar Garzón. A los que hemos conocido sus valerosas iniciativas y su decisiva aportación a la legislación internacional de los Derechos Humanos nos parece inconcebible que se le quiera expulsar de la carrera judicial. Que sea un partido fascista el promotor de una querella incomprensiblemente aceptada por el Tribunal Supremo de España, ofende y desconcierta a los que hemos celebrado y compartido los logros de la democracia española. Con esta carta queremos dejar constancia de la urgencia con que debe suspenderse un proceso que nos alarma y avergüenza.
miércoles, 12 de mayo de 2010
"Un golpe a la imagen de la justicia española" - editorial de El País
En: El País.com
EDITORIAL
Garzón se mueve
Su traslado como asesor a la Corte Penal Internacional dejaría sin objeto su suspensión
12/05/2010
En vísperas de su suspensión como juez y de su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).
La solicitud tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, pero no hay razón para que no lo haga. Lo que pide Garzón encaja con uno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): realizar una misión por un periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La suspensión cautelar se refiere no a la condición de juez, sino a la función jurisdiccional ejercida; al dejar la que ejercía en la Audiencia Nacional, la suspensión queda sin objeto inmediato: aplazada durante el tiempo que esté en situación de servicios especiales. Durante ese tiempo tendrá derecho a percibir la remuneración que le corresponda por su antigüedad en la carrera y a que se le reserve su actual plaza de juez. Será al solicitar su reingreso, al término del periodo de servicios especiales, cuando se le planteen los problemas que ahora elude; pero quizás para entonces haya sido absuelto.
La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el "mundo necesita jueces como Garzón", lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo, más que temeraria.
Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.
EDITORIAL
Garzón se mueve
Su traslado como asesor a la Corte Penal Internacional dejaría sin objeto su suspensión
12/05/2010
En vísperas de su suspensión como juez y de su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).
La solicitud tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, pero no hay razón para que no lo haga. Lo que pide Garzón encaja con uno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): realizar una misión por un periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La suspensión cautelar se refiere no a la condición de juez, sino a la función jurisdiccional ejercida; al dejar la que ejercía en la Audiencia Nacional, la suspensión queda sin objeto inmediato: aplazada durante el tiempo que esté en situación de servicios especiales. Durante ese tiempo tendrá derecho a percibir la remuneración que le corresponda por su antigüedad en la carrera y a que se le reserve su actual plaza de juez. Será al solicitar su reingreso, al término del periodo de servicios especiales, cuando se le planteen los problemas que ahora elude; pero quizás para entonces haya sido absuelto.
La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el "mundo necesita jueces como Garzón", lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo, más que temeraria.
Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.
Sección especial sobre el juez Garzón en El País
El diario El País ha publicado una sección especial muy extensa, Garzón, un juez ante la Justicia. Contiene fotos, editoriales y noticias de la prensa internacional en torno al caso contra el juez.
Garzón en el banquillo
Aún no me creo que estoy leyendo este titular penoso.
De: El País.com
Varela abre juicio oral a Garzón y le corta la retirada al Tribunal de La Haya
El juez instructor del Supremo dicta cuatro autos seguidos en los recurso que tenía pendientes, para evitar que el Poder Judicial de permiso a Garzón para ir a la Corte Penal Internacional
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 12/05/2010
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decretado la apertura de juicio oral del juez central número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo en un auto en el que rechaza aplicar la conocida como doctrina Botín que impide abrir juicio cuando no acusan ni el Ministerio Fiscal ni el ofendido o perjudicado por el delito y tras considerar válidos los escritos de las acusaciones que el propio Varela mandó corregir.
La decisión de Varela, adoptada la misma mañana en que el Consejo General del Poder Judicial examinaba la petición de traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional, tiene por objeto cortarle esa retirada ya que el organismo tendrá que suspenderle inmediatamente de funciones y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.
La decisión de Varela sorprendió relativamente ya que se esperaba una reacción así después de que Garzón le recusase por tener interés en el pleito. Para ello, Varela ha notificado otos tres autos, rechazando el recuso de reforma de Garzón contra la denegación de todas las pruebas solicitadas por su defensa y otros dos recursos de Falange contra su expulsión el procedimiento. Quedan pendientes de resolver por la Sala Penal el recurso de Garzón por nulidad de actuaciones en los escritos de acusación, que apoya el Ministerio Fiscal.
Una vez que Varela ha recibido otra vez la causa principal, ha despachado en un tiempo record los recursos que tenía pendientes para abrir el juicio oral y que Garzón sea fulminantemente suspendido de funciones y no pueda tramitarse su marcha como adjunto a la Fiscalía de la Corte de La Haya.
La resolución de Varela sobre la apertura del juicio oral a Garzón dedica varios folios a explicar sus propios votos particulares formulados a la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, con los que, dice ahora, se "alegraba" porque con la nueva tesis del Supremo "los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las inhibiciones" del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal.
Varela agrega que los hechos imputados en el escrito de acusación de Manos Limpias "no difieren ni desbordan" los de su auto en el que fijaba el objeto admisible para la acusación. Añade que el escrito se formula "sin cambio relevante" respecto al inicialmente presentado -al que ordenó quitar 53 folios y apostillar que el Garzón actuó "a sabiendas" de la injusticia-, por Manos Limpias.
Por último, señala que "procede ordenar, y ordeno" la apertura del juicio oral contra Garzón "por los hechos objeto de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal. Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación al juez el delito de prevaricación judicial. Las acusaciones de Falange y Manos Limpias piden cada una la pena máxima de 20 años.
De: El País.com
Varela abre juicio oral a Garzón y le corta la retirada al Tribunal de La Haya
El juez instructor del Supremo dicta cuatro autos seguidos en los recurso que tenía pendientes, para evitar que el Poder Judicial de permiso a Garzón para ir a la Corte Penal Internacional
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 12/05/2010
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decretado la apertura de juicio oral del juez central número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo en un auto en el que rechaza aplicar la conocida como doctrina Botín que impide abrir juicio cuando no acusan ni el Ministerio Fiscal ni el ofendido o perjudicado por el delito y tras considerar válidos los escritos de las acusaciones que el propio Varela mandó corregir.
La decisión de Varela, adoptada la misma mañana en que el Consejo General del Poder Judicial examinaba la petición de traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional, tiene por objeto cortarle esa retirada ya que el organismo tendrá que suspenderle inmediatamente de funciones y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.
La decisión de Varela sorprendió relativamente ya que se esperaba una reacción así después de que Garzón le recusase por tener interés en el pleito. Para ello, Varela ha notificado otos tres autos, rechazando el recuso de reforma de Garzón contra la denegación de todas las pruebas solicitadas por su defensa y otros dos recursos de Falange contra su expulsión el procedimiento. Quedan pendientes de resolver por la Sala Penal el recurso de Garzón por nulidad de actuaciones en los escritos de acusación, que apoya el Ministerio Fiscal.
Una vez que Varela ha recibido otra vez la causa principal, ha despachado en un tiempo record los recursos que tenía pendientes para abrir el juicio oral y que Garzón sea fulminantemente suspendido de funciones y no pueda tramitarse su marcha como adjunto a la Fiscalía de la Corte de La Haya.
La resolución de Varela sobre la apertura del juicio oral a Garzón dedica varios folios a explicar sus propios votos particulares formulados a la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, con los que, dice ahora, se "alegraba" porque con la nueva tesis del Supremo "los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las inhibiciones" del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal.
Varela agrega que los hechos imputados en el escrito de acusación de Manos Limpias "no difieren ni desbordan" los de su auto en el que fijaba el objeto admisible para la acusación. Añade que el escrito se formula "sin cambio relevante" respecto al inicialmente presentado -al que ordenó quitar 53 folios y apostillar que el Garzón actuó "a sabiendas" de la injusticia-, por Manos Limpias.
Por último, señala que "procede ordenar, y ordeno" la apertura del juicio oral contra Garzón "por los hechos objeto de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal. Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación al juez el delito de prevaricación judicial. Las acusaciones de Falange y Manos Limpias piden cada una la pena máxima de 20 años.
"Atado y bien atado" el juez Garzón
-¡¡Garzón está en peligro e indefenso!!"
-No está en peligro, que está atado y bien atado.
-No está en peligro, que está atado y bien atado.
De: Peridis
Edición impresa del 11 de mayo de 2010
miércoles, 5 de mayo de 2010
Apoyo a Garzón ante la ONU
Visto en: Público.es
Convocada una manifestación de apoyo a Garzón ante la ONU
España será sometida mañana al examen sobre derechos humanos de la organización mundial
EFE 04/05/2010 16:20 Actualizado: 04/05/2010 16:28
Una manifestación de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido convocada para esta tarde frente a la sede europea de la ONU. La muestra de apoyo al juez, sentado en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, que la víspera de que España sea sometida en esta organización mundial al examen sobre derechos humanos.
El Comité de Apoyo a Baltasar Garzón, presidido por la diputada cantonal de Ginebra Loly Bolay, española de origen y antigua presidenta del cantón, organiza el acto, al que se espera que asistan, además de españoles, chilenos, argentinos y de otros países.
En la concentración, que está previsto que comienza hacia las 04.00 GMT en la Plaza de Naciones, ante la sede de la ONU, se leerá un manifiesto para expresar la "perplejidad y consternación" de muchos ciudadanos y defensores de los derechos humanos por el proceso abierto contra Garzón en España por prevaricación.
Se trata de la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrir una causa judicial contra Garzón por el cargo de prevaricación, por haber querido investigar los crímenes del franquismo.
El documento será entregado al cónsul general de España en Ginebra y al Comité de Derechos Humanos de la ONU, de cara al Examen Periódico Universal, al que son sometidos todos los países y que este miércoles le toca a España, ocasión que podrían aprovechar algunas ONGs y quizás países para preguntar sobre el caso Garzón.
Los organizadores de la manifestación, entre ellos la propia Bolay, quien en 2002 encabezó el comité de apoyo para promover al juez como candidato al Premio Nobel de la Paz, insistirán en que Garzón ha sido encausado por querer investigar crímenes contra la humanidad que no prescriben, especialmente las desapariciones forzadas.
Convocada una manifestación de apoyo a Garzón ante la ONU
España será sometida mañana al examen sobre derechos humanos de la organización mundial
EFE 04/05/2010 16:20 Actualizado: 04/05/2010 16:28
Una manifestación de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido convocada para esta tarde frente a la sede europea de la ONU. La muestra de apoyo al juez, sentado en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, que la víspera de que España sea sometida en esta organización mundial al examen sobre derechos humanos.
El Comité de Apoyo a Baltasar Garzón, presidido por la diputada cantonal de Ginebra Loly Bolay, española de origen y antigua presidenta del cantón, organiza el acto, al que se espera que asistan, además de españoles, chilenos, argentinos y de otros países.
En la concentración, que está previsto que comienza hacia las 04.00 GMT en la Plaza de Naciones, ante la sede de la ONU, se leerá un manifiesto para expresar la "perplejidad y consternación" de muchos ciudadanos y defensores de los derechos humanos por el proceso abierto contra Garzón en España por prevaricación.
Se trata de la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrir una causa judicial contra Garzón por el cargo de prevaricación, por haber querido investigar los crímenes del franquismo.
El documento será entregado al cónsul general de España en Ginebra y al Comité de Derechos Humanos de la ONU, de cara al Examen Periódico Universal, al que son sometidos todos los países y que este miércoles le toca a España, ocasión que podrían aprovechar algunas ONGs y quizás países para preguntar sobre el caso Garzón.
Los organizadores de la manifestación, entre ellos la propia Bolay, quien en 2002 encabezó el comité de apoyo para promover al juez como candidato al Premio Nobel de la Paz, insistirán en que Garzón ha sido encausado por querer investigar crímenes contra la humanidad que no prescriben, especialmente las desapariciones forzadas.
lunes, 3 de mayo de 2010
El juez Varela, Falange y el caso contra Garzón
De: Público.es
El juez Varela vuelve a impedir que Falange acuse a Garzón
Sin embargo, ha decidido tramitar su recurso de reforma contra la expulsión de la causa
SERVIMEDIA 03/05/2010 14:47 Actualizado: 03/05/2010 14:54
El instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha rechazado el nuevo escrito de acusación presentado por Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo.
Aun así, el magistrado del Alto Tribunal ha decidido tramitar el recurso de reforma interpuesto por Falange contra su expulsión de la causa que investiga si Garzón cometió un delito de prevaricación.
Varela decidió el pasado 23 de abril apartar a Falange, una de las dos acusaciones que estaban personadas en la causa contra Garzón, después de que el partido no presentara a tiempo un nuevo escrito de acusación contra el juez con las correcciones solicitadas.
El instructor les había dado un día de plazo para que subsanaran los errores de su primer escrito de acusación, ya que contenía "múltiples valoraciones" ideológicas y de carácter personal, en vez de realizar una adecuada descripción de los hechos.
Con la providencia hecha pública hoy, el instructor del Alto Tribunal deja claro que el nuevo escrito de acusación presentado por Falange no es válido, por haberse interpuesto fuera de plazo.
En cuanto al recurso de reforma de Falange contra su expulsión de la causa, Varela señala que ha sido interpuesto "en tiempo y forma" y da traslado del mismo a la Fiscalía para que presente alegaciones.
De forma paralela, a través de otro providencia, Varela tramita el recurso presentado por Garzón en el que solicitó la nulidad de los escritos de acusación presentados en su contra por estar "teledirigidos" por el instructor. De declararse la nulidad de los escritos, la causa contra el juez de la Audiencia Nacional tendría que archivarse por falta de acusación.
Ambas providencias fueron dictadas por Varela el pasado 26 de abril, dos días antes de que admitiera a trámite la recusación presentada contra él por Garzón.
El juez Varela vuelve a impedir que Falange acuse a Garzón
Sin embargo, ha decidido tramitar su recurso de reforma contra la expulsión de la causa
SERVIMEDIA 03/05/2010 14:47 Actualizado: 03/05/2010 14:54
El instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha rechazado el nuevo escrito de acusación presentado por Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo.
Aun así, el magistrado del Alto Tribunal ha decidido tramitar el recurso de reforma interpuesto por Falange contra su expulsión de la causa que investiga si Garzón cometió un delito de prevaricación.
Varela decidió el pasado 23 de abril apartar a Falange, una de las dos acusaciones que estaban personadas en la causa contra Garzón, después de que el partido no presentara a tiempo un nuevo escrito de acusación contra el juez con las correcciones solicitadas.
El instructor les había dado un día de plazo para que subsanaran los errores de su primer escrito de acusación, ya que contenía "múltiples valoraciones" ideológicas y de carácter personal, en vez de realizar una adecuada descripción de los hechos.
Con la providencia hecha pública hoy, el instructor del Alto Tribunal deja claro que el nuevo escrito de acusación presentado por Falange no es válido, por haberse interpuesto fuera de plazo.
En cuanto al recurso de reforma de Falange contra su expulsión de la causa, Varela señala que ha sido interpuesto "en tiempo y forma" y da traslado del mismo a la Fiscalía para que presente alegaciones.
De forma paralela, a través de otro providencia, Varela tramita el recurso presentado por Garzón en el que solicitó la nulidad de los escritos de acusación presentados en su contra por estar "teledirigidos" por el instructor. De declararse la nulidad de los escritos, la causa contra el juez de la Audiencia Nacional tendría que archivarse por falta de acusación.
Ambas providencias fueron dictadas por Varela el pasado 26 de abril, dos días antes de que admitiera a trámite la recusación presentada contra él por Garzón.
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